BDB AP Valencia 17435/2006
Fecha: 21 de febrero de 2006
Órgano: Audiencia Provincial de Valencia
Sala: Sala de lo Civil, Sección 8
Ponente: ENRIQUE EMILIO VIVES REUS
Sentencia: 94 / 2006
Recurso: 977 / 2005
Rollo: 977 / 2005
Resumen:
Ejecución hipotecaria. Concepto de tercer poseedor: es quien aparece como nuevo dueño o propietario de un derecho real, con posterioridad a la constitución de la hipoteca, no teniendo dicha consideración los demandantes que son titulares de un derecho de naturaleza personal como es el derecho de uso preferente sobre determinados amarres del puerto deportivo.

En la ciudad de Valencia, a veintiuno de febrero de dos mil seis.

Vistos por la Sección Octava de esta Audiencia Provincial, siendo ponente el Ilmo. Sr. D.Enrique Emilio Vives Reus, los autos de Juicio Ordinario, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Massamagrell, con el nº 334/04, por D. Narciso , D. Benedicto , D. Luis Carlos , Dª. Rosa , D. Pedro Antonio , D. Augusto y D. Ernesto contra Explotaciones Marítimas de Levante S.L., sobre "acción de declaración derechos de uso preferente titularidad de amarre", pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por D. Narciso y otros representados por el Procurador Sr. Alario Mont, habiendo comparecido la mercantil Explotaciones Marítimas de Levante S.L. representada por el Procurador Sr. Manzanera Vila.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La sentencia apelada, pronunciada por el Sr. Juez de Primera Instancia nº 3 de Massamagrell, en fecha 6 de Abril de 2005 , contiene el siguiente: "FALLO: Desestimar íntegramente la demanda interpuesta por D. Narciso , D. Benedicto , D. Luis Carlos , Dña. Rosa , D. Pedro Antonio , D. Augusto y D. Ernesto contra Explotaciones Marítimas de Levante S.L. y, en consecuencia, absuelvo a esta de las pretensiones contra ella ejercitadas.

Condeno a D. Narciso , D. Benedicto , D. Luis Carlos , Dña. Rosa , D. Pedro Antonio , D. Augusto y D. Ernesto al pago de las costas ocasionadas en el presente procedimiento".

Segundo.- Contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por D. Narciso y otros, admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Audiencia, donde oportunamente se tramitó la alzada, señalándose para su Deliberación y Votación el día 26 de Enero de 2006.

Tercero.- Se han observado las prescripciones y formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por D. Narciso , D. Benedicto , D. Luis Carlos , Dª. Rosa , D. Pedro Antonio , D. Augusto y D. Ernesto se formuló demanda de juicio ordinario contra la mercantil "Explotaciones Marítimas de Levante, S.L.", solicitando en el suplico se declare el mejor derecho de los actores a la titularidad y al uso pacífico de los amarres que respectivamente adquirieron por el tiempo que resta de concesión administrativa, condenando a la demandada a reintegrar a los demandantes la pacífica posesión en concepto de titular de su respectivo amarre.

Alega la parte actora, como base de su pretensión o causa de pedir, que mediante resolución del Ministerio de Obras Públicas de fecha 7 de noviembre de 1.974, se adjudicó a la compañía "Puerto Deportivo Puebla de Farnals, S.A." la concesión administrativa por un plazo de cincuenta años, hasta el 7 de noviembre de 2.024, para la construcción y explotación de un Puerto Deportivo. Según se desprende del texto de la citada resolución, un veinte por ciento de los amarres del Puerto Deportivo quedarían para uso público general, quedando el ochenta por ciento restante de los amarres como de libre disposición. El 14 de febrero de 1.977, el Banco Hipotecario de España concedió un préstamo por importe de 30.503.000 pesetas a favor del Puerto Turístico Deportivo Puebla de Farnals, garantizado con hipoteca constituida sobre la finca nº NUM000 inscrita en el Registro de la Propiedad de Massamagrell, consistente en el Puerto Turístico de Escala, situado en Puebla de Farnals. Ante las dificultades económicas que la concesionaria de la explotación del Puerto Deportivo atravesaba en aquel momento, el préstamo resultó impagado, lo que motivó la ejecución hipotecaria, mediante procedimiento tramitado ante el Juzgado de Primera instancia nº 32 de Madrid, bajo el nº 2448/1.990, dictándose Auto de adjudicación en fecha 17 de enero de 1.995 a favor de la entidad "Explotaciones Marítimas de Levante, S.L." tras la pertinente subasta y cesión de remate. De conformidad con dicha resolución, el objeto de la ejecución hipotecaria fue la propia concesión administrativa, sin que dicha ejecución pueda afectar a derechos de terceros, como son los amarristas.

Desde el otorgamiento de la concesión administrativa en 1.974 hasta la ejecución hipotecaria en 1.995, se fueron enajenando amarres a terceros por el tiempo de duración de la concesión mediante la celebración de negocios jurídicos, plenamente válidos y eficaces, abonándose el precio correspondiente a cada uno de ellos, adquiriendo cada uno de los demandantes la titularidad de un amarre, la cual fue inscrita en el Libro Registro de Puestos de Atraque. Adjudicada la concesión a la hoy demandada, ésta solicitó de la autoridad administrativa la homologación de su título de concesionaria de la explotación del Puerto deportivo. Dicha homologación tuvo lugar mediante resolución de fecha 3 de septiembre de 1.996. Sin embargo, ello no implica otorgar una nueva concesión, distinta a la anterior, por lo que ni la ejecución hipotecaria, ni tampoco la homologación del título pueden comportar la extinción de los derechos adquiridos por terceros de buena fe, como son los amarristas, que ostentan derechos propios y diferentes del título concesional. La demandada ha privado por la vía de hecho a los amarristas de su respectivo amarre, girándoles a aquellos que han permanecido en el puerto Deportivo los correspondientes recibos en concepto de tarifas devengadas por su uso y disfrute. Desposesión que resulta ilegítima, cuando trae su causa de un procedimiento de ejecución hipotecaria al que los amarristas no han sido parte, motivo por el cual no podrán resultar desposeídos de las titularidades que adquirieron en su día.

La mercantil demandada contestó a la demanda solicitando se desestimara la pretensión de los actores, alegando, en síntesis, que, en virtud de Auto de adjudicación de fecha 17 de enero de 1.995 dictado en el proceso de ejecución hipotecaria, se ordenó la cancelación de la hipoteca que garantizaba el crédito del actor, así como de los asientos registrales posteriores, requiriendo mediante providencia de fecha 31 d enero de dicho año 1.995, al deudor y ocupantes para que desalojaren la finca en el término de treinta días, teniendo lugar el acto de entrega de la posesión al adjudicatario el día 24 de julio de 1.995. Los demandantes no pueden alegar derecho alguno sobre los citados amarres, ya que cuando adquirieron el derecho de uso éstos quedaban condicionados al cumplimiento del pago de la hipoteca, que se había formalizado con anterioridad; realizada la hipoteca y subastada la finca, la titularidad se transfirió a la nueva adjudicataria, pues los puestos de atraque son parte de las instalaciones afectas a la finca registral subastada.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y contra dicha sentencia interpone recurso de apelación la parte actora solicitando su revocación y, en su lugar, se estime la demanda por ella interpuesta.

Segundo.- Antes de entrar a resolver los motivos del recurso debe hacerse referencia al debate planteado por las partes litigantes sobre la cuantía del pleito. La parte actora en su escrito de demanda, concretamente en su fundamento jurídico octavo, manifestó que la cuantía del presente proceso es indeterminada. La parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, en su primer fundamento jurídico, estableció la cuantía del pleito en la cantidad de 435.000 euros. En el acto de la Audiencia Previa, la juzgadora de primera instancia, teniendo en cuenta que dicha discusión no afectaba a la clase de proceso acordó resolver dicha discrepancia sobre la cuantía del pleito en sentencia, lo que no hizo.

Debe estimarse incorrecta la decisión de la juzgadora de primera instancia de no resolver en el acto de la Audiencia Previa la cuestión referente a la cuantía del pleito, pues si bien es cierto que dicha cuestión no afectaba a la clase de proceso, al seguirse por la clase de juicio ordinario tanto los de cuantía indeterminada como por la cuantía fijada en la contestación a la demanda, no es menos cierto que dicha discrepancia tiene su trascendencia para determinar si la presente sentencia es susceptible o no de recurso de casación, ya que en el caso de que se estimara que la cuantía es indeterminada no cabría interponer dicho recurso extraordinario, y sí que lo sería para el caso de estimarse procedente la cuantía fijada por la parte demandada. El artículo 255 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el demandado podrá impugnar la cuantía de la demanda no sólo cuando entienda que de haberse determinado de forma correcta el procedimiento a seguir sería otro, sino también cuando resultara procedente el recurso de casación. Estableciendo el apartado segundo de dicho artículo que dicha cuestión será resuelta en la audiencia previa. Por tanto, las partes litigantes debieron impugnar la resolución del juzgado de no resolver en dicho acto la discrepancia existente sobre la cuantía litigiosa, y al no hacerlo así y no existir una resolución judicial que resuelva dicha cuestión ha de estarse a la cuantía fijada por la parte actora en su escrito de demanda. Por tanto, debe estimarse que la cuantía del presente proceso es indeterminada, lo que afecta a dos cuestiones, la primera, a la hora de tasar en su día las costas procesales, y la segunda, para establecer que contra la sentencia no cabrá interponer recurso de casación, sin perjuicio del recurso de casación por interés casacional previsto en el nº 2. 3º del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Tercero.- Como se expone en la sentencia recurrida, la cuestión litigiosa se centra en determinar los efectos que la ejecución hipotecaria tuvo sobre los derechos de los que se consideran titulares los demandantes. La resolución apelada entendió que los derechos de uso preferente del amarre que a los demandantes le fueron transmitidos por la entidad concesionaria del Puerto Deportivo, limitados en su duración a la propia concesión, se extinguieron como consecuencia de la ejecución hipotecaria, al ser dichos derechos de los actores posteriores a la constitución de la hipoteca.

La parte apelante discrepa de los argumentos de la sentencia recurrida, basando, sustancialmente, su pretensión revocatoria de la sentencia recurrida en que dichos derechos no se extinguieron con la ejecución hipotecaria, habiéndose subrogado la entidad demandada en los mismos derechos y obligaciones de la anterior concesionaria, por lo que está obligada a respetar dichos derechos preferentes de los demandantes sobre cada uno de los respectivos amarres adquiridos en su día.

Los argumentos de la parte apelante no pueden compartirse, debiéndose aceptar, por el contrario, los acertados razonamientos de la sentencia recurrida.

Para la resolución de la cuestión litigiosa debe tenerse en cuenta un hecho no alegado por la parte actora en su escrito de demanda y que resulta trascendental, como es que los derechos de uso preferente sobre los amarres adquiridos por los actores, en fechas comprendidas entre el 27 de mayo de 1.987 y el 9 de abril de 1.992, lo fueron con posterioridad a la constitución de la hipoteca, que lo fue el 14 de febrero de 1.977. Por tanto, cuando los demandantes adquirieron su derecho sabían o debían saber que dichos bienes cuyo uso preferente adquirían estaban hipotecados. Teniendo en cuenta dicha circunstancia, debe estimarse correcta la decisión del juzgador de primera instancia de entender que los derechos de los actores se vieron afectados por la ejecución hipotecaria, ya que según reiterada doctrina jurisprudencial, la hipoteca opera a modo de condición resolutoria, que en méritos del proceso de ejecución produce la liberación total de las cargas y gravámenes inscritos con posterioridad, porque el adjudicatario ha de recibir los bienes libres de toda carga o limitación que no sea anterior o preferente a su propio crédito, esto es, en el estado que tenían al ser inscrita la hipoteca. Y dicho efecto debe predicarse tanto si se considera que los derechos de los actores sobre dichos amarres tienen naturaleza de derecho real, como si se estima que los mismos son de naturaleza personal. La determinación de la naturaleza del derecho que ostentaban los actores sobre los amarres resulta controvertida, habida cuenta que la parte actora no aportó los documentos en que se plasmaron dicho negocios jurídicos, aportando sólo los libros del Registro de amarres donde se inscribieron de dichos derechos, de los que no puede deducirse con claridad la extensión y la clase derechos que adquirieron los demandantes. La sentencia recurrida, en su tercer fundamento jurídico, viene a configurar los derechos transmitidos a los actores como derechos de uso preferente del amarre, limitados en su duración a la de la propia concesión, sin especificar si de trata de un derecho de naturaleza real o personal. La parte apelante en su escrito de interposición del recurso, haciendo mención a una sentencia de esta Audiencia, estima que el título que ostentan los demandantes sobre los citados amarres se basa no en un derecho de propiedad sino en el contrato que en su día se suscribió con la entidad concesionaria, en virtud del cual se les cedía el derecho temporal de uso y disfrute de un punto de amarre en el puerto deportivo. Por tanto, está reconociendo que el derecho que ostenta es de naturaleza personal y no real, que guarda analogía con el contrato de arrendamiento. Y dicho carácter debe aceptarse de dicho derecho como ya tuvo ocasión de declarar esta misma Sala en su sentencia de fecha 30 de junio de 2.005 , al analizar la naturaleza jurídica de dicho derecho de uso temporal sobre un punto de amarre.

Sostiene la parte apelante que de conformidad con ese marco jurídico de carácter obligatorio, delimitado por la propia concesión, debe ser respetado y, en consecuencia, mantenerse, aunque la titularidad de la concesión administrativa, como ocurre en este caso, se altere. El anterior argumento esgrimido por la parte apelante no puede aceptarse por cuanto en el presente caso nos encontramos ante una sucesión en la titularidad de la concesión como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, en la que como consecuencia de los efectos devastadores de dicha ejecución se extinguen todos los derechos adquiridos con posterioridad a la constitución de la hipoteca. El argumento de la parte recurrente sería admisible si la sucesión en la titularidad de la concesión se hubiera efectuado como consecuencia de una cesión de los derechos de la concesión, en cuyo caso el nuevo titular se hubiera subrogado en todos los derechos y obligaciones asumidos por el anterior titular, pero no como en el presente caso ocurre en que la alteración en la titularidad de la concesión se produce como consecuencia de una ejecución hipotecaria.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, deben estimarse plenamente acertados los razonamientos que se contienen en el quinto fundamento jurídico de la sentencia recurrida, relativos al efecto que la ejecución hipotecaria ha desplegado en el caso enjuiciado, cuyos razonamientos se dan aquí por reproducidos en evitación de inútiles repeticiones, aceptando la conclusión alcanzada de que los derechos de los actores se extinguieron como consecuencia de dicha ejecución, teniendo en cuenta, como se razona en el cuarto fundamento jurídico de la sentencia apelada, que la hipoteca se extendió a los amarres, cuyos derechos de uso temporal se cedieron a los actores.

Por último, queda por analizar la alegación de la parte recurrente de que los demandantes son terceros de buena fe que no pueden ser privados de su derecho en virtud de un procedimiento en el que no han sido parte. La sentencia recurrida, en su sexto fundamento jurídico, estima que el procedimiento de ejecución hipotecaria se desarrolló conforme a derecho, sin que los actores puedan invocar indefensión por cuanto no tienen el carácter de tercer poseedor, cuyo requisito se exige para que le sea comunicada la existencia del proceso de ejecución hipotecaria.

Los argumentos de la sentencia recurrida contenidos en el sexto fundamento jurídico deben ser plenamente compartidos por cuanto los demandantes no tenían el carácter de tercer poseedor y por consiguiente no estaba previsto que se les debiera haber requerido de pago en el proceso de ejecución hipotecaria. La doctrina científica ha venido a poner de manifiesto que el término "tercer poseedor" que la ley emplea no es el más adecuado, siendo más correcto denominarlo tercer adquirente del bien hipotecado, ya que el que se denomina por ley tercer poseedor es el adquirente del dominio que no se subroga en la obligación garantizada por la hipoteca y que únicamente soporta el gravamen en su aspecto pasivo. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, aunque sigue empleando el término "tercer poseedor", se deduce que se está refiriendo al tercer adquirente de los bienes hipotecados, al decir el artículo 685 que la demanda ejecutiva deberá dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes. Por ello, debe coincidirse con la sentencia recurrida, que citando la doctrina jurisprudencial aplicable al caso, establece que tercer poseedor es quien aparece como nuevo dueño o propietario de un derecho real, con posterioridad a la constitución de la hipoteca, no teniendo dicha consideración los demandantes que son titulares de un derecho de naturaleza personal como es el derecho de uso preferente sobre determinados amarres del puerto deportivo. Por lo que debe concluirse que ninguna infracción procedimental se cometió en el proceso de ejecución hipotecaria en virtud del cual la mercantil demandada se adjudicó los bienes hipotecados. Pero es que, a mayor abundamiento, la posible existencia de esa infracción procesal con la consiguiente indefensión para los hoy demandantes al no requerirles de pago, podría dar lugar a una nulidad de las actuaciones del proceso de ejecución hipotecaria, cuya nulidad de actuaciones no ha sido solicitada por la parte actora en este proceso, pero no a declarar el derecho preferente de los actores sobre dichos amarres, como se solicita en el suplico de la demanda iniciadora del presente proceso.

Por lo anteriormente expuesto y por los propios y acertados razonamientos de la sentencia recurrida, los cuales se dan aquí por reproducidos, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primera instancia.

Cuarto .- Al ser desestimado el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las costas devengadas en esta alzada, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento civil .

Vistos los preceptos citados, demás concordantes y de general aplicación.

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D. Narciso , D. Benedicto , D. Luis Carlos , Dª Rosa , D. Pedro Antonio , D. Augusto y D. Ernesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera Instancia nº 3 de Massamagrell , en los autos del juicio ordinario nº 334/04 , la debemos confirmar y la confirmamos, imponiendo a la parte apelante las costas devengadas en esta alzada.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen, para su conocimiento y efectos, debiendo acusar recibo.

Se hace saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 477,2 3º de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil .

Así, por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado, de la Sección Octava de la Ilma. Audiencia Provincial, en el día de hoy.

Valencia, a veintiuno de febrero de dos mil seis.