BDB AP Madrid 9735/2009
Fecha: 8 de julio de 2009
Órgano: Audiencia Provincial de Madrid
Sala: Sala de lo Penal, Sección 23
Ponente: JESUS EDUARDO GUTIERREZ GOMEZ
Sentencia: 849 / 2009
Recurso: 178 / 2009
Rollo: 178 / 2009
Resumen:
Delito de atentado. Valoración de pruebas: jurisprudencia. Elementos del delito. Diferencia entre el delito de atentado y el de resistencia, y a la vez entre este ilícito penal y la falta de desobediencia o contra el orden público del art. 634 CP. Desestimación.

En Madrid, a 8 de Julio de 2009.

VISTO, en segunda instancia, ante la Sección 23ª de esta Audiencia Provincial, Juicio Oral 160/08, procedente del Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, seguido por un delito de atentado, contra el inculpado Eulogio , venido a conocimiento de esta Sección, en virtud de recurso de apelación, interpuesto en tiempo y forma Procuradora de los Tribunales Doña Raquel Cardeñosa Cuesta en nombre y representación de Eulogio ,, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del referido Juzgado, con fecha 25 de Marzo de 2009.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la Sentencia apelada se establecen como HECHOS PROBADOS que: "Se considera probado y así se declara que el joven Eulogio , de 22 años de edad, después de haber estado ingiriendo bebidas alcohólicas con su novia y algunos amigos, lo que afectó al mismo disminuyendo su capacidad intelectiva y volitiva, se encontraba discutiendo con unos vecinos en la urbanización Parque Sierra de Collado.Villalba, teniendo un hacha en la mano. Este hecho fue observado por agentes de la Guardia Civil con números NUM000 y NUM001 , los cuales procedieron a acercarse, momento en el que Eulogio salió corriendo con el hacha en la mano. Como no se detenía y seguía siendo perseguido por los agentes, el joven tiró el hacha por el camino prosiguiendo su marcha, hasta que consiguieron darle alcance.

Momento en el que el acusado se resistió a ser detenido, dando una leve patada al agente NUM000 , que le ocasionó : contusión en rodilla izquierda ,con leve eritema (enrojecimiento) para lo que sólo necesitó un día de curación, provocando también pequeñas lesiones al agente de la Guardia Civil NUM001 , que fueron descritas por el forense como ." excoriación en la mano izquierda. Dolor leve sin lesión en la falange media del tercer dedo de la mano izquierda. Y dolor leve de la articulación del primer dedo de la mano derecha. Necesitó para su curación 2 días sin necesidad de tratamiento.".

Y el FALLO es de tenor literal siguiente: "Que absolver y absuelvo a D. Eulogio del delito de atentado al que venía siendo acusado, con toda clase de pronunciamientos favorables.

Debo condenar y condeno a Eulogio como autor criminalmente responsable de un delito de resistencia a la autoridad , concurriendo en el mismo la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de la ingesta de bebidas alcohólicas, que concurre como atenuante, imponiéndole la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pagos de las costas procesales.

Se le condena además al acusado como autor de dos faltas de lesiones, imponiéndole la pena de 30 días de multa por cada una de ellas, con una cuota diaria de 3 euros, declarando la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad pro cada dos cuotas impagadas (sólo para el caso de que el acusado no pague la pena de multa impuesta), y pago de las costas procesales.

Por vía de responsabilidad civil, el acusado indemnizará al agente de la Guardia Civil NUM000 en la cantidad de 50 euros, y al agente NUM001 en la cantidad de 100 euros, por las lesiones ocasionadas".

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JESUS EDUARDO GUTIÉRREZ GÓMEZ que expresa el parecer de la Sala.

SEGUNDO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, se señaló para deliberación el día 07 de Julio de 2009 .

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Se ACEPTAN íntegramente los hechos declarados como tales en la sentencia recurrida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la defensa del acusado se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en las presentes actuaciones, alegando que se ha producido un error en la apreciación de la prueba pues se le ha condenado únicamente por las declaraciones de los Guardias Civiles, las cuales incluso por sí mismas no logran desvirtuar la presunción de inocencia, pasando a continuación a examinar y analizar el contenido de la declaración del acusado y de la de los Agentes de la Guardia Civil, no existiendo ninguna intencionalidad por parte del acusado en cuanto a la causación de ningún daño a los Agentes. Subsidiariamente se solicita en el recurso que se condene al acusado como autor de una falta contra el orden público del artículo 634 del C. penal dada la escasa entidad de las lesiones sufridas tratándose de una desobediencia a la autoridad de carácter leve habida cuenta del leve forcejeo que mantuvo con los Guardias Civiles. Por último, se manifiesta y alega en el recurso que se ha infringido el principio acusatorio por cuanto que el Ministerio Fiscal pidió la condena por dos delitos de atentado y dos faltas de lesiones, pero en ningún momento por un delito de resistencia y en consecuencia no ha podido ni tenido la posibilidad de defenderse de esta infracción penal.

El recurso debe ser rechazado enteramente en todos sus motivos. Comenzando por la falta de pruebas, solamente podemos decir que la Juzgadora de instancia ha valorado de manera objetiva el contenido de las pruebas que se han practicado en el plenario, y no solo las declaraciones de los Guardias Civiles, sino que las mismas son corroboradas por los partes de lesiones existentes en la causa y por el informe del Médico Forense, que no ha sido desvirtuado ni rebatido por la defensa del acusado, de tal forma que la manera en cómo afirman los Guardias Civiles que se produjo el hecho es perfectamente compatible con estas lesiones que presentan. La testifical de los Guardias Civiles, que no es que tenga más valor que cualquier otra, sino que ha sido valorada en sus justos términos, en el sentido de que se trata de personas imparciales en los que no se constata ningún tipo de animadversión o de venganza hacia el acusado, junto con la pericial hacen que se haya desvirtuado la presunción de inocencia de la que goza el acusado, constituyendo pues prueba de cargo suficiente para dictar una sentencia de carácter condenatorio tal y como ha hecho de manera acertada la Juzgadora de instancia, valoración de la prueba en la que no se aprecia ningún error, sino que la misma es conforme con el criterio jurisprudencial según el cual "los verdaderos medios de prueba de los que ha de valerse el Tribunal para fundar su convicción a la hora de enjuiciar los hechos objeto de la causa penal de que conozca son, en principio, los practicados en el juicio oral bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción (STS 11-6-97 ). La apreciación en conciencia a la que anteriormente hemos aludido y la que expresamente se refiere el artículo 741 de la L.E.Crim . "no quiere decir que el órgano juzgador goce de un absoluto arbitrio para apreciar la prueba sino que debe ajustarse, en sus criterios valorativos, a las reglas de la lógica, del criterio racional y de la sana crítica, respetando también los principios o máximas de experiencia y los conocimientos científicos que respondan a reglas inamovibles del saber...", y es por esa razón por la que "...se debe dar una valor preferente a las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, ya que sobre ellas tiene el dominio y conocimiento que proporcional inmediación del órgano juzgador en relación con su práctica...", inmediación de la que no goza esta Sala a la hora de analizar el recurso de apelación, lo cual no "...concede a los tribunales, la arbitrariedad ni la posibilidad de guiarse por suposiciones imprecisas o intuiciones, ni aprovechar, a los fines probatorios, lo meramente impalpable o inaprensible, sino que exige valorar las prueba en conciencia..." (STS 13-2-1999 ). Y en igual sentido debe afirmarse que es "...el Tribunal que conoce de la causa quien está facultado para conceder crédito a una u otra declaraciones cuando sea discordante el contenido de las realizadas a lo largo de la causa por testigos o acusados" (STS 10-2-1997 ), o como señala la STS de 18-7-1997 "...cuando las declaraciones de los acusados y de los perjudicados por el delito son contradictorias corresponde al juzgador de instancia decidir, una vez advenida y practicada la prueba propuesta, lo que en función de lo acontecido sea procedente...el tribunal...haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 741 de la LECrim . Ha de otorgar mayor credibilidad a unas u otras declaraciones...". Y esta doctrina general es aplicable ya de forma particular a la valoración de las declaraciones de los testigos en el acto del plenario, respecto de la cual la jurisprudencia afirma que "es función del Juez "a quo" valorarlas y otorgar mayor credibilidad a una de ellas, función de valoración en la que juega un papel decisivo la inmediación, de la que no dispone este Tribunal. Y en este sentido la STS de 24-5-96 ha establecido en consonancia con la STC de 21-12-89 que "la oralidad, publicidad, contradicción, y sobre todo la inmediación, representan las ventajas del proceso celebrado a la presencia de los jueces que ven y oyen lo que ya después otros ojos y oídos no percibirán. Se trata de valorar en la vista los gestos, las actitudes, las turbaciones, las sorpresas de cuantos intervienen en el plenario todo lo cual permite a aquéllos fundar su íntima convicción acerca de la veracidad o mendicidad de las respectivas declaraciones, de manera que así se constituyen en los "dueños de la valoración", sin que este Tribunal pueda interferirse en tal proceso valorativo, salvo que se aprecie un error notorio en dicha valoración". Y exactamente igual sucede con los testigos respecto a los que debe indicarse que el hecho de conferir mayor credibilidad a unos testigos sobre otros es parte de la esencia misma de la función de juzgar y que no supone, desde luego, violación del principio de igualdad, como tiene ya declarado el Tribunal Supremo en sentencias de 19-11-90 y 14-3-91 , entre otras muchas". Por último citar la STS de 3-3-99 cuando afirma que "...la valoración de la prueba es competencia del Tribunal de instancia que desde la inmediación que la preside, analiza y valora el testimonio, no solo por lo que dice el testigo, sino por las circunstancias que rodean ese testimonio y que le otorgan, o le niegan, verosimilitud y posibilitan la convicción del tribunal de instancia".

SEGUNDO.- En cuanto al error en la calificación jurídica de los hechos, tampoco podemos estar de acuerdo con el recurrente, pues la Juzgadora de instancia "rebaja" o degrada el delito de atentado al de resistencia del artículo 556 del C. penal habida cuenta que la conducta del acusado no es tan grave como la que caracteriza el delito de atentado. En este sentido, la jurisprudencia establece la diferencia entre el delito de atentado y el de resistencia, y a la vez entre este ilícito penal y la falta de desobediencia o contra el orden público del artículo 634 del C. penal . Y así, La STS de 8-10-2004 establece los requisitos que han de concurrir para la existencia del delito de atentado, cuando afirma que "...El delito de atentado, conforme aparece definido en el art. 550 CP (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777 ), requiere los elementos siguientes:

1º. Que el sujeto pasivo sea un funcionario público o autoridad, conforme aparecen definidos estos conceptos en el art. 24 CP .

2º. Que tal sujeto pasivo se encuentre en el ejercicio de las funciones propias del cargo que desempeña, o que el hecho haya sido motivado por una actuación anterior en el ejercicio de tales funciones.

3º. La acción ha de consistir en acometer, emplear fuerza, intimidar gravemente o resistir grave y activamente.

4º. Como ocurre con todos los delitos dolosos a esos elementos objetivos del tipo hay que añadir otro de carácter subjetivo, el dolo, que consiste en actuar en la forma descrita en el tipo con el conocimiento de que concurren esos elementos objetivos, o dicho más brevemente, aunque quizá con menos precisión, conocimiento y voluntad de tal concurrencia (quien actúa con ese conocimiento es que tiene voluntad).

Pues bien, en este delito, la doctrina de esta Sala habla de ánimo de ofender al funcionario o autoridad con menosprecio o daño del principio de autoridad. Hay que aclarar en este punto que tal ánimo de ofender o causar daño al principio de autoridad no es un elemento del delito diferente al dolo: no se trata de un elemento subjetivo del injusto a añadir al dolo (elemento subjetivo genérico para todos los delitos dolosos), como lo son por ejemplo, el conocimiento del hecho delictivo anterior en la receptación o la intención de traficar cuando se trata de posesión de sustancias estupefacientes. En este delito de atentado sólo existe como requisito subjetivo el dolo, sin más...". En el mismo sentido se pronuncia la STS de 25-3-2004 cuando establece tales requisitos diciendo que "...Como elementos para la existencia del delito de atentado, es preciso: a) Que el sujeto pasivo de la acción típica ha de ser funcionario público, autoridad o agente de la misma; b) Que tales sujetos se hallen en el ejercicio o funciones, o tener su motivación la conducta en tal ejercicio; c) Que la acción consista en un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia (activa) también grave; y d) Que concurra un ánimo de ofender a los sujetos pasivos en detrimento del principio de autoridad (v. SS. 25 junio 1974 [RJ 1974\2950], 28 octubre 1975 [RJ 1975\4064], 21 mayo 1985 [RJ 1985\2519] y 27 enero 1992 [RJ 1992\573], entre otras muchas ). Es de advertir que, respecto del último de los citados requisitos, tiene declarado también el Tribunal Supremo que el referido ánimo «se presume si el sujeto activo conoce el carácter público de la víctima, salvo que se acredite en la causa la existencia de un móvil distinto» (v. SS. 1 junio 1987 [RJ 1987\4059], 28 noviembre 1988 [RJ 1988\9698], 16 junio 1989 [RJ 1989\5139] y 14 febrero 1992 [RJ 1992\1179 ])...".

De forma más casuística la STS de 15-9-2005 en un supuesto de agresión de una persona detenida al intentar huir, se califica como delito de atentado, diciendo que "...La conducta referida claramente encaja en la definición del art. 550 CP. Los dos policías agredidos se encontraban, como tales agentes de la autoridad, en el ejercicio de las funciones de su cargo cuando trataban de detener a dos personas como partícipes en un delito contra la salud pública; y es ese el momento en el que dos de tales agentes son agredidos por Pedro Francisco, uno en la escalera al tratar éste de huir, realizado de tal modo que el agredido cayó al suelo y resultó lesionado; y otro después, cuando, tras alcanzarle en su persecución recibió un golpe que también lo lesionó. Nos hallamos ante dos actos de acometimiento o, si queremos, de resistencia activa de carácter grave, tan grave que ocasionaron lesiones, aunque éstas solo precisaran una asistencia facultativa, razón por la cual se sancionaron como falta del art. 617.1 CP .

El hecho de que hubiera intención de resistirse ante la detención que pretendían los policías presentes contra su persona no impide que sea correcta la calificación como delito de atentado, y no la de resistencia como pretende el escrito de recurso. Ha de prevalecer aquí, sobre tal elemento intencional, el objetivo consistente en la forma en que se produjo la agresión. Por más que sólo tuviera propósito de resistirse a través de una acción de huida, conoció que para tal huida tenía que agredir a los policías que trataban de impedirlo en el cumplimiento de sus deberes como tales. Actuar de tal modo con ese conocimiento de que efectivamente estaba acometiendo a los agentes de la autoridad constituye un delito de atentado..."

La STS de 8-7-2005 analiza un supuesto de forcejeo con funcionarios policiales, diciendo que tal actitud constituye también un delito de atentado, y señala que "...Dice la Sentencia 1381/2003, de 20 de octubre (RJ 2003\7625), que sigue a la 2404/2001 , de 22 de diciembre (RJ 2002\1813), concita de la de 18 de marzo de 2000 (RJ 2000\1129), que la resistencia típica consistente en el ejercicio de una fuerza eminentemente física, que exterioriza una oposición resuelta a aquello que la autoridad o sus agentes conceptúan necesario para el buen desempeño de sus funciones, de forma que si esa resistencia se manifiesta de forma activa y alcanza el carácter de grave, entra en juego la figura del artículo 550 del Código Penal . Indicándose como elementos normativos a ponderar, por una parte, el carácter activo o pasivo de la conducta del acusado, y de otro, la mayor o menor gravedad de la oposición al mandato de la autoridad o sus agentes.

De modo que la utilización agresiva de la fuerza real frente a la actuación del agente es lo propio de la resistencia grave o activa, del art. 550 (atentado), que presenta una cierta carga de acometividad, frente a la resistencia no grave del art. 556 , de carácter pasivo y donde no existe agresión o acometimiento sino una oposición al mandato o actuación de la autoridad, de sus agentes o de los funcionarios públicos, una traba u obstrucción persistente y declarada porfía, una tenaz y resuelta rebeldía, una actitud de contrafuerza física o material contrarrestadora o debilitante, sin alcanzar la beligerante agresividad y la formal iniciativa violenta, patente en su hostilidad y resolvente en sus consecuencias, características de la resistencia grave. Sin perjuicio de que pueda concurrir en la primera (resistencia del art. 556 CP ) alguna manifestación de violencia, de tono moderado y de características más bien defensivas y neutralizadoras, como sucede en los supuestos de forcejeos del sujeto con los agentes de la autoridad (SSTS de 17 de julio 1986 [RJ 1986\4330]; 18 de enero 1988 [RJ 1988\298]; 19 de junio 1991 [RJ 1991\4754]; y 14 de febrero 1992 [RJ 1992\1231 ])...".

En el mismo sentido la STS de 14-3-2005 , que analiza un supuesto parecido al que ahora estamos enjuiciando a través del presente recurso, califica los hechos como delito de atentado aunque el resultado lesivo fuera de falta, diciendo que "...Se dice que no concurre el delito de atentado al estar ausente el requisito de gravedad en la resistencia y que tampoco existe cuando los agentes se exceden o extralimitan en el ejercicio de la autoridad o en el uso de la fuerza. También se niegan las faltas de lesiones cuando esos hechos fueron realizados por Evelyne, por los que ya ha sido condenada. Por último se sostiene infracción de Ley al no haberse apreciado los delitos de tortura y lesiones del que se dice víctima el recurrente. El cauce procesal esgrimido exige el más escrupuloso respeto a los hechos que se declaran probados y en ellos, como se razona por el Tribunal de instancia, concurren los presupuestos que caracterizan el delito de atentado y las faltas de lesiones apreciadas en la sentencia recurrida. Ciertamente ha existido, por parte del acusado, acometimiento físico a agentes de la autoridad, con conocimiento de que intervenían en el ejercicio de sus funciones y con los uniformes reglamentarios, acometimiento y empleo de fuerza de tal intensidad que determinó la lesión de uno de los agentes, y asimismo forcejeó y ejerció una fuerte resistencia a otro de los agentes al que causó contusiones, conducta que incardina, sin duda, en el delito de atentado y en las faltas de lesiones apreciadas correctamente por el Tribunal de instancia..."

En cuanto a la diferencia entre el delito de atentado de la resistencia, la STS de fecha 4 de mayo de 2006 afirma que "...La Jurisprudencia de esta Sala a propósito de la distinción entre el atentado y la resistencia ha señalado, en primer lugar, que responden a una misma consideración, a una misma finalidad incriminatoria, al mismo ámbito y a la misma naturaleza jurídica (SSTS, entre otras, de 21/12/95 [RJ 1995\9436], o 5/6/00 [RJ 2000\6299 ]). La distinción entre uno y otro, siendo residual el segundo (artículo 556 ) respecto del primero (artículo 550 ), se ha basado desde siempre (antiguos artículos 231.2 y 237 CP 1973 ) en el entendimiento de asignar al tipo de atentado una conducta activa en tanto que configura el de resistencia no grave o simple en un comportamiento de pasividad, criterio que se refuerza desde la publicación del Código Penal de 1995 (RCL 1995\3170 y RCL 1996, 777), por cuanto el artículo 550 incorpora la expresión activa aplicada a la resistencia grave que constituye una de las formas del delito de atentado, junto al acometimiento, empleo de fuerza o intimidación, frente a la autoridad o sus agentes o funcionarios públicos, mientras que el 556, que no menciona a estos últimos entre los sujetos pasivos del delito, se limita a exigir la resistencia sin especial calificación a la autoridad o sus agentes, equiparándola a la desobediencia grave, todo ello siempre que aquéllos se encuentren en el ejercicio de sus funciones. Igualmente existe una corriente jurisprudencial (SSTS de 3/10/96 [RJ 1996\7826] u 11/3/97 [RJ 1997\1711 ]) que, acogiendo ciertas críticas que acusaban una interpretación extensiva del tipo de atentado - resistencia conforme a la distinción anterior, ha atenuado la radicalidad de tal criterio dando entrada en el tipo de resistencia no grave «a comportamientos activos al lado del pasivo que no comportan "acometimiento propiamente dicho"». La STS de 18/3/00 (RJ 2000\1129), como recuerda la de 22/12/01 (RJ 2002\1813 ), se refiere a la resistencia típica como aquella consistente en el ejercicio de una fuerza eminentemente física, que supone el resultado exteriorizado de una oposición resuelta al cumplimiento de aquello que la autoridad y sus agentes conceptúan necesario, en cada caso, para el buen desempeño de sus funciones, de forma que si dicha resistencia se manifiesta de forma activa y alcanza los caracteres de grave, entra la figura del artículo 550 CP . Por ello, los elementos normativos a ponderar se refieren, por una parte, a la actividad o pasividad de la conducta del sujeto activo, y, por otra, a la mayor o menor gravedad de la oposición física del mismo sujeto al mandato emanado de la autoridad o sus agentes en el ejercicio legítimo de sus funciones, debiendo igualmente subrayarse que hoy en día el bien jurídico protegido, más que el tradicional principio de autoridad, lo constituye la garantía del buen funcionamiento de los servicios y funciones públicas, siendo el ánimo o propósito específico de la ofensa exigible en ambos tipos penales (STS 04/03/02 [RJ 2002\3589 ]). Es preciso destacar esta última consideración a propósito del bien jurídico que hoy se entiende protegido en los tipos penales de atentado o resistencia pues ello implica que los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones están revestidos de un plus ordenado a la eficacia de aquéllas. Por otra parte, en el desempeño de las misiones que corresponden a los agentes de la autoridad se producen situaciones que suponen cierto grado de conflictividad con las personas sujetas a las mismas y que lógicamente generan con frecuencia reacciones adversas, como es el caso de la detención de una persona donde se presenta con frecuencia la resistencia. Con ello queremos decir que es preciso examinar cada caso concreto (SSTS núm. 370/2003 [RJ 2003\2908] o 776 [RJ 2005\5158] y 912/2005 [RJ 2005\5336 ], además de las citadas).

En el presente caso estimamos que la calificación jurídica que efectúa el Juzgador de instancia es acertada dado que ha quedado demostrado en autos que existió por parte de los acusados un acometimiento directo hacia los Agentes de la Guardia Civil que procedieron a su detención, acometimiento físico que llegó a la causación de una serie de lesiones que figuran descritas en el relato de hechos probados de la sentencia y cuya existencia ha quedado plenamente acreditada a través de los distintos informes médicos iniciales de lesiones y del que emite el Médico Forense, informe que no ha sido rebatido ni discutido tal y como hemos dicho anteriormente; y acometimiento directo cuya intención era la de una actitud de resistencia a la detención o de cierta pasividad, dentro de lo cual podría incardinarse el delito de resistencia a la autoridad, todo lo cual hace que no podamos degradar aún más dicha conducta para calificarla como de falta de desobediencia leve a la autoridad, sino que consideramos correcta la calificación que efectúa, a la vista de la conducta seguida por el acusado y las lesiones que causó a los Agentes, como de delito y no de simple falta, evidenciándose con dicha conducta activa hacia los Agentes que trataba de menospreciar el principio de autoridad que en ese momento estaban encarnando y representando a través de su actuación totalmente legítima. Por lo tanto debe desestimarse también este motivo del recurso manteniendo el delito de atentado por el que ha sido condenado el acusado, sin que se haya vulnerado el principio acusatorio, pues es de sobra conocido que el delito de atentado y el de resistencia son delito homogéneos que y en consecuencia la condena por el delito de resistencia cuando el Ministerio Fiscal acusaba de atentado, no vulnera el derecho de defensa pues los hechos de la acusación son los mismos, y frente a ellos el acusado ha tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente, razón por la que este motivo también ha de desestimarse.

TERCERO.- No apreciándose mala fe ni temeridad en la interposición del recurso, procede declarar de oficio las costas procesales causadas en la presente instancia.

FALLAMOS

Debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Raquel Cardeñosa Cuesta en nombre y representación de Eulogio , debemos confirmar la sentencia de fecha 25 de marzo de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid y con declaración de oficio de las costas procesales causadas en la presente instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso y devuélvanse las actuaciones, con certificación de la presente sentencia al Juzgado de procedencia, a los fines procedentes.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION. Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha asistido de mí la Secretaria. Doy fe.