BDB AP Teruel 16908/2004
Fecha: 19 de noviembre de 2004
Órgano: Audiencia Provincial de Teruel
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección Única
Ponente: JUAN CARLOS HERNANDEZ ALEGRE
Sentencia: 27 / 2004
Recurso: 28 / 2004
Rollo: 28 / 2004
Resumen:
Acusación y denuncia falsa. Revocación, absolución. Falta no de los requisitos del tipo delictivo, la exigencia de que los hechos denunciados, de ser ciertos, constituirían delito o falta perseguible de oficio, que no se da en el presente supuesto por cuanto sobre el denunciado, esposo de la denunciante, no recaía legalmente, como ya se ha indicado, ninguna orden de alejamiento ni ninguna prohibición de acercarse a su esposa.
Tesauro:
Penal: Delitos: Delitos contra la Administración de Justicia: Delito de Acusación y Denuncia Falsa

En la ciudad de Teruel, a diecinueve de noviembre de dos mil cuatro.

Esta Audiencia Provincial, integrada por los Magistrados Ilmos. Señores D. Fermín Francisco Hernández Gironella, presidente accidental, Dª. María Teresa Rivera Blasco, y D. Juan Carlos Hernández Alegre, suplente y ponente de la presente resolución, ha examinado el rollo de apelación penal núm. 28/04, incoado para la resolución del recurso interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Teruel en el Procedimiento Abreviado núm.79/04, seguido por un presunto delito de denuncia falsa, contra la acusada Elena , natural de Teruel, nacida el día 24 de diciembre de 1970, hija de Manuel y de Maria del Carmen, vecina de Manzanera (Teruel), con domicilio en C/ DIRECCION000 s/n, provista del D.N.I. núm. NUM000 , sin que consten antecedentes penales y en libertad por esta causa, representada por la procuradora Dª. Ana María Gutiérrez Corduente y defendida por el letrado D. Alfonso Casas Ologaray. Ha sido parte el Ministerio Fiscal que ejercitó la acusación pública.

Ha sido apelante la defensa de la acusada y apelado el Ministerio Fiscal. Se dicta la presente resolución, que expresa el parecer unánime del Tribunal, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Tras el oportuno juicio oral el Juzgado de lo Penal de Teruel dictó sentencia el día 13 de septiembre del presente año, en el Procedimiento Abreviado núm. 79/04, con el relato de hechos probados y parte dispositiva del siguiente tenor literal:

"HECHOS PROBADOS.- Resulta probado y así se declara que en fecha 12 de diciembre de 2.003 la acusada en esta causa Elena , mayor de edad y sin antecedentes penales, formuló una denuncia en la Dependencias de la Comisaría Nacional de Policía en Teruel contra su esposo D. Carlos José , poniendo de manifiesto que éste último había incumplido la prohibición de acercamiento a la acusada y a su familia acordada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Teruel en la Sentencia 105/03, dictada en el Juicio de Faltas 503/03. La denuncia interpuesta por la acusada dio lugar a la incoación de las Diligencias Urgentes 28/03 seguidas en el Juzgado de instrucción nº 2 de Teruel, actuaciones en las que se dictó Auto de Sobreseimiento Libre y Archivo de fecha 17 de diciembre de 2.003, acordándose igualmente en esta resolución la deducción de testimonio contra la acusada por un delito de denuncia falsa; la acusada era consciente de la falsedad de los hechos denunciados puesto que según acreditó el Sr. Carlos José en las Diligencias Urgentes referidas, a través de diferentes cartas dirigidas a él por la acusada se constató que era ésta la que propiciaba el contacto con su marido. ."

"FALLO: Que debo CONDENAR Y CONDENO a Elena , como autora criminalmente responsable de un delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de denuncia falsa, previsto y penado en el art. 456 del Código Penal, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de MULTA DE 12 MESES con cuota diaria de 3 euros, con la responsabilidad subsidiaria del art. 53 del Código Penal para el caso de impago o insolvencia. Se imponen las costas a la acusada "

SEGUNDO .- Una vez publicada y notificada la anterior sentencia, se interpuso el día 28 de septiembre siguiente recurso de apelación por la defensa de la acusada, mediante la presentación del correspondiente escrito en el que alegaba vulneración del principio de presunción de inocencia, que concreta en el hecho de que de la prueba practicada no ha quedado acreditado que la denuncia formulada por su defendida fuera falsa, e infracción de precepto legal por indebida aplicación del artículo 456 del Código Penal; solicitando de la Sala, tras exponer los razonamientos que consideró pertinentes en apoyo de sus alegaciones, una sentencia que, revocando la de instancia, absolviera a su representada del delito de denuncia falsa por el que se le condenaba.

TERCERO .- En providencia del Juzgado de lo Penal de 30 de septiembre se tuvo por formalizado el anterior recurso, que se admitió en ambos efectos, y se acordó dar traslado del mismo al Ministerio Fiscal para que, en el término de diez días, pudiera formular por escrito las alegaciones que estimara pertinentes. Trámite que evacuó dicho Ministerio Público, que el día 5 de octubre presentó escrito de impugnación del recurso interpuesto por la defensa del acusado, solicitando su desestimación, y la confirmación íntegra de la sentencia recurrida.

Con fecha 6 de octubre el Juzgado de lo Penal acordó elevar los autos originales, junto con los escritos de interposición y de impugnación del recurso, a esta Audiencia Provincial, competente para la resolución del mismo.

CUARTO .- El día 26 de octubre de 2004 se recibió en esta Audiencia Provincial el Procedimiento Abreviado, junto con los escritos de interposición y de impugnación del recurso, donde se acordó incoar el oportuno rollo de Sala para la tramitación del recurso, designándose al mismo tiempo, por turno de reparto, magistrado ponente. En fecha 17 de noviembre se acordó, dado que el magistrado designado ponente se encontraba en Comisión de Servicios por Inspección, completar la Sala con el magistrado suplente que se hizo cargo de la ponencia, en cuyo poder quedó el día 18 de noviembre para sentencia, previa deliberación y votación de los miembros del Tribunal y sin celebración de vista por considerarse innecesaria para formar la convicción de los miembros de la Sala.

QUINTO .- Se acepta el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, al que se le añade el siguiente párrafo que la Sala considera igualmente probado: "Sobre el esposo de la acusada no recaía ninguna prohibición de acercamiento a su mujer y a su familia, por cuanto la parte dispositiva de la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Teruel el día 3 de octubre de 2003 en el juicio de faltas núm. 503/2003 no establecía ninguna medida en ese sentido, a pesar de que en la fundamentación jurídica de la misma se hacía referencia a la adopción como pena accesoria de una prohibición de tal clase. La parte dispositiva de dicha resolución literalmente dice: Que debo condenar y condeno a Carlos José como autor responsable de una falta prevista y penada en el art. 617 del C.P. a la pena de multa de UN MES con cuota diaria de 3 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago prevista en el art. 53 del C.P. y al pago de las costas procesales causadas"

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO .- Esta Sala modifica los hechos probados, mediante la adicción de un nuevo párrafo, para hacer constar un hecho de singular trascendencia para el enjuiciamiento de los hechos imputados a la acusada; en efecto la sentencia recurrida parte de la base de que la acusada denunció en la Comisaría de Policía de Teruel que su esposo había incumplido la prohibición de acercarse a ella que se le había impuesto en la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Teruel en el juicio de faltas núm. 503/03, y que dicha denuncia dio lugar a la incoación contra el esposo de un procedimiento penal que se archivó al haberse acreditado que no era el esposo el que incumplió la orden de alejamiento sino que era la propia denunciante la que había mantenido a su instancia la comunicación por carta con él, deduciéndose de esas misivas el acoso y persecución de la acusada hacia su marido. Pero la realidad es que sobre el Sr. Carlos José no recaía ninguna orden de alejamiento o prohibición de acercarse a su cónyuge, por cuanto en la parte dispositiva de la sentencia en la que se sostiene que se le impuso como pena accesoria dicha medida no se contempló, y sabido es que el artículo 3 del Código Penal, que recoge las garantías criminal y penal y proclama las garantías jurisdiccional y de ejecución, establece que no podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme, y es requisito para tener por impuesta una pena, sea principal o accesoria, que expresamente se imponga en la parte dispositiva de la sentencia, cuyo contenido es el único susceptible de ser ejecutado. Para que el Sr. Carlos José se encontrara impedido de acercarse a su esposa no bastaba con que en los fundamentos jurídicos de la sentencia del juicio de faltas se hiciera mención a la misma, sino que era imprescindible que la medida se adoptara como pena accesoria en la parte dispositiva de la resolución.

SEGUNDO .- Como muy bien argumenta la sentencia recurrida el delito contra la Administración de Justicia en su modalidad de denuncia falsa, previsto en el artículo 456 del Código Penal, exige, tal como indicó el Tribunal Supremo en sus sentencias de 23-septiembre 1987 y 1 febrero 1990:

1º Una imputación precisa y categórica de hechos muy concretos y específicos, dirigida contra persona determinada.

2º Que tales hechos, de ser ciertos, constituirían delito o falta perseguibles de oficio.

3º La imputación ha de ser falsa.

4º La denuncia ha de presentarse ante autoridad, o agente de la misma, que tenga obligación de actuar.

5º Que exista intención delictiva, esto es conciencia de que el hecho denunciado es delictivo o falso, esto es que la acusación o denuncia se haya hacho con mala fe del sujeto activo, habiendo matizado dicho Tribunal en posteriores resoluciones, así la de 21 de mayo de 1997, que "el verbo en que consiste la acción es el de imputar, es decir, atribuir a otro una acción, en éste supuesto un delito, debiéndose significar a renglón seguido, que ésta imputación ha de ser falsa, es decir, contraria a la verdad, lo que nos conduce a su vez a otro problema muy importante, cual es el de determinar a qué verdad se refiere la Ley, si a la verdad objetiva (comparar lo que es con lo que se dice que es en la denuncia o acusación) o la subjetiva, es decir, lo que el denunciante o acusador atendía razonablemente que era. La jurisprudencia de esta Sala ha exigido en éste sentido como elemento subjetivo del tipo, la intención de faltar a la verdad, lo cual, como siempre que se hace referencia al ánimo en el derecho penal o en cualquier otro sector del ordenamiento jurídico sancionador, habrá de ser inferido de las circunstancias concurrentes. Otra solución conduciría a hacer prácticamente inefectivo el derecho a la denuncia como una manifestación muy decisiva del derecho a la tutela judicial efectiva. Por consiguiente, excluida la forma culposa, éste delito solo puede atribuirse a título de dolo únicamente cuando se pruebe o se infiera razonadamente que el sujeto llevó a cabo su acusación (en igual sentido la sentencia de 23 de septiembre de 1993)".

TERCERO .- Aplicada la anterior doctrina al caso aquí enjuiciado, vemos que la acusación no puede prosperar, por cuanto falta uno de los requisitos imprescindibles para que se dé el tipo delictivo de denuncia falsa, como es la exigencia de que los hechos denunciados, de ser ciertos, constituirían delito o falta perseguible de oficio, que no se da en el presente supuesto por cuanto sobre el denunciado Sr. Carlos José , esposo de la denunciante, no recaía legalmente, como ya se ha indicado, ninguna orden de alejamiento ni ninguna prohibición de acercarse a su esposa. Al no tener los hechos que denunció la acusada ninguna posibilidad de ser calificados como integrantes de una infracción penal no concurren el elemento típico de la denuncia falsa, debiendo, en consecuencia, revocarse la sentencia y absolverse a la acusada del delito de esa clase por el que viene condenada.

CUARTO .- Al absolverse a la acusada procede declarar de oficio las costas del procedimiento, tal como se deduce de lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

QUINTO .- En cuanto a las costas de esta instancia, al estimarse el recurso deben ser igualmente declaradas de oficio.

Por todo cuanto antecede,

FALLAMOS

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª Ana María Gutiérrez Corduente, en nombre y representación de la acusada Dª. Elena , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Teruel en el Procedimiento Abreviado núm. 79/04, debemos revocar y revocamos dicha resolución, y, en su lugar, debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Elena del delito de denuncia falsa de la que era acusada, con todos los pronunciamientos favorables que dicha absolución implica, con declaración de oficio de las costas de ambas instancias.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN : En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA : Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.