BDB AP Oviedo 8878/2003
Fecha: 23 de junio de 2003
Órgano: Audiencia Provincial de Oviedo
Sala: Sala de lo Penal, Sección 8
Ponente: ALICIA MARTINEZ SERRANO
Sentencia: 143 / 2003
Recurso: 118 / 2003
Rollo: 118 / 2003
Resumen:
Delito de atentado. Jurisprudencia. Bien jurídico protegido. Requisitos del tipo. Se identificó como policía local. Falta de lesiones. No se puede estimar la legítima defensa invocada. Tampoco puede acogerse la petición subsidiaria formulada en el recurso, argumentando concurso ideal de delitos en el que el más grave, atentado, subsume al más leve, falta de lesiones.

En Gijón, a veintitrés de junio de dos mil tres.

Vista, en grado de apelación, por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, compuesta por los Magistrados que constan al margen, la causa Procedimiento Abreviado nº 147 de 2002 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón sobre delito de atentado, falta de lesiones y falta de hurto, que dio lugar al Rollo de Apelación nº 118 de 2003 de esta Sala, entre partes, como apelante Matías , representado por la Procuradora Dª. María del Mar Álvarez Díez, y defendido por la Letrada Dª. María del Carmen Pérez García, y como apelado el Ministerio Fiscal, y Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Alicia Martínez Serrano, y fundados en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón dictó sentencia en las referidas Diligencias, de fecha 31 de marzo de 2003, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Fallo: Que debo de condenar y condeno a don Matías como autor responsable de un delito de atentado, de una falta de lesiones y de una falta de hurto, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia respecto del primero; a las penas, respectivamente de dos años de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena por el delito; y multa de dos meses con cuota diaria de seis euros por cada una de las faltas, multa que llevará consigo una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas en caso de impago; así como al abono de las costas procesales y a que indemnice al agente de policía local de Gijón con carnet profesional número NUM000 en la cantidad de cuarenta y cinco euros con ocho céntimos por los daños causados y en la de sesenta euros por las lesiones. Procede la devolución de los seis euros intervenidos a D. Emilio ".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso por la representación de Matías recurso de apelación, del que se dio traslado al Ministerio Fiscal, que lo impugnó, y remitido el asunto a esta Sección Octava, se registró como Rollo de Apelación número 118 de 2003, pasando para resolver a la Magistrada Ponente, que expresa el parecer de la Sala.

TERCERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia apelada, y con ellos la Declaración de Hechos Probados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada, que aquí se dan por reproducidos.

SEGUNDO.- Pretende el apelante, en primer lugar, que se le absuelva del delito de atentado y de la falta de hurto y se le condene únicamente por una falta de lesiones; subsidiariamente, y para el caso de que se le condene por delito de atentado se le absuelva de la falta de lesiones.

TERCERO.- El recurso no puede prosperar:

A) Según la más reciente jurisprudencia (S.T.S., 2ª, de 4 de junio de 2000), el bien jurídico protegido en el delito de atentado previsto en el art. 550 del Código Penal es la necesidad de que los agentes públicos, que actúan al servicio de los ciudadanos, gocen de la posibilidad de desempeñar sus funciones de garantía y protección sin inferencias, ni obstáculos, siempre que actúen en el ejercicio legítimo de su cargo. Y así, se vienen considerando como elementos de dicho tipo penal: 1º) La condición de autoridad, agente o funcionario público de los acometidos; 2º) Acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia también grave; 3º) Que el sujeto activo tenga el propósito de evitar o impedir que el agente de la autoridad pueda desempeñar legítimamente y sin trabas las funciones de garantía y protección social que tiene atribuidas.

Pues bien, en contra de lo que se afirma en el recurso; tras un examen de la prueba practicada en las actuaciones -correcta y lógicamente ponderada por la Juez de Instancia- se llega a la conclusión de que concurren en el presente caso los requisitos exigidos para estimar la existencia del delito de atentado:

1º) La condición de agente de la autoridad del Policía Local nº NUM000 , que no se discute, por lo que ninguna consideración hay que hacer al respecto.

2º) Acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia también grave. En el supuesto de autos hubo acometimiento por parte del acusado, hoy recurrente, contra el citado agente, como ha quedado acreditado por la testifical de la víctima corroborada por los informes médicos obrantes en autos: -"vio cómo un individuo de mediana edad intentaba agredir a un señor de edad avanzada... se dirigió hacia él y con su carné profesional en la mano se lo mostró en tres ocasiones, a la vez que le dijo, soy agente de la Policía Local y deseaba saber el motivo de esta disputa. El individuo, no le mostró ni la más ligera atención. Después de ser advertido por tercera vez su condición de Policía Local, el individuo se abalanzó sobre él y hubo un forcejeo..." (declaración del P.L. NUM000 en Comisaría, folio 1, ratificada en el Juicio Oral); -"... Fue a mediar y el acusado le agarró la camisa, antes se había identificado como Policía..." (declaración del P.L. NUM000 en el Juicio Oral). El propio Matías reconoció tanto en su declaración ante el Juzgado de Instrucción nº 4 (folios 30 y 31) como en el acto de la Vista Oral que se tiró a él, le agarró y forcejearon, si bien trata de exculpar esta acción como un acto de legítima defensa que en modo alguno ha acreditado. Lo cierto es que el Policía Local nº NUM000 resultó con lesiones -herida en la mano y arañazos en el tórax- (documental folio 7 y pericial del Médico Forense en el Juicio) y con la camisa rota; 3º) Que el sujeto activo tenga el propósito de evitar o impedir que el agente de la autoridad pueda desempeñar legítimamente y sin trabas las funciones de garantía y protección social que tiene atribuidas. Se equivoca el recurrente al decir que cuando interviene el Policía Local nº NUM000 no estaba en el ejercicio de su cargo por estar libre de servicio, pues todos los agentes de Policía, y por tanto también el mencionado, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5 apartado 4, en relación con el art. 11, 1 apartado b, tienen el deber de intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. El Policía Local nº NUM000 ante una situación delictiva y de riesgo -plenamente acreditada por el testimonio del Emilio que, tanto ante el Juzgado de Instrucción (folio 50), como en el acto del Juicio Oral, relató que Matías le había quitado al descuido 1.000 pesetas, que luego, efectivamente, durante el cacheo que se le efectuó al detenido, fueron halladas en su poder (doc. folio 2)- intervino como era su obligación, identificándose previamente como Policía. Su actuación, pues, estaba plenamente justificada y la conducta de Matías , tirándose a él, no tenía otro sentido que evitar que ejerciera legítimamente sus funciones.

Por todo ello, no es posible estimar la primera de las pretensiones del recurrente, resultando debidamente acreditados tanto el delito de atentado como la falta de hurto, infracciones por las que ha sido condenado.

B) Tampoco puede acogerse la petición subsidiaria formulada en el recurso, argumentando concurso ideal de delitos en el que el más grave, atentado, subsume al más leve, falta de lesiones.

No estamos en presencia del concurso de leyes previsto en el art. 8 del Código Penal, aplicable cuando un sólo hecho es susceptible de ser calificado con arreglo a dos o más preceptos del Código Penal (Su función comienza allí donde no existe concurso de delitos, se está ante un sólo delito).

Tampoco se trata del concurso ideal de delitos regulado en el art. 77 del Código Penal, que consiste en la comisión de varios delitos mediante un solo acto, o cuando un delito es medio necesario para cometer el otro (concurso medial o instrumental). Las lesiones, aunque con frecuencia acompañen al delito de atentado, no son medio necesario para su comisión.

Lo que se da en este caso es un concurso real de delitos previsto en el art. 73 del Código Penal. Una misma persona mediante una pluralidad de acciones o de omisiones lesiona distintos preceptos penales. La falta de lesiones no queda absorbida por el delito de atentado por cuanto que uno y otro tipo penal protegen dos bienes jurídicos distintos, en el primer caso la integridad de las personas y en el segundo, como ya se dijo anteriormente, que los agentes públicos al servicio de los ciudadanos puedan desempeñar sus funciones sin inferencias, ni obstáculos.

Por último, en cuanto a la falta de lesiones (amén de lo incongruente de su alegación con relación al suplico del recurso), no se puede estimar la concurrencia de las invocadas eximente de legítima defensa o, subsidiariamente, atenuante de legítima defensa incompleta, de los arts. 20.4 y 21.1 del Código Penal, respectivamente, al no haberse acreditado, como bien se argumenta en la sentencia apelada, la existencia de una agresión ilegítima, requisito básico de la legítima defensa. No se puede olvidar, y así lo declara reiteradamente el Tribunal Supremo (sentencias, entre otras, de 4-7-1978, 10-7-1980 y 7-5-1975), que las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal deben aparecer tan probadas como el mismo hecho imputado, sin que se pueda presumir o suponer su existencia.

CUARTO.- Por todo lo hasta aquí expuesto procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia.

Vistos los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

FALLAMOS

Que, desEstimando el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Matías , contra la sentencia recaída en el Procedimiento Abreviado nº 147 de 2002 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución, imponiendo al apelante las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos a su procedencia con testimonio de la presente, que se notificará con instrucción de lo dispuesto en el artículo 248.4 de la L.O.P.J.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue leída y publicada por la Ilma. Magistrada Ponente, en audiencia pública y a mi presencia, de lo que doy fe. En Gijón, a veinticuatro de junio de dos mil tres.