BDB AP Gerona 7911/2004
Fecha: 24 de mayo de 2004
Órgano: Audiencia Provincial de Gerona
Sala: Sala de lo Penal, Sección 3
Ponente: JOSE ANTONIO SORIA CASAO
Sentencia: 422 / 2004
Recurso: 687 / 2003
Rollo: 687 / 2003
Resumen:
Delito de atentado. Requisitos del tipo. Conocimiento de que los agentes actuantes eran policías. Empleo de fuerza o intimidación grave. El atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llegara "a consumarse". Alegación de indefensión por inadmisión de pruebas. Doctrina constitucional. Innecesariedad de las pruebas propuestas.

Girona, a veinticuatro de mayo de dos mil cuatro.

VISTO ante esta Sala el presente recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha 29-5-2003, por Sr. Juez del Juzgado de lo Penal nº 1 de Figueres en el Procedimiento Abreviado nº 511/01 seguidas por delito LESIONES Y ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD, habiendo sido parte Juan Pedro , representado por la procuradora Sra. ESTHER SIRVENT CARBONELL y defendido por el Letrado D. JOSE LUIS VAZQUEZ y como parte apelada Carlos María representado por el Procurador Sra. ESTHER SIRVENT CARBONELL y defendido por el Letrado D. FRANCISCO GAVILAN y el MINISTERIO FISCAL, actuando como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE ANTONIO SORIA CASAO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En la indicada sentencia se dictó el Fallo que copiado literalmente es como sigue: " Que debo condenar y condeno Juan Pedro como autor criminalmente responsable de un delito de atentado y otro de lesiones del artículo 147.2 CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de al responsabilidad criminal, por lo que le imponen las siguientes penas: por el primero de ellos, la pena de dos años de prisión, con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; por el segundo, la pena de catorce fines de semana de arresto, con expresa imposición de las costas procesales.

Asimismo, condeno al acusado a que indemnice a Carlos María en la cantidad de 2596'02 euros, cantidad que devengará los intereses previstos en el art. 576 LEC.

Abónense, las medidas cautelares acordadas para el cumplimiento de la pena.".

SEGUNDO: El recurso se interpuso por la representación de Juan Pedro , contra la Sentencia de fecha 29-5-2003, con el fundamento que expresa en escrito en que se deduce el mismo.

TERCERO: Se han cumplido los trámites establecidos en el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

CUARTO: Se aceptan los Hechos probados en la Sentencia impugnada.

QUINTO: En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Contra la sentencia que condena a D. Juan Pedro como autor de un delito de atentado y otro de lesiones se alza su representación procesal alegando los motivos de impugnación que, en síntesis, se exponen a continuación:

A.- Nulidad del juicio por infracción de normas o garantías procesales provocadoras de indefensión, por que se le denegó la practica de pruebas que resultaban importantes para la defensa, las que fueron inadmitidas de manera lacónica, por lo que para subsanarse la vulneración cometida en la primera instancia interesa su practica en la segunda instancia o la declaración de nulidad del juicio.

B.- Error en la apreciación de la prueba por que de las declaraciones de los Agentes de Policía se extraen contradicciones que denotan su falta de credibilidad, así como que el policía no tenía ninguna lesión cuando se le visitó por primera vez en el Centro Médico

C.- Infracción del precepto constitucional (art. 24 CE) por no existir prueba de cargo que demuestre que el acusado atentara contra los agentes de la autoridad.

D.- Infracción de precepto legal por indebida aplicación del artículo 550 del Código Penal al no tratarse de un atentado a agente de la autoridad.

E.- Infracción, por indebida aplicación del art. 147.1 del Código Penal no existiendo prueba de que la conducta del acusado provocase lesión alguna al agente.

SEGUNDO: En esta alzada no podemos acoger ninguno de los motivos de impugnación precedentemente expuestos, y ello, por las razones que seguidamente se exponen:

A.- El motivo alegado para solicitar la declaración de nulidad se refiere a la inadmisión de la practica de determinadas pruebas y a este respecto es preciso recordar que como tiene establecida reiterada doctrina constitucional, por todas SS.T.C. 1-7-86 y 15-1-96, el derecho a las pruebas no es, en ningún caso, un derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, puesto que las que la parte puede tener derecho a practicar son las que guardan relación con el objeto del litigio, sin que la denegación de pruebas que el juzgador estime inútiles no supone necesariamente indefensión, de lo que se deduce que el derecho a utilizar los medios de prueba no implica la perdida de la potestad judicial para declarar la impertinencia de la misma.

Dicho lo anterior, aunque de manera escueta, la Juzgadora de instancia denegó su practica por su falta de relación directa con los hechos enjuiciados, lo que es compartido por la Sala, puesto que carecía de relevancia alguna el informe que se pretendía efectuase la Fiscalía General del Estado, cuyas instrucciones no son vinculantes para los tribunales de Justicia; la unión de un testimonio de particulares de otras diligencias abiertas por hechos posteriores al evento que se ha juzgado en este proceso, nada podía aclarar en cuanto a como realmente tuvo lugar; resultaba improcedente requerir a un periodista para que facilitase la fuente de sus informaciones y respecto a lo publicado en un diario de Girona ni la unión a las actuaciones de lo publicado, además de que dicha solicitud podía vulnerar el secreto profesional y por último, era irrelevante conocer las sanciones administrativas impuestas al acusado y el contenido de las atestados policiales instruidos con anterioridad, sin que sea procedente la declaración de nulidad del juicio por la denegacion de dichas pruebas que ni han supuesto indefensión ni se ha vulnerado los principios de audiencia, defensa y asistencia.

Asimismo, se argumenta la necesidad de la práctica en esta instancia de las pruebas denegadas. El artículo 790-3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la posibilidad excepcional de recibir el pleito a prueba en la segunda instancia en unos supuestos tasados, entre los que se encuentra la de aquellas que propuestas le fueron indebidamente denegadas, siempre que se formulase la oportuna protesta que sería este supuesto. El Tribunal Supremo tiene declarado que el Juez o Tribunal sentenciador no pueden rechazar la prueba siempre que: a) esté propuesta de acuerdo con las normas procesales; b) sean pertinentes en su doble vertiente material y funcional; c) se ponga de relieve el contenido probatorio con la finalidad de apreciar la pertinencia o impertinencia y evitar la indefensión; y d) se haga constar la correspondiente protesta.

Reafirmando lo expuesto anteriormente, la Sala no puede estimar la alegación del recurrente pues, si en la primera instancia ninguno de los medios de prueba resultaban útiles para aclarar los hechos enjuiciados, tampoco lo son para la fase procesal actual.

B.- En cuanto al error en la valoración de la prueba, como tiene reiteradamente dicho esta Sala, aunque el recurso de apelación tiene carácter ordinario y puede realizarse en él una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia, sin embargo, como consecuencia de la trascendental importancia que en la ponderación de las pruebas personales tiene la percepción directa por el Juez de las diversas declaraciones de las partes y de los testigos, y la inexistencia en nuestro Derecho Penal de pruebas tasadas o de reglas que determinen el valor cierto que haya de darse a cada prueba, la revisión, tratándose precisamente de este tipo de pruebas de carácter subjetivo, queda limitada a examinar, en cuanto a su origen la validez y regularidad procesal, y a verificar, en cuanto a su valoración, si las conclusiones que el Juez ha obtenido resultan congruentes con los resultados probatorios y se ajustan a los criterios generales de razonamiento lógico según reglas de experiencia comúnmente admitidas; así, en esta nueva instancia, sin haber presenciado personalmente tal prueba, sólo cabrá apartarse de la valoración que de ella tuvo el Juez ante quien se practicó, si se declara como probado en base a ella algo distinto de lo que dijo el declarante y que no resulta de ningún otro medio probatorio, si la valoración de la declaración conduce a un resultado ilógico o absurdo, y, de modo excepcional, si concurren otras circunstancias de las cuales se desprenda de modo inequívoco la falsedad de un testimonio acogido como cierto o la certeza de uno no tenido en cuenta.

La prueba rendida en el Juicio lo fue eminentemente personal, en tanto que consistió en las declaraciones exculpatorias de D. Juan Pedro y en las declaraciones incriminatorias de los agentes nº NUM000 y NUM001 de los Mosso d'Esquadra . Siendo ello así, es claro que la Sala que ahora resuelve, que no vio ni oyó a dichos declarantes, no puede llegar a una conclusión distinta que la recogida en la Sentencia; dicho de otra manera, frente a la prueba eminentemente personal los principios de inmediación y contradicción resultan trascendentales e insustituibles. En tal trance sólo puede examinarse el razonamiento de la sentencia, a la hora de exponer la convicción, para comprobar si resulta ilógica, errónea o palmariamente burda, lo que no acontece en el caso concreto en el que la sentencia recoge los fundamentos probatorios de donde llega a la convicción judicial de la existencia de la infracción penal y todo ello debe ser mantenido por no obedecer, el citado razonamiento, a irracionalidad o arbitrariedad.

La Juzgadora de Instancia, frente a las declaraciones contradictorias de los interesados, para formar su convicción sobre los hechos declarados probados, debía atender, y así lo hizo, no a criterios meramente cuantitativos en relación al número de declaraciones de uno u otro signo, sino a una valoración cualitativa de la mayor o menor credibilidad que le merecieron las manifestaciones de los intervinientes en el juicio, habiendo concluido la Juez de instancia, con la inmediación que ha disfrutado, su preferencia respecto a las declaraciones de los policías porque desde su comparecencia en la Comisaria hasta el acto del juicio han mantenido la misma versión, sin que se vislumbren la intención de los testigos de intentar perjudicar al acusado, por que los hechos que se imputan a los Agentes en otro procedimiento no se denunciaron hasta el año 2001, la declaración de los Policías en sede judicial fue en el año 1999 y, en todo caso, son posteriores al momento de la detención del Sr. Juan Pedro , por lo que resulta evidente que, con carácter previo al día de autos, no existía un móvil de resentimiento, enemistad o venganza, o de cualquier índole que permita cuestionar la credibilidad subjetiva de las declaraciones y que prive a su testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba.

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que las conclusiones que la Juzgadora de Instancia ha obtenido, dotando de credibilidad a las declaraciones de los dos agentes de la autoridad, en detrimento de las del denunciado , resultan congruentes con los resultados probatorios, máxime cuando la versión de los hechos sustentada por dichos policías se halla corroborada por el parte de asistencia médica obrante en autos, (F. 16), emitido inmediatamente después del acontecimiento de los hechos enjuiciados, inmediatez en la asistencia médica y coincidencia del parte de asistencia médica con el relato fáctico sustentado por los agentes actuantes que permiten excluir que las erosiones y contusiones en mano derecha que, inicialmente, le fueron objetivadas al Agente nº NUM000 pudieron tener un origen causal distinto de lo declarado como probado.

C.- Acerca de la alegación de infracción del artículo 24 CE, debemos recordar que el derecho a presumir la inocencia del acusado (presunción iuris tantum) exige para su condena el acreditamiento de los hechos integrantes de las figuras delictivas que se le imputan y su participación en ellas, a través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentales y desarrollada en el juicio oral bajo los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablemente estimar cometidos los hechos por el autor al que favorece la presunción (véase "ad exemplum" la STS, Sala 2ª, de 16-10-2001). La revisión de esta Sala alcanza a la estructura racional o juicio crítico que el Juzgador realiza respecto a tales pruebas, que en todo caso debe ser ajustado a las reglas de la lógica, la experiencia y el recto criterio. Comprobados tales extremos en el supuesto enjuiciado, en la forma precedentemente expuesta, no cabe reinterpretar los hechos, ni escudriñar las razones o motivaciones íntimas de la Juzgadora para llegar al convencimiento de que las secuencias reflejadas en el "factum" ocurrieron de una determinada forma, y fueron o no realizadas por el acusado. Ello es privativo de aquella, consecuencia del principio procesal de inmediación de que ha gozado, y del que esta Sala se halla privado (art. 741 LECr.)

D.- Que los requisitos que dan vida a la tipicidad del delito de atentado son, en primer lugar, la condición de autoridad, agente de la autoridad o funcionario público, en segundo lugar, la existencia de un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave, en tercer lugar, que el acometimiento esté relacionado con el ejercicio de las funciones legítimas desarrolladas por la autoridad, el agente de la autoridad o el funcionario público, y por último, que concurra un elemento subjetivo consistente, por una parte, en el conocimiento de la calidad de autoridad, agente de la misma o funcionario público de la persona sobre la que se ejerce la violencia o intimidación y, por otra parte, en el dolo específico de menoscabar el principio de autoridad, que puede ser directo, cuando el sujeto activo busca primordialmente tal ofensa al principio de autoridad, o dolo de consecuencias necesarias, si no se quiere principalmente el vejamen a la autoridad, pero su producción se presenta como una consecuencia necesaria de la actuación llevada a cabo por el agente (SSTS., Sala 2ª, de 16 de julio de 1998, 4 de junio de 2000 y 20 de diciembre de 2000, entre otras).

En el caso de autos, el acusado tenía pleno conocimiento de que los dos agentes actuantes eran policías porque iban con uniforme, los que solicitaron que se identificase, lo que evidencia que era pleno conocedor de la condición de agente de la autoridad. Ha de tenerse en cuenta, respecto a la acción típica del artículo 550 del Código Penal, referida al acometimiento, empleo de fuerza, de intimidación grave o de resistencia activa también grave, que el atentado se perfecciona incluso cuando el acto de acometimiento no llegara "a consumarse". Lo esencial es la embestida o ataque violento (SS.T.S. 26-1-84, 11-10-84 y 30-4-87), aunque no llegasen a golpear sobre los cuerpos de los agentes. En el caso de autos, atendiendo al relato fáctico declarado probado, que se asume en la alzada por las razones precedentemente expuestas, no puede obviarse el hecho de que D. Juan Pedro agarró por el cuello al Agente nº NUM000 de los Mossos d'Esquadra, cayendo ambos al suelo, después de que se hubiera identificado como Policía, razón por lo cual resulta acertada la calificación de tal hecho que se efectúa en la sentencia apelada como un delito de atentado, máxime cuando nos hallamos ante un acometimiento físico que no resulta justificado.

E.- El delito de lesiones tipificado en el artículo 147-1 del Código penal exige para su apreciación la existencia de una acción consistente en causar por cualquier medio o procedimiento, el menoscabo en la salud física o mental de una persona o en su integridad corporal, así como la concurrencia de un ánimo especifico de perturbar dicha integridad, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, requisitos que todos ellos concurren en este supuesto.

La defensa del acusado, además de alegar la falta de prueba acerca de la intervención del Sr. Juan Pedro en las lesiones objetivadas al agente de Policía en la primera asistencia facultativa, también sostiene que no existe nexo causal en el posterior hallazgo de la fractura en el 5º metacarpiano.

Es cierto que en el parte facultativo expedido a las 11'35 horas del día 3 de agosto de 1998, al Agente nº NUM000 solamente se le apreció una contusión en mano derecha y erosiones, sin que se evidenciase la fractura en el 5º metacarpiano, posiblemente como señala el Agente en su declaración, por la inexistencia de Rayos X en el Centro de Asistencia Primaria de Roses y que en el momento en que persiste el dolor (en su declaración ya alude a que pretendió parar la caída con la mano y sintió un "crac") es cuando se dirige al Hospital de Figueres (ingresa a las 16'36) realizándose la prueba radiológica que objetiva la fractura y se le instaura el vendaje de yeso, que determinó la incapacidad temporal señalada por el médico forense. La circunstancia de que en el parte médico del Hospital de Figueres se acuda a un accidente de trabajo, no rompe el nexo causal entre las lesiones objetivadas inicialmente y la apreciación de la fractura, pues además de que ello ocurrió cuando el Policía se hallaba "trabajando" en las funciones encomendadas, pues resulta coincidente la parte corporal en la que existió la contusión con la de la fractura, que viene a refrendar que ello se originó por la caída al suelo sufrida por el Agente cuando fue cogido por el cuello por el condenado, como se declara probado en la sentencia. Lesiones que tienen relación de causalidad porque se produjeron en una caída fruto de una agresión previa. (STS. 18-11-99).

TERCERO.- No procede la imposición de las costas causadas en esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Juan Pedro contra la Sentencia dictada en fecha 29-5-2003 , por el Juzgado de LO Penal nº 1 Figueres, en el Procedimiento Abreviado nº 511/2001 de la que este Rollo dimana CONFIRMAMOS la meritada resolución declarando de oficio las costas de esta alzada.

Líbrense certificaciones de la presente resolución para su unión al Rollo de su razón y remisión al Juzgado de su procedencia, junto con las actuaciones originales.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado- Ponente que la dictó, D. JOSE ANTONIO SORIA CASAO, en Audiencia pública en el mismo dia de su fecha; doy fe.