BDB AP Granada 33995/2002
Fecha: 24 de octubre de 2002
Órgano: Audiencia Provincial de Granada
Sala: Sala de lo Penal, Sección 2
Ponente: JESUS FLORES DOMINGUEZ
Sentencia: 607 / 2002
Recurso: no disponible
Rollo: 146 / 2002
Resumen:
Delito de atentado a agentes de la autoridad. Determinación de si la amenaza proferida por el acusado equivale a intimidación grave. El Tribunal Supremo distingue entre amenaza e intimidación grave; la primera, se refiere a un mal futuro,y la segunda se refiere al anuncio o conminación de un mal inminente, grave, concreto y posible, susceptible de despertar un sentimiento de angustia o temor ante el eventual daño.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, formada por los Iltmos. Sres relacionados, han dictado EN NOMBRE DEL REY, la siguiente: SENTENCIA NUM. 607/2002

En la ciudad de Granada, a veinticuatro de octubre de dos mil dos.

Examinado, deliberado y votado en grado de apelación por la Sección Segunda de esta Iltma. Audiencia Provincial, formada por los Sres. Magistrados al margen relacionados, sin necesidad de celebración de vista, el Procedimiento Abreviado n° 120/99 del Juzgado de lo Penal nº 1 de Motril, por delito de atentado, siendo parte, además del Ministerio Fiscal, como apelante, J.C.P.G. representado en el recurso por el Procurador Don Rafael González Alvarez y defendido por el Letrado Don Juan Carlos Ferrer Ortiz, actuando como Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JESUS FLORES DOMINGUEZ.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- Por el Sr. Juez del Juzgado de lo Penal núm. 1 de los de Motril, se dictó sentencia con fecha 25 de Marzo de 2.002, en la cual se declaran como probados los siguientes HECHOS:

"Probado y así se declara que sobre las 15,10 horas del día 26 de enero de 1.998, el acusado, J.C.P.G., mayor de edad, y sin antecedentes penales, que se encontraba en la plaza XXX de Salobreña, al ser requerido por un agente de la Guardia Civil debidamente uniformado, que se encontraba investigando la veracidad de una llamada telefónica recibida en el Cuartel de la Guardia Civil acerca de la existencia de varios individuos merodeando por las inmediaciones de un vehículo Opel Corsa, para que se identificara, este opuso fuerte resistencia, propinando al cabo 1º Sr. V.M. varios manotazos, al tiempo que en tono amenazante le profería expresiones tales como "no sabes quien soy yo", "te vas a acordar" o "ya te pillaré". Pese a su oposición, una vez que se le registró y se colocaron todos los objetos que portaba el acusado en el vehículo oficial, donde estaban ambos, al recoger el acusado los objetos, entre los que figuraba una Jeringuilla, sin aguja, la exhibió al cabo 1" al tiempo que reiteraba las expresiones amenazantes que se han reflejado anteriormente.

Resulta igualmente probado en torno a as 11,30 horas del día 29 de enero de 1.998, y en la misma localidad, cuando el cabo 1º de la Guardia Civil, Sr. V.M., vistiendo de paisano paseaba por una céntrica localidad, en dirección a su domicilio, Fúe increpado por el acusado con expresiones tales como "Que guapo eres de paisano, a ver si te pones tan chulo como cuando estás de uniforne ", "A ver si tienes tantos cojones como el otro día", "Chulo", y "por la cuanta que te trae nos tienes que dejar en paz, si izo quieres tener problemas con nosotros".

Resulta igualmente probado que el día 23 de Febrero de 1.998, cuando el acusado se encontraba en las dependencias del juzgado de Paz de Salobreña, fue detenido por agentes de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción n° dos de Motril. ",

SEGUNDO.- La parte dispositiva de dicha resolución contiene el siguiente FALLO:

"Que debo condenar y condeno a D. J.C.P.G. como autor responsable de dos delitos de atentado del art. 550 y 551 del CP., sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena por cada unno de ellos de catorce meses de prisión, con la accesoria legal de inhabilitación especial de suspensión de empleo o cargo público durante: el tiempo de la condena, así como al abono de las collas procesales incluidas las de la acusación particular.

Abónese en su caso, para el cumplimiento de la pena impuesta, el tiempo que el condenado ha estado privado de libertad por esta causa. ".

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de J.C.P.G., en base a: error en la apreciación de la prueba e infracción del principio de presunción de inocencia.

CUARTO.- Presentado ante el Juzgado "a quo" el referido escrito de apelación se le dio traslado a las demás partes por un plazo común de diez días, conforme al art. 795-4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, transcurrido el cual fueron remitidos autos a esta Audiencia Provincial, habiéndose señalado para su deliberación, votación y fallo el día 23 de octubre de 2002 a las 10 horas, al no estimarse necesaria la celebración de vista.

QUINTO.- Se mantiene el relato de hechos probados que la sentencia apelada contiene.

SEXTO.- Se han observado las prescripciones legales del trámite.

Fundamentos de Derecho

1°.- Denunciada en escrito de formalización del recurso la vulneración del principio de presunción de inocencia, corresponde a este tribunal comprobar la existencia de prueba de cargo que sea objetivamente licita, practicada con observancia de los requisitos y exigencias legales que condicionan su validez, bajo los principios de contradicción e inmediación, y de contenido incriminador como prueba de cargo. Pero es necesario insistir en que ese control no puede identificarse con las cuestiones referentes a la valoración de la prueba, que es facultad del tribunal de instancia, conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De modo que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe desestimarse cuando se constata la existencia en el proceso de esa prueba de cargo, susceptible de proporcionar la base probatoria necesaria para un pronunciamiento de condena, es decir, cuando se da el presupuesto necesario para que el juzgador de primera instancia pueda formar su convicción sobre lo acaecido.

En este caso ha existido prueba de cargo con los caracteres citados, prueba constituida por el testimonio del agente Sr. V.M.. Tan es así que el propio apelante denuncia error en su valoración: no podría invocarse tal error si no hubiese habido prueba incriminatoria.

2º.- Para estimar un error en la apreciación de la prueba es preciso que haya en autos alguna prueba que acredite un dato de hecho contrario a aquello que se ha fijado como probado en la sentencia que se recurre, que tal prueba acredite la equivocación del Juzgador de Primera Instancia, que tal prueba no esté en contradicción con otros elementos de prueba, porque la ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Juzgador que conoció del proceso en primera instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas y, habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el artículo 741 de la LECr., y, por fin, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado tenga virtualidad para modificar los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, habida cuenta que el recurso se da contra el fallo o parte dispositiva, no contra los argumentos de hecho o de derecho.

No existen en los autos datos que reúnan las características descritas. El Sr. T.J. no se encontraba presente cuando el acusado es registrado, por lo que no pudo observar los manotazos; y el Sr. M.A., que solo tiene prestada declaración en fase sumarial, no necesariamente hubo de ver los manotazos: los hechos los presenciaba desde su casa y no se le ha podido preguntar si estuvo atento a la totalidad de secuencias en las que los hechos se desarrollaron, y aunque dijo no haber visto ningún "forcejeo" por parte de los allí presentes, añadió que vio cómo J.C.P.G. discutía con la Guardia Civil y gesticulaba de manera agresiva, acercándose mucho a la cara del Guardia Civil que estaba junto a él. SÍ a ello se le añade que no consta ninguna relación anterior a los hechos enjuiciados entre el Sr. V.M. y J.C.P.G. que pudiera conducir a la deducción de existencia de algún móvil de resentimiento u otro análogo en el primero, habrá que concluir que no hay razón para estimar que el Juzgador de Primera Instancia erró al valorar la prueba.

3º.- Sentado lo anterior en lo que no se está de acuerdo es en la calificación jurídica que, de los hechos, hizo dicho Juzgador. Los hechos ocurridos a las 15,10 horas del día 26 de Enero de 1.998 constituyen un delito de resistencia a agentes de la autoridad previsto y penado en el artículo 556 del CP. En dicho tipo delictivo ha dado entrada nuestra jurisprudencia a comportamientos activos de resistencia siempre que no comporten un "acometimiento propiamente dicho", en cuyo caso sí entraríamos dentro del terreno del atentado (cfr. S S T S. de 22-12-2.001 y 5-6-1.999 y las en ellas mencionadas). Doctrina de aplicación al caso enjuiciado pues de la declaración de hechos probados completada en la fundamentación jurídica de la sentencia apelada se desprende que el hoy apelante se resistía a identificarse y a dejarse cachear, y fue al tocarle el plumón el agente de la Guardia Civil cuando le dio a éste unos manotazos, manotazos que no son disociables de la resistencia, formando con ella una sola acción con relevancia jurídica cuya finalidad es evitar la identificación y el registro personal que los agentes, dentro del ejercicio de sus funciones, pretendían llevar a cabo; mas no se trata de una conducta equivalente al acometimiento, es decir, al ataque o embestida realizado con ímpetu o vehemencia sobre el agente de la autoridad, pues, enlazando ambas secuencias, e, incluso, su actitud posterior, se observa que la postura del acusado fue predominantemente pasiva. Es más, la penalidad que el articulo 550 del CP. asigna al delito de atentado no guarda proporción con los hechos que el primer párrafo de la sentencia recurrida atribuye al apelante.

Los hechos ocurridos a las 11,3O horas del día 29 de Enero de 1.998 tampoco son constitutivos de un delito de atentado. El artículo 550 del CP. considera delito de atentado la intimidación grave a un agente de la autoridad. Dejando al margen las frases insultantes que los hechos probados reflejan y por las que no se formulado acusación, la última de ellas contiene una frase amenazante. La cuestión es si la amenaza equivale a la intimidación grave. Precisamente en relación con el delito de atentado se planteó esta cuestión nuestro TS. en sentencia de 13-6-2.001, llegando a la conclusión de que una cosa es la amenaza y otra distinta la intimidación grave, que, a diferencia de la primera, que se refiere a un mal futuro, la segunda se refiere al anuncio o conminación de un mal inminente, grave, concreto y posible, susceptible de despertar un sentimiento de angustia o temor ante el eventual daño, provocando una coacción anímica intensa. Al igual que el resto de conductas descritas en el artículo 550, a las que, por una interpretación lógica del precepto, debe asimilarse, la intimidación grave debe suponer el despliegue de un ataque coactivo inmediato al agente de la autoridad. Así lo entiende también la doctrina científica mayoritaria. De acuerdo con ello el apelante habrá de ser absuelto de este segundo delito de atentado por el que fue acusado. Aunque los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de amenazas, al no haberse formulado acusación por este último la vigencia del principio acusatorio veda condenar por él - así lo estima nuestro TS. en la ya citada sentencia de 13-6-2.001 - ya que, a diferencia de lo que ocurre entre la resistencia grave y la no grave, cuyos elementos son los mismos y se diferencian, únicamente, en la importancia de la conducta, los elementos constitutivos de las amenazas y del atentado son distintos, como distintos son los bienes jurídicos protegidos por ambos tipos delictivos, de suerte que la condena por el delito de amenazas exige una especifica acusación por él.

4º.- Procede declarar de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los preceptos de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos declarar y declaramos haber lugar, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por J.C.P.G. contra la sentencia dictada por el juzgado de lo penal número uno de los de Motril de la que este rollo trae causa, revocando la misma, y, en su lugar, debemos absolver y absolvemos al apelante de los dos delitos de atentado a agente de la autoridad de los que fue acusado y debemos condenarlo y lo condenamos como autor responsable del delito de resistencia a agente de la autoridad ya descrito, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión en cuantía de siete meses, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de la mitad de las costas procesales de la primera instancias declarando de oficio la otra mitad y las costas de esta alzada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, y, a su tiempo, con certificación literal de la misma, devuélvanse las actuaciones al juzgado de su procedencia para su conocimiento, cumplimiento y ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.