BDB AP Valencia 21247/2009
Fecha: 7 de abril de 2009
Órgano: Audiencia Provincial de Valencia
Sala: Sala de lo Penal, Sección 1
Ponente: MARIA JOSEFA JULIA IGUAL
Sentencia: 198 / 2009
Recurso: 8 / 2009
Rollo: 8 / 2009
Resumen:
Delito de apropiación indebida. Elementos del tipo. Gestion desleal. Agravación específica por revestir el hecho "especial gravedad".

En Valencia, a siete de abril de dos mil nueve.

La Sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Ilmos/as. Sres/as. anotados al margen, ha visto la causa instruida con el numero 000034/2008 por el JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 11 DE VALENCIA y seguida por delito de Apropiación indebida, contra Pedro Francisco , con D.N.I. NUM000 , vecino de BURJASOT, Plaza DIRECCION000 , NUM001 NUM002 , nacido en LA RODA (ALBACETE), el 25/06/57, hijo de BENITO y de JOAQUINA representado/s por el/la Procurador/a D. RAFAEL FRANCISCO ALARIO MONT, y defendido/s por el/la Letrado/a Dª LUISA GURILLO GAGO; sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta, en situación de libertad por esta causa, siendo parte en las presentes diligencias el Ministerio Fiscal representado por D/Dª Francisco Granell, como responsable divil subsidiario CONSTRUCCIONES DOVELAR, S.L., defendido por el Letrado D. DAVID PEREZ MUT y representado por el Procurador Dª Mª ELENA BATANERO GIMENO, y como acusación particular, EDICORSA 2000 S.L, representado/s por el/la Procurador/a Dª MARIA DEL MAR GARCIA MARTINEZ y asistido/s por el/la letrado/a D. VICENTE GRIMA LIZANDRA.

Y ha sido Ponente el Ilmo/a. Sr/a. D/.Dª MARIA JOSE JULIA IGUAL, quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En sesión que tuvo lugar el día 26 de marzo de 2009 se celebro ante este Tribunal juicio oral y público en la causa instruida con el numero 000034/2008 por el JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO 11 DE VALENCIA , practicándose en el mismo las pruebas propuestas por las partes que habían sido admitidas.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas califico los hechos como constitutivos de un delito apropiación indebida, del articulo 252 en relación con el 250.1-3º Y 6º y artículo 31.2 del Código Penal , del que el/os acusado/s fue/ron reputado/s responsable/s como autor/es, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, solicitando la imposición de una pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 8 meses con cuota diaria de 18 euros, solidaridad en cuanto al pago de la multa que se extiende a Dovelar S.L. por el artículo 31.2 y se fija la responsabilidad civil en 573.171,64.- euros, y el pago de las costas del proceso. Que por vía de responsabilidad civil abone la cantidad de 573.171'64 a EDICORSA 2000 S.L., mas el importe de los gastos que hubiera generado la ejecución de los efectos, incrementado todo ello con los intereses que legalmente procedan, procediendo a declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil Construcciones Dovelar S.L.

TERCERO.- La acusación particular en sus conclusiones definitivas calificó los hechos como constitutivos de un delito de apropiación indebida previsto y penado e el artículo 252 en relación con el artículo 250.1.3º y 6º, todos del Código Penal o alternativamente de un delito de estafa previsto y penado en los artículos 248, 249 y 250.1.3º y 6º del Código Penal , solicitando la imposición de una pena de 4 años de prisión, multa de 12 meses, a razón de 12 euros de cuota diaria, con las accesorias legales de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de comercio durante el tiempo de la condena, el pago de las costas procesales incluidas las de la acusación particular; y en concepto de responsabilidad cicil deberá ser condenado a pagar a Edicorsa 2000 S.L. el nomial de los pagarés (703.852,05 euros), sus intereses legales desde el 30 de Marzo de 2007 y los gastos bancarios ganerados (12.500,00 euros). También procederá condenar a la mercantil "Construcciones Dovelar, S.L." al pago con caracter subsidiario de las cantiades del parrafo anterior de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 120.4º del Código Penal . Asimismo deberá ser condenada al pago solidario de la multa que se imponga al acusado (artículo 31.2 del Código Penal ).

CUARTO.- La defensa del acusado y el responsable civil subsidiario en sus conclusiones definitivas solicitaron la libre absolución de su defendido por entender no habían incurrido en delito alguno.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO: Edicorsa 2000 S.L., como en ocasiones anteriores, en el año 2007, encargó a Construcciones Dovelar S.L., cuyo administrador único era el acusado, Pedro Francisco , mayor de edad y sin antecedentes penales, la ejecución de unas obras, y como pago parcial entregó a este 8 pagares por importe total de 703.852,05 euros y vencimientos de fecha 30 y 3 de Marzo de 2007 contra la cuenta de la que la promotora era titular en la entidad S.A. Nostra y BBVA.

SEGUNDO: Surgiendo discrepancias en torno al cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, ambas partes acordaron en fecha 2 de Marzo de 2007, antes de que llegara la fecha de vencimiento de los pagares, que los ya entregados al acusado se anulaban y se sustituían por otros 8 de los mismos importes pero de vencimiento posterior, 30 de Junio de 2007, comprometiéndose el acusado a recuperar los pagares inicialmente librados. No obstante, pese a las reiteradas reclamaciones de la promotora el acusado percibió su importe y no los rescató ni los devolvió a Edicorsa que al ser presentados al cobro tuvo que abonarlos en su integridad.

TERCERO: Consciente de su actuación, el acusado entregó en la misma fecha de vencimiento de los primeros pagares, 30 de Marzo de 2007, tres cheques firmados por él y librados por sociedades que manifestó le pertenecían, por importes de 200.000, 300.000 y 200.000 euros (700.000 euros en total) que al ser presentados a cobro por Edicorsa no fueron satisfechos generando gastos de devolución por importe de 12.500 euros.

CUARTO: Llegado el 30 de Junio de 2007, fecha de vencimiento de los pagares renovados, que también había endosado el acusado, Edicorsa se vió obligada, de nuevo, a satisfacer su importe a excepción del numero 2947214 por importe de 129.980,41 euros que no le fue presentado a cobro.

Construcciones Dovelar S.L. ha sido declarada en concurso por el Juzgado de lo mercantil nº 2 de Valencia en Procedimiento nº 757/2008 .

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Los hechos, es decir, la actuación realizada por el acusado y el escenario fáctico en que aquélla se desarrolla, ha quedado acreditado por prueba de cargo abundante y variada, integrada por el interrogatorio del propio acusado, los testimonios de Berta , Legal representante de EDICORSA 2000 S.A., de Íñigo y muy especialmente el prestado por Luciano , asi como la documental obrante en la causa reconocida por el acusado en concreto el pacto de sustitución de los pagares de fecha 2 de Marzo de 2007 (folio 16), el recibí de la suma de 109.536 euros fechado el 5 de Abril de 2007 para hacer efectivo el pagare de vencimiento 30 de marzo de 2007 (folio 20) y los cheques librados por Pedro Francisco obrantes a los folios 21 a 23 de las actuaciones, elementos probatorios que han formado la convicción del Tribunal sobre los hechos que se describen y la participación del acusado.

Pedro Francisco durante el interrogatorio reconoció, de un lado, la recepción de la totalidad de los pagares, tanto de los inicialmente librados para pago de las obras, como también de aquellos que, en virtud del acuerdo alcanzado con la entidad querellante, Edicorsa, materializado en el documento de fecha 2 de marzo de 2007 (folio 16), debían sustituir a los anteriores, de otro lado, admitió haber descontado o endosado a acreedores propios todos los efectos, y precisamente por ello, sabedor de que no había rescatado los efectos e iban a ser cobrados a Edicorsa, el mismo dia que vencieron los pagares iniciales entregó a la citada mercantil los tres cheques librados contra las cuentas de Oceolus Group 3000 y Construcciones Portomed S.L, empresas vinculadas al acusado, estampando en ellos su firma autorizada, consciente de la situación de carencia de fondos en las respectivas cuentas .

Igualmente los testimonios de la legal representante de la mercantil Edicorsa, Dª Berta y de su esposo, Íñigo , e hijo, Luciano , acreditan que, ya en fecha 2 de marzo se apercibieron del retraso en las obras y reuniéndose con el acusado en su condición de administrador único de la constructora, convinieron sustituir los pagares entregados por otros con vencimiento posterior, comprometiéndose el acusado a devolverles los anulados o sustituidos pero en lugar de eso los negoció o endoso a terceros y para que abonaran su importe el mismo dia en que vencían les entregó tres cheques por cuantía total de 700.000 euros, que no pudieron cobrar por carecer de fondos, de forma que al llegar el vencimiento de los nuevos pagares, que el acusado también había endosado, tuvieron que volver a pagarlos.

SEGUNDO: Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de apropiación indebida del art. 252 C.P . y no de un delito de estafa como alternativamente planteó la acusación particular pues el acusado recibió los iniciales pagares en virtud de un contrato de obra y en pago de la realizada, ausente por tanto el elemento definidor de la estafa, el empleo de argucia o engaño para lograr que se le entregaran, y es a posteriori cuando alcanzado el acuerdo con la mercantil querellante de recuperar aquellos títulos y sustituirlos por otros de vencimiento posterior cuando el acusado transmuta la posesión jurídica legítima inicial, en propiedad ilegítima, consecuencia de la deliberada incorporación de aquellos a su propio patrimonio, dolo subsiguiente que da al traste y quebranta la confianza sobre la que se generó la negociación propiciatoria de aquel arranque posesorio, que puso lícitamente los objetos en manos del infractor, y así el autor avistando las oportunidades y facilidades derivadas de la tenencia de los pagares, y al mismo tiempo traicionando la lealtad, abusando de la confianza en él depositada y conculcando las obligaciones derivadas de la relación jurídica generadora, cambia la lícita posesión inicial en propiedad abiertamente antijurídica, dando a los pagares un destino distinto al pactado, con el doble resultado de enriquecimiento del sujeto activo y empobrecimiento o perjuicio patrimonial del agraviado, estando impulsada su conducta por el ánimo de lucro que consiste en cualquier ventaja, utilidad o beneficio que pretendiera conseguir y que aquí resulta indudable al percibir a través del endoso o negociación el importe de todos y cada uno de los pagares que finalmente la querellante se vió obligada a abonar a sus vencimientos.

La apropiación indebida requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

- Una inicial posesión legítima por el sujeto activo de dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble.

- Que el título por el que se ha adquirido dicha posesión sea de los que producen la obligación de entregar o devolver la cosa. En este aspecto, la fórmula descriptiva utilizada por el legislador para tipificar el delito del art. 252 comprende cualquier clase de negocio, típico o atípico del que resulte esa obligación de entregar o restituir.

- Un acto de disposición por el agente de naturaleza dominical que se concreta en las acciones típicas de apropiar o distraer en perjuicio de otro.

- El ánimo de lucro, que se encuentra implícito en la redacción del tipo, y el dolo como elemento de carácter subjetivo, que supone la conciencia y voluntad en cuanto a los demás elementos ya referidos, es decir, conciencia y voluntad de que se tiene una cosa mueble que debe ser entregada o restituida y de que se viola esta obligación con un acto de disposición a título de dueño mediante su apropiación o distracción, es decir, mediante un acto consciente y voluntario de disponer de la cosa como propia, bien transformando la inicial posesión legítima en propiedad ilícita, o bien dándole a la cosa un destino distinto del pactado que impide su arribada al verdadero destinatario, irrogando en uno y otro supuestos el perjuicio económico de la víctima (SS.T.S. de 6 de junio y 11 de julio de 2000 ). Se trata, en suma, de una actuación ilícita sobre el bien que se detenta legítimamente como mero poseedor, disponiendo del mismo como si fuese su dueño, prescindiendo de las limitaciones insitas en el título de recepción establecidas en garantía de los legítimos intereses del auténtico dueño. En este caso el animo de lucro resulta indebatido cuando el propio acusado reconoce que negocio o endoso los pagares de vencimiento 30 de Marzo y también los de vencimiento 30 de Junio, dándole un destino distinto del pactado que no era otro que el especificado en el documento de fecha 2 de marzo de 2007.

Todos estos componentes del tipo delictivo se dan cita en la conducta del acusado, incluido, como se ha visto, el ánimo de lucro pues aunque Pedro Francisco manifestó en el acto del juicio que la renovación de pagares respondía a la continuación de una obra y los cheques que entrego en fecha 30 de Marzo "a otras cosas" sin especificar, la suscripción del documento de renovación que ahora dijo no haber leído, y la propia entrega de los cheques sin fondos para garantizar aquella operación no dejan lugar a dudas acerca de cual fue su intención. Lo cierto es que desde que surge la obligación contractual de devolver, cuando el acusado suscribió el documento de fecha 2 de Marzo por el que se comprometía a sustituir los pagares de vencimiento Marzo de 2007 que se renovaban por otros de vencimiento en Junio de 2007, hasta el dia de hoy ninguna restitución ha efectuado, limitandose a entregar los tres cheques que totalizan la cantidad de 700.000 euros sabedor de que no iba a hacerlos efectivos por carecer de fondos para ello, disponiendo, asi, en beneficio propio, no solo de los primeros pagares sino también de los renovados y de la suma de 109.536 euros que le entregó Edicorsa para hacer frente al pagare nº 6727598 del BBVA.

Como bien señalaron Ministerio Fiscal y acusación particular, el Tribunal en los casos de distracción el tipo subjetivo no consiste exactamente en el ánimo de apropiarse sino en la conciencia y voluntad de burlar las expectativas del sujeto pasivo en orden a la recuperación o entrega del dinero, o efectos o dicho de otra manera, en la deslealtad con que se abusa de la confianza de aquél, en su perjuicio y en provecho del sujeto activo o de un tercero.

La misma dinámica de los hechos revela la existencia del ánimo de lucro que guió toda la conducta del acusado, así como la plena conciencia y voluntad de hacer propio lo ajeno. Como se declaraba en la sentencia de 12 de mayo de 2000 del TS , en el tipo del art. 252 C.P. se yuxtaponen dos tipos distintos de apropiación indebida: el clásico de cosas muebles ajenas que comete el poseedor legítimo que las incorpora a su patrimonio con ánimo de lucro, y el de gestión desleal que comete el administrador cuando perjudica patrimonialmente a su principal, distrayendo el dinero cuya disposición tiene a su alcance. Y en este último supuesto el tipo se realiza únicamente con el perjuicio que sufre el patrimonio del administrado como consecuencia de la gestión desleal de aquél, aunque no se pruebe que el dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador. Este "modus operandi", no precisa la existencia del "animus rem sibi habendi" sino sólo la del dolo genérico del convencimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona.

TERCERO: Las acusaciones, el Ministerio Fiscal y acusación particular, han entendido que estamos ante una apropiación indebida agravada. Ambas consideran que deben aplicarse las previsiones del articulo 250.1.3º del C.Penal , por haberse cometido el delito mediante pagares.

La cuestión dista de estar claramente configurada en nuestra jurisprudencia. Y es que si bien la STS de 12 de mayo de 2003 confirmaba la compatibilidad del delito de apropiación indebida con la agravante específica del art. 250 .3, dos recientes sentencias, del año 2007, se pronuncian en forma bien distinta. La STS de 13 de febrero de 2007 afirmaba que como indica la STS de 14-7-2006 núm. 819/2006 "el tema merece una especial atención. Es notorio que el artículo 252 del Código Penal que tipifica el delito de apropiación indebida, hace una remisión genérica a las circunstancias agravantes específicas del artículo 252 , cuya enumeración no ofrece obstáculos para aplicarlas a los delitos de estafa o fraude pero no merece la misma homologación mimética a los delitos en los que predomina, como elemento nuclear y esencial el abuso de confianza, como factor desencadenante del traspaso inicial de la posesión. Suscita dificultades técnicas extender a la apropiación las agravantes de recaer sobre bienes inmuebles o a las modalidades de manipulación a través de cheques, pagarés u otros instrumentos bancarios. Tampoco encajan con normalidad las actividades falsarias previas de carácter causal y, por supuesto, el abuso de relaciones personales. Ahora bien, no cabe descartar, de manera plena, el factor de credibilidad profesional o empresarial de una persona aunque el legislador se refiere al defraudador de modo genérico, sin distinguir que éste sea previo y determinante o que surja a posteriori".

Mucho más clara parece la STS de 10 de abril de 2007 en la que se mantenía que aunque no cabe duda de que el acusado hizo un uso abusivo del cheque, lo cierto es que dicha circunstancia, tipificada como causa de agravación en el apartado 3º del artículo 250 CP no resulta en principio aplicable a los supuestos de apropiación indebida del artículo 252 de dicho texto legal en los que implícitamente se encuentra inserta la figura genérica del abuso de confianza, como ocurre en el presente caso y, por lo tanto, el Tribunal sentenciador no debió recoger, como causa de agravación, la mencionada. Además, la razón del subtipo agravado consiste en el riesgo que para el tráfico jurídico implica el uso de instrumentos mercantiles debilitando la confianza en los mismos, lo que no sucede en casos como el actual, donde se desconoce si se hace entrega de los titulos a terceros o se descuentan en el banco con pretendidos efectos solutorios.

En base a esta última resolución, y dado que no consta que los pagares fueran endosados a terceros, o , hayan tenido otro fin que el descuento por el acusado, entendemos que no procede aplicar la modalidad agravada específica antes citada.

Por el contrario si resulta procedente la agravación contemplada en el numero 6 del articulo 250 pues como establece la Sentencia de la Sala Segunda del TS de fecha 8 de Febrero de 2008 "Conforme a lo que esta norma penal nos dice, y razonando de modo semejante a como lo hizo esta sala constituida en pleno en sentencia de 29.7.98 (caso Marey) a propósito de una norma de contextura similar a este art. 250.1.6º, la del inciso 1º del art. 432.2 del mismo CP , podemos afirmar que nos encontramos ante una cualificación del delito de estafa determinada por la "especial gravedad" del hecho, una sola cualificación, para cuya determinación la ley penal impone tener en cuenta tres criterios:

1º. El valor de la defraudación.

2º. La entidad del perjuicio, que como ha dicho esta sala (S. 12.2.2000) puede considerarse el reverso del mencionado criterio 1º . Es decir, en realidad este criterio 2º no es un criterio más a añadir al 1º.

3º. La situación económica en que el delito deje a la víctima o a su familia.

Repetimos: nos hallamos ante un una sola agravación específica definida por revestir el hecho "especial gravedad" y para conocer si en el caso existe tal "especial gravedad" el legislador nos señala tres criterios (en realidad sólo dos como acabamos de decir).

Vamos a distinguir dos casos.

A) Desde luego, si la cantidad defraudada es por sí sola importante, nadie puede dudar de que nos encontramos ante un hecho de "especial gravedad". Una referencia para determinar esta cantidad puede ser la de seis millones de pesetas (treinta y seis mil euros) que vinimos considerando como cifra para estimar como muy cualificada la paralela agravación establecida en el núm. 7º del art. 529 CP 73 a partir de una reunión plenaria de esta sala de 26.4.91 , que estableció la de dos millones para apreciarla como simple (Ss. de 16.9.91, 25.3.92 y 23.12.92, y otras muchas).

En estos casos no es necesario atender a la situación en que quedó la víctima tras el delito. Aunque el defraudado fuera, por ejemplo, un banco o una entidad pública, una cantidad importante por sí misma confiere a las estafas o apropiaciones indebidas "especial gravedad".

CUARTO: Del expresado delito es responsable en concepto de autor el acusado, por la ejecución directa, material y voluntaria que llevo a cabo del mismo, conforme los arts. 27 y 28 del Código Penal .

QUINTO: No concurren ni en el acusado ni en la ejecución del hecho que llevó a cabo, circunstancia alguna modificativa de la responsabilidad criminal.

SEXTO: Atendiendo, de un lado, a la apreciación de la agravante del artículo 250.1-6ª , la elevadísima cuantía apropiada que lo ha sido de 573.171,64 euros (visto que el propio Íñigo manifestó desconocer si se abono el pagare de 129.000euros o no y su padre Íñigo aseguró que aquel pagare no se ha hecho efectivo por razones que desconoce) y, de otro lado a la ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, dentro de los márgenes a los que nos lleva esta calificación jurídica, se impone la pena de 1 año y 6 meses de prisión y multa de 8 meses con cuota diaria de 12 euros.

SEPTIMO: Al amparo de lo previsto en el art. 109, 115 y 116 CP el acusado deberá indemnizar a la Entidad EDICORSA 2000 S.L. en la cantidad de 573.171,64 euros peticionada por el Ministerio Fiscal en conclusiones definitivas en lugar de la solicitada por la acusación particular de 703.852,05 euros al no constar que la mercantil haya abonado el pagare numero 2947249 con vencimiento 30 de Junio de 2007 e importe de 129.980,41 euros, habiendo certificado la Caixa de Baleares "Sa Nostra"(folio 17) que ni siquiera fue presentado a cobro en la cuenta de la que era titular Edicorsa, y los administradores de esta mercantil han admitido no haberlo abonado.

Igualmente procederá que el acusado indemnice a la querellante en la cantidad de 12.500 euros por los gastos bancarios generados y acreditados documentalmente.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 120.4 procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil Construcciones Dovelar S.L., y también solidariamente del importe de la multa por mor de dispuesto en el articulo 31.2 del Cp , debiendo notificarse la presente sentencia a los administradores del concurso.

OCTAVO: Procede la imposición de las costas al acusado, incluidas las correspondientes a la acusación particular, en virtud de lo dispuesto en los artículos 238 y ss. LECrim y 123 CP.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, visto además lo dispuesto por los artículos 24, 25 y 120.3 de la Constitución, los artículos 1 y 2, 10, 15, 27 a 34, 54 a 58, 61 a 67, 70, 73 y 74, 110 a 115 y 127 del Código Penal, los artículos 142, 239 a 241, 741 y 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia,

ha decidido:

PRIMERO: CONDENAR a Pedro Francisco , como autor criminalmente responsable de un delito de apropiación indebida, con la concurrencia de la agravante de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación.

SEGUNDO: NO APRECIAR la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

TERCERO: IMPONER a Pedro Francisco la pena de UN AÑO Y SEIS MESES DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE 8 MESES CON UNA CUOTA DIARIA DE 12 EUROS con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago establecida en el artículo 53 CP . Respecto de la multa se declara la responsabilidad solidaria de Construcciones Dovelar S.L.

CUARTO: CONDENARLE a que por via de responsabilidad civil indemnice a EDICORSA 2000 S.L. en la cantidad de 573.171,64 euros, mas 12.500 euros por gastos bancarios; cantidades que devengaran el interés legal establecido en el articulo 576 LEC , declarando la responsabilidad civil subsidiaria de CONSTRUCCIONES DOVELAR S.L.

QUINTO: IMPONER al acusado las costas del procedimiento, incluidas las causadas por la acusación particular.

Notifiquese la presente sentencia a las partes y a los administradores del concurso de Construcciones Dovelar S.L.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad y responsabilidad personal subsidiaria que se impone, abonamos al/os acusado/s todo el tiempo que ha/n estado privado/s de libertad por esta causa si no lo tuviere/n absorbido por otras.

Reclámese del Instructor, debidamente terminada, la pieza de responsabilidades pecuniarias.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sección en el término de cinco días a contar desde su notificación.

Así, por ésta nuestra Sentencia, de la que se llevara certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.