BDB AP Pontevedra 22266/2005
Fecha: 4 de noviembre de 2005
Órgano: Audiencia Provincial de Pontevedra
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 1
Ponente: MARIA INMACULADA DE MARTIN VELAZQUEZ
Sentencia: 559 / 2005
Recurso: 2151 / 2005
Rollo: 2151 / 2005
Resumen:
Reclamación de préstamo impagado. La demandada alega la nulidad del contrato al tratarse de un contrato de adhesión y contener cláusulas abusivas, en concreto la relativa a los intereses remuneratorios pactados y la cláusula penal de vencimiento anticipado. La demandada alega que el contrato vulnera la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, la Ley de Represión de la Usura de 1908, la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

LA SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, COMPUESTA POR LOS ILMOS MAGISTRADOS, HA DICTADO EN NOMBRE DEL REY LA SIGUIENTE SENTENCIA NÚM. 559

En PONTEVEDRA, a cuatro de noviembre de dos mil cinco.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los Autos de JUICIO VERBAL 0000211/2005, procedentes del JDO.1A.INST. E INSTRUCCION N.1 de A ESTRADA, a los que ha correspondido el Rollo 0002151/2005, en los que aparece como parte apelante: D. Lidia, y como apelado: UNION FINANCIERA ASTURIANA SA, Jesús Ángel representado por el procurador D. Mª DEL CARMEN TORRES ÁLVAREZ, y asistido por el Letrado D. ALFREDO PRIETO VALIENTE, sobre reclamación de cantidad, y siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª MARIA INMACULADA DE MARTIN VELAZQUEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Estrada, con fecha 31 marzo 2005, se dictó sentencia cuyo fallo textualmente dice:

"Que estimando íntegramente la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Luis Sanmartín Losada en nombre y representación de la entidad "Unión Financiera Asturiana S.A." contra D. Jesús Ángel y Dña Lidia condeno a dichos demandados a que abonen conjuntamente y con carácter solidario a la demandante la cantidad de mil novecientos sesenta y tres euros con veintiocho céntimos (1.963,28 euros), más los intereses legales e imposición de costas."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por Dña Lidia, se interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala y se señaló el día diecinueve de octubre para la deliberación de este recurso.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se alza la demandada contra la sentencia que estimó íntegramente la demanda planteada por la Entidad Financiera, "Unión Financiera Asturiana S.A", en la que reclamaba la cantidad de 1.963,28 euros, correspondiente al importe adeudado por los demandados a consecuencia del contrato de préstamo suscrito por las partes el día 19 de abril de 2000, contrato que tras resultar incumplido por los prestatarios, al dejar de abonar cinco plazos de amortización, la prestamista declara vencido anticipadamente.

Frente a ello se arguye por la codemandada Lidia, la nulidad del contrato al tratarse de un contrato de adhesión y contener cláusulas abusivas, en concreto la relativa a los intereses remuneratorios pactados y la cláusula penal de vencimiento anticipado. Con carácter subsidiario solicitan la nulidad de dichas cláusulas, alegando para ello los art. 8 y 10 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, art. 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908, y art. 10 bis de la LGDCU. Estos argumentos son reproducidos en esta alzada por la apelante.

SEGUNDO.- En el contrato de préstamo litigioso, se pacta un nominal del préstamo de 3.155,31 euros y unos intereses por aplazamiento (60 meses) al 16,93% nominal anual, pactándose el pago de 60 plazos anuales de 85,36 euros cada uno, con vencimiento los días 29 de cada mes.

Asimismo incorpora al contrato una estipulación cuarta del siguiente tenor:

Cuarto.- INCUMPLIMIENTO.- El préstamo se considerará vencido, aún antes de su vencimiento, y este contrato resuelto, pudiendo el Financiador exigir el pago de todos los plazos pendientes de abono, sin que pueda el PRESTATARIO solicitar la devolución de los recargos o intereses de los plazos anticipadamente vencidos, que quedarán en poder del FINANCIADOR en concepto de cláusula penal por incumplimiento, en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Si el PRESTATARIO dejara de pagar a su vencimiento uno cualquiera de los plazos de amortización de los intereses de demora devengados por cada una de las mensualidades pactadas.

b) Si se promoviera ejecución de terceros contra los bienes del PRESTATARIO o aparecieran sobre los mismos otras cargas no existentes en la actualidad.

c) Si el PRESTATARIO fuera declarado en suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores.

d) Si el PRESTATARIO gravara, arrendara, cediera o concertara cualquier otro contrato que suponga la cesión del disfrute a un tercero de sus bienes inmuebles, sin consentimiento del FINANCIADOR.

Consecuentemente con lo anterior, el PRESTATARIO se obliga a poner en inmediato conocimiento del FINANCIADOR cualquier circunstancia o acción judicial que afecte a su solvencia económica.

Lo anteriormente convenido no perjudicará el derecho del FINANCIADOR a reclamar judicial o extrajudicialmente el pago por separándose cualquiera de los efectos aceptados por el PRESTATARIO que hayan resultado impagados a su vencimiento.

En cualquiera de los supuestos anteriormente previstos, toda cantidad adeudada por el PRESTATARIO y recuperada del mismo, se imputará, en primer lugar, al pago de intereses contractuales; después, a la satisfacción de comisiones, intereses de demora y gastos ocasionados y, en último lugar, al reembolso del principal adeudado.

Pues bien, La primera cuestión a solventar, dados los términos del recurso, es si los intereses remuneratorios pactados pueden ser o no considerados abusivos.

El artículo 1 de la Ley 23 de julio de 1908, Ley Azcárate mencionada por la recurrente, señala que será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo de contrato en que se suponga recibida mayor cantidad de la verdaderamente entregada.

El T.S al resolver sobre esta cuestión ha entendido que tal precepto contiene tres distintos supuestos: a) interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; b) leoninos que han sido aceptados por, el prestatario a causa de su situación desfavorable; y c) aquéllos préstamos en los que se suponga recibida mayor cantidad de la verdaderamente entregada; así sentencias de 21 de octubre de 1911 y 24 marzo de 1942, 11 de febrero de 1989 y de 30 de diciembre de 1987 y resultando de aplicación tanto a contratos civiles como mercantiles.

La citada Ley es plenamente compatible con la normativa protectora de la Ley 26/84 General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, destacando como en su art. 7 obliga a que los intereses de los consumidores sean respetados en los términos establecidos en la misma, aplicándose además lo previsto en las normas civiles y mercantiles. El art. 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en su apartado primero dispone que "Serán nulas de pleno derecho las Condiciones Generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. En el apartado 2) se dice que: "En particular serán nulas las Condiciones Generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso, las referidas en el art. 10 bis y Disposición Adicional Primera de la Ley 26/84 de 19 de julio de Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Partiendo de las consideraciones anteriores, analizando en el presente caso el pacto que se impugna como abusivo, y referido al tipo pactado para los intereses remuneratorios u ordinarios, cifrado en el 16,93%, si atendemos a la redacción de la Ley de 1908, que como ya dijimos alude a un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, habremos de concluir que si bien el interés pactado es superior al "legal" del dinero en la época que se estipuló, no es manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso ni notablemente superior al "normal" del dinero. No podemos confundir el interés "legal" cifrado en el año 2000 en un 4,25% con el interés "normal", a efectos de valorar la manifiesta desproporción.

Y es que, para determinar si tales intereses son o no usurarios, el termino de comparación no lo es el interés legal del dinero pretendido por el recurrente, sino el normal o habitual, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la libertad contractual existente en esta materia (en tal sentido la sentencia del TS de 2 de octubre de 2001), así como la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate, momento de la celebración del contrato, circunstancias concurrentes y demás cláusulas contractuales, tal y como señala el artículo 4, número 1 de la Directiva Comunitaria 93/113/CEE del Consejo, de 5-4-1993, al declarar que: "Sin perjuicio del art. 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa". En el caso concreto, ninguna prueba se ha propuesto por el recurrente para adverar que el interés pactado en el contrato, sea notablemente superior al normal o usual en la época de suscripción del contrato y desproporcionado a los precios medios de los productos financieros similares habituales del mercado, por lo que cabe concluir que el riesgo asumido justifica el tipo aplicable respecto del señalado como normal en el momento de concertarse, en la medida que se impone como ajustada contrapartida al período de aplazamiento en el pago en 60 mensualidades, y sin garantía alguna para la entidad financiera todo lo cual impide acoger este motivo de impugnación.

TERCERO.- Por lo que se refiere a la validez o nulidad de la cláusula cuarta, se trata de determinar si vencido el préstamo de manera anticipada respecto a las cuotas en dicho momento pendientes de pago procedería su abono íntegro, esto es, comprensivo del capital aún no pagado con los intereses remuneratorios correspondientes a dicha cuantía, o por contra sólo procedería exigir el pago de dicho principal con exclusión de los referidos intereses.

La cuestión no ha merecido una respuesta univoca por los tribunales, no faltando pronunciamientos que reputan abusiva y nula dicha cláusula, siendo paradigma de esa tesis la A.P. Asturias Secc. 5ª, sentencia de 27-6-02, que recuerda a la sentencia de 27-12-01 en la que declaró que: "el pacto por el que se permite a la entidad financiera reclamar los intereses remuneratorios de las cuotas pendientes de pago tenía la naturaleza de una cláusula penal, que como tal en principio tendría función liquidadora de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento y era moderable por los Tribunales y que, además, era incompatible con los intereses moratorios pues éstos, tal y como establece el art. 1101 del Código Civil no son más que la indemnización de los daños y perjuicios dimanantes del retraso en el cumplimiento", en dicha sentencia se concluye que, en los supuestos de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo, la devolución del prestatario ha de comprender todo el capital impagado así como los intereses aún no satisfechos relativos a las cuotas vencidas por entonces, esto es, en el momento de la liquidación anticipada.

En el mismo sentido el T.S. en su sentencia de 2-11-00 declaró la nulidad de la cláusula que estamos comentando por considerar que vulneraba el art. 10.4 de la LGOCU, que proscribe las condiciones abusivas de crédito, señalando que en tales casos el prestatario debía abonar el capital pendiente y los plazos relativos a los intereses vencidos antes de la reclamación.

No obstante, conviene resaltar que las dos sentencias del T.S. que tachan de abusivas y nulas las cláusulas de vencimiento anticipado- de 27 marzo 99 y 2 noviembre 2000 no son extrapolables al caso que nos ocupa, pues se refieren aquellas a préstamos con garantía hipotecaria, y se trata en nuestro caso de un préstamo personal en el que la entidad prestamista no cuenta con una garantía real que le permita mantener el plazo pese al incumplimiento del prestatario.

Por el contrario, entendemos que a priori no cabe reputar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado puesto que la facultad de resolver anticipadamente el contrato que se reserva la entidad financiera no es incondicional o arbitraria, sino que depende de un previa contravención del contrato por el prestatario, según se desprende de la lectura de esa estipulación, lo cual, además de ser trasunto del artículo 1124 el Código Civil, es acorde con la libertad de contratación plasmada en el artículo 1255 del mismo Cuerpo legal, ya que el mencionado pacto no es contrario a las leyes, la moral o el orden público, sino que establece un remedio frente al incumplimiento de la otra parte, puesto que también los prestatarios están vinculados y obligados a virtud del contrato al cumplimiento de lo expresamente pactado, esto es, la amortización del préstamo en los plazos acordados, (artículo 1258 CC.), sin que puede dejarse al arbitrio de su voluntad, (artículo 1256 CC); en consecuencia, no puede decirse que constituya una infracción del artículo 10, apartado c) punto 2º, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, donde se contempla, como paradigma de cláusula contraria a la buena fe y al justo equilibrio de las contraprestaciones, las que faculten a una de las partes par resolver discrecionalmente el contrato, salvo las excepciones recogidas en el precepto, situación que no es la descrita en la expresada cláusula cuarta ya que la resolución anticipada, según ya se ha expuesto, se supedita a la infracción de lo convenido por parte de los prestatarios, que es lo aquí ha acontecido. Tal es el posicionamiento mayoritario de la jurisprudencia menor A.P. Burgos, Secc. 2ª- 28-6-2000; A.P. Tarragona Secc- 3ª. 30-6-2001; A.P. Toledo 13-12-00, manifestando esta última que: "Una de las condiciones generales de común inclusión en los contratos crediticios o de financiación es aquella que contempla, como modo de extinción, la facultad de resolución unilateral del negocio por parte de la entidad acreedora. En este sentido, la ley no considera válidas las cláusulas que otorguen a una de las partes la facultad de resolver "discrecionalmente" el contrato (art. 10.1 c)-2LGDCU).

Por el contrario, y con independencia de las particulares excepciones a esta regla, que la propia norma establece, nada cabe objetar a la licitud de las cláusulas de resolución anticipada cuando tal derecho se apoye en una causa justa y objetiva, siempre que ésta aparezca expresada en el contrato, goce de la necesaria concreción, sea conforme a la naturaleza del contrato y tenga entidad suficiente como para fundamentar tan grave secuencia.

Entre las causas que podemos considerar justas, al no depender de la arbitraria y discrecional voluntad de la parte que ostenta la facultad resolutoria y guardar la debida proporcionalidad y adecuación con el fin negocial perseguido, siendo su concurrencia racionalmente previsible por la parte a quien perjudique, puesto que, en definitiva, tiene su fundamento legal último en la implícita facultad de resolver las obligaciones bilaterales o recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpla lo que le incumbe, contemplada en el art. 1124 del CC, se encuentra la resolución anticipada del contrato por haber incumplido el deudor acreditado y adherente alguna de las obligaciones esenciales que se derivan del contrato".

En el mismo sentido, señala la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valladolid de 20 de enero de 2003 que "cuando hablamos de contratos de adhesión, y ante el incumplimiento del prestatario, es practica normal, utilizado por todas las entidades bancarias, si no se abona en la fecha convenida alguna de las cuotas mensuales, acudir al vencimiento anticipado cuando concurren los requisitos establecidos en el art. 1.124 C. Civil, y así ha sido admitido por constante jurisprudencia (A.P. Valencia de 1990 y Mallorca 16 de febrero de 1990)".

La sentencia de la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial de Pontevedra de 29 de octubre de 2002 estableció que "no es posible reputar de abusiva la cláusula que venga a establecer el vencimiento anticipado del préstamo y de su garantía (la hipoteca) cuando de una justa y objetiva causa adecuada a la naturaleza del negocio jurídico en cuestión se trata, como, cuál en el supuesto contemplado acontece, el impago de cualquiera de las cuotas del préstamo garantizado en los plazos previstos, por estar reñida la misma con toda idea de discrecionalidad y unida a un verdadero incumplimiento del contrato imputable al prestatario-deudor, teniendo en cuenta que en definitiva la protección legal a dispensara los consumidores y usuarios lo es en relación a legítimos intereses económicos y sociales de los mismos y no a conductas ilícitas o antijurídicas por su parte".

Por último, también dentro de la doctrina autores como García Cruces o Nieto Carol consideran que es abusiva si se establece con carácter discrecional, pero no cuando va ligada al incumplimiento manifiesto de la contraparte.

Por otro lado, esa facultad concedida a las partes en los contratos bilaterales por el art. 1.124 del Código Civil no queda perturbada por la específica normativa aplicable a los consumidores, que sólo regula los efectos derivados de esa resolución pues no es infrecuente que, cuando proceda, se deriven consecuencias para el consumidor absolutamente desproporcionadas. En este sentido, en la lista de cláusulas abusivas añadida a la Ley 26/1984 por la Ley 7/1998, en el núm. 2 solo se considera como tal si no se concede el mismo derecho al consumidor, "salvo por incumplimiento del contrato o motivos graves que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del mismo".

A todo ello hay que añadir la posibilidad que la actual LEC concede al acreedor hipotecario de instar ejecución por la totalidad del crédito, incluidos los plazos aún pendientes de vencimiento, en caso de impago de alguna de las cuotas ya vencidas, siempre que dicho convenio conste inscrito en el Registro (art. 693-2 LEC), lo que en cierto modo viene a suponer un reconocimiento legal a las cláusulas de vencimiento anticipado.

Por tanto, lo que sucede es que puede resultar abusiva y pueden dar lugar a la declaración de su nulidad en razón a las concretas circunstancias de cada caso cuando, como sucede frecuentemente, se le anuda la cláusula penal de tener que abonar al prestatario los intereses remuneratorios de las cuotas pendientes de vencimiento, tal y como declaró el T.S. en la sentencia de 2-11-2000 ya citada.

En definitiva, la discusión donde realmente se plantea no es tanto en la existencia de la cláusula de vencimiento anticipado como sobre sus efectos prácticos, por ello lo que realmente hay que analizar es, más que la dicción literal de la cláusula, la aplicación que de la misma se ha hecho en relación con la conducta del prestatario y grado de incumplimiento, a fin de determinar si la reclamación por vencimiento anticipado puede tildarse de abusiva. En el caso concreto, se suscribió el contrato de préstamo en fecha 19 de abril de 2000, con vencimientos desde el 29 de mayo al 29 de abril de 2005, y con un plan de amortización de 60 cuotas mensuales fijas de 85,36 euros; los prestatarios dejaron de abonar las cuotas mensuales correspondientes desde el 29 de junio de 2003 a 29 de noviembre de 2003, momento en que la prestataria ejecutó la cláusula, es decir dejaron de pagar 6 plazos lo que ya evidencia un incumplimiento manifiesto del contrato y además, no nos encontramos en un momento inicial del aplazamiento de la deuda, supuesto que podría deparar a los demandados unos perjuicios desproporcionados al tener que pagar los intereses remuneratorios correspondientes a todo el aplazamiento pese a que la actora habría recuperado el principal prestado pudiendo negociar nuevamente con el y obtener nuevos beneficios; por el contrario, tenemos que de los 60 plazos ya se habían satisfecho 36, lo que nos lleva a declarar que en el presente caso la referida cláusula no puede ser tildada de abusiva pese a exigirse con el vencimiento anticipado los intereses de los plazos no vencidos, por tanto, el motivo se desestima.

CUARTO.- Dada la íntegra desestimación del recurso y lo dispuesto en el art. 398 de la LEC, procede imponer las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Puente Fernández en nombre de Dª Lidia, contra la sentencia de 31 de marzo de 2005, dictada por el Juzgado de Instrucción nº de la Estrada en el Juicio Verbal nº 211/2004, confirmamos dicha resolución e imponemos las costas de esta alzada a la parte apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.