BDB TS 13003/2004
Fecha: 16 de julio de 2004
Órgano: Tribunal Supremo
Sala: Sala II de lo Penal, Sección 1
Ponente: JOSE MANUEL MAZA MARTIN
Sentencia: 924 / 2004
Recurso: 1308 / 2003
Rollo: 1308 / 2003
Resumen:
Incendio. Peligro para la vida. Dolo. Atentado a Agentes de la Autoridad. Cuando llegaron los bomberos fueron increpados y amenazados por el acusado. Falta de Lesiones. La valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal "a quo", no puede ser censurada por la Sala sustituyéndola mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles. Se denuncia la no apreciación de la eximente por trastorno mental. Igualmente se desestima la aplicación de atenuante de reparación de daño, que además de ser parca la disminución supone un desprecio a la víctima del delito.

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil cuatro.

En el recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales e infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por Jose Luis , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección 1ª) que le condenó por delitos de Incendio, Atentado y Falta de Lesiones, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dicho recurrente representado por la Procuradora Sra. Rueda Quintero.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz instruyó sumario con el número 1/2002, y una vez concluso fue elevado a la Audiencia Provincial de dicha que, con fecha 5 de abril de 2003, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "Apreciando en conciencia la prueba practicada, expresa y terminantemente declaramos probado que: I.- El día 10 de septiembre de 1997, sobre las 8 horas aproximadamente, el procesado Jose Luis , mayor de edad y sin antecedentes penales, accedió de manera no determinada a la vivienda sita en la planta NUM000 NUM001 del edificio de la CALLE000 nº NUM002 de Cádiz, propiedad de Carina , que cedida en arrendamiento y habiendo constituido el hogar familiar de Jose Luis y su esposa Yolanda , ocupaba esta última en unión del hijo de ambos de nombre Javier y 16 años de edad, desde la separación de los cónyuges, decretada por sentencia de enero de ese mismo año.

II.- Una vez en el piso y desoyendo el procesado las conminaciones de desalojo de los funcionarios policiales que avisados en la intrusión habían hecho acto de presencia en el lugar, prendió fuego a una almohada del dormitorio principal y la arrojó sobre la cama que de inmediato fue pasto de las llamas, saliendo seguidamente al rellano de la escalera, donde tomó entre sus manos una bombona de gas butano izándola airadoe contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional nº NUM003 y NUM004 que allí destacados subían hacia el piso y frente a los miembros del Servicio de Bomberos que a su vez alertados por los agentes llegaban entonces a apagar el fuego, dirigiendo a unos y a otros toda clase de amenazas e improperios.

III.- El fuego y el humo procedente de la vivienda en cuestión, ubicada en un bloque de cinco alturas con dos pisos por planta, todos ellos habitados, hizo cundir el miedo entre los vecinos, que atropelladamente abandonaron sus casas, saliendo unos a la calle y los de las plantas superiores, imposibilitados de bajar la escalera, se agruparon en la azotea; entre estos últimos se hallaba el menor Juan Ignacio , que visitaba a sus abuelos en el piso NUM005 - NUM001 y tras inhalar los humos producidos por el fuego hubo de ser asistido en la Clínica de San Rafael por disnea e intoxicación por anhídrido carbónico, siendo evacuado luego al servicio de pediatría del Hospital Puerta del Mar del S.A.S., habiendo invertido en su total curación cinco días, renunciando su representante legal a cuanto pudiera corresponderle tales quebrantos.

IV.- Reducido el procesado fue sofocado el incendio por los bomberos, quedando la vivienda perteneciente a la Sra. Carina con daños por importe de 11.032,90 euros (1.835.720 pesetas) y en el mobiliario y ajuar propiedad de la esposa del procesado desperfectos tasados en 4.639,81 euros (772.0000 pesetas).

V.- Incoadas tras el suceso las correspondientes diligencias penales para su esclarecimiento y depuración, en el curso de las mismas se produjeron distintas paralizaciones, entre otras las ocasionadas entre el 16 de octubre de 1997 y el 27 de abril de 1998, entre el 13 mayo de 1998 y el 24 de marzo de 1999 y entre el 31 julio de 2000 y el 9 de enero de 2001."[sic]

SEGUNDO.- La sentencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLAMOS: Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Jose Luis , como autor responsable de un delito de incendio ya definido, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas, a la pena de SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN; como autor responsable de un delito de atentado, también definido con anterioridad y concurriendo igual circunstancia atenuante, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN; y como autor responsable de una falta de lesiones del artículo 617 del Código Penal, a la pena de un MES MULTA, CON UNA CUOTA DIARIA DE 1,20 euros, todo ello con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, indemnización a la perjudicada Carina en la cantidad de 11.032,90 Euros (once mil treinta y dos euros con noventa céntimos) y a Yolanda en la suma de 4.639,81 Euros (cuatro mil seiscientos treinta y nueve euros con ochenta y un céntimos) e imposición de las costas procesales"[sic]

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó por Jose Luis recurso de casación por infracción de preceptos constitucionales e infracción de Ley, que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las actuaciones y certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el rollo y formalizándose el recurso.

CUARTO.- El recurso interpuesto se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACION: Primero.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el 24.2 de la Constitución Española, por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia en relación al Hecho Probado III por el que se considera al acusado autor de una falta de lesiones del artículo 617 del Código Penal. Segundo.- Por infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el 25.1 y 9.3 de la Constitución Española, por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia en relación al Hecho Probado III por el que se considera al acusado autor de una falta de lesiones del artículo 617 del Código Penal. Tercero.- Por error de hecho en la apreciación de la prueba, al amparo del número dos del artículo 849 LECrim. Cuatro.- Por infracción de ley, al amparo del número uno del artículo 849 de LECrim., por indebida aplicación del art. 20.1º del C.P. y subsidiariamente la aplicación del art. 21.1ª del Código Penal. Quinto.- Por infracción de ley, al amparo del número uno del artículo 849 LECrim., por indebida aplicación del art. 66.4 del Código Penal. Sexto.- Por infracción de ley, al amparo del número uno del artículo 849 LECrim., por indebida inaplicación del art. 21.5ª del Código Penal. Séptimo.- Por infracción de ley, al amparo del número uno del artículo 849 de la LECrim., por indebida inaplicación del párrafo final del artículo 351 del Código Penal. Octavo.- Por infracción de ley, al amparo del número uno del artículo 849 LECrim., por indebida inaplicación del artículo 556 del Código Penal.

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto lo impugna, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de la vista cuando por turno correspondiera. Y, hecho el señalamiento para la misma, se celebró la votación prevenida el día 6 de julio de 2004.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurrente, condenado por el Tribunal de instancia, por un delito de incendio, otro de atentado y una falta de lesiones leves, a las penas de siete años y seis meses de prisión, por el primero, un año de prisión, por el segundo, y la correspondiente multa, por la falta, formaliza su Recurso de Casación con apoyo en ocho diferentes motivos, que pasamos a analizar por el orden lógico a seguir para su más adecuada respuesta y agrupados en razón al objetivo perseguido por cada uno de ellos.

Así, en primer lugar, los dos primeros motivos, por la vía del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con el 24.2 de la Constitución Española, denuncian la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que al recurrente amparaba, respecto de su condena por la comisión de la falta de lesiones leves, al entender que no está suficientemente acreditado el resultado lesivo que se declara ni la concurrencia de intención, o dolo, de causarlo.

Baste, para dar respuesta a estas primeras alegaciones, recordar cómo la función casacional encomendada a esta Sala, respecto de las posibles vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de nuestra Constitución, ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: a) que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la Sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba.

En consecuencia, si la prueba de cargo existe, no puede ser tachada de ilícita y se muestra bastante para alcanzar la conclusión condenatoria, en la valoración que, de la misma, lleva a cabo el Tribunal "a quo", no le es posible a esta Sala entrar en censura del criterio de dicho Tribunal, sustituyéndole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles.

Y, en este caso, nos encontramos con una argumentación, contenida esencialmente en el párrafo tercero del Fundamento Jurídico Tercero de la Resolución de instancia, en el que se expresa la convicción de la Sala acerca del padecimiento de las lesiones sufridas por el menor, de once años de edad al tiempo de acaecimiento de los hechos, que, aunque afectado previamente por unas deficiencias respiratorias, si sufrió la necesidad de hospitalización e internamiento por espacio de cinco días, curando sin necesidad de tratamiento médico, no fue sino a consecuencia de los humos producidos por el incendio ocasionado por el recurrente, de acuerdo con lo declarado, tanto por la propia víctima como por su abuelo, que añaden credibilidad a su versión al hacer expresa renuncia de cualquier indemnización que por este motivo pudiera corresponderles, declaraciones que se vén, además, confirmadas con el contenido de los informes médicos al respecto, obrantes a los folios 82 y 105 de las actuaciones.

Pruebas, en definitiva, perfectamente válidas y eficaces, susceptibles por tanto de valoración por la Audiencia, que la lleva a cabo y fundamenta con plena racionalidad, al igual que acontece con la evidente concurrencia de la intencionalidad en la causación de tal resultado lesivo, por parte de Jose Luis , cuestionada indebidamente en el seno del motivo casacional aquí utilizado, y que, con su conducta incendiaria ha de afirmarse que asumía, integrándolo dolosamente, cuando menos de forma eventual, un resultado como el ocasionado por el humo producido en un inmueble habitado.

Frente a ello, la Defensa se extiende en alegaciones que pretenden combatir esa valoración de prueba llevada a cabo en la Sentencia recurrida, con lo que, en definitiva, se aleja del contenido que le es propio a un Recurso de Casación como éste.

Los motivos, por consiguiente, han de desestimarse.

SEGUNDO.- A su vez, los siguientes motivos del Recurso, el Tercero y el Cuarto, aluden a la no apreciación por el Tribunal "a quo" de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal del recurrente derivada de un alegado doble trastorno mental, consistente en su "personalidad límite" asociada a politoxicomanía, que se pretende acreditar mediante el testigo y perito propuestos por la Defensa para el acto del Juicio.

Se cuestiona, primeramente, esa no apreciación por el cauce del artículo 849.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, argumentando un error en la valoración de la prueba disponible, consistente en las referidas pericial y testifical, para, a continuación, con cita del artículo 849.1º, extraer la conclusión de la indebida inaplicación del artículo 20.1º del Código Penal, que se refiere a la eximente completa de anomalía o alteración psíquica, o, subsidiariamente, la del 21.1ª, como eximente incompleta relacionada con la anterior.

Y es cierto que el apartado 2º del artículo 849 de la Ley de ritos penal califica como infracción de Ley, susceptible de abrir la vía casacional, a aquel supuesto en el que el Juzgador incurra en un evidente error de hecho, al no incorporar a su relato fáctico datos incontestablemente acreditados por documentos obrantes en las actuaciones y no contradichos por otros medios de prueba, lo que revelaría, sin lugar a dudas, la equivocación del Tribunal en la confección de esa narración.

Tal infracción, en ese caso, sin duda sería grave y evidente. Y, por ello, se contempla en la Ley, a pesar de constituir una verdadera excepción en un régimen, como el de la Casación, en el que se parte de que, en principio, todo lo relativo a la concreta función de valorar el diferente peso acreditativo del material probatorio disponible corresponde, en exclusiva, al Juzgador de instancia.

Pero precisamente por esa excepcionalidad del motivo, la doctrina jurisprudencial es significadamente exigente con el necesario cumplimiento de los requisitos que pueden conferirle prosperabilidad (SsTS de 23 de Junio y 3 de Octubre de 1997, por citar sólo dos).

Y así, no cualquier documento, en sentido amplio, puede servir de base al Recurso, sino que el mismo ha de ser "literosuficiente", es decir, que haga prueba, por sí mismo, de su contenido, sin necesidad de otro aporte acreditativo ni valoración posterior (1 y 18 de Julio de 1997, por ejemplo).

Igualmente, en este sentido, la prueba personal obrante en los Autos, declaración de acusados y testigos e incluso los informes periciales en la mayor parte de los casos, por muy "documentada" que se encuentre en ellos, no alcanza el valor de verdadero "documento" a estos efectos casacionales (SsTS de 23 de Diciembre de 1992 y 24 de Enero de 1997, entre muchas otras).

Por otra parte, la contradicción ha de referirse a un extremo esencial, de verdadera trascendencia en el enjuiciamiento, de forma que, sustituido el contenido de la narración por el del documento o completada aquella con éste, el pronunciamiento alcanzado, total o parcialmente quede carente de sustento fáctico. Y además no ha de venir, a su vez, enfrentada al resultando de otros medios de prueba también disponibles por el Juzgador, que justificarían la decisión de éste, en el ejercicio de la tarea valorativa que le es propia, de atribuir, sin equivocación al menos evidente, mayor crédito a aquella prueba que al contenido del documento (SsTS de 12 de Junio y 24 de Septiembre de 2001).

En definitiva, no se trata de que los documentos a los que se alude pudieran dar pié, ocasionalmente, a unas conclusiones probatorias distintas de las alcanzadas por el Tribunal de instancia, sino de que, en realidad, se produzca una contradicción insalvable entre el contenido de aquellos, de carácter fehaciente e inevitable, y las afirmaciones fácticas a las que llega la Sentencia recurrida, de modo tal que se haga evidente el error de éstas, que no pueden apoyarse en otras pruebas, de la misma fuerza acreditativa, que desvirtúen válidamente la eficacia de aquellos documentos.

A partir de estas premisas, el motivo en el presente supuesto claramente aparece como infundado, ya que, no sólo la prueba testifical, como ya se ha dicho, no es hábil para denunciar un error evidente del Juzgador, al resultar, por su propia naturaleza, en tanto que recoge una versión subjetiva de lo sucedido siempre susceptible de valoración sobre su credibilidad, sino que, así mismo, carecen también inicialmente del carácter de literosuficiencia, por sí solos, los informes periciales, que exclusivamente en excepcionales supuestos de univocidad y ausencia de otros elementos probatorios discrepantes, lo que aquí no sucede, pueden acceder a ese carácter.

De hecho, los Jueces "a quibus" dispusieron también de otro criterio pericial, cual era el de los médicos Forenses, que, en discrepancia con el perito presentado por la parte, permitían una alternativa, debidamente motivada además en el Fundamento Jurídico Quinto de su Sentencia en orden a la convicción probatoria alcanzada por el Tribunal de instancia, por lo que no puede sostenerse, con el necesario fundamento, la existencia de un evidente error valorativo a partir, exclusivamente, del sentido de una parte tan sólo de la prueba disponible, cual el informe médico mencionado.

Procediendo, por consiguiente, la desestimación del tercer motivo, ésta ha de arrastrar, de manera automática, la del Cuarto, cuya prosperidad dependía, tan sólo, de la alteración del relato fáctico que con aquel se perseguía.

TERCERO.- Los motivos Séptimo y Octavo, al igual que los dos que les preceden y que por referirse a circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se estudiarán posteriormente, se plantean a través del artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, afirmando la indebida aplicación, en este supuesto, de los artículos 351 y 550, en relación con el 551.1, del Código Penal, en tanto que tipificadores de los delitos de incendio y atentado, objeto de condena por la Audiencia.

A tal respecto ha de recordarse que, de acuerdo con numerosísimos pronunciamientos de esta Sala en ese sentido, supone la comprobación por este Tribunal de Casación de la correcta subsunción de los Hechos declarados probados en los preceptos de orden sustantivo que integran el ordenamiento penal.

Pero esa labor ha de partir de un principio esencial, cual es el de la intangibilidad de la narración de Hechos llevada a cabo por el Tribunal de instancia, a partir de la convicción que por el mismo se alcanza acerca de la realidad de lo acontecido, como consecuencia de la valoración del material probatorio disponible, que le es propia con exclusividad.

En este sentido, es clara la improcedencia también de los motivos, puesto que la descripción narrativa del relato sobre el que se asienta el pronunciamiento de la Audiencia es de sobra bastante e idónea para alcanzar su conclusión condenatoria, en relación con ambas figuras delictivas cuestionadas.

De una parte, acerca del delito de incendio, se alega sorprendentemente que no concurrió, en la conducta llevada a cabo por el recurrente, el elemento esencial del tipo aplicado de la causación de peligro para la vida o integridad de las personas.

Pero afirmar ésto cuando de un incendio provocado en el segundo piso de un inmueble de cinco plantas, todas ellas habitadas, se trata, que, como se dice en el relato de hechos, hizo que sus ocupantes salieran, atropelladamente, de las viviendas, pudiendo algunos alcanzar la calle y otros teniendo que subir a la azotea del edificio, imposibilitados de bajar por la escalera, a consecuencia del humo que por ella se expandía, obligando a la pronta intervención de la Policía y del servicio de Bomberos, personados en el lugar, y causando unos daños superiores a los doce mil euros, es algo que, obviamente, no merece acogida por nuestra parte.

Y otro tanto ocurre con el delito de atentado, descrito en la narración histórica de la Resolución recurrida como la conducta del recurrente cuando, tras generar el fuego, salió al rellano de la escalera "...donde tomó entre sus manos una bombona de gas butano izándola airado contra los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con carnet profesional nº NUM003 y NUM004 que allí destacados subían hacia el piso y frente a los miembros del Servicio de Bomberos que a su vez alertados por los agentes llegaban entonces a apagar el fuego, dirigiendo a unos y a otros toda clase de amenazas e improperios".

Comportamiento que, sin lugar a dudas, se corresponde con la infracción definida en el precepto aplicado (art. 550 CP), que no es otra que la de "...los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas", y no con la de la resistencia o desobediencia grave del artículo 556, cuya aplicación se pretende, pues, como se ha visto, el atentado no requiere hacer efectivo el acometimiento y basta con la grave actitud desafiante o intimidatoria, siempre que alcance la entidad que, en este caso, indudablemente, tuvo, con el empleo de algo tan peligroso como una bombona de butano, de gran peso y arriesgada manipulación en las proximidades de las llamas.

De nuevo, por tanto, ambos motivos se desestiman.

CUARTO.- Por último, los motivos planteados bajo los ordinales Quinto y Sexto del Recurso, como hemos anticipado ya igualmente apoyados en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sostienen ahora la indebida inaplicación de los artículos 66.4ª y 21.5ª del Código Penal, toda vez que, a juicio del recurrente, la circunstancia analógica tenida en cuenta ya por la Audiencia respecto de las dilaciones indebidas que sufrió el procedimiento, debiera apreciarse como muy cualificada, y, de otro lado, habría también concurrido otra atenuante, la de reparación del daño ocasionado a la víctima o disminución de sus efectos.

La primera de tales alegaciones se asienta en el apartado V del relato de Hechos Probados de la recurrida que, en efecto, alude a una serie de paralizaciones injustificadas que sufrió la causa, en concreto tres, por un período de tiempo acumulado de unos veintidós meses, y del que el Tribunal de instancia extrae la base fáctica para la aplicación de la referida atenuante analógica.

Y si bien es cierto que en anteriores ocasiones ya hemos tenido oportunidad de valorar como muy cualificada esta circunstancia de atenuación, sin que se encuentren razones que, de modo general, se opongan a ello, (véase por ej., STS de 13/11/2003), no lo es menos que, para que tal aplicación llegue a darse, las expresadas dilaciones, teniendo en cuenta los ritmos de funcionamiento que, por desgracia, adversas circunstancias de vario tipo imponen habitualmente a la tarea jurisdiccional, habrán de ser, en todo caso, muy superiores a las aquí acontecidas. Por lo que ha de ser tenido como ponderado y correcto el criterio que, en este extremo, aplicaron los Jueces de la Audiencia.

Otro tanto ocurre con la no consideración de la atenuante 5ª del artículo 21 del Código Penal pues, aunque también los hechos sobre los que intenta asentarse han de ser tenidos por probados, al mencionarse, con clara vocación fáctica, en el último párrafo del Fundamento Jurídico Quinto de la Sentencia recurrida, no es menos cierto el convincente razonar de la Sala "a quo" para la desestimación de la aplicación de semejante circunstancia, cuando refiere que, lejos de intentar reducir los efectos del delito sufridos por la víctima principal del mismo, que no era otra que su ex esposa, cuya vivienda sufrió los desperfectos de mayor cuantía, en torno a los doce mil euros, la actitud del autor de los mismos, pidiendo tan sólo disculpas a algunos de los vecinos y limitándose a pintar, él mismo con ayuda de su hermana, la escalera del inmueble, supone más bien, además de parca disminución de los efectos del delito, casi un desprecio hacia la más gravemente perjudicada, respecto de la cual no consta, ni tan siquiera, una intención de reparación moral o simbólica, por lo que no puede decirse que se cumplan propiamente los objetivos victimológicos que llevaron a nuestro Legislador a la inclusión, en los textos legales, de la expresada atenuante.

En consecuencia, también estos dos motivos, y con ellos el Recurso en su integridad, se desestiman.

QUINTO.- A la vista de la conclusión desestimatoria del presente Recurso y de acuerdo con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben serle impuestas al recurrente las costas ocasionadas por este Recurso.

En su consecuencia, vistos los preceptos mencionados y demás de general aplicación al caso,

FALLO

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al Recurso de Casación interpuesto por la Representación de Jose Luis frente la Sentencia dictada contra él por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz, en fecha de 5 de Abril de 2003, por delitos de Incendio y Atentado a Agentes de la Autoridad y falta de Lesiones.

Se imponen al recurrente las costas procesales ocasionadas en el presente Recurso.

Póngase en conocimiento del Tribunal de origen, a los efectos legales oportunos, la presente Resolución, con devolución de la Causa que, en su día, nos fue remitida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Siro Francisco García Pérez D. Joaquín Giménez García D. José Manuel Maza Martín

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D José Manuel Maza Martín , estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.