BDB AP Valladolid 9078/2008
Fecha: 17 de junio de 2008
Órgano: Audiencia Provincial de Valladolid
Sala: Sala de lo Penal, Sección 2
Ponente: FERNANDO PIZARRO GARCIA
Sentencia: 118 / 2008
Recurso: 217 / 2008
Rollo: 217 / 2008
Resumen:
Delito de atentado. Se alega por el recurrente vulneración del principio de presunción de inocencia: doctrina jurisprudencial: análisis del caso concreto: se desestima dado que si bien es cierto que puede admitirse que no ha quedado acreditado que las lesiones sufridas por los policías fueran consecuencia de los golpes lanzados contra ellos por el menor apelante, no lo es menos que, acreditado que éste agredió a dichos agentes, su autoría en lo que a la causación de las lesiones se refiere no puede quedar excluida por el hecho de que las lesiones sufridas por dichos agentes fueran consecuencia, no de tales golpes, sino de los que simultáneamente, y en una acción concertada, les propinaron los otros denunciados.

En Valladolid, a dieciséis de junio de dos mil ocho.

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto en grado de apelación, con celebración de vista pública, el presente Expediente núm. 128/07, dimanante del Juzgado de Menores de Valladolid, por delito de atentado, seguido contra el menor Juan Antonio , defendido por el Letrado don José Luis Pérez Ortega, siendo partes, como apelante, el referido acusado, y, como apelado, el Ministerio Fiscal y, habiendo sido Ponente el Magistrado don FERNANDO PIZARRO GARCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El Juez de Menores de Valladolid, con fecha 17 de abril de 2008 dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso declarando probados los siguientes hechos:

"El día 4 de mayo del pasado año 2007, sobre las 12.20 horas, el menor Juan Antonio , cuando transitaba por la C/Santiago de esta ciudad de Valladolid, en compañía al parecer de otras dos personas adultas salió en defensa de un tercero, cuando éste fue requerido por el agente de la policía local nº NUM000 para que se identificara, acometiendo a dicho agente con puñetazos y patadas. Ante la oposición ofrecida, el agente indicado solicitó ayuda presentándose en el lugar varios compañeros que intentaron detener a los que estaban ofreciendo resistencia a la detención, siendo igualmente agredidos por el menor y sus acompañantes con puñetazos y patadas. A consecuencia de los hechos sufrió lesiones el atente nº NUM000 consistentes en contusión en codo izquierdo, muñeca izquierda, precisando de primera asistencia, medica, tardando en curar, con impedimento laboral por igual tiempo, 18 días u el agente nº NUM001 consistentes en contusiones en el codo, antebrazo derecho y esquince leve en el tobillo derecho, precisando de primera asistencia facultativa tardando en curar con impedimento laboral por igual tiempo, 22 días.

SEGUNDO.- Juan Antonio , de nacionalidad Rumana tiene 17 años cuando interviene en los hechos enjuiciados, careciendo de antecedentes judiciales. Pertenece a una familia de etnia gitana, residiendo temporalmente en España, al parecer por razones de trabajo en unas condiciones de hacinamiento en una vivienda realquilada de reducidas dimensiones, no habiéndose integrado en la comunidad. El menor desconoce el castellano lleva una vida irregular e itinerante y carece de arraigo social. El equipo técnico recomienda la adopción de una medida de Libertad Vigilada."

2. La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:

"Se declara al menor Juan Antonio autor material de un delito de atentado y de dos faltas de lesiones. Se impone a referido menor una medida de Libertad Vigilada por tiempo de un año, meses que llevara aparejada la obligación e someterse a cumplir las siguientes reglas de conducta siguientes:

1) El menor no podrá cambiar de domicilio sin previo conocimiento y autorización del juzgado.

2) Vendrá obligado a comparecer personalmente ante este juzgado y ante el profesional encargado del seguimiento de la medida siempre que sea citado.

3) Vendrá obligado a seguir las pautas socio-educativas que fije la entidad publica o el profesional encargado de la medida de seguimiento de le medida incluida en el Programa de ejecución elaborado al efecto y aprobado por este Juzgado."

3. Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal del menor, que fue admitido en ambos efectos y practicados los oportunos traslados, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal donde fue señalado día para la vista de apelación que tuvo lugar con asistencia de las partes.

4. Como fundamentos de impugnación de la sentencia, se alegaron sustancialmente los siguientes:

-Vulneración del derecho a la presanción de inocencia y

-Error en la apreciación de las pruebas

HECHOS PROBADOS

Se admiten y esta Sala hace propios los hechos declarados probados por la sentencia de instancia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Alega el apelante, como primer motivo del recurso, vulneración del principio de presunción de inocencia, alegación en relación con la cual, y teniendo cuenta la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, parece oportuno dejar sentados dos extremos: Uno, que el derecho a la presunción de inocencia, consagrado en nuestro derecho con rango fundamental en el artículo 24 de la Constitución, implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley, y, otro, que la alegación de tal derecho en el proceso penal por vía de recurso de apelación obliga al Tribunal ad quem a comprobar, en primer lugar, si el juzgador de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas de contenido incriminatario relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él; en segundo término, si las pruebas son válidas, es decir, si han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y, por último, si la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos (cuando se haya acudido a ellos), y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.

Sentado lo anterior, la alegación ahora analizada no ha de tener favorable acogida por cuanto, primero, resulta incuestionable que las manifestaciones de los policías que comparecieron como testigos integran prueba de cargo de contendido incriminatorio; segundo, igualmente incuestionable resulta que dicha prueba ha sido obtenida con respecto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan la practica de dicho tipo de prueba, y, tercero, y conforme se razonará posteriormente, la valoración que de dicha actividad probatoria se hace en la sentencia apelada no resulta arbitraria, irracional o absurda (por más que no coincida con la que, sin duda con menos imparcialidad, hace la parte apelante).

Segundo.- Antes de dar respuesta al segundo de los motivos que integran el recurso, parece oportuno recordar que, como ha reiterado el Tribunal Supremo, cuando la cuestión debatida a través del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juez de Instancia en uso de la facultad que le confiere el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en la vista oral, debe parirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el juzgador ante el que se haya celebrado el acto solemne del juicio, núcleo del proceso penal en el que adquieren plena efectividad, entre otros, los principios de inmediación y contradicción y que permite a aquel, desde su privilegiada y exclusiva posición, apreciar personalmente el resultado de la actividad probatoria, así como la forma de expresarse y conducirse las partes y los testigos en su narración de los hechos y en la expresión de la razón de conocimiento de los mismos, ventajas de las que, por el contrario, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia, de ahí que el uso que haya hecho aquel juzgador de la facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, y siempre que tal proceso valorativo se motive o razone en la sentencia, únicamente debe ser modificado, bien cuando en verdad sea ficticio por no existir el imprescindible soporte probatorio de cargo, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, pudiendo concluirse que sólo cabe revisar la apreciación hecha por el juez de Instancia de la prueba recibida en el acto de la vista en la medida en que aquella no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad, y, en consecuencia, el juicio probatorio únicamente será contrastable por vía de recurso en lo que, de acuerdo con las reglas de la lógica y los principios de la experiencia, concierne a las inducciones realizadas por el juzgador, pero no en lo relativo a la credibilidad de las declaraciones y testimonios oídos por aquel, siempre, claro es, que tales inferencias no hayan sido llevadas a cabo por el mismo de forma arbitraria, irracional o absurda, es decir, que la valoración de la prueba no haya sido hecha mediante un razonamiento que pueda calificarse de incongruente o aparezca apoyado en fundamentos arbitrario.

La recurrente, mostrando su disconformidad con el relato de hechos probados de la sentencia, aduce error en la apreciación de la prueba y alega, a/ que "en ningún caso se ha acreditado suficientemente que el acusado lanzara patadas y puñetazos contra los agente; b/ que en la acción del acusado no se da "el ánimo tendencial de menospreciar el principio de autoridad" que exige el tipo descrito en el artículo 550 del Código Penal , y c/ no está acreditado que el acusado fuera autor las lesiones que se le atribuyen.

a/.- Partiendo de dicha doctrina jurisprudencial, la alegación referida al error en la valoración de la prueba en lo que atañe a la ejecución por el acusado de la acción que se le imputa no ha de tener favorable acogida por cuanto la Sala entiende que, visto el contendido de las actuaciones practicadas (y, singularmente, y como no podía ser de otra manera, de la prueba practicad en el acto del juicio), en la valoración de la prueba que se pone de manifiesto en sentencia apelada no cabe apreciar aquel manifiesto y claro error que, habida cuenta su magnitud y diafanidad, haga necesaria una modificación de la realidad fáctica establecida en dicha resolución, no pudiendo, por ello, acoger la tesis del apelante por cuanto la misma se limita a sustituir la credibilidad que, tras valorarlas con las ventajas que le proporcionó la inmediación, le merecieron al juez de Instancia las manifestaciones del menor expedientado y las de los policías que comparecieron como testigos por las que le merecen al propio apelante, sustitución que no resulta posible por cuanto ello implicaría modificar una realidad fáctica (la establecida en la sentencia apelada) sobre la base, no de un manifiesto o claro error en la valoración de la prueba, sino de la interpretación subjetiva que la parte apelante hace de una prueba no practicada ante esta Sala (de cuyo alcance queda fuera uno de los elementos claves para su interpretación o valoración como es la inmediación).

b/Tampoco la alegación referida a la ausencia de "ánimo tendencial" ha de tener favorable acogida por cuanto, como ha reiterado el Tribunal Supremo, el ánimo de ofensa, menosprecio o falta de respeto va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido, pudiendo afirmarse que, cuando la autoridad o el agente actúa en el ámbito de sus atribuciones y dicha condición es conocida del sujeto, la acción violenta sobre su persona, dentro de las especificaciones objetivas de dicho artículo y directamente relacionadas con el ejercicio de tales funciones o con ocasión de las mismas, evidencien la voluntad de acometer, emplear fuerza, intimidar o resistir, y el ánimo de vulnerar o dejar malparado el principio de autoridad.

c/ Por último, y en lo que atañe a la alegación relativa a la atribución al apelante de alguna participación en la causación de las lesiones de los policías NUM001 y NUM000 , antes de dar respuesta a tal alegación, parece oportuno recordar que, según ha declarado reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando concurran a la ejecución de un hecho delictivo varias personas vinculadas por concierto o unidad de voluntades, tal vínculo les hace solidariamente responsables, y en el mismo grado, cualquiera que sea la parte que cada uno tome ya que todos coadyuvan de modo eficaz y directo a la consecución del fin propuesto, y ello con independencia de los actos que individualmente realice cada uno de ellos y de que dicho acuerdo haya sido previo o simultáneo, expreso o tácito, añadiendo dicha jurisprudencia que "la nueva definición de la coautoria acogida en el artículo 28 del Código Penal como "realización conjunta del hecho" viene a superar las objeciones doctrinales a la línea jurisprudencial que, a través de la doctrina del "acuerdo previo", ya venía incluyendo en el concepto de autoría a los cooperadores no ejecutivos, es decir a quienes realizan aportaciones causales, aunque decisivas, ajenas al núcleo del tipo, entendiendo que la "realización conjunta del hecho" implica que cada uno de los concertados para ejecutar el delito colabora con alguna aportación objetiva y causal, eficazmente dirigida a la consecución del fin conjunto, concluyendo dicha jurisprudencia que no es, por ello, necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, pues a la realización del mismo se llega conjuntamente o, si prefiere, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores integradas en el plan común.

Partiendo del recordatorio jurisprudencial que antecede, la alegación ahora analizada no ha de tener favorable acogida por cuanto, si bien es cierto que puede admitirse que no ha quedado acreditado que las lesiones sufridas por los policías NUM001 y NUM000 fueran consecuencia de los golpes lanzados contra ellos por el menor apelante, no lo es menos que, acreditado que éste agredió a dichos agentes, su autoría en lo que a la causación de las lesiones se refiere no puede quedar excluida por el hecho de que las lesiones sufridas por dichos agentes fueran consecuencia, no de tales golpes, sino de los que simultáneamente, y en una acción concertada, les propinaron los otros denunciados.

Tercero.-Procede analizar, por último, la alegación que en el acto de la vista formuló el letrado apelante en relación con la duración de las lesiones, alegación que no ha de ser acogida por cuanto, más allá de los recelos que pueda albergar la parte apelante respecto al tiempo que tardaron en curar las lesiones sufridas por los policías números NUM001 y NUM000 , es lo cierto que no se ha practicado prueba alguna que contradijera o, cuando menos, pusiera en cuestión las conclusiones contendidas en los informes de sanidad emitidos por el médico forense y obrantes a los folios 47 y 48.

Cuarto.- Procede imponer al apelante las costas de esta instancia

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal Juan Antonio de contra la sentencia dictada por el Juez de Menores de Valladolid en el procedimiento de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo al expresado apelante las costas de esta instancia.

Expídase testimonio de la presente resolución que, con los autos originales, se remitirá al Juzgado de procedencia, quien deberá acusar recibo de los autos y de la certificación, y reportado que sea, archívese este rollo, previa nota.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el ILMO. Sr. Magistrado que en ella se expresa, estando esta Audiencia Provincial de Valladolid, celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que yo como Secretaria, certifico.