BDB AP Cádiz 21001/2001
Fecha: 30 de abril de 2001
Órgano: Audiencia Provincial de Cádiz
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 8
Ponente: CARMEN GONZALEZ CASTRILLON
Sentencia: 190 / 2001
Recurso: no disponible
Rollo: 72 / 2001
Resumen:
Recurso de apelación contra sentencia que absuelve de falta de desobediencia. El denunciado tras ser requerido en el cese inmediato de la actividad de aparcacoches, continuó y persistió en el ejercicio de la misma, conducta que constituye la falta de desobediencia prevista y penada en el artículo 634 C.P. Se le condena por la falta a la pena de multa.

En Jerez de la Frontera a treinta de abril de dos mil uno.

Vista en grado de apelación por el/la Ilmo./a. Sr/a. D/Dª, Magistrado de esta Audiencia Provincial de Sección, el presente Rollo de Faltas n° 72/2001; en primera instancia por el Juzgado de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 5 DE JEREZ DE LA FRONTERA con el n° de Juicio de Faltas 242/2000 por falta de DESOBEDIENCIA.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 5 DE JEREZ DE LA FRONTERA se dictó con fecha sentencia en cuyo fallo se dice:

"Que debo absolver y abuelvo a J.B.R. de la falta que le era imputada, declarándose de oficio las costas si las hubiere. "

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA y MINISTERIO FISCAL y admitido tal recurso en ambos efectos, fueron elevados los autos a esta Audiencia. Recibidos, se formó el Rollo y se siguió este recurso por sus trámites.

HECHOS PROBADOS: La sentencia apelada declara como hechos probados los siguientes que expresamente se aceptan en esta alzada:

"Que el 21/10/99 J.B.R. fue instado por agente de la Policía Local a que dejara de ejercer de "aparcacoches" en una calle de esta localidad, haciendo el denunciado caso omiso".

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Nos encontramos en el presente caso con un recurso sobre el tema tan polémico y que tanta jurisprudencia menor está causando como es el de los aparcacoches. De todos es sabido que dicha actividad consiste en que determinadas personas se encargan de localizar espacios que se encuentran desocupados en zonas de aparcamiento en las ciudades que normalmente, como es Jerez, existen ciertos problemas para aparcar dada la carencia de plazas, siendo así que tales personas, a pesar de que nadie le requiera para ello y que no está autorizados para tal actividad, buscan lugares de aparcamiento para vehículos que lo necesitan en un determinado momento. El problema social empieza cuando tales personas aceptan las cantidades que los conductores les entregan por tal ,servicio, y como retribución del mismo, si bien dicha entrega la mayoría de las veces viene determinada por el temor del conductor a las represalias que dichas personas puedan adoptar contra sus vehículos en su ausencia si se niegan a contribuir. Este es el problema social y el problema jurídico comienza cuando las corporaciones locales, como la jerezana, regula la actividad de aparcacoches y concede autorizaciones a personas o colectivos determinados (parados, minusválidos, etc.), prohibiendo la actividad realizada por personas que no sean las expresamente autorizadas.

SEGUNDO.- Dos son los problemas a determinar, el primero establecer si la orden que dan los agentes de la policía local cabe considerarlo como legítima y por tanto susceptible de provocar una falta de desobediencia a la misma, y el segundo saber en qué casos nos encontraremos con dicha falta.

Para resolver el primer punto hay que partir del hecho de que tales actividades de aparcacoches y su regulación se encuentran reguladas por el Bando de Alcaldía de 28 de Octubre de 1.991, el cual no es sino ejercicio de la facultad que otorga el artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, a cuyo tenor ,Las Corporaciones Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de Bandos. de órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo,. Es cierto que tal actividad de intervención de un acto o la prohibición del mismo,. Es cierto que tal actividad de intervención debe ajustarse a los principios de igualdad, pero no lo es menos que no se aprecia en el caso de autos vulneración de ninguno de ellos. Además nos encontramos con la Ordenanza de Policía y Buen gobierno aprobada por Acuerdo plenario del Ayuntamiento de fecha 29 de Marzo de 1.977, la cual está dentro de las competencias que no sólo otorga a los Ayuntamientos la Ley de Bases de Régimen Local, tal y como correctamente alega la parte recurrente, sino también el artículo 7 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial en sus apartados a) y b). En ellos se atribuye a los Municipios las competencias en la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, y la regulación mediante disposición de carácter general, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles.

Con ello queremos decir que con tales Bandos y Ordenanza no se está creando nueva figura delictiva, tal y como viene a establecer la sentencia recurrida, sino que simplemente está interviniendo una actividad que, como es notorio, es molesta y no requerida ni deseada por la inmensa mayoría de los ciudadanos.

La orden que, en cumplimiento de tales normas, dan los agentes es, pues, legítima y debe ser acatada por el destinatario de la misma.

TERCERO.-. Una vez determinado lo anterior, tenemos que establecer que nos encontramos ante una falta de desobediencia. La figura de desobediencia del artículo 634 del Código Penal exige dos requisitos para su comisión; el primero, de carácter objetivo, que consiste en la previa orden emanada de la autoridad competente en el uso de sus atribuciones, que debe ser de inexorable cumplimiento, y el requerimiento en forma o mandato expreso y claro y terminante de quien representa la autoridad. Y el segundo, de carácter subjetivo, que comporta la negativa voluntaria, real y demostrada a cumplir aquella orden con el dolo específico y manifiesto de desprestigio y menosprecio hacia el principio de autoridad, cuya exigencia deriva, precisamente, de la naturaleza eminentemente intencional y dolosa que impregna esta clase de infracciones (Sentencia del Tribunal Supremo 15-diciembre-1990 y 14-Octubre-1992).

Aplicando ello a los supuestos de los aparcacoches, es claro que el mero hecho de ejercitar tal actividad puede constituir un ilícito administrativo pero nunca una infracción penal. Siguiendo la tesis del Tribunal Supremo, expuestas en sentencia como las de 20 de Marzo de 1990, 22 de Septiembre de 1.993 y 3 de Abril de 1.995, el tipo penal se refiere a comportamientos contrarios a la ejercicio personal de la autoridad por un agente del estado, pero no alcanza al incumplimiento de normas dictadas por la autoridad, actos estos que ya tienen prevista su sanción en vía administrativa, pues de lo contrario tendríamos que llegar a la conclusión que todo incumplimiento de una norma implicaría una desobediencia punible, lo cual se compagina mal con la finalidad del artículo del Código Penal y es contrario al carácter fragmentario del Derecho Penal y a la consideración de la sanción punitiva como ultima ratio del Derecho, derivado del principio de la intervención mínima y subsidiaria de las normas penales.

Otro caso distinto es el hecho de que los agentes; en cumplimiento de la normativa administrativa mencionada y que hemos considerado legítima, de la orden de manera directa y personal al denunciado a fin de que cese en su actividad de aparcacoches. Ante tal orden, clara y legítima, el denunciado puede hacer caso omiso y seguir con su actividad, en cuyo caso la falta de desobediencia es claro que existe, pues queda evidenciado el ánimo tendencial del denunciado de menoscabar el principio de autoridad, ya que le consta la condición de agente de la autoridad en quien le imparte la orden y que está incumpliendo la misma.

El problema surge cuando el denunciado en un primer momento parece hacer caso a la orden y deja de aparcar pero vuelve al poco rato. En estos supuestos habrá de estar caso por caso, analizando las circunstancias concurrentes, si bien en principio cabe inclinarse por considerar que el denunciado ha hecho caso a la orden que los agentes le impartían y si ha vuelto no ha sido en burla de dicha orden, sino del Bando Municipal, lo cual ya hemos dicho que deberá en todo caso corregirse por vía administrativa pero no por la vía penal. No obstante, como decimos, es un punto que debe quedar al estudio caso por caso.

Otra consideración resultará si el denunciado cuando vuelve a ejercer de aparcacoches es pasadas unas horas o incluso días, ya que en tales casos ha dejado de tener presente la orden y su conducta no es movida por un ánimo de querer desobedecer a la misma y burlar a la autoridad. En estos supuestos nos parece evidente que no cabe hablar de falta de desobediencia alguna.

CUARTO.- Aplicado el anterior criterio al caso de autos, del relato de hechos probados de la sentencia recurrida y de lo expuesto en el boletín denuncia se desprende que el denunciado, tras ser requerido en el cese inmediato de la actividad de aparcacoches, continuó y persistió en el ejercicio de la misma. Ello significa que el denunciado adoptó una actitud rebelde al cumplimiento de la orden legítima de los agentes de la autoridad, conducta que merece el reproche penal, al constituir la falta de desobediencia prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal.

Procede pues la estimación del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Letrado del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y el Ministerio Fiscal y la consiguiente revocación de la sentencia recurrida, en el sentido de condenar al denunciado J.B.R. como autor de la falta de desobediencia prevista y penada en el artículo 634 del C. P. a la pena de 15 días multa por una cuota diaria de 200 pesetas al no constar la solvencia del condenado (artículo 13 C.P), lo que hace un total de 3.000 pesetas.

VISTOS los preceptos legales citados, concordantes y demás de pertinente y general aplicación.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que me viene conferida por la Soberanía Popular, y en nombre de S. M. el Rey.

Fallo

Condeno al denunciado J.B.R. como autor criminalmente responsable de una falta ya definida a la pena de 15 días multa por una cuota diaria de 200 pesetas, lo que hace un total de 3.000 pesetas, quedando sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, con imposición al condenado de las costas procesales.

Contra la presente resolución no cabe recurso ordinario aluno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de que proceden, con testimonio de esta Sentencia para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronuncio, mando y firmo.