BDB AP Madrid 28144/2001
Fecha: 5 de julio de 2001
Órgano: Audiencia Provincial de Madrid
Sala: Sala de lo Penal, Sección 2
Ponente: A. MARIA RIERA OCARIZ
Sentencia: 242 / 2001
Recurso: no disponible
Rollo: 40 / 2001
Resumen:
Delito de amenazas y quebrantamiento de medidas cautelares. Acoso por parte de ex-novio e incumplimiento de la orden de alejamiento. Declaraciones de la víctima y de los testigos que desvirtúan la presunción de inocencia. El testimonio de la víctima cumple los requisitos de persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la verosimilitud del testimonio a través de corroboraciones periféricas. Prueba directísima de los hechos delictivos.
Tesauro:
Penal: Penas: Penas Privativas de Derechos: Prohibición de Aproximarse o Comunicarse con Personas
Penal: Delitos: Delitos contra la Administración de Justicia: Delito de Quebrantamiento de Condena
Penal: Delitos: Delitos contra la Libertad: Delito de Amenazas
Penal: Procedimientos Judiciales: Prueba: Prueba Testifical: Testimonio de la Víctima o Único Testigo

En MADRID, a cinco de julio de dos mil uno.

VISTO, por esta Sección Segunda de esta Audiencia Provincial de Madrid, el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª.MARÍA SONIA ESQUERDO VILLODRES, en representación de P.R.L.F., así como por el Ministerio Fiscal, adherido al efecto, en la representación que le es propia, contra Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n° 21 de Madrid; habiendo sido parte en él los mencionados recurrentes y como parte apelada D. JUAN MANUEL CALOTO CARPINTERIO, en representación de B.B.S., actuando como ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. A. MARÍA RIERA OCÁRIZ.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- En el Juicio Oral de referencia se dictó Sentencia con fecha 17 de noviembre de 2000, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: FALLO: "Que debo condenar y condeno a P.R.L.F. como autor de un delito de amenazas, a la pena de seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y como autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar a la pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 1.000 ptas y costas, incluidas las de la acusación particular".

Y como Hechos Probados expresamente se recogen los de la sentencia apelada: "En hora no determinada del día 5 de agosto del 99, el acusado, P.R.L.F., mayor de edad y cuyos antecedentes penales no constan, se presentó en el domicilio de B.B., sito en la calle XXX 13, de esta capital, pidiéndole ayuda por una deuda que tenía. Al decirle B. que no le prestaría tal ayuda, el acusado le dijo que no le dejaría ni a sol ni a sombra, presentándose a partir de entonces en varias ocasiones tanto en el domicilio como en el trabajo del denunciante, ocasionando escándalos y molestias y no dejando al mismo llevar su normal ritmo de vida.

El día 19 de septiembre, el acusado volvió a presentarse en el domicilio, insistiendo en que le seguiría constantemente e iría "montando escándalos" para llamar la atención y que se viera obligado a acceder a sus pretensiones. El 28 de septiembre, se presentó de nuevo en el trabajo de B., que se vio obligado a recibirlo para evitar otro escándalo, y asimismo estuvo rondando por las inmediaciones del domicilio con el mismo fin de que accediera a sus pretensiones.

Así, sobre las 16: 30 horas del día 15 de octubre de 1.999, el acusado se personó en la puerta de garaje del lugar del trabajo de B.B., en la calle XXX, esquina con XXX, de esta capital, teniendo que intervenir la policía para que se marchara de allí.

Sobre las 17: 00 horas del día 31 de enero de 2000, el acusado acudio al puesto de trabajo de B.B., con las ropas rajadas y ensangrentadas y preguntando por él, insistiendo hasta que consiguió una entrevista para pedirle dinero, marchándose después de mucho insistir B..

Sobre las 2: 00 horas del día 27 de febrero de 2.000, el acusado acudio al domicilio de B.B., de esta capital, pidiendo nuevamente dinero y, ante la negativa, se dirigió a B., y a las personas que con él estaban, diciendo que les iba a matar, y "que iría a cargárselo a su trabajo".

Con fecha 5 de mayo de 2000, ante los hechos anteriormente relatados y la previsión de que los mismos no cesarían voluntariamente por parte del acusado, el Juzgado de Instrucción número ocho de Madrid, dictó auto, ordenando una medida de alejamiento en que se establecía que el acusado no podía acercarse a menos de un kilómetro del denunciante, auto que fue debidamente notificado al acusado, con fecha 1 de junio de 2000.

A pesar de ello, sobre las 16: 00 horas del día 12 de mayo de 2000, el acusado volvió a acudir al lugar del trabajo de B., teniendo que acudir nuevamente la policía para que se alejara del mismo. Igualmente el acusado incumplió dicha medida de alejamiento sobre las 1.30 horas del día 31 de mayo de 2000, en que por dos veces acudio al domicilio particular de B., teniendo que ser alejado por los agentes de la policía. Nuevamente acudio al domicilio y tuvo que intervenir la policía, sobre las 3: 15 horas del día 10 de julio de 2000".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por la representación procesal del hoy recurrente, se interpuso recurso de apelación que formalizó exponiendo las alegaciones que constan en su escrito, el cual se halla unido a las actuaciones, adhiriéndose al mismo el Ministerio Fiscal.

TERCERO.- Dado traslado del escrito de formalización del recurso a la representación de D. B.B.S., se presentó escrito de impugnación en base a la sentencia objeto de recurso plenamente ajustada a derecho, solicitando su confirmación.

CUARTO.- Por el Juzgado de lo penal más arriba referido se remitieron a este Tribunal los Autos originales con todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, la que tuvo lugar el día 5 de julio de 2001.

HECHOS: Se aceptan los hechos probados de la sentencia apelada.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- La sentencia apelada ha condenado a P.R.L.F. como autor de un delito de amenazas del art 169-2 y de otro delito de quebrantamiento de medida cautelar del art 468 del CP. El presente recurso, interpuesto por el acusado, se basa en la aplicación indebida de los citados preceptos, así como de los arts 116 y 123 del CP y en la vulneración de los derechos de presunción de inocencia (art 24-2 de la C.E.) y de tutela judicial efectiva por infracción del art 120-3 al carecer la sentencia apelada de suficiente motivación.

SEGUNDO.- El apelante alega la aplicación indebida del art 169-2 del CP, sin embargo el desarrollo de este motivo tiene más relación con la impugnación de la prueba relativa al mismo y que según el recurrente no es prueba suficiente.

No pueden aceptarse los argumentos del recurso relativos a la valoración de la prueba, completamente alejados de la interpretación que la Sala 2ª del T.S. efectúa sobre estas cuestiones de forma pacífica y reiterada. Así, no puede aceptarse su valoración de que toda la prueba se reduce a las versiones contradictorias de acusado y acusador sin otros testigos directos que hayan presenciado las supuestas amenazas. Por el contrario, en el presente juicio ha existido una abundante prueba testifical que ha sido valorada con toda corrección por la juzgadora de instancia.

La declaración de un acusado y de un testigo nunca tienen el mismo valor, el primero declara amparado por el derecho a no declarar en contra de sí mismo y a no confesarse culpable, sin ninguna obligación de decir verdad, por lo que su versión de los hechos nunca constituye una prueba fiable en el proceso penal. Sin embargo, el testigo declara con obligación de decir verdad que contrae bajo juramento o promesa, incurriendo en delito de falso testimonio si falta a la verdad. En este sentido hay que valorar el testimonio de la víctima de los hechos, testimonio que la Sala 2ª del T.S. considera en jurisprudencia constante como prueba apta para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado en el proceso penal, incluso cuando es prueba única, exigiendo esa misma jurisprudencia el examen de ese medio probatorio bajo unos criterios consagrados y conocidos como la persistencia en la incriminación, la ausencia de incredibilidad subjetiva y la verosimilitud del testimonio a través de corroboraciones periféricas. Tales requisitos concurren en la declaración de B.B.S., recogida en el acta del juicio, pudiendo comprobar que es clara, coherente y detallada, hay pues persistencia en la incriminación, sin contradicciones o retractaciones. Es cierto que entre acusado y acusador hubo una relación sentimental, según reconocen ambas partes, pero esa relación no hace desmerecer la veracidad del testimonio porque no aparece razón alguna para sospechar que el testigo declara por otro motivo que no sea el de decir verdad y el de recuperar legítimamente la tranquilidad perdida por el comportamiento del acusado.

En el acto del juicio declararon también muchos otros testigos, éstos no oyen o presencian amenazas concretas, pero son la prueba indirecta que dota de verosimilitud a lo manifestado por el testigo víctima porque los hechos que relatan son totalmente armónicos con lo relatado por aquél. Así, constan las declaraciones de funcionarios de Policía que se ven obligados a acudir a la llamada del denunciante porque se siente acosado por el apelante, en distintas ocasiones y en distintos lugares: agentes n°XXX y XXX que acuden el 15-10-1.999 al lugar de trabajo del Sr. B. y encuentran al acusado cerca del garaje y se lo llevan detenido, agentes n°XXX y XXX que acuden el día 12-5-2.000 también al lugar de trabajo, encuentran al acusado y le leen la orden de alejamiento del Jdo de Instrucción, agente n°XXX que el día 31-5-2.000 al domicilio del denunciante por encontrarse allí el acusado, agente n°XXX que acudio al mismo lugar en junio del 2.000 por idéntico motivo.

Tan reiterada intervención de la policía corrobora plenamente lo relatado por la víctima sobre la actitud de acoso que se imputa al acusado. Pero estos agentes no son los únicos testigos, también declaró E.F.M., que conoce al Sr. B. como cliente habitual de su cafetería y ha visto en varias ocasiones al acusado presentándose en su loca en busca del denunciante y describe sus respectivas actitudes como de nerviosismo y tensión del Sr. B. cada vez que llegaba P.R. y a éste como alterado y violento. Por último consta también el testimonio de G.B.C., conserje de la oficina donde trabaja el denunciante y cuenta que el acusado iba por allí todas las semanas y el testigo no le permitía la entrada por orden del Sr. B..

En definitiva, hay un testigo víctima cuya declaración es prueba directísima de los hechos delictivos y además numerosos testigos que relatan hechos absolutamente compatibles con los relatados por el primero. Así lo ha tenido en cuenta la juzgadora de instancia, que ha valorado esta prueba en su significado claramente incriminatorio con arreglo a la lógica y máximas de la experiencia, siendo además medios de prueba obtenidos con total respeto a los derechos fundamentales y por ello plenamente eficaces en el sentido del art 11-1 de la L.O.P.J. para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado en esta causa; no hay por ello vulneración del derecho reconocido en el art 24-2 de la C.E.

Del mismo modo debe destacarse que no existe en absoluto incumplimiento del mandato contenido en el art 120-3 de la C.E. y consecuentemente no hay vulneración por ese motivo del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la sentencia apelada, en contra de lo manifestado en el recurso, contiene un detallado análisis de la prueba practicada y una explicación suficiente de la aplicación de la norma penal.

TERCERO.- El Ministerio Fiscal apoya el recurso de apelación en lo relativo a la aplicación indebida del art 169-2 del CP por entender que en la conducta del acusado ha existido una injerencia ilegítima en la vida de B.B., pero no hubo anuncios de causar los males constitutivos de los delitos especificados en el art 169.

No se comparte esa opinión, porque en el relato fáctico de la sentencia se dice que, en concreto el día 27-2-2.000, el acusado acudio al domicilio de B.B. para pedir dinero y como éste no se lo dio le dijo que les iba a matar y que iría a cargárselo al trabajo. Estas palabras han sido reiteradas por la víctima, como puede comprobarse en el acta del juicio, a lo largo de su declaración cuando dice que el acusado le ha amenazado de muerte en muchas ocasiones, que le dijo que ese año no iba a comer las uvas porque antes le iba a matar, que le iba a dar palizas, le iba a rajar, le iba a arruinar su vida y a matarle.

Tales expresiones están aludiendo a la comisión de un delito de homicidio expresamente contemplado en el art 169 del CP. Si además se tiene en cuenta la reiteración con que tales expresiones fueron proferidas y el grado de intranquilidad y temor sufridos por la víctima que tuvo que solicitar una orden judicial de alejamiento, se cumplen todos los elementos del tipo previsto en el precepto señalado.

CUARTO.- El apelante argumenta el motivo relativo a la aplicación indebida del art 468 del CP con el desconocimiento del auto de 5-5-2.000 dictado por el Jdo. de Instrucción impidiéndole acercarse más de un kilómetro al denunciante y dice que no tuvo conocimiento de esa resolución hasta el 1-6-2.000.

Tal alegación no se corresponde con el contenido de la prueba, pues ha quedado demostrado que el acusado conoció el día 12-5-2.000 la resolución judicial que acordaba la medida cautelar, ya que le fue notificada por los Policías n°XXX y XXX que acudieron al lugar de trabajo del Sr. B. a requerimiento de éste porque el acusado se había presentado de nuevo en dicho lugar. De tal actuación de los agentes queda también constancia en la causa (f 138 a 141) y se puede comprobar que en dicha fecha se notificó al acusado la resolución de 5-5-2.000. A pesar de tener noticia de la medida cautelar, el apelante la quebrantó deliberadamente acosando al denunciante con su presencia los días 31-5-2.00 y 10-7-2.000.

QUINTO.- Debe rechazarse igualmente las infracciones de los arts 116 y 123 del CP alegadas en el recurso, pues, en lo que se refiere al primer precepto, ni siquiera ha tenido aplicación en la sentencia al no fijarse indemnización alguna por responsabilidad civil y en cuanto al art 123, que determina la imposición de costas al condenado, ha sido aplicado por imperativo legal.

SEXTO.- De acuerdo con el art 240 de la L.E.Cr no se hace imposición de costas en esta segunda instancia.

En atención a lo expuesto,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de P.R.L.F. contra la sentencia de 17-11-2.000 dictada por el Jdo de lo Penal n°21 de Madrid en juicio oral 393/2.000, confirmamos íntegramente la resolución apelada.

Al notificar esta sentencia, dése cumplimiento a lo prevenido en el artículo 248-4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la cual se llevará certificación al Rollo de su razón y a los autos de que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. Dª. A. MARÍA RIERA OCÁRIZ, estando celebrando audiencia pública, a fecha de seis de julio de dos mil uno. Certifico.