BDB AP Oviedo 35461/2000
Fecha: 24 de octubre de 2000
Órgano: Audiencia Provincial de Oviedo
Sala: Sala de lo Penal, Sección 3
Ponente: JAVIER DOMINGUEZ BEGEGA
Sentencia: 347 / 2000
Recurso: no disponible
Rollo: 150 / 2000
Resumen:
Autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, agravado por el empleo de medio peligros.

En OVIEDO, a veinticuatro de octubre del año dos mil.

Vistas, en grado de apelación, por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, las Diligencias de Juicio oral procedentes del Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo, con el n. 151 de 2000, (Rollo de Apelación nº 150/2000), sobre delito de atentado y falta de lesiones, contra J.A.M.(padre), cuyas demás circunstancias personales constan en las Diligencias, representado en el recurso, en su calidad de apelante, por el Procurador D. JUAN ANTONIO SANTOS ARCONADA, bajo la dirección del Letrado D. FRANCISCO JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ, siendo parte también apelante el AYUNTAMIENTO DE GRADO, A.L.G.A.y J.C.V.F., representados por el Procurador D. JOSE ANTONIO ALVAREZ FERNANDEZ y asistidos de la Letrado Dª. PALOMA GARCIA CAMPOS, como parte apelada J.A.M.(hijo), representado por el Procurador D. FERNANDO CAMBLOR VILLA, bajo la dirección del Letrado Dª. Mª. ELENA OCEJO ALVAREZ, el Ministerio Fiscal y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JAVIER DOMINGUEZ BEGEGA.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo dictó sentencia en las referidas Diligencias de fecha 29 de Junio de 2000 cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Debo condenar y condeno a J.A.M. (padre) como autor responsable de un delito continuado de atentado sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y como autor de una falta de lesiones, también definida, a la pena de multa de dos meses, con cuota diaria de mil pesetas. Deberá indemnizar a A.L.G.A. en 112.000 ptas. y abonar dos quintos de las costas procesales, en la que se incluirán las causadas por la acusación particular. Debo absolver y absuelvo al citado J.A.M. (padre) del delito contra la seguridad del tráfico por el que también venía acusado, declarando de oficio un quinto de las costas procesales. Debo absolver y absuelvo al acusado J.A.M. (hijo) del delito de atentado y la falta de lesiones de las que venia acusado por concurrir en el mismo la circunstancia eximente de enajenación mental, declarando de oficio dos quintas partes de las costas procesales. Debo imponer e impongo al acusado la medida de seguridad de sumisión a tratamiento externo en centro médico por un plazo máximo de cinco años. Deberá indemnizar a J.C.V.F. en 63.000 ptas.".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpusieron por la representación de AYUNTAMIENTO DE GRADO, A.L.G.A., J.C.V.F. y J.A.M.(padre) sendos recursos de apelación, de los que se dio traslado a las demás partes y Ministerio Fiscal, impugnándolo éste, y remitido el asunto a esta Audiencia y repartido a esta Sección Tercera, se registró como Rollo de Apelación nº 150 de 2000 pasando para resolver al Ponente que expresa el parecer de la Sala.

TERCERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia apelada y, con ellos, la declaración de Hechos Probados.

Fundamentos de Derecho

Se aceptan los de la Sentencia apelada en lo que no se opongan a los de la presente y,

PRIMERO.- Razones de método hacen oportuno resolver con carácter preferente el recurso que interpone contra la Sentencia de instancia la representación procesal de J.A.M., segundo de los hechos valer según su orden cronológico de interposición, toda vez que al enderezarse el dictado de un pronunciamiento absolutorio, si fuese el caso previa revisión de la apelada, carecería de razón la ponderación del primero de los recursos que motivan esta alzada, interpuesto por la representación procesal del Iltmo. Ayuntamiento de Grado, A.L.G.A. y J.C.V.F., toda vez que con esta impugnación se pretende precisamente lo contrario a aquella antedicha, a saber, el incremento de las responsabilidades criminales declaradas a cargo del citado A.M.. Así planteado el orden de valoración de los motivos por los que se interesa la revisión de la recurrida conviene indicar, porque así se sugiere en el suplico del recurso interpuesto por J.A. cuando indica que los fundamentos de su tesis absolutoria son los que incorpora el cuerpo del escrito y los que se expondrán en el acto de la vista, que este trámite que ampararla las previsiones del art. 795.6 de la L.E.Criminal no es considerado necesario por el Tribunal para poder conformar una convicción fundada sobre la dinámica del suceder enjuiciado, su calificación y consecuencias jurídico penales, pues le basta a la Sala la riqueza de motivación que incorpora la Sentencia pronunciada por el "a quo" valorando sobradamente las pruebas practicadas y la no menos abundante exposición que sobre los motivos de disidencia para con aquella resolución recogen los escritos de los respectivos recursos.

SEGUNDO.- El primer recurso que se valora, según lo indicado en el precedente Fundamento de Derecho, denuncia error en la apreciación de la prueba porque, en su versión que debió determinar la corrección y complemento del relato histórico según expone el alegato primero del recurso, el ánimo del recurrente, lejos de incorporar el dolo propio de las infracciones por las que se le condenó, obedeció al deseo de ausentarse del lugar por la angustia que le producía la actuación de los Agentes de la Policía Local que califica de extralimitada respecto de lo que seria normal desenvolvimiento de la función pública. Tal discurso argumental impone la valoración de los límites de la actuación de los Agentes de la autoridad, y en el análisis de lo actuado el Tribunal no llega a una conclusión diferente a la expuesta por el "a quo" en el Tercer párrafo del Fundamento de Derecho Segundo de su sentencia, pues ante la infracción de tráfico cometida por el recurrente estacionando su vehículo en lugar prohibido, es la Policía Local la competente para intervenir en reposición de la normalidad viaria art. 53 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no lleva razón el recurso cuando quiere conectar el extraviamiento de la función con el hecho de que en vez de limitarse a formalizar el boletín de denuncia, sin más, en ausencia del conductor infractor, los Agentes le esperaron para identificarle, dando a entender que ellos pusieron las bases para el enfrentamiento, pero ello no es de recibo. En primer lugar no se ve porqué razón el conductor sancionado tiene que mostrarse con hostilidad, física o dialéctica, para quienes se limitan a cumplir con su deber, y si es el caso de considerar injustificada la sanción el ordenamiento jurídico le ofrece todas las posibilidades de impugnación del actuar administrativo, pero es que, en segundo lugar, tampoco hay siquiera exceso de celo por los funcionarios que procuran la identificación física y personal del infractor, dado que el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial establece que como norma general las denuncias de carácter obligatorio, formuladas por agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico se notificarán en el acto a los denunciados, haciendo constar en las mismas los datos a que hace referencia el art. 5, entre los que se cita la identidad del denunciado. Ante ello, y es hecho probado porque todos los Agentes intervinientes en las diligencias lo declararon ante el "a quo", en línea coherente con lo previamente manifestado durante la instrucción, el acusado no solo se negó a identificarse, sino intentó marcharse del lugar con absoluto desprecio al principio de autoridad que incorporan aquellos, definiendo el principio de una actuación criminal que en la progresión ulterior culminó en el grave delito de atentado, actuación inicial que ya definía una falta de desobediencia con desconsideración a dichos Agentes y ante la que la negativa a identificarse el autor imponía la intervención de aquellos incluso en los términos y a los efectos que autoriza el art. 495 de la L.E.Criminal con valimiento de la fuerza necesaria, que no parece haber sido mucha, o mal aplicada, la desplegada por ellos para alcanzar sus fines dado que sólo consta haber sido lesionados los funcionarios. Definida de tal forma la improcedencia de la tesis argumental de este recurso sobre la extralimitación funcionarial y ausencia del ánimo de menosprecio del principio de autoridad por el acusado, por la pretendida preeminencia del deseo de querer eludir la irregular actuación policial que alega, la Sala se remite a los razonamientos que se harán al valorar el primero de los recursos que motivan la alzada sobre los delitos y faltas de atentado y lesiones, que dieron lugar a la formación de la causa.

TERCERO.- El recurso de apelación que hace valer el Iltmo. Ayuntamiento de Grado y los funcionarios A.L.G.A. y J.C.V.F., bajo el primer motivo que rubrica como error en la apreciación de la prueba, cuestiona la sentencia de instancia, en el orden jurídico penal, por no haber calificado el primer episodio de violencia contra la policía como atentado agravado por el empleo de medio peligroso, al amparo del art. 552.1º del Código Penal; por aplicación indebida del art. 21.3º al acogerse respecto del segundo episodio violento la atenuante de arrebato y por la infracción, por no aplicación, del tipo del art. 147.2 que debió calificar las lesiones sufridas por el Agente G.A. en lugar de la simple falta acogida al amparo del art. 617 del Código Penal. Además, bajo la rúbrica de aplicación indebida del art. 74 de ese Código Penal, el motivo segundo del recurso cuestiona la operatividad del delito continuado respecto de los dos atentados que materializaron los otros tantos episodios de violencia ejercida sobre los Policías según se refleja en el relato de Hechos Probados que la Sala acepta por corresponderse con las razonables conclusiones que se alcanzan con la prueba practicada. En cuanto al motivo que viene a denunciar infracción por no aplicación del art. 552.1º del Código Penal que fue objeto de imputación por la acusación particular recurrente, debe ser acogido. El fundamento de la decisión excluyente de la modalidad agravada que contiene la sentencia apelada se halla en franca contradicción con el hecho que se declara probado, pues sobre la base de la prueba -certeramente valorada en el ejercicio de las facultades que otorga el art. 741 de la L.E.Criminal- que constituye la declaración del Agente atropellado, folio 224 en relación con lo hecho constar al folio 60, y la declaración de los testigos J.M.H.D., folios 226 vlto y 65, J.M.F.D., folios 227 y 67 y Luis Fernández Fernández, folios 226 y 57, el acusado, cuando el policía se hallaba delante de la furgoneta que aquel conducía, estando en esos momentos parado, fue arrollado intencionadamente por éste. Pues bien, rezando así el relato histórico, lo cual es lógico porque cuando el conductor arranca ante la presencia del policía delante de él, sin intentar eludirle y le atropella, la intencionalidad del alcance es predicable incluso desde la perspectiva del dolo directo, amén del eventual porque la probabilidad de ese atropello es más que fundada a poco que la capacidad elusiva de la víctima se vea limitada por la inmediatez del móvil y lo sorpresivo del arranque, aconteciendo así en el caso de autos al ser visto tal alcance y consiguientes lesiones, habiéndose apuntado incluso el dolo directo toda vez que también es hecho probado, por documentado al folio 6 del atestado y ratificado en el juicio oral por el testigo M.A.S.G., que el acusado dijo que tenía que haber matado al atropellado siendo una pena no haber pasado por encima de él, es decir hubo incluso la exteriorización dialéctica del ánimo especifico de atropellar que se corresponde desde un punto de vista naturalístico con lo efectivamente acontecido. Frente a ello, el "a quo", al motivar su sentencia pone en duda lo antes afirmado, a saber, esa intencionalidad a medio de desviarla hacia el simple afán de huir del lugar, pero es que, además de lo dicho, dada esa forma de actuación, el ánimo de huida -despreciando el principio de autoridad- aparece indisolublemente unido al de atropellar, pues lo primero comportaba lo segundo, y ambos deseos están abarcados por el cupo de culpabilidad definitorio del dolo. Si a ello se une el hecho de que, como razona el "a quo", con la cita jurisprudencial que ofrece, con más la que puede integrar la S.T.S. de 11.4.00, no cabe duda que un automóvil en marcha resulta extremadamente peligroso para quien sufre su acometida, la tipicidad del art. 552.1º del Código Penal debe ser acogida.

CUARTO.- A juicio del Tribunal, una sucesión lógica de los motivos de recurrir apuntados en el inicio del precedente Fundamento de Derecho, debe suponer que en este momento expositivo se valore el alegato que contiene el motivo que denuncia infracción, por indebida aplicación, del instituto de la continuidad delictiva acogida respecto de los dos atentados ejecutados por el condenado con fundamento en el art. 74 del Código Penal. Admitiendo la pluriofensividad de los delitos de atentado cuando, además del ataque al orden público en el que el bien jurídico se concreta en el principio de autoridad que incorporan los Agentes de la autoridad que son agredidos con obstaculización de su legitima actuación mermando aquel principio y consiguientemente la dignidad de la función pública del servidor de los fines del Estado, se produce también el menoscabo de la integridad psicofísica de los funcionarios al concretarse en alguna modalidad delictiva del tipo de las lesiones el ejercicio de la violencia desplegada contra ellos, y admitiéndose así la viabilidad de la continuidad prevenida en el art. 74 del Código Penal cuando el bien jurídico ponderado en su lesión no es exactamente ese personal -por las lesiones- en cuyo caso el rechazo del instituto vendría previsto en el nº 3 de ese precepto, dícese que, admitido ello, para que se pueda apreciar el delito continuado es necesario, entre otros presupuestos, que se dé en el autor un dolo unitario que transparenta una unidad de resolución y propósito que anime en común la pluralidad de acciones comisivas, que son episodios diversos en los que se ha reflejado fragmentariamente una sola y única programación de los mismos, por todas, S.T.S. de 6.11.95. En el caso de autos no es posible afirmar, sin duda y mucho menos con fundamentos pietistas, la integración de ese dolo unitario en el autor, pues distinto de él es el dolo renovado con el que actuó en cada ocasión de despliegue de violencia. En el primer incidente acometió al policía lesionado en el curso de su oposición al legítimo actuar de éste derivado de una infracción de tráfico, culminando la agresión al querer deshacerse de él para huir en su vehículo, con el que lo atropella. Logrado ese propósito hubo para él una solución de continuidad al agotarse el fin perseguido por el autor, y cuando tiempo después vuelve a tener lugar la intervención policial para poner a disposición judicial al acusado, y ya no por el motivo de tráfico del que arrancaron todos los sucesos, sino por la implicación criminal derivada con su violenta actitud precedente, se renueva el ímpetu agresivo que, naturalmente, no podía formar parte de la deliberación primera del delincuente que se desarrolló y finalizó tras su huida, pues el devenir posterior de los hechos no fue programado por él, ni podía serlo dado que obedeció al fin de la función policial relacionada investigación de los hechos y, particularmente, al aseguramiento de la persona del delincuente. El motivo del recurso que nos ocupa tiene, en consecuencia con lo razonado, que ser admitido.

QUINTO.- Constituye también motivo de impugnación por la acusación particular recurrente la apreciación en el delito de atentado que califica el segundo episodio violento de la atenuante de arrebato, por lo que se denuncia la infracción por indebida aplicación, del nº 3 del art. 21 del Código Penal. El fundamento de la apreciación de la atenuante que motiva el "a quo" se halla en la perturbación de la inteligencia y voluntad del autor producida por la contemplación de lo que interpretó era una agresión a su hijo. Una vez más el discurso jurídico de la sentencia se encuentra en contradicción con el hecho probado, amén de errar en la valoración de la prueba sobre las circunstancias fácticas de la atenuación e incurrir en la omisión de los requisitos que la deben autorizar. El relato histórico de la sentencia dice que el acusado actuó preso de la ira y en estado de gran excitación, y conviene recordar aquel criterio jurisprudencíal conforme al cual tanto el antiguo art. 9-8º en la redacción dada por la L.E. 8/83 de 25 de junio, como el vigente art. 21-30 del Código Penal exigen que el sujeto activo obre por causas o estímulos tan poderosos, situación que se excluye en orden a evitar privilegios para reacciones coléricas, y una cosa es la ofuscación incidente en el intelecto y voluntad del autor por el estímulo al que luego nos referiremos, y otra bien distinta el acaloramiento, trascendente a la ira desatada por quien hace gala de un desprecio absoluto a la autoridad. Asimismo, se dijo que el acogimiento de la atenuante yerra en la valoración de la prueba de sus circunstancias pues además de que el acceso de ira (declarado probado) sólo se comprende desde la perspectiva de quien es proclive a la violencia injustificada ante el legítimo proceder de los funcionarios policiales que, ahora, eran agredidos por el hijo del acusado condenado, no puede pretenderse que éste pudiera interpretar que los policías estaban agrediendo a su hijo, pues debe observarse que cuando el tal acusado declaró, con todas las garantías constitucionales ante el Instructor, dijo que su hijo estaba siendo sujetado en el suelo por los policías e incluso por miembros de su familia (sic), y si sujetar no equivale a agredir y además en la sujeción y consiguiente auxilio a los policías participaban miembros de su propia familia -ya se había hecho constar al folio 6 del atestado- sólo con generosidad tendente a forzar la apreciación de la atenuante se puede decir que la escena representada era de agresión en lugar de defensa frente a la violencia del sujetado, y si fuese el caso de que pudiera haber agresión parece lógico entender que en ella participaban también aquellos familiares, y a esto no llega siquiera el propio acusado que sólo atacó a los funcionarios. Por otra parte, se apuntó que no se dan todos los requisitos que podrían fundamentar la atenuación, y ello porque es también criterio jurisprudencial el de que los estímulos incidentes en la incitación determinante de las anomalías psíquicas base del arrebato deben proceder de la víctima, y salvo que ahora se quiera mantener lo contrario de algo que quedó resuelto en la instancia y en esta alzada, esto es, que los policías actuaban con escrupuloso respeto a la función y con proporcionalidad respecto de lo que ella exigía, no se ve cómo esa legitimidad puede constituir un estímulo para dar rienda suelta a la violencia contra ellos. Finalmente, sólo precisar que aunque el "a quo" razonó la ausencia de practicidad de la atenuante en función de haberse apreciado en favor del acusado la continuidad delictiva, cuya consecuencia de apreciar la correspondiente unidad tipológica es que la atenuante quede absorbida en ella, al ser visto que este Tribunal ha rechazado la figura del delito continuado en virtud del recurso que denunció la indebida aplicación del art. 74, se hacía necesario ponderar el motivo de recurrir que censuraba la indebida apreciación de la atenuación, pues al rechazarse la continuidad delictiva recobraría su virtualidad tal atenuante respecto del segundo delito de atentado, lo que no va a poder ser por lo indicado en este Fundamento de Derecho, y ello con independencia de que, en cualquier caso, la Sala, ejercitando las facultades que le otorga el art. 66.1 del Código Penal, va a acoger una determinación punitiva dentro de márgenes de mitad inferior de la pena tipo, al no apreciar ni en el hecho, por su entidad, ni en el autor, por sus circunstancias, razones que justifiquen una opción superior.

SEXTO.- El motivo de recurrir que denuncia infracción, por no aplicación del art. 147.2 a cuyo tenor debieron ser calificadas las lesiones experimentadas por el Agente A.L.G.A., no puede ser admitido. El informe médico forense obrante al folio 76 de la causa indica que dichas lesiones fueron tributarias para su curación de una sola asistencia médica, la inicial, y al ser visto que la actual falta de lesiones del art. 617.1 califica como tales las que, causadas por cualquier medio o procedimiento, no estén definidas como delito en el Código, es decir, que no requieran para la curación tratamiento médico o quirúrgico pero sin prever la posibilidad de que en su causación se hubiesen empleado armas o instrumentos peligrosos, a diferencia de lo que hacía el art. 582.1º del Código de 1973 que permitía el efecto agravatorio consistente en que el art. 421-1º y 3º sustituyera al 582 cuando el instrumento empleado por el autor revele un propósito de causar una lesión más grave que la efectivamente causada -siendo a este ámbito normativo al que se refiere la S.T.S de 27.2.98 que indebidamente cita el recurso-, es por lo que, independientemente del empleo de los medios que refiere el art. 148-1º, si las lesiones causadas no han requerido objetivamente para su sanidad tratamiento médico o quirúrgico, serán constitutivas de falta. Al ser así razonado en la instancia no procede la revisión que demanda el recurso

SEPTIMO.- En el orden indemnizatorio, expresión del ejercicio de la acción civil nacida del ilícito penal, interesa la acusación recurrente el incremento de la indemnización reconocida en favor de A.L.G.A. porque en la instancia se prescindió de la secuela que dictamina el médico forense al folio 76. Ciertamente el "a quo" no recogió, ni en el relato de hechos probados ni en la fundamentación jurídica de su sentencia, dicha secuela, pero es que su entidad, ni es colegible del tenor de su descripción "región hipercrónica -no hiercerámica- en cara lateral del glúteo derecho" ni se obtiene de las precisiones que se parecen efectuar en el juicio oral cuando el facultativo indica que la cicatriz es visible desde cualquier punto de vista, pues dada la zona corporal de localización tal indicación constituye un auténtico motivo de desorientación, y si es que se apunta hacia un efecto deformante, aún limitado por razón de esa localización, no puede este Tribunal, sin suplantar la ventaja que la inmediación supuso para el "a quo" ir más allá de lo así valorado por éste, toda vez que los elementos de convicción formalmente ofrecidos a tal fin carecen de la base mínima elemental para alcanzar la conclusión de que nos hallemos ante un menoscabo efectivamente indemnizable por su relevancia.

OCTAVO.- En cuanto a las costas procesales causadas en ambas instancias debe advertirse, en primer lugar, que respecto de las resueltas por el "a quo" parece mostrar disidencia la acusación particular recurrente cuando en el suplico del escrito del recurso interesa la condena en las costas con inclusión de las causadas por la acusación particular en su totalidad, pero tal pedimento se halla huérfano de fundamento argumental precedente, pues el recurso nada valora al respecto, y si ello es así y no se expresan motivos de disidencia sobre el reparto y distribución de las costas que efectúa el Juzgador no parece que éste haya incurrido en desvío respecto de aquel criterio jurisprudencial -S.T.S. de 30.9.95 con más las que cita- conforme al que tal reparto ha de considerar una distribución atendiendo al número de delitos enjuiciados dividiendo la parte correspondiente entre los distintos condenados -si fuesen varios- y con declaración de oficio de costas relativa a los delitos o acusados que resulten absueltos. En segundo lugar, en cuanto a las devengadas en la Segunda instancia procede declarar de oficio la mitad de las costas que se corresponden con la estimación, aún parcial, del recurso hecho valer por la acusación particular en tanto que la mitad restante debe ser impuesta a la parte que representa el acusado y condenado cuya impugnación es totalmente rechazada.

Por lo expuesto.

Fallo

Que ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del ILTMO. AYUNTAMIENTO DE GRADO, A.L.G.A.y J.C.V.F., contra la Sentencia de fecha 29 de Junio del año 2000 pronunciada por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez Titular del Juzgado de lo Penal nº 4 de Oviedo en las diligencias de procedimiento abreviado de las que la presente alzada dimana, debemos revocar y revocamos la citada sentencia en el sentido siguiente 1 ) Condenar a J.A.M. (padre) como autor de un delito de atentado a Agente de la autoridad, agravado por el empleo de medio peligroso, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de TRES AÑOS y DOS MESES de PRISION con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 2 ) Condenar a J.A.M. (padre) como autor de otro delito de atentado a Agente de la autoridad, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISION con la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Se confirma la Sentencia apelada en todo lo demás, declarando de oficio la mitad de las costas procesales causadas en esta segunda instancia por aquel recurso que es parcialmente estimado y se impone la mitad restante de tales costas a la parte que representa el condenado J.A.M. cuyo recurso de apelación es desestimando íntegramente.

Devuélvanse los autos originales, junto con testimonio de esta sentencia, de la que, además, se llevará certificación al Rollo de Sala, al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.