BDB TSJ Canarias (Tenerife) 28228/2000
Fecha: 31 de julio de 2000
Órgano: Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sede Tenerife
Sala: Sala de lo Social
Ponente: PILAR DIAZ DE LOSADA Y HAMILTON
Sentencia: 539 / 2000
Recurso: no disponible
Rollo: 456 / 2000
Resumen:
Discusión sobre si el derecho a obtener las prestaciones de incapacidad temporal se extingue por el transcurso del tiempo o debe prorrogarse hasta el momento de la calificación de la incapacidad.

En Santa Cruz de Tenerife, a, treinta y uno de Julio de dos mil.

La Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife. EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A

En el Recurso de Suplicación núm. 456-00, interpuesto por A.M.V.A., frente al Auto del Juzgado de lo Social núm. Cuatro en los Autos R.- 729-96 en reclamación de derecho, ha sido Ponente la ILTMA.SRA.DOÑA PILAR DIAZ DE LOSADA Y HAMILTON.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- Que según consta en Autos, se presentó demanda por Dña A.M.V.A., en reclamación de derecho siendo demandado el Servicio Canario de Salud, INEM e Instituto Nacional de la Seguridad Social, dictada sentencia el día 2 de junio de 1997, por el Juzgado de lo Social numero cuatro con carácter estimatorio. Recurrida la misma ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fue confirmada la misma por Sentencia de 23 de diciembre de 1998

SEGUNDO.- En 10 de junio de 1999, por la parte actora se presenta escrito en el que se solicita ejecución de la sentencia y pago de una serie de cantidades así como las costas de la ejecutoria. Se requiere al organismo demandado mediante providencia a que dé cumplimiento a la Sentencia de fecha 2 de junio de 1997, providencia que fue contestada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El 8 de octubre de 1999 se celebra en el Juzgado nº 4 Comparecencia, en la que toman parte la actora, Servicio Canario de Salud, Instituto Nacional de Empleo e Instituto Nacional de la Seguridad Social, ratificándose cada uno de los presentes en sus escritos y alegaciones.

TERCERO.- Se dicta Auto por el Juzgado de referencia, de fecha 22 de octubre y como hecho único se expresa: Por escrito de fecha 6 de agosto de 1999 se solicitó por la parte actora que se requiriera a las demandadas a abonar la suma de 1.394.760 pesetas en ejecución de la sentencia dictada en autos, por resolución de uno de septiembre se acordó convocar a las partes a la comparecencia prevista por el art. 236 de la Ley de Procedimiento Laboral que se celebró el día 8 de octubre con el resultado que consta en los autos donde las partes realizaron las alegaciones que estimaron oportunas". El Auto dispuso estimar en parte la solicitud de la actora. Dicho Auto fue recurrido en reposición por la parte demandada. Admitido a trámite el recurso se dio traslado a la parte actora que impugnó el mismo. En fecha 13 de abril de 2000 se dictó Auto estimando el recurso interpuesto por el INSS.

CUARTO.- Que la parte dispositiva del Auto de 13 de abril de 2000 es del tenor literal siguiente: "Que estimando el recurso interpuesto por el INSS debo reponer la resolución de 22 del 10 del 97, en el sentido de acordar el archivo de la presente ejecutoria al haberse dado cumplimiento a la sentencia dictada"

QUINTO.- Que contra dicho Auto, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte actora, siendo impugnado por el INSS, por el S.C.S. y el Abogado del Estado. Recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente.

Fundamentos de Derecho

UNICO.- Frente al Auto que estimando el recurso interpuesto por el INSS repuso la resolución de 22 del 10 del 97, en el sentido de acordar el archivo de la ejecutoria por entender que se había dado cumplimiento a la sentencia dictada, interpone Recurso de Suplicación la parte actora y , con amparo procesal en el art. 191, apartado c), denuncia infracción de normas sustantivas, en concreto la aplicación incorrecta del párrafo segundo del apartado segundo del art. 131. bis y párrafo segundo del apartado tercero del mismo precepto.

La Sentencia de la Sala de fecha 23 de diciembre de 1998, razona en el Fundamento Jurídico Segundo, párrafo 6º, que "al persistir las dolencias de la actora y seguir incapacitada para su trabajo recibiendo asistencia sanitaria de la Seguridad Social, se deberían haber aplicado los artículos 131.bis, 2.2, en relación con el 128.1 a) y 131.1 de la LGSS, con prórroga de la situación de I.T. de la Sra. V.A., hasta ser examinada de su grado de Incapacidad, siempre antes del 25.2.97, confirmando la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 4, que declaraba el derecho de la actora a seguir percibiendo la prestación de IT en la cuantía correspondiente, con efectos del 26.02.96 hasta la extinción de dicho derecho por causa legal, manifestando que la responsabilidad de prestación corresponde al INSS.

En el párrafo 4º del mismo Fundamento Jurídico Segundo, la Sala razona que la actora no puede dejar de recibir las prestaciones por el simple hecho de haber completado el plazo legal de duración, pero sin constancia oficial de haber alcanzado la sanidad.

Ambas Resoluciones vinculan la prórroga de la situación de IT hasta que la actora fuera examinada de su grado de incapacidad, pero en la parte dispositiva de las sentencias no se incluye tal término temporal, sino que se remite a la extinción de la prestación por causa legal. Las partes han admitido que no se producido el reconocimiento de la demandante.

El debate se centra en si el derecho a obtener las prestaciones económicas derivadas de la situación de Incapacidad Temporal se extingue por el transcurso del plazo de 30 meses o debe prorrogarse hasta el momento de la calificación de la incapacidad, la Juez "a quo" entiende que la extinción del subsidio se extingue por el transcurso de los 30 meses, siguiendo el criterio de la sentencia del TSJ de Navarra de 31 de diciembre de 1997, Sentencia que, como alega la recurrente, no es aplicable al caso de autos, pues en el litigio estudiado por el Tribunal de Navarra hubo apertura del preceptivo expediente administrativo de incapacidad permanente y resolución del INSS pronunciándose sobre el mismo.

Esta Sala siguiendo y abundando en el criterio mantenido en la Sentencia de fecha 23 de diciembre de 1998, entiende que el plazo legal de 30 meses a que hace alusión el párrafo segundo del apartado 2 del art. 131.bis de la LGSS se refiere al plazo máximo hasta donde se puede demorar la calificación del incapacitado temporal, estableciendo que en los casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento médico, la situación clínica del interesado hicieran aconsejable demorar la citada calificación, demorándose por el período preciso que en ningún caso podrá rebasar los treinta meses siguientes a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad temporal. La LGSS impone un plazo máximo de 30 meses para que la Entidad Gestora inicie el oportuno expediente administrativo, estableciendo que el límite para el percibo del subsidio por I.T. se deberá prorrogar hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente (párrafo 2º apartado 3 del art. 131 bis). Siguiendo igualmente la Jurisprudencia del T.S. (Sentencia de 20 de enero de 2000), el derecho a la percepción de la mencionada prestación se extingue en la fecha en que se dicta resolución el INSS que se pronuncia sobre la pretendida incapacidad permanente del interesado, tanto si se declara la existencia de tal incapacidad como si la deniega, pues es cuando se dicta Resolución el momento en que se califica la Incapacidad Permanente.

No se puede imputar a la actora el retraso en la tramitación del expediente, y siendo el INSS el único responsable, no puede hacer sufrir a la demandante los errores, desidia y mal funcionamiento de ese servicio público, ya que la Entidad Gestora ha dejado transcurrir el plazo de los 30 meses que prescribe la Ley sin iniciar el preceptivo expediente administrativo de Incapacidad Permanente.

Por todo lo razonado esta Sala, acogiendo el Recurso de Suplicación interpuesto contra el Auto de fecha 13 de abril de 2000, revoca el mismo confirmando el anterior de fecha 22 de octubre de 1999.

Fallo

Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación, interpuesto por A.M.V.A. contra el Auto del Juzgado de lo Social de referencia de fecha 13 de Abril de 2000, en virtud de demanda interpuesta por la actora aqui recurrente contra SERVICIO CANARIO DE SALUD, INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO E INSTITTUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL en reclamación de cantidad y en consecuencia debemos revocar y revocamos el Auto recurrido, confirmando el anterior de fecha 22 de octubre de 1999.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social núm. Cuatro, de ésta Capital, con testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes y con advertencia a las mismas de contra la presente Resolución podrá interponer Recurso de Casación por Unificación de Doctrina, en base a lo dispuesto en los arts. 215 y ss. de la Ley de Procedimiento Laboral en el plazo de 10 dias hábiles, previos depósitos que marca los arts. 226 y 227 de dicho cuerpo legal. Remítase testimonio a la Fiscalía de la Audiencia Provincial y líbrese otro testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencia.

Así por esta nuestra Sentencia, que es firme, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, que la suscribe en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Se envía testimonio a la Audiencia Provincial, en unión del correspondiente oficio de remisión. Doy fé.