BDB AP Vizcaya 4413/2006
Fecha: 10 de febrero de 2006
Órgano: Audiencia Provincial de Vizcaya
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 1
Ponente: MIREN NEKANE SAN MIGUEL BERGARECHE
Sentencia: 113 / 2006
Recurso: 62 / 2006
Rollo: 62 / 2006
Resumen:
Delito de malos tratos habituales ámbito familiar. Concepto de la habitualidad. Un único episodio de violencia doméstica. Anterior a la reforma del Cp. por la LO 11/2003. Se le absuelve de este tipo delictivo. Delito de amenazas. La diferencia entre el delito y la falta reside en la gravedad de la amenaza. Medidas cautelares. Prohibición de acercamiento. La jurisprudencia viene manteniendo que la conducta de la víctima puede tener influencia en la atipicidad de la conducta del obligado por la prohibición de acercamiento. No se ha aportado elemento alguno en relación con el supuesto incumplimiento de la orden de alejamiento y ni siquiera aparece denuncia del quebrantamiento de la medida.
Tesauro:
Penal: Delitos: Delito de Malos Tratos Familiares: Habitualidad como Elemento del Tipo
Penal: Delitos: Delitos contra la Libertad: Delito de Amenazas
Penal: Procedimientos Judiciales: Medidas Cautelares: Prohibición de Aproximarse o Comunicarse con Personas

En BILBAO, a diez de febrero de 2006.

VISTOS en segunda instancia, por la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bilbao, los presentes autos de Procedimiento Abreviado, seguidos con el número 88/05 ante el Jdo. de lo Penal nº 5 (Bilbao) por presunto DELITO DE VIOLENCIA DOMESTICA , contra Paulino nacido el 7.10.1959, con DNI nº NUM000, hijo de Hilario y Pilar, sin antecedentes penales, representado por la procuradora Sra. Elsa Pacheco Gurpegui y defendido por el Ltdo. Sr. Gaminde, siendo parte acusadora, el Ministerio Fiscal.

Expresa el parecer de la Sala, como Magistrado Ponente, la Iltmo, Sra. Dña. NEKANE SAN MIGUEL BERGARETXE.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por el Juzgado de Jdo. de lo Penal nº 5 (Bilbao) de los de dicha clase, se dictó con fecha 23-08-05 sentencia en cuyos hechos probados son del tenor literal siguiente :

"El acusado, Paulino, nacido el 7-10-1959 con DNI NUM000 de 45 años de edad y sin antecedentes penales quien, en la actualidad, se encuentra separado de su compañera- sentimental Dª María Dolores, con la que convivió More Uxorio durante 5 años en la calle DIRECCION000 nº NUM001-NUM002 de Laredo (Cantabria), guiado con el fin de menoscabar la paz familiar desde que aquella, en el añó 2000, adoptara la decisiión de dar por concluida la relación sentimental que le unia con el acusado, dadas las reiteradas agresiones de las que habia sido objeto, por parte de aquel, durante su convivencia en común, comenzó a agredirla física, y sobre todo psicológicamente, mediante golpes y reiteradas amenazas de muerte vertidas tanto sobre ella como sobre toda su familia; intentando de este modo, el acusado, evitar por cualquier medio el fin de su relación sentimental con Dª María Dolores, sumiendo tanto a ésta última como a sus padres y hermanos en un constante estado de temor y angustia, ante las continuas amenazas de muerte que aquel les prodigaba sobre todo cuando Dª María Dolores pasó a residir en el domicilio familiar sito en Getxo, CALLE000 nº NUM003 piso NUM003NUM004NUM005. junto con sus padres y hermanos, y todo ello, y con el fin de presionarla para que volviera con él. Originándose la formación de la presente causa como consecuencia de la denuncia efectuada por Dª María Dolores, el dia 12.2.00 ante la Comisaria de la Policia Local de Getxo, dando cuenta de los hechos ocurridos sobre las 15:00 horas del dia 11 de febrero del 2000 , frente al Restaurante Zuazo, sito en Berango, donde el acusado pinchó con una navaja las ruedas del vehículo de su hermano, el Sr. Plácido, para a continuación, golpear con el puño cerrado a la cara de Dª María Dolores, mientras ambos viajaban en el interior del vehículo que conducia el acusado, en dicho momento. Como consecuencia de esta agresión la Sra. María Dolores tuvo que ser asistida en el Servicio de Urgencias del Hospital de Cruces a las 13:44 horas del dia 12.2.00 donde se le objetivo: "hematoma palpebral", si bien, no fue reconocida por el Médico Forense dado que en fecha 30-3-2000, solicitó, ante el Juzgado, el archivo de la causa, renunciando a ser reconocida por el médico-forense. No obstante, en fecha 19-6-01. Dª María Dolores volvió a formular denuncia contra el acusado con motivo de las continuas amenazas de muerte que aquel le referia tanto a ella como a su familia, siempre motivadas y con la finalidad de hacerla volver con él, de tal forma, que, durante todo este tiempo, el acusado, habia amenazado de muerte tanto a su madre, a su padre, como a sus hermanos, dirigiéndose, incluso, hasta sus trabajos, donde habia llegado a esgrimir cuchillos en plan amenazante. Así, el dia 18 de junio del 2001 sobre las 20,30 horas el acusado, se personó en el domicilio de los padres de Dª María Dolores, ya citado "ut supra" con motivo de ver a ésta, y como quiera que no se le abrió la puerta, estuvo golpeando la misma durante un rato, para, seguidamente, dirigirse al Restaurante Zuazo, sito en Berango, donde trabaja, el Sr. Plácido, hermano de Dª María Dolores, donde provisto de un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó a aquel diciéndole: "te voy a matar, estas muerto", llegando a clavar el cuchillo en la puerta del restaurante, y a golpear, con el mismo , hasta romperlo, el cristal de una ventana. Igualmente, sobre las 13,00 horas del dia 19 de junio de 2001 , el acusado, se volvió a personar en el Restaurante Zuazo, ya citado, con un cuchillo y vestido de militar, y en el curso de una discusión con el Sr. Plácido, le lanzó varias cuchilladas, alcanzándole, una de ellas, en la mano izquierda causándole una herida, de la que fue asistido en el Serivico de Urgencias del Hospital de Cruces, dicho mismo dia, donde se le diagnostico al Sr. Plácido: "herida por arma blanca en mano izquierda, superficial", siendole suturada la herida, si bien, no ha sido reconocido por el médico forense, dado su negativa a seguir con el procedimiento penal en curso efectuado el dia 29-11-01 ante el organo judicial.

Asimismo, durante todo el dia 20 de junio de 2001 el acusado estuvo llamando por teléfono al domicilio de Dª María Dolores, donde reside con los padres de ésta D. Ismael y Dª Soledad, ya citado, amenazándoles de muerte a todos ellos; y, concretamente, sobre las 19,30 hortas de dicho dia, cuando Dª María Dolores se encontraba en el Supermercado, sito al lado de su domicilio, fue abordada por el acusado, quien le amenazó diciendole: "que si volvia junto a él no le iba a pasar nada, ni a ella ni a su familia, pero si no volvia con él, iba a matar uno a uno a toda su familia, incluida ella". Igualmente sobre las 14,30 horas del dia 21 de Junio del 2001 el acusado llamó por teléfono al domicilio de Dª María Dolores y la amenazó de muerte, diciéndole: "te vas a enterar, te voy matar, olvidate que vas a terminar en un saco, a tu hermano, Plácido, le voy a matar, voy a destrozar a toda tu familia". Dado que Dª María Dolores estaba con su padre D. Ismael, en dicho momento y al cogerle éste último el teléfono el acusado, también le amenazó e insultó diciendole: " a tu mujer me la estoy follando, la voy a poner de puta a trabajar, voy a acabar contigo y con toda su familia, baja al portal si tienes cojones".

Asimismo, sobre las 14,00 horas del dia 28 de Junio del 2001 el acusado, llamó al teléfono móvil de Dª María Dolores, diciéndole, las siguientes amenazas: "te vas enterar, voy a matar a toda tu familia", para seguidamente, llamar por teléfono, ésta vez, a su madre, la Sra. Soledad, a quien tambien amenazó, diciendole: "voy a matar a todos tus hijos porque son engendros y el chalet que tienes en Soria lo voy a quemar así como los coches que teneis".

A la vista de todos los hechos aquí relatados en fecha 5 de Julio del 2001 se dictó auto de medidas cautelares, imponiéndosele al acusado durante la tramitación de la causa, la prohibición de acercarse a Dª María Dolores, a Soledad, a Ismael y a Ignacio Plácido, así como, la prohibición de comunicarse con cualquiera de ellos por medio alguno, siendo notificada tales medidas al acusado dicho mismo dia, pese a lo cual, aquel, según partes de incidencia levantadas por la Ertzaintza, encargos de control y seguimiento del cumplimiento de dichas medidas cautelares, de fecha 19-5-03 y 21-2-04 obrantes en la causa a los folios 255, 256 y 400 al 402, ha continuado amenazando de muerte, especialmente, a Dª María Dolores tanto en persona, esto es, aproximándose a éste donde quiera que este, o bien por teléfono, habiéndose, esta última, visto obligada a marchar a residir a Lanzarote a casa de un hermano, D. Carlos Francisco, donde incluso ha sido perseguida por el acusado, quien se presentó en dicho lugar el dia 30-1-2004, amenazando de muerte tanto a Dª María Dolores como a su hermano, Carlos Francisco, e incluso, llegó a agredir a éste último, incoandose al respecto el juicio rápido 7/04 en el Juzgado de Instrucicón nº 2 de Arrecife. Asimismo, según dichos partes de incidencias, el acusado, continuo amenazando a Dª Soledad madre de Dª María Dolores, con matar a su hija María Dolores, mandándosela en un saco de plástico, y uno a uno, a todos. Por los continuos quebrantamientos de medida cautelar en los que ha incurrido. Presuntamente el acusado no consta que se haya incoado procedimiento penal alguno hasta el momento."

La parte dispositiva o Fallo de la indicada sentencia dice textualmente:

"Que debo condenar y condeno a D. Paulino como autor responsable de un delito del artículo 153 C.P. a la pena de 3 años de prisión, accesoria de prohibición de aproximarse a Doña. María Dolores y Doña Soledad a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse con las mismas y aún de volver al lugar al que éstas residan por tiempo de 5 años; como autor de una falta de daños del artículo 625.1 C.P. y de una falta de lesiones del artículo 617.1 C.P. ( 11/2/00) , a la pena de 10 dias multa a razón de una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 C.P. y a la pena de 1 mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 C.P. con accesoria de prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse con Dña María Dolores y aún de volver al lugar donde ésta resida por tiempo de 1 mes, respectivamente ; como autor de un delito de amenazas del artículo 169-2º C.P. y de una falta de daños del artículo 625.1 C.P. ( 18/6/01 ), a la pena de 1 año de prisión, accesoria de prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse con D. Plácido y aún de volver al lugar donde éste resida por tiempo de 1 año, y a la pena de 10 dias multa a razón de una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 C.P., respectivamente ; como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 C.P. ( 19/6/01 ), a la pena de 1 mes multa a razón de una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 C.P., accesoria de prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse con D. Plácido y aún de volver al lugar donde éste resida por tiempo de 1 mes; como autor de una falta de amenazas del artículo 620.2º C.P. ( 20/6/01 ), a la pena de 20 dias multa a razón de una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 C.P. en caso de impago, accesoria de prohibición de aproximación a una distancia no inferior a 500 metros y de comunicarse con Dña María Dolores y aún de volver al lugar en que ésta resida por tiempo de 1 mes; como autor de dos faltas de amenazas ( 21/6/01 ) del artículo 620.2º C.P., a la pena de 20 dias multa a razón de una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 C.P. en caso de impago, accesoria de prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros a Dña María Dolores y Doña Soledad y de comunicarse con ellos y aún de acercarse al lugar donde éstos residan durante 1 mes, por cada una de ellas ; y como autor de dos faltas de amenazas del artículo 620.2º C.P. ( 28/6/01 ), a la pena de 20 dias multa a razón de una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 C.P. en caso de impago, accesoria de prohibición de aproximarse a una distancia no inferior a 500 metros a Dña. María Dolores y Dña Soledad y aún de acercarse a lugar donde éstas residan durante 1 mes, por cada una de ellas .

Abonará las costas procesales.

Indemnizará a Dña. María Dolores en la cantidad de 3.000 euros con aplicación del artículo 576 LEC."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de Paulino en base a los motivos que en el correspondiente escrito se indican y que serán objeto del fondo del recurso.

TERCERO.- Elevados los Autos a esta Audiencia, se dió traslado de los mismos al Magistrado Ponente a los efectos de acordar sobre celebración de vista y, en su caso, sobre admisión de la prueba propuesta.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia.

Se dan por reproducidos los Antecedentes de la sentencia apelada.

HECHOS PROBADOS

No se asumen los así consignados en la sentencia de instancia, y en su lugar, declaramos probado que: El día once de febrero de dos mil, Dª María Dolores y D. Paulino acuden a comer al restaurante que D. Plácido regentaba, en aquel momento en el municipio de Berango. D. Plácido y D. Paulino comienzan a discutir por unas diferencias económicas que había entre ellos, y observando Dª María Dolores que D. Paulino va a agredir a su hermano Plácido, se coloca entre ambos con intención de separarles, recibiendo un puñetazo en la cara. Dª María Dolores fué asistida en el Hospital de Cruces por presentar "hematoma palpebral".

Resulta probado igualmente que el día dieciocho de junio de dos mil uno, D. Paulino se presentó en el Restaurante antes citado, Zuazo, sito en Berango, y provisto de un cuchillo, comenzó a tratar de clavarlo en la puerta del establecimiento, al tiempo que profería expresiones, entre otras, "te voy a matar" en referencia a D. Plácido. Luego de permanecer un tiempo en el exterior del establecimiento de ese modo, se fue.

Resulta probado igualmente que, al día siguiente se presentó nuevamente en el establecimiento citado, y cuando fué visto por D. Plácido, éste, esgrimiento una escopeta, se enfrentó a D. Paulino, habiendo un forcejeo entre ambos al intentar D. Paulino arrebatar el arma a D.Plácido, que consiguió, entregando D. Paulino la escopeta que había arrebatado a D. Plácido, a la Guardia Civil de Laredo. D. Plácido resultó herido en la mano, sin que se haya acreditado ni el modo en que se produjo la lesión, ni el alcance de la misma.

Resulta igualmente probado que el día veintiocho de junio de dos mil uno, D. Paulino dijo a la madre de Dª María Dolores, Dª Soledad, "que iba a matar a María Dolores y que la iba a mandar en un plástico, y que iba a quemar la casa de Soria".

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Condenado D. Paulino como autor de: a)un delito de violencia habitual hacia la persona de su ex-compañera Dª María Dolores; b)una falta de daños; c)un delito de amenazas; d) otra falta de daños; e)una falta de lesiones producidas a D. Plácido; f)una falta de amenazas; g)otras dos faltas de amenazas; y h)otras dos faltas de amenazas, se alza su defensa solicitando la absolución de su patrocinado, en base a las siguientes alegaciones: a)En relación con el delito de violencia habitual, se ha valorado erróneamente la prueba aportada, puesto que no existe ninguna de entidad para declarar probada la existencia de todos y cada uno de los elementos del tipo delictivo; b)no existe prueba suficiente en relación con el resto de delitos y/o faltas por las que ha sido condenado el apelante, puesto que no se han aportado ni las habitualmente exigidas en relación con este tipo de hechos, ni algunas de las referidas en la sentencia se han traído a la causa con sujeción a las normas más elementales de aplicación al proceso penal.

PRIMERO.- El derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 24.1 de la C.E ., comprende, entre otros derechos, el de obtener de los jueces y Tribunales una resolución fundada en Derecho, y exige que las sentencias expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos; esto es, que estén motivadas de forma bastante, lo que además venía ya preceptuado en el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y está prescrito por el artículo 120.3º C.E. Se ha elaborado, en este aspecto, una extensa doctrina por el Tribunal Constitucional (Sentencias, entre otras, 16 , 58 y 165/1993 ; 28 , 122 ,177/1994 ; 158/1995 ; 46/1996 , 54/1997 y 231/1997 ) y por el Tribunal Supremo (Sentencias de 23 de septiembre y 30 de diciembre de 1996 ; 21 de enero , 5 de mayo y 11 de noviembre de 1997 ; y 6 de marzo de 2000 , entre ot ras), fijadora de los requisitos y el alcance de la motivación; según la cual ésta debe abarcar tres aspectos de la sentencia penal:

a) La fundamentación del relato fáctico, con la exposición de las pruebas de las imputaciones que el mismo contiene;

b) La fundamentación de la subsunción de los hechos declarados probados en el tipo penal procedente (con análisis de los elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo y circunstancias modificativas); y

c) La fundamentación de las consecuencias punitivas y de responsabilidad civil, en el supuesto de condena, lo que comportará motivar la individualización de la pena.

En este sentido, podemos recordar cómo (entre otras resoluciones) la sentencia 193/1996, de 26 de noviembre, del Tribunal Constitucional , reiterando una doctrina bien consolidada, contiene que es "... exigencia ineludible de las resoluciones judiciales que adoptan la forma de autos o sentencias, el proceder a su motivación. Esta no es un simple complemento de la decisión de Jueces y Tribunales, sino que constituye un elemento decisivo en la formación de tales resoluciones, reconocida y establecida constitucionalmente en el art. 120,3 , y que contribuye decisivamente a dotar de una relevante significación a la decisión judicial, explicando el por qué de la convicción alcanzada respecto de los hechos probados, esto es, en lo atinente a la determinación de las pruebas en las que el órgano judicial se ha basado para llegar a la existencia de los mismos, así como en lo referente a los fundamentos de derecho, razonando el proceso de subsunción de los hechos probados en las correspondientes normas jurídicas, e incluso el uso que se hace del arbit rio judicial en los casos en que éste procede . ".

La razón de tal exigencia es perfectamente comprensible: la ausencia de valoración de la prueba practicada, o la falta de invocación de la que sirvió de fundamento de la convicción judicial, provoca una grave indefensión para las partes que se crean agraviadas, ya que se ven obligadas a hipotetizar sobre cuáles pudieron ser los motivos que guiaron al juzgador de instancia a adoptar su decisión; y, además, porque colocan en una incómoda posición al órgano de instancia, quien se ve imposibilitado de revisar el proceder de aquél.

En cumplimiento de tal obligación, refiere el juez de lo Penal, que llega a la conclusión de que se han producido los hechos que consigna como probados, en base a las manifestaciones de la denunciante, Dª María Dolores, del hermano de ésta, Plácido; de su padre (ya fallecido, y, por lo mismo, no compareciente al acto de juicio) y de los agentes de la ertzaintza. Como elementos de corroboración considera el informe del Equipo Psico-Social e informes elaborados por la ertzaintza, e informes de asistencia médica, no adverados por sus emitentes, sin que conste examen por el médico forense de los supuestos lesionados.

TERCERO .- De la lectura de la sentencia y de las diligencias de instrucción se extrae una sensación de confusión en orden a la determinación de los hechos denunciados, de las pruebas o elementos indiciarios aportados a la causa, e incluso de la valoración efectuada por el Juez a quo.

Atendiendo a una de las alegaciones que efectúa el apelante en relación con la consideración como prueba de las manifestaciones del padre de la Sra. María Dolores (ya fallecido, como se ha reseñado), hemos de traer el contenido de la STS de 2-julio de 2004 que, como puede observarse, tiene referencia a cuestiones directamente relacionadas con el tenor de la prueba que puede considerarse eficaz para enervar la presunción de inocencia: "....La regla general en el proceso penal es que el Tribunal deberá valorar las pruebas practicadas en el juicio oral. Excepcionalmente es posible incorporar al juicio pruebas practicadas con anterioridad, como los casos de prueba preconstituida y anticipada. De conformidad con el art. 730 de la LECrim , podrán leerse en el juicio oral a instancia de cualquiera de las partes las diligencias sumariales que, por causas independientes a la voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral. Expresamente los arts. 448 y 797.2 de la LECrim .contemplan el caso de que pueda preverse la imposibilidad o alta dificultad de oír directamente al testigo en el juicio oral, disponiendo que el juez proceda a recibirle declaración con la presencia de las partes a cuyo efecto citará a éstas adecuadamente, dando lectura a las declaraciones posteriormente en el juicio oral.

La jurisprudencia ha aceptado tal forma de proceder cuando se trate de testigos que hayan fallecido; cuando se encuentren en el extranjero fuera de la jurisdicción del Tribunal de forma que no sea posible obligarles a comparecer; y cuando se encuentren en paradero desconocido, habiendo resultado infructuosas las gestiones practicadas para su citación y las diligencias policiales encaminadas a su localización.

Para que sea posible valorar el contenido de estas diligencias es preciso que hayan sido practicadas en fase de instrucción de forma inobjetable , lo que exige que se hayan practicado a presencia judicial y que no se haya impedido la presencia e intervención de las partes en ese momento personadas. Esta posibilidad de presencia viene impuesta por el derecho del acusado a interrogar o a hacer interrogar a los testigos que se recoge expresamente en el art. 6.3.d) del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en el art. 14.3.e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .

Sentado lo anterior con carácter general, observamos que, en el acto de juicio oral, además de interrogar al acusado (que ha negado la interpretación de los episodios relatados que se da por la acusación) se han escuchado las manifestaciones de: 1.- Dª María Dolores, que fué compañera del Sr. Paulino durante varios años; 2.-El hermano de ésta, D. Plácido; 3.- El testigo D. Luis Angel; 4.- testifical de Dª Soledad (madre de Dª María Dolores) y 5.-los agentes de la ertzaintza núms. NUM006 y NUM007.

Por otro lado, las diligencias de instrucción consisten, básicamente, en la unión de denuncias, informes de la policía (con reiteración de copias de todo ello). Como diligencias de instrucción practicadas a presencia judicial, constatamos:

1.-Declaración de Dª María Dolores (folio 27) en que retira denuncia que realizó en sede policial (folio 3) en febrero de dos mil cinco (hace cinco años). En similar sentido (no quiere continuar) se expresa en comparecencia obrante al folio 273. Más adelante, transcurridos algo más de cuatro años y medio de la inicial denuncia, en octubre de dos mil cuatro (folio 515) expresa que quiere continuar con "todo" y mantiene la denuncia;

2.- Declaración de D. Plácido (folio 195) en que manifiesta, al igual que su hermana, que "no quiere saber nada y que retira la denuncia contra el aquí acusado".

Nunca declararon a presencia judicial durante la instrucción, ni el padre ni la madre de la denunciante. Por otro lado, algunos de los agentes de la ertzaintza que han elaborado una serie de informes unidos a la causa (obrantes a los folios 58; 255 y ss.; 400 y ss.) se ratifican en su contenido: Decimos que algunos ("en parte") porque únicamente comparecen al acto de juicio los agentes núms. NUM008 (para, simplemente, mantener el contenido de los folios 400 y ss.) y el agente núm. NUM006 (para ratificarse, igualmente, en el contenido de los folios 255 y ss.). Leído el contenido de tales "informes" se trata de valoraciones efectuadas por los agentes, en base a lo referido "en conversaciones telefónicas" mantenidas por estos testigos, fundamentalmente con Dª María Dolores, y también con los familiares de ésta.

Sabido es que la doctrina sobre los testimonios de referencia tiene una amplia evolución, y como nos recuerda numerosa jurisprudencia ( STS de 25-X-1.993; 23-IX-1.997; 4-VII-2000 ; ) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado práctica contraria a lo dispuesto en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la posibilidad de sustitución del testigo directo por el indirecto, sin causa legítima que justifique su inasistencia (SS dictadas en los casos Delta, Isgro; Asch, Windisch, Kostovski, Lüdi..........entre otras). En el presente supuesto, las referencias que "traen" los agentes (en que se ratifican) lo son de quienes ya han comparecido en el acto de juicio, salvo el padre de la denunciante, fallecido, quien, en principio debió ser llamado en su momento, y ante el juez de instrucción, para ratificarse (en su caso) en las declaraciones que prestó ante la policía, pero observamos: a) de la lectura de los folios en que constan las diligencias practicadas por los dos agentes comparecientes al acto de juicio, que tales "exposiciones de hechos" no recogen siquiera referencia al padre de la Sra. María Dolores; b)la diligencia de la policía (en que se relata lo que se les refiere y "valoran" los hechos)que consta al folio 58 (de fecha 20 de junio de 2001) en que sí se recogen referencias del padre fallecido, no ha sido ratificada a presencia judicial: El Instructor, agente núm. NUM009 que la efectúa, firma y aporta al juzgado (valor de mera denuncia) no fué ni siquiera propuesto como testigo por la acusación; c)ni siquiera se pidió la lectura de la declaración prestada ante el instructor policial (no válida al efecto alegado por la defensa en su escrito) en el acto de juicio.

Con idéntica forma de proceder (en base a referencias) consta en las diligencias un "informe" elaborado por el Equipo Psico-Social (folios 349 y ss.) sin que, en ningún momento haya comparecido la denunciante ante los técnicos y/o peritos de tales servicios. Éstos confeccionan el "informe" pedido por el Juez Instructor, en base a "la documentación obrante en el juzgado y estudiada por los peritos" (folio 350). Además de ser una obviedad que el examen y valoración de "ese tipo de documentación" corresponde, en todo caso, al Juez, quien emitió tal "documento" tampoco compareció al acto de juicio.

Resulta evidente que estos documentos e informes de referencia, nunca pueden ser consideradas prueba, ni plena, ni indiciaria ni siquiera como elementos o datos de corroboración periférica, como más adelante reseñaremos. Tampoco puede otorgarse validez al testimonio del fallecido, por no haberse introducido ni en la instrucción de la causa ni en el plenario, conforme a los requisitos señalados.

TERCERO.- Como se ha reseñado más arriba, la prueba aportada a la causa es el testimonio de personas que han tenido una, aparentemente, "tumultuosa y problemática" relación con el acusado, y cuando nos encontramos ante estas situaciones, la aptitud como prueba de cargo mínima de tales declaraciones se adquiere a partir de que su contenido quede mínimamente corroborado, considerándose como tal la existencia de hechos, datos o circunstancias externas que avalen de manera genérica la verosimilitud de la declaración, debiendo observarse en cada caso cuáles son los elementos de aportación mínimamente exigibles. No puede otorgársele validez, si no resulta mínimamente corroborada por otra prueba. El tradicional criterio de la ausencia de intereses bastardos en la incriminación se complementa en la moderna jurisprudencia por la de corroboración externa de la declaración incriminatoria.

Por ello, y además del "requisito negativo", es decir, la ausencia de móviles o motivos que permita valorar esa incriminación restándole capacidad probatoria, o que el único testigo haya realizado la incriminación por móviles espurios, como odio personal, venganza, obediencia a terceras personas, sobornos o resentimientos, el órgano encargado de la valoración de la prueba, podrá obtener la convicción necesaria basado en la credibilidad del testimonio sobre los que deberá realizar un análisis racional, en el que se examina la existencia de tales corroboraciones. No se convierte a estas corroboraciones en pruebas independientes, sino que han de ser tenidas en cuenta para realizar la valoración de la declaración del testigo, que, se reitera, en ocasiones como éstas ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externos para que pueda estimarse corroborada, dejando, por lo demás, a la casuística la determinación de los supuestos en que puede considerarse que ha existido esa mínima corroboración, tomando en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso.

DELITO DE VIOLENCIA HABITUAL .- Nos recuerda la STS de 24-III-2003 , que El delito de maltrato familiar o violencia doméstica tipificado en el art. 153 del CP constituye un plus diferenciado de los individuales actos de agresión que lo generan, según el acertado criterio del nuevo CP/1995, porque el bien jurídico protegido por el art. 153 CP , trasciende y se extiende, como ha destacado esta Sala en varias ocasiones, más allá de la integridad personal al atentar el maltrato familiar a valores constitucionales de primer orden, como el derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad -art. 10-, que tiene su consecuencia lógica en el derecho no sólo a la vida, sino a la integridad física y moral con interdicción de los tratos inhumanos o degradantes -art. 15-, y en el derecho a la seguridad -art. 17-, quedando también afectados principios rectores de la política social y económica, como la protección de la familia y la infancia y la protección integral de los hijos del art. 39 (En este sentido, SS. de 24-VI-2.000; 18-IV-2002 )- Los concretos actos de violencia sólo tiene el valor de acreditar la actitud del agresor y por ello se sancionan separadamente, no impidiendo la sanción adicional de la conducta de violencia doméstica como delito autónomo, con sustantividad propia. El bien jurídico protegido, como se ha dicho, no es propiamente la integridad física de los agredidos. Si lo fuese no podrían sancionarse doblemente las agresiones individualizadas y, además, la violencia habitual integrada por las mismas, sin vulnerar el principio non bis in idem. El bien jurídico protegido es la pacífica convivencia familiar, por lo que no se trata propiamente de un delito contra las personas sino contra la relaciones familiares, pese a su ubicación sistemática .( 22-I-2002.)-

Por lo que respecta al concepto de habitualidad, hemos de recordar igualmente el contenido de la citada sentencia (STS 24-III-2003) que nos dice que: "-El adverbio «habitualmente» fue introducido por la L.O. 3/1.989, de 21 de junio , con el nuevo tipo penal del art. 42.5 del C. Penal de 1.973 , antecedente del actual art. 153 del CP vigente de 1995-.Esta Sala interpretó, a partir de entonces, que el comportamiento habitual era uno de los elementos vertebradores del tipo penal, y estimó, en la STS de 17-IV-1.997 , que la repetición de actos constitutivos de faltas, individualmente considerados, constituían delito al producirse de modo habitual-. La Ley Orgánica 14/1.999 de 9 de junio , modificó el art. 153 del CP para robustecer la protección a las víctimas, incorporando la violencia psíquica y añadió un nuevo párrafo que proporciona una definición de la habitualidad en el que se establece que: « Para apreciar la habitualidad a que se refiere el párrafo anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados , así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores ». Y continúa expresando que -.. La habitualidad se vertebra así alrededor de cuatro datos: pluralidad de actos, proximidad temporal, pluralidad de sujeto pasivo siempre que sea uno de los integrantes de la unidad familiar y finalmente independencia de que tales actos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento anterior. La habitualidad, término de clara raíz criminológica, viene a constituirse en el elemento configurador del tipo y aparece definida por la concurrencia de los elementos citados, que deben ser tenidos en cuenta por el Juez para alcanzar el juicio de certeza, en cada caso, sobre su concurrencia o no; por ello es concepto necesitado, como casi todos los jurídicos, de la interpretación judicial individualizada - Reiteradamente ha precisado esta Sala que al concepto de habitualidad, considerado como elemento valorativo en el art. 153 no le afecta la definición legal del art. 94 CP que desenvuelve su eficacia exclusiva respecto a la suspensión y sustitución de las penas privativas de libertad (Entre otras, STS de 18-IV-2002 ), sino que el Juez ha de llegar a la convicción de que la víctima vive en un estado de agresión permanente. Por ello ha de excluirse la consideración jurídico-formal de la habitualidad para entenderse como un concepto criminológico- social. Será una conducta habitual la de quien actúa repetidamente en la misma dirección, con o sin condenas previas (en el supuesto de que éstas se hayan producido serán valoradas como una prueba más de ese requisito de la habitualidad; pero también puede demostrarse por otras pruebas distintas ese requisito).

No difiere en gran medida lo consignado al respecto en la sentencia con lo expresado en los párrafos anteriores, y asume la defensa igualmente lo que se ha expresado con carácter general: En lo que discrepa es en que nos encontremos ante un delito de estas características.

Como base para considerar que se dan los elementos del tipo delictivo, expresa el Juez a quo, que tenemos: a)una agresión física acaecida el once de febrero de dos mil; b)las denuncias que se presentaron por parte del padre; c)las manifestaciones de la madre de la Sra. María Dolores, Dª Soledad.

El Juez a quo se refiere a que ha de valorarse si "la conducta del acusado conforma una unidad teleológica habilitante del presupuesto del art. 173-2 del C. Penal " y para ello habrán de consignarse algunos (siquiera) de los actos violentos que se dicen protagonizados por el acusado hacia Dª María Dolores. No olvidemos, como se recoge en la sentencia, que, habiéndose denunciado que los hechos acaecieron antes de la reforma operada en el art. 153 del C. Penal por la L.O. 11/2003 , han de haberse producido varios episodios violentos, y con una clara intención de menoscabo de la dignidad de la posible perjudicada : A pesar de que, en alguna de sus contradictorias manifestaciones la Sra. María Dolores mantiene que "ha sufrido constantes malos tratos" en el acto de juicio, su versión es bien distinta. Nos dice que: "Nunca ha convivido obligada con el acusado, y a pesar de conocer que había una orden de alejamiento, él fué a Canarias y estuvieron juntos. No le llamó ella, pero fué....y otra vez se pusieron de acuerdo" (para estar juntos). No concreta un solo episodio de agresión física, y el único al que se refiere la sentencia es dudoso que sea en el curso de una "relación de dominación en la pareja, en que se trate de doblegar la voluntad de la mujer, de menospreciarla, de atentar contra su integridad física, psíquica y moral" ; todo ello en relación con el contexto a que se ha hecho referencia más arriba.

Ese único episodio de violencia física se dice producido en febrero de dos mil (folio 3) en que denuncia que su "compañero le golpeó en la cara"; sin embargo, más adelante, además de explicar que "la relación con él es buena, y no desea ser reconocida por el médico forense" (folio 27) explica (acta de juicio) que "el golpe lo recibe cuando se mete a separar a su hermano y a su (entonces) compañero" que estaban discutiendo por una cuestión que ninguna relación guarda con lo que es objeto de protección en este tipo de supuestos (sobre los motivos de las discrepancias entre el acusado y su cuñado habremos de volver): Si ponemos en relación el relato de hechos con los elementos del tipo de lesiones, sí puede hablarse de dolo en el acometimiento, aunque no sea un golpe dirigido de forma expresa a la denunciante, sino que ésta recibe "porque se coloca en una discusión en que, ni ella ni su relación con el acusado era cuestión". Pero a salvo tal episodio violento, no se ha aportado un solo dato (siquiera relatando episodios de agresión concretos) en el sentido de que en el domicilio en que residieron ambos (convivencia exigida en la redacción del precepto anteriormente vigente) se produjera algún episodio concreto (data, circunstancia definida y descrita) en que sustentar episodios de violencia física y/o psíquica habitual. No es suficiente una manifestación genérica, y además, modificada, retirada, luego reiterada.......sin ningún otro soporte de ninguna clase.

Las amenazas que se dicen recibidas (sobre cuya realidad se volverá) tampoco pueden servir para sustentar los elementos del tipo: La declarante ha expresado que nunca fué obligada a vivir con el acusado (habrá de entenderse que ni inicialmente ni las reconciliaciones fueron forzadas o impuestas) y ya se ha explicado que no consta aportado elemento corroborante de esa violencia que se dice ejercitada (ni informes médicos, ni testigos, ni siquiera manifestaciones de la familia con contundencia al respecto). Ha de acreditarse, tanto los episodios de violencia y su incidencia en la voluntad, personalidad, psique de la mujer a la que afectan los mismos para ser considerados como constitutivos de ese delito: Además de que el testimonio del padre (por la forma en que se ha procedido y se ha reseñado más arriba) no puede considerarse como elemento de prueba ni corroborador, es también de reseñar que el Sr. Ismael refirió "lo que su hija le había dicho" (al folio 80 lo único que refirió como directamente escuchado es que el Sr. Paulino le llama "hijo de puta", el resto de relato es referencia de una de sus hijas que ha escuchado de la otra, María Dolores; y la denuncia obrante al folio 104 en lo que a la supuesta exhibición de un destornillador a María Dolores relata, es igualmente referido por ésta a su padre, al parecer, y por éste a la policía. En el acto de juicio María Dolores expresa, de forma rotunda, que "no hubo ningún destornillador").

No existe más prueba, y de lo consignado no puede deducirse que el acusado amenazara, de forma reiterada, ni insultara, del mismo modo, a Dª María Dolores. Varias de las amenazas que los propios testigos refieren lo son a ellos, no a la entonces compañera del acusado, y si a esto unimos que ella "nunca se ha sentido coaccionada" resulta difícil deducir lo que la sentencia sostiene.

Es cierto que existe una diferencia entre el ilícito de la amenaza (condicional) y la coacción, pero en relación con los elementos del delito que ha servido para calificar los hechos y las referencias generales al mismo, es dato importante que la perjudicada mantenga que "nunca estuvo con el acusado contra su voluntad" (tiempo después de haberse producido ya la ruptura entre ambos, y sin ninguna prueba sobre "dependencia" síndrome de "Estocolmo", etc.) : De ser cierto el clima de tensión, miedo, etc...y dado que ya no mantiene tal relación sentimental, su testimonio parece que debió ser otro.

Por ello ha de absolverse al acusado del delito de maltrato habitual.

FALTA DE LESIONES .- Los elementos básicos que dan lugar al nacimiento de la infracción que supone agresión contra una persona son los siguientes: a)Originar un daño o mal que menosbace la integridad corporal o la salud física o mental del sujeto pasivo del delito o falta; b)Que dicho resultado se lleve a cabo por cualquier procedimiento o por cualquier medio, comprensivo dentro de los mismos, tanto la fuerza física del sujeto activo de la infracción como la utilización por el mismo de cualquier otro medio dirigido a la finalidad de lesionar; c)relación de causalidad entre la acción ejecutada y el resultado sobrevenido; d)la existencia de del dolo genérico de lesionar o ánimus laedendi , requisito o elemento subjetivo del injusto, dolo general indiferenciado o inespecífico, genérico o indeterminado de lesionar, sin que sea preciso que el agente se represente y desee una duración de las lesiones de exacta dimensión o unas consecuencias residuales de mayor o menor gravedad.

La consideración del resultado así producido como delito, o como falta, viene determinada para esta última calificación con el dato de que no precisaren tratamiento médico o sólo exigieren la primera asistencia facultativa, sancionando igualmente al que golpeare o maltrate de obra a otro sin causarle lesión.

A.- En relación con los elementos reseñados, no cabe duda de que el acometimiento padecido por la Sra. María Dolores supone la falta de lesiones, puesto que, aún cuando no parece que la intención de lesionar lo fuera hacia ella (reiteramos que ha mantenido la versión de que "cuando se metió en medio" le llegó el golpe) sí existió un acometimiento y dolo de lesionar (siquiera desde el punto de vista del dolo eventual) a "quien se colocara delante", y aún cuando ella renunció en más de una ocasión a ser reconocida por el médico forense, e incluso a continuar el procedimiento, es una falta pública y objeto de acusación por el Ministerio Fiscal, refrendada por un parte médico que, si no como prueba, sí es corroborador del episodio relatado.

B.- Por lo que respecta a la falta de lesiones por la que ha sido condenado en relación al hermano de la Sra. María Dolores, hemos de traer una serie de elementos periféricos que llevan a dudar del modo en que se produce el hecho lesivo: a)consta un parte de asistencia médica (folio 72) en que se lee que el diecinueve de junio de dos mil uno, al mediodía (13,20 horas) D. Plácido ha sido atendido por presentar "herida superficial en mano izquierda" (en similar sentido documento obrante al folio 114); b) son contestes los intervinientes en que se produjo un altercado el día diecinueve de junio, pero no en cuanto a los términos en que se dió: Así, al folio 189 y ss. de la causa, obra unido el atestado confeccionado por la Guardia Civil de Laredo, en que D. Paulino entrega una escopeta a la policía, "que le había arrebatado al Sr. Ismael, cuando éste le estaba encañonando". La causa de esta discusión (como se ha dicho) no es la relación de Dª María Dolores con el acusado, sino una cuestión económica de éste con su cuñado (al parecer un préstamo, la entrega de un objeto embargado como pago del mismo, etc...) y la secuencia es confusa, puesto que, en tanto el acusado relata que "fué encañonado por Plácido con una escopeta y él se la arrebató, ignorando si, en ese momento, se produce o no algún golpe, herida", el lesionado, con su actitud (no dejarse siquiera examinar por el médico forense) no permite valorar si su relato ("el acusado arremetió varias cuchilladas, y únicamente le alcanzó una") es compatible con el resultado de esa herida superficial en la mano (¿en qué zona?). No constan testigos del hecho, y la ausencia del informe médico como elemento corroborador de la etiología de la lesión, impide valorar todos los elementos expresados, máxime si también es cierta la presencia de un arma de fuego, y la acción del acusado de arrebatársela al denunciante (si es cierta la reiteración de la presencia del acusado en el modo descrito, ¿no hubiera sido más acorde con ello avisar a la policía en la primera ocasión en que se vuelve a presentar?).

No se han aportado elementos de prueba posibles y necesarios a fin de determinar el modo en que se produjo esa lesión. El testigo Sr. Luis Angel no presencia agresión alguna, sino el episodio ocurrido el día anterior al que el Sr. Plácido exhibió una escopeta.

FALTAS DE DAÑOS .- La acción de dañar es definida por el Diccionario de la Real Academia Española como aquella que "causa detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia; acción de maltratar o echar a perder una cosa", habiendo exigido el T. Supremo para considerar el ilícito con transcendencia penal, dos requisitos expresados en el tipo: a)la realidad y cuantía del menoscabo patrimonial sufrido por el sujeto pasivo del ilícito; b)la intención o ánimo del agente, y que sus actos de ejecución demuestren de modo cumplido su designio de querer directa y exclusivamente causar un daño sin otro propósito que pudiera exculpar su acción ( SS, entre otras, de 4-XI-82; 2-XII-82; 6-XII-83; 25-II-84; 29-III-85; 17-IX-86 ...): Ni los agentes que dicen ver el daño (folio núm. 77) comparecen, ni el denunciante ha aportado documento alguno del que deducir esa realidad y cuantía del menoscabo sufrido. Si las ruedas fueron "rajadas" habrán sido reparadas, y si el vehículo tuvo otro tipo de daños, lo habrán reparado (la referencia de la fecha de la denuncia, con la de la factura, entre otros elementos "objetivos") pudieran servir al fin de probar la realidad del daño que no puede serlo únicamente con las manifestaciones del denunciante, y el confuso relato de Dª María Dolores (reseña la declaración obrante al folio 3 que, en lo que respecta al modo de producirse las lesiones de ésta, ha sido modificado). La propia policía o el Juzgado de Instrucción debió requerir al denunciante para que aportara la documentación que acreditase el daño (renunciaron a continuar con la causa, pero bien pudieran documentar la realidad de elemento tan básico de la infracción para el acto de juicio, o a requerimiento de quien ejerce acusación) máxime si "las ruedas fueron pinchadas en más de una ocasión" (la reparación y reposición de este quebranto tiene un efecto económico considerable y conocido por cualquier usuario de vehículos a motor).

AMENAZAS .- Como se ha reseñado al inicio, D. Paulino es condenado por dos delitos de amenazas y por cuatro faltas de amenazas:

La amenaza supone un ilícito de simple actividad, de expresión o de riesgo, y no supone la verdadera lesión, puesto que, en ese caso entraría en juego el ilícito concreto que se refiera al resultado. El bien jurídico que se protege es la libertad del ser humano, y el derecho que todos tenemos al sosiego, a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de la vida, suponiendo el núcleo del ilícito el anuncio, a través de hechos o de expresiones, de causar un mal que constituya delito, y que puede afectar, bien a su persona, a su honra, a sus derechos o a su libertad. Ese mal, además de ser futuro, injusto, determinado y posible, depende en su realización de la voluntad del sujeto activo, y produce la natural intimidación al amenazado, y han de valorarse las circunstancias del momento y ocasión en que se profiere, las personas intervinientes, los actos anteriores, simultáneos y sobre todo posteriores al hecho material de la amenaza. El dolo específico de este supuesto supone el ejercer una presión sobre quien aparece como víctima, atemorizándola y privándola de su tranquilidad y sosiego.

La diferencia entre el delito y la falta reside en la gravedad de la amenaza, estableciendo el tipo alegado por la acusación, de modo expreso la LEVEDAD para la falta, levedad que se valora, como todos los elementos expresados, en cada supuesto concreto.

Considera probado el Juez a quo, que el dieciocho de junio y el veinte de junio de dos mil uno, se produjeron amenazas graves, y que son susceptibles de encuadrarse como delito:

A.- En relación al día dieciocho de junio de dos mil uno, consta la denuncia interpuesta por D. Plácido, quien relata un episodio violento: El acusado se presenta en el establecimiento hostelero en que D. Plácido trabaja, y en presencia de otra persona (El testigo Luis Angel) profiere amenaza de muerte. Este testigo queda sorprendido por la agresividad de esta persona, por la exhibición de un cuchillo. Es cierto, como dice el letrado de la defensa que no conocía a quien así obró, y que fué el denunciante quien indicó al testigo que "la persona que se comportaba de un modo tan agresivo era el novio de su hermana", pero el testimonio del denunciante, junto con la referencia efectuada por un testigo que ninguna relación guarda con la familia, son de entidad suficiente para declarar probado el hecho y considerarlo de entidad suficiente para superar el umbral de la levedad prevista en el art. 620 del C. Penal : Es cierto que, en la redacción vigente de este tipo penal, la exhibición de un arma no es considerada necesariamente una amenaza grave, pero el modo agresivo de aparecer, la introducción de la navaja en la puerta del establecimiento (según el propio testigo, aún cuando no sabemos si produjo daño o no) son elementos periféricos de los que deducir que, en aquel momento, el anuncio del mal era suficiente para producir un desasosiego importante en cualquier persona.

Por ello se confirma la valoración y tipificación efectuada por el Juez a quo en relación con este tipo de expresión vertida hacia la persona de D. Plácido.

B.- En relación con la supuesta amenaza sufrida por Dª María Dolores el veinte de junio de dos mil uno (folio 104) no contamos sino con el testimonio de ella, puesto que, como se ha referido más arriba, sus padres no están presentes "en el supermercado" y ella ha modificado los términos del relato (en el acto de juicio mantiene que "no hubo ningún destornillador).

Del conjunto de datos que se atisban de las diligencias, sí parece que: a)el acusado, cuanto menos en aquella época, aparece como una persona conflictiva; b)la familia de Dª María Dolores no tiene buena opinión de él, y no le consideran apropiado para su hija; c)sin embargo, ella "nunca ha estado obligada por él". Estos elementos son suficientes para dudar de si, en todas las ocasiones en que ella refiere (y corroboradas por las manifestaciones de quien recibe su testimonio) sea cierta la existencia del "anuncio de un mal": ante el panorama esbozado, y la dificultad que pudieran tener los padres (o la familia) para entender y/o asumir la relación, el sustentarla en una situación como la que ella, en alguna ocasión describe (en otras se desdice) y todo esto plantea serias dudas sobre lo realmente acaecido entre D. Paulino y Dª María Dolores (después de algunos años, ella "se pone de acuerdo", a pesar de existir una orden de alejamiento, para estar juntos). Es igualmente llamativo que en el acto de juicio (así se recoge textualmente en el acta) ella mantenga, ahora, ya superada la relación que: "que no le tiene miedo, luego dice que sí le tiene, y que no le tiene miedo".

En relación con los elementos de corroboración periférica antes reseñados, es igualmente llamativo que, habiéndose "invertido" más de cuatro años en la instrucción, y explicando los denunciantes, que "las amenazas se producen por teléfono", no se haya efectuado diligencia de constancia de la existencia de esas llamadas, número del que provenían....Igualmente, en relación con el relato de la madre de Dª María Dolores, Dª Soledad, en el relato que su difunto esposo y ella efectúan ante el Instructor del atestado (folio 104) aluden a la presencia física del acusado en el portal del domicilio ("se lo ha dicho una vecina") pero no aportan ni siquiera el nombre de la vecina, para que, como mínimo, durante la instrucción, se tomara declaración a esta persona.

El "carácter nervioso" del acusado (expresado así por la denunciante, y evidenciado en el episodio previo al juicio en que debió ser asistido por la médico forense) y los altibajos de la relación entre la denunciante y D. Paulino, y dadas las denuncias presentadas, debieron llevar a intentar probar, con elementos de mayor objetividad, los hechos denunciados; sin embargo, esos elementos, junto con las manifestaciones de la madre de Dª María Dolores, Dª Soledad, llevan a considerar que no es una valoración ilógica ni irracional la de considerar que, cuando Dª Soledad comparece al acto de juicio, y explica que "ha sufrido amenazas de muerte y ha temido por su vida y la de sus hijos" el relato no sea real" ("que iba a matar a su hija, que iba a quemar la casa de Soria" amén de otras "lindezas" recogidas en el atestado, que no han sido reproducidas, y no se ha condenado al acusado por una falta de injurias) y que en esa situación, y dado el antecedente acaecido el dieciocho de junio, las expresiones proferidas el veintiocho de junio hacia Dª Soledad, se considran una amenaza que supera la falta para entrar en la categoría más grave, la del delito. El Juez a quo ha tenido a su presencia a la madre y su testimonio le ha merecido verosimilitud, que junto con el de la hija y el hijo llevan a considerar probadas los dos episodios de amenazas graves; sin embargo, no puede considerarse la existencia de otros episodios que, si bien el juez ha calificado como leves, también debieron ser probados, y no se observan como tales a la vista de cuanto se ha reseñado. Sin embargo, contrariamente a lo que se observa desde esta instancia, el episodo probado de amenazas a la madre, vertidas el veintiocho de junio, ha sido calificado como leve (no lo creemos así) por lo que, en aplicación del principio acusatorio hemos de condenar únicamente por una falta de amenazas, y no por un delito, como es proferir tales expresiones.

Por todo ello se modifican los hechos probados en el modo en que se hace expresión en el apartado correspondiente.

No se ha aportado elemento alguno en relación con el supuesto incumplimiento de la orden de alejamiento (ha de haberse aportado la resolución concreta, no la referencia a un proceso de cuyo resultado tampoco se aporta documento alguno) y ni siquiera aparece denuncia del quebrantamiento de la medida. Junto con los extremos puestos de manifiesto en relación con la actitud de Dª María Dolores, parece que, en muchos momentos (después de dictar la medida, sobre cuyo modo de adopción, notificación, etc. aparecen igualmente "peculiaridades" en la causa) la "protegida" quiso estar con el imputado.

La jurisprudencia viene manteniendo que la conducta de la víctima puede tener influencia en la atipicidad de la conducta del obligado por la prohibición de acercamiento. En los casos en los que la persona protegida por la prohibición de acercamiento manifiesta al obligado por la medida cautelar su renuncia a la misma, bien sea expresamente, bien mediante actos concluyentes, debemos entender que la infracción de la medida cautelar resulta atípica penalmente. Por ello ha de suprimirse cualquier referencia en el relato de hechos a esta cuestiones.

CUARTO.- De todo lo anterior ha de concluirse que el acusado, D. Paulino es autor responsable de UN DELITO DE AMENAZAS, otro ilícito de amenazas, pero con la consideración de falta, por la cuestión procesal referida, y de una falta de lesiones, debiendo absolvérsele del resto de infracciones, al no haberse aportado a la causa prueba concluyente que concrete la realidad de los episodios violentos denunciados, con evidencia exenta de duda.

Se ha hecho mención más arriba a que la instrucción se ha demorado por más de cinco años, sin que se observe que haya estado interrumpida por causa imputable al acusado; por otro lado, la relación entre ellos ha cesado y no existe ninguna comunicación del Sr. Paulino con la denunciante y su familia. Por este motivo se imponen las penas privativas de libertad, previstas en el art. 169 del C. Penal (delito de amenazas) en su grado mínimo; y por lo que a la falta de lesiones se refiere, se le impone la pena de MULTA DE CUARENTA DÍAS, a razón de SEIS EUROS/DÍA (No consta la situación económica del acusado, pero aparece como persona normalizada desde el punto de vista económico y/o laboral) y en cuanto a la falta de amenazas, se impone la pena máxima prevista en el art. 620-2º del C. Penal , veinte días de multa, a razón de la misma cantidad.

Los arts. 48 y 57 del C. penal , vigentes en la fecha de los hechos, permiten al Juez establecer, como pena accesoria en los delitos contra la libertad (el de amenazas lo es, como lo indica el Titulo en que se ubica el Capítulo en que se contiene este tipo penal) la de prohibir al condenado acercarse a la víctima, y así se concretará en el fallo, considerándose adecuado a la entidad de los hechos que lo sea por un año.

QUINTO.- Se establece una cuantía por indemnización de daños morales sin justificación o razonamiento alguno, por lo que se tiene por no impuesta. Ha de razonarse y concretarse adecuadamente este aspecto del pronunciamiento.

Las costas de la instancia se limitarán a las derivadas de los delitos y la falta por la que es condenado ( art. 123 del C. Penal ) y las de esta alzada, al estimarse en parte el recurso de apelación, han de ser declaradas de oficio (art. 240 y ss. de la L.E.Criminal ).

Vistos los preceptos reseñados, y demás de pertinente y legal aplicación,

FALLAMOS

Estimando en parte el recurso interpuesto por la defensa de D. Paulino contra la sentencia emitida el veintitrés de agosto de dos mil cinco por el Juzgado de lo Penal núm. Cinco de los de Bilbao (en causa 88/05 ) hemos de modificar, como modificamos el relato de hechos probados, y hemos de condenar, como condenamos al apelante, a las siguientes penas: A) COMO AUTOR RESPONSABLE DE UN DELITO DE AMENAZAS proferidas a D. Plácido, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y accesoria de prohibición de acercarse al Sr. Plácido , al lugar en que resida o esté, y prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, durante UN AÑO; B) COMO AUTOR RESPONSABLE DE UNA FALTA DE LESIONES producidas a Dª María Dolores, a la pena de CUARENTA DÍAS DE MULTA a razón de SEIS EUROS/DÍA.; C) COMO AUTOR RESPONSABLE DE UNA FALTA DE AMENAZAS PROFERIDAS HACIA Dª Soledad, a la pena de VEINTE DÍAS DE MULTA, a razón de SEIS EUROS/DÍA.

Hemos de absolver, como absolvemos, a D. Paulino del resto de delitos y faltas por los que ha sido condenado en la instancia.

Se le imponen las costas correspondientes a los delitos y falta por las que es condenado, y se declaran de oficio las de esta alzada.