BDB AP Pontevedra 45481/2001
Fecha: 14 de noviembre de 2001
Órgano: Audiencia Provincial de Pontevedra
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 3
Ponente: FRANCISCO JAVIER VALDES GARRIDO
Sentencia: 81 / 2001
Recurso: no disponible
Rollo: 1072 / 2001
Resumen:
Delito de atentado, intento de atropello de policía que intenta la retirada del vehículo. El delito de atentado no requiere de la concurrencia de un dolo directamente encaminado al menoscabo del principio de autoridad, bastando para integrar el necesario elemento intencional de dicho tipo punitivo con un dolo de segundo grado, también denominado de consecuencias necesarias, cuando, aún persiguiendo el sujeto activo otras finalidades (como en el supuesto contemplado la huida para evitar ser detenido por encontrarse en busca y captura) le consta la condición de agente de la autoridad del sujeto pasivo y acepta que aquél principio quede vulnerado por su proceder.

En PONTEVEDRA, a catorce de noviembre de dos mil uno.

Visto el recurso de apelación contra la sentencia recaída en los autos de Procedimiento Penal Abreviado, seguidos ante el Juzgado de lo Penal de Pontevedra número DOS, con el n° 140/2001, Rollo de Sala n° 1072/2001, sobre ATENTADO, en el que son partes: Como apelante, J.L.V.M., representado por el Procurador D. Antonio Daniel Rivas Gandasegui, bajo la dirección del Letrado D. Jacinto Romera Martínez, y como apelado, EL MINISTERIO FISCAL, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VALDES GARRIDO.

Antecedentes de Hecho

Primero.- Con fecha 4 de julio de 2001, recayó sentencia en los autos de que se deja hecha mención, cuyo Fallo, literalmente, dice: QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO A J.L.V.M., como responsable criminal en concepto de autor directo de un delito de ATENTADO A AGENTES DE LA AUTORIDAD, previsto y penado en los artículos 550 y 551.1° del Código Penal, a la pena de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISION, y todo ello con expresa imposición de las costas del procedimiento.

Segundo.- Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por el representante legal de J.L.V.M., confiriéndose traslado del mismo a las restantes partes personadas y al Ministerio Fiscal por término de diez días, formulándose oposición a dicho recurso, en tiempo y forma, por el Ministerio Fiscal.

Tercero.- Remitidos los autos a esta Audiencia con los escritos de interposición al recurso y de impugnación al mismo, correspondió su conocimiento a esta Sección, por turno de reparto de fecha 5 de noviembre de 2001, señalándose para la deliberación y resolución del recurso el día 8 de noviembre de 2001.

Cuarto.- Se aceptan los hechos probados de la sentencia apelada, que son lo siguientes: Resulta probado y así se declara que, J.L.V.M., mayor de edad, sin antecedentes penales, sobre las 21,15 horas del día 12 de marzo de 1999, guiaba el turimo de su esposa C-XXX-BJ por la Avda de XXX de esta capital, y como quiera que se hallare reclamado por la justicia en otro procedimiento y en dicha Avda fuera parado por la P.N., en el momento en que uno de los policias se dirigió a retirar el coche policial de la vía pública, el acusado para evitar su detención, arrancó bruscamente el coche, y ello a pesar de que enfrente del mismo y a muy corta distancia se encontraba uno de los agentes de policía al que el acusado con su conducta obligó a arrojarse a un lado para evitar ser atropellado, logrando fugarse, y abandonando el vehículo posteriormente.

El acusado tenía perfecto conocimiento de que la persona que intentó atropellar era un agente de la policía.

Quinto.- En la tramitación del presente recurso se han cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada.

Primero.- Recurre el acusado la sentencia de instancia que le condena como autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad, aduciendo los siguientes motivos impugnatorios: 1) insuficiencia de la prueba de cargo practicada en el acto del juicio oral en orden a la atribución al acusado de la autoria de los hechos denunciados en el atestado policial y que declaran como probados en la resolución impugnada, en cuanto basada en el reconocimiento directo que del mismo, como conductor del vehículo, hizo uno de los agentes de policia intervinientes en los hechos en el acto del plenario, sin ajustarse a las formalidades señaladas en los arts. 368 y ss. L.E.Crm., lo que a su juicio, determina que dicho reconocimiento no pueda ser conceptuado como prueba válida, y, por ende, apta para enervar el derecho fundamental a la presunción de inocencia que le ampara; 2) en cualquier caso, no concurrencia en el acusado del elemento subjetivo del injusto característico del delito de atentado, integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad, dado que su único propósito vendría a ser el de darse a la fuga; y 3) falta de motivación de la sentencia, fundamentalmente en lo relativo a la imposición de la pena.

En cuanto al primero de los motivos impugnatorios, no ha lugar a su acogimiento, por entenderse que resulta perfectamente válido el reconocimiento directo del acusado verificado en el acto del plenario sin haber estado precedido de otro practicado en fase de instrucción o de diligencias de investigación policial. A tal respecto, la sentencia del T.S., de fecha 9-2-1989, con cita de otras sentencias del mismo Tribunal, de fechas 7-12-1984, 21-4-1986, 4-10-1986, 11-5-1987 y 14-4-1987, pone de relieve que la medida de reconocimiento en rueda, con las exigencias y formalidades que la caracterizan, constituye una medida identificadora propia del trámite sumarial e inidónea en el plenario, resaltando la sentencia de fecha 20-7-1987 que en el momento del juicio oral es permisible y procesalmente correcto que el interrogatorio de los testigos presenciales se extienda al reconocimiento del acusado como autor material del delito. Cuestión distinta, cuál apunta la más reciente sentencia del T.S., de fecha 20-6-2000, es que la sola visualización del acusado fuera de una rueda de sospechosos pueda afectar a la credibilidad o fiabilidad del testimonio de la persona reconociente y ser puesta de manifiesto por la defensa durante el interrogatorio practicado en el curso del juicio oral, correspondiendo, en cualquier caso, la definitiva valoración de dicho testimonio, al Juez o Tribunal sentenciador, reiterando dicha sentencia el criterio de que el reconocimiento realizado en el juicio por un testigo presencial sometido al correspondiente interrogatorio y valorado con todas las garantias constituye un medio de prueba válido.

Ello en cuenta, el reconocimiento sin ningún género de dudas del acusado en el acto del plenario, como el conductor del turismo que el día de autos se dio a la fuga, por el agente de policía que alcanzó a verlo con claridad, y que convenció plenamente de su fiabilidad a la Juzgadora de instancia, constituye prueba de cargo bastante para desvirtuar el principio de presunción de inocencia de que aquél goza, máxime ante la concurrencia de otras circunstancias que avalan el acierto identificativo del testigo, cuáles son que el vehículo fuere propiedad de la esposa del acusado y la situación en que éste se encontraba de busca y captura por un asunto de narcotráfico que viene a explicar su violenta huida en el turismo al ser abortado por los agentes de la autoridad.

Segundo.- Por lo que respecta al segundo de los motivos del recurso, procede igualmente su desestimación, toda vez, probada la conducta de acometimiento con vehículo de motor sobre agente de la autoridad por parte del acusado que se describe en el resultando de hechos probados de la sentencia, es criterio jurisprudencial reiterado que el delito de atentado no requiere de la concurrencia de un dolo directamente encaminado al menoscabo del principio de autoridad, bastando para integrar el necesario elemento intencional de dicho tipo punitivo con un dolo de segundo grado, también denominado de consecuencias necesarias, cuando, aún persiguiendo el sujeto activo otras finalidades (como en el supuesto contemplado la huida para evitar ser detenido por encontrarse en busca y captura) le consta la condición de agente de la autoridad del sujeto pasivo y acepta que aquél principio quede vulnerado por su proceder (por toda S. T.S., de fecha 3.3.1994).

Por lo que hace al tercero de los motivos impugnatorios, su invocación por el acusado carece de toda justificación, toda vez la sentencia se halla debidamente motivada, incluso en cuanto a la determinación concreta de la pena que se le impone sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de 1 año y 3 meses de prisión (fundamento de derecho cuarto de la sentencia), por lo demás, ciertamente próxima al minimum legal establecido en tales supuestos para el delito de atentado, que lleva aparejada una pena de prisión de uno a tres años.

En atención a lo anteriormente expuesto, se impone la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia de instancia impugnada por sus propios y acertados razonamientos.

Tercero.- Dada la desestimación del recurso de apelación, se imponen al acusado-apelante las costas procesales de la presente alzada (arts. 239 y ss. L.E.Crm.).

En atención a lo expuesto, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos confiere la Constitución Española.

Fallo

Se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia de instancia impugnada; todo ello con expresa imposición al acusado-apelante de las costas procesales de la presente alzada.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas en la forma establecida en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Firme esta resolución, expídase testimonio de la misma y remítase junto con los autos, al Juzgado de procedencia, tomándose las oportunas notas en los libros registro de esta Sección.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.