BDB TSJ Castilla y León (Burgos) 27279/2004
Fecha: 11 de junio de 2004
Órgano: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sede Burgos
Sala: Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1
Ponente: EUSEBIO REVILLA REVILLA
Sentencia: 241 / 2004
Recurso: 27 / 2004
Rollo: 27 / 2004
Resumen:
Denegación de transmisión de licencia de actividad (explotación de ganado porcino a ciclo cerrado). Estamos ante una explotación ganadera porcina que por ser molesta a insalubre, se califica como una actividad clasificada, a la que en un principio, y dado que tal actividad se inició en el año 1.973, le era aplicable el RAMINP. No habiéndose solicitado dicha licencia de actividad al amparo del RAMINP, una vez entró en vigor la Ley 5/1993 de Actividades Clasificadas procede aplicar dicha normativa, estableciendo al respecto en su art. 26 la regularización de actividades sin licencia, para lo que no establece un plazo concreto y determinado. No hubo solicitud expresa de autorización municipal para dicha explotación o de licencia de actividad ni tampoco una concesión de la misma ni por la Entidad Local Menor demandada ni por el Ayuntamiento del que forma parte, sino que además esa licencia no ha podido ganarse de forma tácita o implícita por el transcurso del tiempo o por la mera tolerancia municipal como pretende la actora.

En la ciudad de Burgos, a once de junio de dos mil cuatro.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha visto en grado de apelación el recurso núm. 27/2004 interpuesto por D. Benedicto , representado por la procuradora Dª Elena Cobo de Guzmán Pisón y defendido por el letrado D. Javier Ledesma Bartret, contra la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2.003, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia en procedimiento ordinario núm. 16/2003, por la que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el anterior contra el Acuerdo dictado por la Entidad local Menor de Valdesimonte de fecha 5 de febrero de 2.003 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto de fecha 9 de enero de 2.003 , en virtud del cual denegó la transmisión de la licencia de actividad; ha comparecido como parte demandada la Entidad Local Menor de Valdesimonte, representada por la procuradora Dª Blanca Herrera Castellanos y defendida por el letrado D. Carlos Carrasco-Muñoz de Vera.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia en el procedimiento ordinario núm. 16/2003, se dictó sentencia de fecha 3 de diciembre de 2.003 con el siguiente fallo: Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Benedicto contra el Acuerdo dictado por la Entidad local Menor de Valdesimonte de fecha 5 de febrero de 2.003 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto de fecha 9 de enero de 2.003 , en virtud del cual denegó la transmisión de la licencia de actividad, y declara que son ajustadas y conforme a derecho tales resoluciones, sin hacer especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en la instancia.

SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso por el actor D. Benedicto recurso de apelación, que fue admitido a trámite, solicitando que se dicte sentencia por la que anulando la apelada declare contrario al ordenamiento jurídico el acto administrativo por el que la Entidad Local Menor de Valdesimonte deniega la autorización para el cambio de titularidad de la explotación porcina del demandante, y del mismo modo que se imponga las costas al demandado.

TERCERO.- De mencionado recurso se dio traslado a la parte demandada, hoy apelado, formulando escrito de oposición la citada Entidad Local Menor, solicitando la desestimación del recurso de apelación con imposición de las costas a la parte apelante.

CUARTO.- En la tramitación del recurso en ambas instancias se han observado las prescripciones legales, habiéndose señalado para la votación y fallo el día 6 de mayo de 2.004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Segovia en el procedimiento nº 16/2003, se dictó sentencia de fecha 3 de diciembre de 2.003 desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante D. Benedicto . Las resoluciones recurridas deniegan la solicitud de transmisión de la licencia de actividad (según la actora cambio de la titularidad de la explotación de ganado porcino a ciclo cerrado), formulada por el actor D. Benedicto a favor de la mercantil "Cuesta del Río, S.L.", mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2.002, presentado el día 3 de enero de 2.003 (folios 17 y 18 del expediente), y ello como consecuencia del contrato de arrendamiento concertado por el primero a favor del segundo de la granja porcina de su titularidad.

Dicha denegación se realiza en el Decreto de fecha 9 de enero de 2.003 , por los siguientes motivos:

1º).- Porque en los locales donde se verifica la explotación porcina familiar hace más de dos años que no se ejerce actividad alguna.

2º).- Porque no consta en dicha entidad la tramitación o concesión de licencia de actividad por dicha explotación; y porque en el caso de haber existido hubiera caducado por llevar más de dos años sin ejercer la actividad.

3º).- Que la solicitud formulada no se concreta el numero de animales que pueden tener cabida y que se pretenden introducir.

4º).- Que la actividad que ahora se pretende desarrollar excede de lo que se denomina pequeña explotación familiar, por lo que su instalación sería irregular.

5º).- Y que el ejercicio de dicha actividad dentro del caso urbano es incompatible con lo dispuesto en la Ley de Actividades Clasificadas.

Y mencionada denegación se confirma mediante Decreto de fecha 5 de febrero de 2.003 , el cual desestima el recurso de reposición interpuesto contra el anterior Decreto, reiterando que no se puede transmitir ninguna licencia de actividad por que no se tiene, por cuanto que la explotación hasta que dejó de funcionar lo estuvo haciendo sin la preceptiva y obligatoria licencia de actividad, y reiterando que dicha explotación está cerrada desde el mes de marzo de 2.001, por lo que este cierre por el tiempo superior a un año implica la baja en el Registro de Explotaciones Porcinas de la Comunidad Autónoma, según el art. 7.2 del R.D. 324/2000, de 3 de marzo .

Por otro lado, la sentencia de instancia declara ajustadas a derecho sendas resoluciones y ello por los siguientes motivos:

1º).- Porque la explotación de una granja porcina exige para su funcionamiento regular la concesión de una licencia de actividad, y en el caso de autos no consta ni se ha probado la existencia y concesión de mencionada licencia, por lo que mal puede transmitirse lo que no existe ni se ha concedido.

2º).- Porque tampoco puede entenderse obtenida tácitamente mencionada licencia de actividad, como tiene establecido la Jurisprudencia del T.S. (por todas la STS, Sala 3ª, Sección 5ª, ponente Sr. Sanz Bayón, de 20 de octubre de 1.998 ) por el mero transcurso del tiempo (prescripción), por el pago de tasas o tributos o por mera tolerancia municipal.

3º).- Porque tampoco equivale a la obtención de mencionada licencia de actividad el hecho de que la explotación porcina se encuentre inscrita en diferentes registros oficiales de Explotaciones Porcinas.

4º).- Y porque la inexistencia de la licencia de actividad, impide que prosperen el resto de alegaciones efectuadas en orden a la aplicabilidad del art. 7.2 del R.D. 324/2000 , los arts. 9 y 12.b) de la Ley 5/1993, de Actividades Clasificadas y la D.T. 1ª de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León , toda vez dice la sentencia que el motivo básico de la denegación de la transmisión de la licencia es la falta de previa licencia de actividad.

SEGUNDO.- La parte apelante se alza frente a la sentencia de instancia y frente a las resoluciones recurridas, solicitando su revocación para que en su lugar se dicte otra sentencia que anule los actos recurridos, por resultar aquélla contraria al ordenamiento jurídico y gravemente lesiva para los intereses de la actora, ya que no ha tenido en cuenta las concretas circunstancias del caso que nos ocupa y que provocan una interpretación jurídica distinta de la realizada por el Juzgador, y porque además tal sentencia vulnera el principio de proporcionalidad. Y más concretamente dicha parte esgrime como motivos de impugnación los siguientes:

1º).- Que la sentencia de instancia vulnera el art. 13 del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961 , también vulnera la D.T. 2ª de la Orden de 15 de marzo de 1.963, el principio de proporcionalidad y la Jurisprudencia y principios dictados en aplicación de mencionados preceptos, y ello porque considera el apelante, que la sentencia de instancia no ha tenido en cuenta las especiales características del Municipio de Valdesimonte, de pequeñas dimensiones (79 habitantes) dedicado a la agricultura y ganadería, ni tampoco la antigüedad y características de la explotación porcina, toda vez que la misma se viene desarrollando desde tiempo inmemorial.

2º).- Que ha sido el propio Ayuntamiento quien ha supuesto la existencia de dicha licencia o en su caso la innecesariedad de la misma, ya que no requirió ni exigió legalización de la explotación al realizar en el año 1.985 la relación municipal de todos los propietarios de explotaciones porcinas de la misma bastando, y al estar incluida tal explotación en todos los Registros Oficiales de Explotaciones Porcinas.

3º).- Que tales relaciones municipales de explotaciones y la inscripción en referidos Registros motivó la creencia en el demandante que suplían la licencia de actividad o hacían innecesaria la misma.

4º).- Que en todo caso la denegación de la transmisión de la licencia es claramente desproporcionada por cuanto que no existe peligro inminente en materia higiénico-sanitaria, se han incorporado las medidas correctoras, y que en el caso de acreditarse que estas son insuficientes se permita reformarlas o adaptarlas a la nueva situación mediante el correspondiente expediente municipal.

Al citado recurso se opone la Administración demandada alegando que la normativa que esgrime la parte apelante no es aplicable al caso, ya que el RAMINP quedó derogado por la Ley 5/1993 de Actividades Clasificadas , y esta a su vez por la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León de 14 de junio de 2.003 . Igualmente añade que por aplicación del R.D. 324/2000 se produjo la baja automática de la nave en el correspondiente Registro por cuanto que estuvo dicha explotación inactiva más de un año.

TERCERO.- Expuestos en dichos términos el debate del presente recurso de apelación, su resolución exige la reseña de las siguientes circunstancias fácticas, que resultan acreditadas por el expediente administrativo, por los demás documentos aportados y por la prueba practicada:

1º).- El demandante es titular de una explotación porcina ubicada en la localidad de Valdesimonte (Segovia), más concretamente en el polígono NUM000 , parcela NUM001 , conocido como el PARAJE000 ". Referida explotación era destinada a la actividad de ciclo cerrado de ganado porcino.

2º).- Dicha explotación se integra al menos desde un principio por una nave, con 320 m2 cubiertos y con una capacidad de 220 cabezas de ganado porcino (folio 64), para posteriormente venir integrada por cuatro naves de tal modo, que en los años 1.998 a 2.001 dicha explotación albergó entre 35 a 79 hembras reproductoras, 1 y 2 machos reproductores, entre 57 y 215 animales de recría y 101 a 255 animales de recebo (folio 74 y 87 del recurso).

3º).- Mencionada explotación comenzó su actividad en el año 1.973, siendo en principio titulares de la misma los padres del demandante D. Jesús María y Dª Teresa , quienes con posterioridad, así en torno al año 1.985, transfirieron su titularidad al hoy actor (folios 69 y 70 del recurso). Mencionada explotación estuvo en funcionamiento hasta el mes de marzo de 2.001 en que tales instalaciones se cerraron cesando la actividad (folio 78) como consecuencia de verse afectada la explotación por un brote agudo del llamado "mal rojo". Dicho cese continuaba a la fecha en que se formuló la solicitud de cambio de titularidad por medio de escrito de fecha 19.12.02, presentado el día 3.1.2003, aunque si bien (folio 79 del recurso) en el mes de diciembre de 2.001, por la Sección de Sanidad y producción Animal del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, le fue concedida la facultad de usar temporalmente dicha granja como cebadero hasta el día 1 de enero de 2.003 y para una capacidad máxima de 325 plazas de cebo.

4º).- Los titulares de referida granja o explotación porcina en ningún momento solicitaron ni obtuvieron licencia o autorización municipal para dicha actividad al amparo del Reglamento de actividades Molestas, Nocivas, Peligrosas e Insalubres, ni tampoco solicitaron ni obtuvieron licencia de actividad para la misma al amparo de la Ley 5/1993, de Actividades Clasificadas .

5º).- No obstante lo anterior, dicha explotación tanto cuando eran titulares los padres del demandante como cuando asumió la titularidad el anterior fue registrada desde el año 1975 8folio 62 y 180) en el Registro Oficial de Explotaciones Porcinas, dependiente del Ministerio de Agricultura, y posteriormente también fue inscrita en el Libro de Registro de Explotaciones Porcinas (folios 71 y 73), dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, y mencionada explotación estuvo abierta y funcionando hasta el mes de marzo de 2.001.

CUARTO.- Llegado este momento, y ante las divergencias que al respecto mantienen las partes, cabe preguntarse qué legislación es aplicable a la solicitud formulada por el demandante, que lleva fecha de 19 de diciembre de 2.002 y que fue presentada en el Ayuntamiento el día 3.1.2003, según resulta del folio 17 del expediente. Tanto en esta fecha como en la fecha que se corresponde con las resoluciones impugnadas de 9.1 y 5.2.2003, la normativa aplicable lo constituye sobre todo y especialmente la Ley Autonómica de Castilla y León 5/1999, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas , y el Reglamento que se dicta para su aplicación, aprobado por Decreto 159/1994, de 14 de julio , así como el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas . En todo caso, con anterioridad a dicha Ley y a aquel reglamento era aplicable, según la D.T. de la Ley 5/1993 el Reglamento aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas . Y en la actualidad, pero ya con posterioridad a la fecha en que se dictaron las resoluciones recurridas ha entrado en vigor la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, publicada en el BOCyL de 14.4.2003 , y que entró en vigor a los dos meses de esta publicación.

Y examinando los motivos esgrimidos en el recurso de apelación respecto a la no existencia de licencia de actividad, afirmada en la sentencia y en los Decretos impugnados, la Sala da por reproducidos los acertados fundamentos de derecho reseñados por el Juzgador de Instancia que llevan a desestimar el recurso. Pero en aras a una mayor tutela judicial efectiva, la Sala añade a dichos argumentos los que a continuación se esgrimen. En primer lugar, la Sala parte de un hecho indiscutible, por estar plenamente probado y aceptado por las partes, que la demandante ahora (y antes sus padres) vienen explotando dicha actividad ganadera desde al año 1.973, tanto es así que ya en el año 1.975 se inscribió dicha explotación en el Registro Oficial de Explotaciones porcinas; un segundo dato relevante es que estamos ante una explotación porcina con un número de cabezas tan importante como el reseñado en el anterior Fundamento de Derecho y que damos por reproducido. Esta explotación así descrita no ofrece ninguna duda que implica a la luz de los arts. 1 y 2.1.f) de la Ley 5/1993, de Actividades Clasificadas de Castilla y León una actividad clasificada, dada su naturaleza molesta, insalubre y nociva; también al amparo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubre, Nocivas y Peligrosas de 1.961, dicha actividad es de naturaleza clasificada. Y por otro lado, tampoco ofrece ninguna duda que dicha explotación por el número de cabezas que comprendía no se encuentra incluida en algunos de los supuestos exentos de declaración de actividad recogidos en el Anexo al Decreto 159/1994 , por cuanto que valorada dicha explotación en su conjunto, como no puede ser de otro modo, no estamos ante un corral doméstico de los referidos en la letra e) de dicho Anexo.

Hemos de concluir necesariamente que estamos ante una explotación ganadera porcina que por ser molesta a insalubre, se califica como una actividad clasificada, a la que en un principio, y dado que tal actividad se inició en el año 1.973, le era aplicable el RAMINP por cuanto que la misma comenzó a funcionar durante su vigencia, y más concretamente lo establecido en sus arts. 4 y 5 donde se regulan las condiciones (incluidas distancias) para su emplazamiento y la exigencia de la petición de licencia de apertura o licencia de ejercicio de la citada actividad, cuya concesión corresponde, según el art. 6 de dicho Reglamento a los Alcaldes ; por otro lado, en el art. 7 y siguientes de dicho Reglamento se regula los informes que deben preceder a la concesión de tales licencias municipales. Sin embargo en el caso de autos desde el inicio de dicha explotación y mientras perdura la vigencia de mencionado Reglamento de 1.961 , ni por el demandante ni por sus padres se solicita mencionada licencia o permiso municipal que era preceptivo y obligatorio para el inicio de la actividad, por no ser bastante, como acertadamente lo argumenta el Juzgador de Instancia, la inscripción de dicha explotación en el Registro de Explotaciones Porcinas, dependientes del Ministerio de Agricultura. Y es evidente que dicho registro no equivale a la licencia o permiso de actividad, ya que así lo destaca el documento contenido al folio 62, en que tras certificarse dicha inscripción, a continuación reseña que "esta clasificación y registro no exime a la explotación del cumplimiento de las condiciones y requisito legales que establece el Reglamento de Industrias Molestas, insalubres, nocivas y peligrosas ". Es decir que ya la propia Administración Central estaba indicando en aquel momento a los padres del demandante que el registro de dicha actividad no eximía de la licencia o permiso municipal previsto en dicho Reglamento.

QUINTO.- No habiéndose solicitado dicha licencia de actividad al amparo del RAMINP, una vez entró en vigor la Ley 5/1993 de Actividades Clasificadas procede aplicar dicha normativa, estableciendo al respecto en su art. 26 la regularización de actividades sin licencia, para lo que no establece un plazo concreto y determinado. Y durante la vigencia de dicha Ley ni por el Alcalde se exigió la regulación de dicha actividad ni tampoco el actor regularizó dicha explotación solicitando licencia de actividad y de apertura como exige la nueva norma, de tal modo que a la fecha de la presentación de la solicitud de transmisión de la licencia de actividad y a la fecha de resolución no existía licencia de actividad concedida a favor de la explotación ganadera que hasta el mes de marzo de 2.001 se había venido desarrollando en la granja propiedad del actor. Y tal circunstancia era conocida para el demandante porque en el mes de agosto de 1.998 (folio 73 del recurso) se hace saber al anterior por el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería que el registro de la explotación porcina "en ningún caso presupone la obtención por esa explotación de aquellas autorizaciones que en virtud de la normativa correspondiente, deban expedir las distintas Administraciones". Es decir que ni al amparo del RAMINP ni durante la vigencia de la Ley 5/1999 , el demandante puede afirmar que el registro de su actividad o explotación equivalía a la concesión de la licencia de actividad que era exigible tanto al amparo de una como de otra norma.

Todo lo anterior nos lleva a concluir, coincidiendo con las resoluciones recurridas y la sentencia de instancia, no solo que no hubo solicitud expresa de autorización municipal para dicha explotación o de licencia de actividad ni tampoco una concesión de la misma ni por la Entidad Local Menor demandada ni por el Ayuntamiento del que forma parte, sino que además esa licencia no ha podido ganarse de forma tácita o implícita por el transcurso del tiempo o por la mera tolerancia municipal como pretende la actora, como así acertadamente se argumenta por el Juzgador de Instancia en el fundamento de derecho segundo, y que no repetimos para evitar reiteraciones innecesarias.

E insistimos, que para defender la existencia de tales permisos y licencias no se puede acudir, como lo hace la actora, al hecho de que mencionada explotación viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, a vista y paciencia de las autoridades municipales y con amparo en otro tipo de documentación sectorial (por ejemplo las cartillas ganaderas y registro oficiales de la explotación que reconocen la existencia de la explotación, pero que no pueden reconocer la existencia de la licencia o permiso municipal habilitante), toda vez que mencionada documentación, como afirma acertadamente el Juzgador de Instancia, no puede suplir en ningún momento la ausencia de la licencia de actividad, y toda vez que el desarrollo de la actividad prolongada en el tiempo y consentida tampoco puede equivaler a una obtención tácita de dicha licencia como ya se ha pronunciado con reiteración el T.S. y también esta Sala.

SEXTO.- Y es en esa situación, incluso además cuando la explotación había cesado en su explotación desde el mes de marzo de 2.001 por un problema de peste porcina, cuando el demandante solicita a la Entidad local Menor de Valdesimonte la transmisión de la titularidad de la explotación y por ello de la licencia de actividad relativa a la granja de su propiedad y ello a favor de la mercantil "Cuesta El Pino S.L." ya que era su intención arrendar a esta empresa dicha granja ganadera para que pudiera reanudar en la misma la explotación porcina con la capacidad descrita. Por ello, la denegación de la citada transmisión contenida en las resoluciones recurridas y confirmada en la sentencia de instancia, que se motiva en la ausencia de la licencia que se quiere transmitir, es plenamente ajustada a derecho y responde no solo a la legalidad vigente en ese momento, integrada por la Ley 5/1993 de Actividades Clasificadas , sino también a la lógica por cuanto que no se puede en ningún caso transmitir lo que no se tiene. Es por ello que la Sala acepta como plenamente acertados los argumentos contenidos en la sentencia de instancia y esgrimidos para desestimar el recurso interpuesto, siendo igualmente ajustado a derecho el argumento de que la ausencia de la licencia que se pretende transmitir hace innecesario el examen y valoración de las demás alegaciones contenidas en la demanda inicial. Así el art. 9 de la Ley 5/1999 prevé la transmisión de licencias de actividad, pero tal transmisión exige previamente que exista lo que se quiere transmitir, y como tal licencia no existía nunca podría transmitirla el demandante.

Esta parte, antes de formular esta petición de cambio o transmisión, debería haber instado la regularización de su granja porcina, para así en el caso de que tal regularización fuera posible al amparo de la Ley 5/1993 , que era la entonces vigente, mediante la concesión de las correspondientes licencias de actividad y de apertura previstas en la misma, poder instar esa transmisión. Lo hasta aquí argumentado lleva a confirmar en todos sus extremos la sentencia de instancia y los fundamentos en ella esgrimidos.

SÉPTIMO.- Por otro lado, la parte apelante, plantea de forma errónea su tesis por cuanto que olvida que estamos ante una solicitud de cambio de titularidad y no ante la petición de una licencia de actividad o de regularización de la actividad, por eso la Jurisprudencia que alega incluso se vuelve en su contra si se lee con detenimiento por cuanto que en la misma se refiere a la obtención de la correspondiente licencia de actividad, pero en ningún caso se habla de la solicitud del cambio de titular de licencia. Por ello, no es cierto que se vulnere la Jurisprudencia y principios establecidos al respecto por la Doctrina y los Tribunales, no vulnerándose tampoco el principio de proporcionalidad toda vez, insistimos no se niega la concesión de ninguna licencia de actividad ni se deniega ninguna regularización, ya que nada de esto se pidió, sino que simple y llanamente se deniega la transmisión de un cambio de titularidad en la licencia. Tal denegación deja vía libre a la actora para instar la regularización que prevé la D.T. 1ª de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León , y también deja vía libre para que inste los permisos, autorizaciones o licencias exigibles o previstas en dicha Ley.

Por otro lado, ni la sentencia de instancia ni los Decretos recurridos vulneran el art. 13 del RAMINP , primero porque este precepto no era aplicable a las fechas de la solicitud y de su resolución, y segundo porque el citado art. 13 , que prohíbe tajantemente el establecimiento de vaquerías, establos, cuadras y corrales de ganado y aves dentro del núcleo urbano de localidades de más de 10.000 habitantes y que no sean esencialmente agrícolas o ganaderas, no eximía de la concesión del correspondiente permiso o licencia municipal para el establecimiento de granjas porcinas como la del demandante y sus padres, como así lo establece los arts. 4, 5 y 6 del citado Reglamento . Tampoco se infringe la D.T. 2ª de la Orden de 15 de marzo de 1963, por cuanto que tal disposición, dado su carácter transitorio, lógicamente se refiere a actividades que ya existían y que se mantienen a su entrada en vigor, y sin embargo la granja del demandante comenzó su actividad mucho después ya que se data su inicio en el año 1.973. Finalmente huelga decir, tras lo anterior, que no existe desproporcionalidad en la sentencia, sino una respuesta y un fallo del Juzgador de Instancia totalmente ajustada a derecho.

Por todo lo anterior y además por los propios fundamentos de la sentencia de instancia, la Sala acuerda desestimar en su integridad el recurso de apelación interpuesto confirmando la sentencia dictada por el Juzgado en todos sus extremos.

OCTAVO.- Desestimándose en su integridad el recurso de apelación interpuesto, procede en aplicación del art. 139.2 de la LRJCA imponer a la parte apelante las costas devengadas en esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación la SALA ACUERDA

FALLO

Desestimar el recurso de apelación recurso núm. 27/2004 interpuesto por D. Benedicto , representado por la procuradora Dª Elena Cobo de Guzmán Pisón y defendido por el letrado D. Javier Ledesma Bartret, contra la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2.003, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia en procedimiento ordinario núm. 16/2003, por la que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el anterior contra el Acuerdo dictado por la Entidad local Menor de Valdesimonte de fecha 5 de febrero de 2.003 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto de fecha 9 de enero de 2.003 , en virtud del cual denegó la transmisión de la licencia de actividad; y en virtud de dicha desestimación se confirma en su integridad la sentencia de instancia, y ello con expresa imposición de las costas procesales devengadas en esta segunda instancia a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Esta sentencia es firme y contra élla no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala al inicio indicados, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente Sr. D. EUSEBIO REVILLA REVILLA, en la sesión pública de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), que firmo en Burgos a once de junio de dos mil cuatro, de que yo el Secretario de la Sala Certifico.

Ante mi.