BDB AP Alicante 23146/2003
Fecha: 13 de enero de 2003
Órgano: Audiencia Provincial de Alicante
Sala: Sala de lo Civil, Sección 6
Ponente: JOSE MARIA RIVES SEVA
Sentencia: 8 / 2003
Recurso: 647 / 2002
Rollo: 647 / 2002
Resumen:
Costas en caso de enervación de la acción hipotecaria. No puede darse en el caso de autos la aplicación estricta del principio del vencimiento para la imposición de las costas puesto que la materia ofrecida a su consideración ofrece dudas de interpretación que en este caso se han saldado a favor de la parte impugnada, pero que no puede verse la impugnante con el cargo de una condena en costas que al menos ha merecido su particular discusión acerca de la interpretación de unas normas orientadoras de honorarios.

En la Ciudad de Alicante a trece de Enero de dos mil tres.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de esta Ciudad de Alicante, integrada por los Iltmos. Srs. expresados al margen ha visto, en grado de apelación, Rollo de la Sala n° 647/02 los autos de juicio de ejecución hipotecaria n° 779/01 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia n° Uno de la ciudad de Alicante en virtud del recurso de apelación entablado por la parte ejecutante entidad CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID representada por el Procurador Don Juan Martínez Navarro y defendida por el Letrado Don Carlos Candela Ochotorena, y siendo además parte recurrente de la misma manera la parte ejecutada DON Jose Pablo y DOÑA Marí Jose representados por el Procurador Don Pedro Montes Torregrosa y defendidos por la Letrado Doña María Victoria Aragón Carreras, manteniendo ambos la idéntica posición de apelados de los recursos contrarios.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia n° Uno de la Ciudad de Alicante y en los autos de Juicio de Ejecución Hipotecaria n° 779/01 en fecha 6 de mayo de 2.002 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO.- Que desestimando íntegramente la impugnación de la tasación de costas de fecha 30-1-02, efectuada por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada por el procurador Sr. Juan Antonio Martínez Navarro, y asistida del letrado Sr. Carlos Candela, se acuerda mantener la misma en su integridad, por las razones expuestas en el fundamento jurídico primero de la presente resolución que se da aquí por reproducido.

Todo ello sin hacer especial imposición de costas de este incidente a ninguna de las partes debiendo cada una abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad e iguales partes."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación en tiempo y forma por la representación de ambas partes ejecutante y ejecutada siendo tramitado conforme a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con traslado del mismo a dichas partes por término de diez días, remitiéndose las actuaciones seguidamente a esta Iltma. Audiencia Provincial, Sección Sexta, donde se formó el correspondiente rollo de apelación n° 647/02.

TERCERO.- En la sustanciación de esta causa se han observado todas las prescripciones legales, señalándose para votación y fallo el día 8 de enero de 2.003 y siendo ponente el Iltmo. Sr. Don José María Rives Seva.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2.000 se dedica a la ejecución forzosa y a las medidas cautelares, regulando en el Título IV de la ejecución dineraria, Capítulo V, las particularidades de la ejecución de bienes hipotecados. En el presente procedimiento la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid insta demanda ejecutiva especial por un préstamo con garantía hipotecaria sobre la finca NUM000 concedido en fecha 20 de enero de 1.999 a los demandados ejecutados Don Jose Pablo y Doña Marí Jose , por importe de 13.200.000 pts pagadero en 240 cuotas mensuales de 85.302 pts desde la misma fecha, con interés variable y no más del 13%. Cumplidas las correspondientes amortizaciones hasta abril de 2.001, por aplicación de la pertinente cláusula de vencimiento anticipado, se tiene por incumplido el préstamo en agosto del mismo año, liquidándose la deuda a tal fecha con el importe de 12.636.769 pts y formulándose la demanda ejecutiva por dicha cantidad comprensiva de capital e intereses. Nos encontramos ante una demanda no declarativa, sino de ejecución (artículo 517 n° 2, apartado 4°), para exigir el pago de una deuda garantizada con hipoteca (artículo 681) y frente a bienes hipotecados (artículo 682), produciéndose el despacho de la ejecución en 19 de octubre de 2.001 con el consiguiente requerimiento de pago.

SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 693 n° 3, párrafo segundo, si el bien hipotecado fuese la vivienda familiar, el deudor podrá, por una sólo vez, aún sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades debidas y vencidas en la fecha de la presentación de la demanda. Este precepto ofrece al deudor hipotecario una oportunidad de revitalizar la relación, no ya liberando el bien mediante el pago de la totalidad de la deuda, sino tan sólo cumplir con el pago de la cantidad que deba hasta ese momento, y por todos los conceptos, es decir, los plazos que determinaron la ejecución, más los que con posterioridad hayan podido vencer, los correspondientes intereses y por supuesto las costas devengadas, ya que en definitiva, y aunque pueda salvar en última instancia el crédito, él es quién ha motivado esos gastos; y así seguirá con el cumplimiento sucesivo de las obligaciones derivadas del contrato de préstamo, rehabilitando el mismo y enervando la garantía hipotecaria. Esta rehabilitación y enervación se produce en el caso de autos donde los deudores ejecutados consignan la cantidad de 800.000 pts que es la deuda pendiente desde mayo a noviembre de 2.001, fecha de la liquidación y de la presentación de la demanda, lo que es aceptado por el demandante ejecutante con la particularidad que la cantidad que éste dice que se le adeuda lo es de 715.211 pts. Dicho esto, el mismo artículo 693 n° 3 apartado último indica que si el deudor efectuase el pago en las condiciones previstas en el apartado anterior, se liquidarán las costas y, una vez satisfechas éstas, el tribunal dictará providencia declarando terminado el procedimiento.

TERCERO.- No discutida la enervación, ni su particular naturaleza y significado, tanto la representación técnica como la defensa letrada de la parte ejecutante interesan la liquidación de las costas. El Letrado Don Carlos Candela Ochotorena presenta su minuta tomando como cuantía base de cálculo la de 12.636.739 pts y por aplicación de la norma 53 B) de los honorarios profesionales del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados del año 2.000, que entraron en vigor el 1 de septiembre de 2.000, aporta la cifra de 745.581 pts. Por su parte, el Procurador Don Juan Martínez Navarro presenta su minuta por importe de 569,35 euros, siguiendo la misma cuantía. Cuando el Secretario Judicial practica la tasación en fecha 30 de enero de 2002 reduce la cuantía a la cantidad de 715.211 pts y aplicando la misma norma para el Letrado ofrece la cuantía de 83.123 pts. (499,58 euros), y para el Procurador la rebaja a 209,12 euros, siendo el total de la tasación la cantidad de 708,7 euros.

Por el Letrado Sr. Candela Ochotorena se impugna la tasación en virtud de lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en base a dos razones: la primera que el Secretario no debió reducir la cuantía y dejar en su caso a los deudores la correspondiente impugnación, y la segunda que la cuantía de la demanda lo es de 12.636.739 pts. Con criterio acertado el juzgador de instancia y ante la impugnación convocó a las partes a Juicio Verbal, y tras la vista en 3 de mayo de 2.002 se dictó sentencia desestimatoria de la impugnación, no conteniendo condena en costas.

El referido Letrado preparó su recurso de apelación considerando infringidos los artículos 243, en relación con la cuantía, y 246 de la ley, por no darse audiencia e informe del Colegio de Abogados, e interpuso el recurso haciendo la especial petición de que se declarase la nulidad de la tasación de costas por exceso en sus funciones del Sr. Secretario del Juzgado, o en su caso que el trámite dado a la impugnación no era el correcto ya que debió seguirse el de costas excesivas y darse el informe del Colegio de Abogados.

Por otra parte los deudores hipotecarios interpusieron recurso de apelación contra la citada sentencia por el no pronunciamiento de costas que en ella se contiene.

CUARTO.- Realmente el verdadero tema de fondo del recurso lo es el contenido de la "liquidación de las costas" que se menciona en el artículo 693 de la ley de Enjuiciamiento Civil y para el caso de la rehabilitación del contrato, lo que ocurre es que antes de llegar a dicho pronunciamiento se hace preciso dar respuesta a las distintas cuestiones de orden procesal que en los recursos se han planteado.

El artículo 243 de la Ley Procesal Civil dice en su número 1 que en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del Tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso, respectivamente, sujetándose a las disposiciones de este Título. Pero el Secretario puede, o no incluir en la tasación partidas o derechos, y además, puede reducirla. La no inclusión se está refiriendo a aquellos derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito; y la reducción se refiere al importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas. Pero además, fuera de estos casos, y no ya en este precepto sino deducido del artículo 245 n° 3, también puede el Secretario no incluir en la tasación de las costas la totalidad de la minuta de honorarios del Letrado, o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel, o no incluir correctamente los derechos del Procurador. Desde el contenido literal de estos preceptos vemos cómo el Secretario puede reducir la minuta del Letrado.

Y entrando en el campo de las impugnaciones, dice el artículo 245 que la impugnación de la tasación podrá basarse en que se han incluido en la tasación, partidas, derechos o gastos indebidos; y que en cuanto a los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dichos honorarios es excesivo. Impugnación que en estos extremos está reservada obviamente para el condenado al pago de las mismas. Pero el mismo precepto señala que la parte favorecida por la condena podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados, o que no se ha incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su Abogado, o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia, o en no haber sido incluidos correctamente los derechos de su Procurador.

El cauce procesal lo va a ofrecer el artículo 246, si la impugnación se hace por el condenado y por resultar excesivas las costas, el trámite lo será de audiencia del minutante y con posterior informe del Colegio de Abogados; y si la impugnación lo es por indebidas, el trámite lo es por el cauce del Juicio Verbal y hasta el dictado de la sentencia. Pero cuando se trata de la parte favorecida por la condena, el trámite lo señala el n° 4 del mismo artículo, si se impugna la tasación por no haberse incluido en aquélla gastos debidamente justificados y reclamados se convocará a las partes a una vista continuando la tramitación del incidente con arreglo a lo dispuesto para el juicio verbal.

QUINTO.- Por todo cuanto llevamos dicho y si nos ciñéramos al puro sentido del escrito de interposición del recurso de apelación de la parte ejecutante, bastaría a la Sala terminar sus razonamientos con la desestimación del mismo por cuanto ni existe nulidad de la tasación de costas practicada por el Sr. Secretario del Juzgado de Primera Instancia n° Uno de Alicante, ni existe defecto procesal en el cauce ordenado, sin embargo conviene a la Sala entrar a conocer sobre el verdadero problema de fondo suscitado en el recurso y en el procedimiento y que lo es el alcance cuantitativo de la liquidación de las costas.

Cuando se formula la demanda de ejecución, que como ya hemos dicho anteriormente no es demanda declarativa sino de pura ejecución, la parte actora cifra la deuda reclamada para el despacho de la ejecución en la cantidad debida por el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario y en la de 12.636.769 pts mientras que la total responsabilidad de la finca hipotecada por el préstamo de 20 de enero de 1.999 lo es de 13.200.000 pts de capital, 940.500 pts de intereses ordinarios, 2.130.000 pts de intereses de demora y 1.980.000 pts para costas, esto es, 18.250.500 pts. En los trámites de la ejecución hipotecaria no surge en momento posterior el dictado de una resolución con condena en costas que sirva de título para su exacción, sino que las mismas ya están previstas en la constitución de la garantía, por ello, cuando se procede por el letrado Sr. Candela Ochotorena a confeccionar la minuta están vigentes las normas del Colegio de Abogados de 2.000 y en la norma 53 B se comprende el procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y se dice que la cuantía vendrá determinada por la menor de las siguientes cantidades: A) la que sea objeto del procedimiento por todos los conceptos que se reclamen, y B) la total responsabilidad del bien hipotecado. En el caso de autos la menor es la cuantía de 12.636.769 pts.

Pero cuando se practica la tasación de costas en 30 de enero de 2.002 están en vigor las normas de orientación de honorarios del Colegio de Abogados de 2.002, con vigencia desde el 1 de enero, y concretamente la norma 66, con la misma redacción, pero con la particularidad de un añadido a la letra A) Si con posterioridad se dictase resolución determinando una cantidad inferior por principal, bien por estimar la oposición por cualquier motivo, bien por otra causa, esta cantidad menor será la que deba tomarse como base cuantitativa de cálculo, reduciéndose los demás conceptos por los que se hubiese despachado ejecución en la misma proporción.

SEXTO.- No ha sido discutida en el escrito de recurso la norma orientadora vigente o aplicable. El Letrado impugnante solamente insiste en que la cuantía de la demanda ya quedó definida en ésta y por el total deben tasarse las costas; el Sr. Secretario practicante de la tasación razona que debe ser tenida no aquella cantidad sino la que ha motivado la enervación de la hipoteca, esto es, la de 715.211 pts y a tal caso le aplica la norma 53 b); y, finalmente, el juzgador de instancia en la sentencia argumenta que la que debe ser tenida es la norma 66 con el mismo resultado de minoración. La Sala estima que asiste razón tanto al Secretario del Juzgado como el Juzgador para tomar como base cuantitativa para la liquidación de las costas la cifra menor y ello por el propio sentido del artículo 693 que antes hemos expuesto, el precepto ofrece al deudor hipotecario, por una sólo vez, la oportunidad de revitalizar la relación, no ya liberando el bien mediante el pago de la totalidad de la deuda, sino tan sólo cumplir con el pago de la cantidad que deba hasta ese momento, y por todos los conceptos, es decir, los plazos que determinaron la ejecución, más los que con posterioridad hayan podido vencer, los correspondientes intereses y por supuesto las costas devengadas, ya que en definitiva, y aunque pueda salvar en última instancia el crédito, él es quién ha motivado esos gastos, así que las costas deben tomarse en relación con el período comprendido a las cuotas que motivaron la ejecución ya que sobre estos son los que se produce la rehabilitación del préstamo, con la particularidad añadida que pudiendo incumplir nuevamente el contrato y volviendo a cancelarse anticipadamente, la parte ejecutante podría instar una nueva demanda ejecutiva e interesar el total de las costas por la cuantía dejada de abonar en esos momentos. El espíritu y significado de la norma 66 es claro y siendo meramente orientadora, con independencia de la vigencia de la misma, la Sola la acoge para resolver el presente recurso y desestimar el mismo, teniendo en cuenta además que el Procurador Sr. Martínez Navarro se aquietó a todos los pronunciamientos de la sentencia.

SÉPTIMO.- Y de la misma forma debe desestimarse el recurso interpuesto por la parte ejecutada frente al fallo de la sentencia que no impone las costas de la impugnación a la parte ejecutante. En esta materia de la impugnación por indebidas debemos acudir al contenido general del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de la condena en costas, y así, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. La Sala estima que no puede darse en el caso de autos la aplicación estricta del principio del vencimiento para la imposición de las costas puesto que la materia ofrecida a su consideración ofrece dudas de interpretación que en este caso se han saldado a favor de la parte impugnada, pero que no puede verse la impugnante con el cargo de una condena en costas que al menos ha merecido su particular discusión acerca de la interpretación de unas normas orientadoras de honorarios.

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 246, 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo de desestimar ambos recursos de apelación y debiendo condenar en costas a ambas partes, por aplicación del llamado "principio neutralizante de la condena" y permitido por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2.000, no se hace especial declaración sobre las costas causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación al caso,

FALLAMOS

Desestimar los recursos de apelación interpuestos por el Procurador Don Juan Martínez Navarro en representación de la mercantil Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, y por el Procurador Don Pedro Montes Torregrosa en representación de Don Jose Pablo y Doña Marí Jose contra la sentencia dictada por el Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n° Uno de la ciudad de Alicante en fecha 6 de mayo de 2.002 y en los autos de los que dimana el presente rollo, y en su consecuencia CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS íntegramente la misma al estar ajustada a derecho, sin hacer especial declaración sobre las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artículo 248 n° 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, advirtiéndose a las partes que contra la misma la Ley procesal no previene recurso ordinario alguno.

Y en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados del pertinente testimonio de esta resolución para ejecución y cumplimiento de lo acordado y resuelto, uniendo otro testimonio al rollo de apelación y el original al legajo de sentencias.

Así por esta nuestra sentencia definitiva, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Ponente que la suscribe hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.