BDB TSJ Andalucía (Málaga) 30701/2000
Fecha: 22 de septiembre de 2000
Órgano: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede Málaga
Sala: Sala de lo Social
Ponente: FRANCISCO JAVIER VELA TORRES
Sentencia: 1563 / 2000
Recurso: no disponible
Rollo: 603 / 2000
Resumen:
Recurso sobre el abono de prestación por incapacidad temporal derivada de enfermedad común por parte de la O.N.C.E y responsable subsidiario el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Discusión sobre la cuantía y el período durante el cual tiene que percibir la prestación.

En Málaga a veintidós de septiembre de dos mil.

La Sala de lo Social en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A

En el recurso de Suplicación interpuesto por D. A.T.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cinco de Málaga, ha sido ponente el Iltmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER VELA TORRES.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO: Que según consta en autos se presentó demanda por D. A.T.A. sobre prestaciones siendo demandado el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la O.N.C.E., el Servicio Andaluz de la Salud y la Consejería de Salud de la J.A. habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de referencia en fecha 7 de septiembre de 1999 en los términos que se recogen en su parte dispositiva.

SEGUNDO: En la sentencia aludida se declararon como hechos probados los siguientes:

1º).- Que D. A.T.A., mayor de edad y vecino de Málaga, se encuentra afiliado a la S.S. con nº XXX3.

2º).- Que el actor es pensionista de invalidez permanente absoluta percibiendo una pensión mensual de 64.505 ptas mensuales; viniendo prestando servicios para la ONCE como Agente Vendedor desde el 16-IX-1979.

3º).- Que el actor prestase servicios en la Delegación Territorial de Baleares y solicitó el traslado a la Delegación de Melilla que fue admitida el 16-VI-1997, dándole de baja el 27-VI-1997 ante la falta de presentación y comunicación del actor a dicha delegación.

4º).- Que el actor fue dado de baja por I.T. por su médico de cabecera el dia 24-VI-1997 por padecer Epilepsia, procediendo la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a anular dicha alta el dia 28-VIII-1997 por tratarse del mismo proceso que hace 24 años motivó la declaración de invalidez permanente absoluta.

5º).- Que el actor compareció el dia 12-I-1998 en la Delegación Administrativa de la ONCE en Málaga y entregó un parte del especialista en psiquiatría que acredita que padece epilepsia y que es un enfermo depresivo, reclamando la prestación de I.T.; sin que la empresa le haya abonado la misma hasta el presente.

6º).- Que el dia 7-X-1997 el actor presentó demanda sobre reclamación de la prestación de I.T., señalándose el acto del juicio para el 1-VII-1998 dictándose sentencia el 1-IX-98 en la que se admitió la excepción de falta de reclamación previa formulada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

7º).- Que el actor formuló reclamación previa al Instituto Nacional de la Seguridad Social el 23-XII-1998 y por dicho organismo se dictó resolución el 18-II-1999 por la que le denegaba la misma al no haberse presentado solicitud de pago directo de la prestación.

8º).- Que la demanda se presentó el día 12-I-1999

TERCERO: Que contra dicha sentencia anunció Recurso de Suplicación la parte actora, recurso que formalizó, siendo impugnado de contrario. Recibidos los autos en este Tribunal se proveyó el pase de los mismos a ponente para su examen y resolución.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO: Que contra la sentencia de instancia que estima en parte la demanda sobre reclamación de prestaciones promovida por el actor y condena a la O.N.C.E. a abonarle la prestación por incapacidad temporal durante el período de tiempo comprendido entre el 24 y el 27 de junio de 1997, declarando la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, interpone recurso de suplicación el demandante formulando un único motivo, al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral, para denunciar la infracción de los artículos 128, 131, 131 bis y 132 de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con el artículo 141-2 de dicho cuerpo legal, Real Decreto 1071/84 y Órdenes de 15 de abril de 1969 y 25 de noviembre de 1966. Alega la parte recurrente que debe condenarse a los demandados O.N.C.E e Instituto Nacional de la Seguridad Social a abonar al actor las prestaciones por incapacidad temporal desde el 24 de junio de 1997 hasta la extinción de la misma. Del inalterado por incombatido relato fáctico de la sentencia de instancia se desprende que el actor inició una baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común el 24 de junio de 1997 por padecer epilepsia, procediendo la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía anular dicha alta el día 28 de agosto de 1997 por tratarse del mismo proceso que había motivado en su día la declaración de incapacidad permanente absoluta del actor, sin que dicha resolución fuese impugnada por el demandante. Asimismo, consta probado que en el momento de la baja el actor prestaba servicios para la ONCE, cesando en dicha empresa el 27 de junio de 1997; denegándole el Instituto Nacional de la Seguridad Social el abono de las prestaciones por considerar que, habiendo terminado su relación laboral con la empresa, debió solicitar el pago directo de la prestación a la entidad gestora.

De entrada, hemos de indicar que, habiéndose acordado la extinción de la situación de incapacidad temporal del actor con fecha 28 de agosto de 1997 por resolución de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el tema a discutir en la presente litis se reduce a determinar la procedencia de las prestaciones comprendidas entre el 27 de junio de 1997, fecha de terminación de la relación laboral del actor con la ONCE, y el 28 de agosto de 1997, fecha en que se dejó sin efecto la baja del actor por resolución que no fue impugnada por el mismo y que, independientemente de su mayor o menor acierto, produce por tanto plenos efectos jurídicos.

La entidad gestora deniega al actor las prestaciones por incapacidad temporal durante el período de tiempo antes indicado por considerar que el demandante no ha formulado solicitud de pago directo de las mismas, mientras que la ONCE considera que no tiene ninguna responsabilidad en su abono al tratarse de un período en que el actor ya no prestaba servicios para la empresa.

Ninguno de dichos argumentos denegatorios resulta admisible. Efectivamente, el subsidio por incapacidad temporal nace sin necesidad de solicitud del beneficiario, con base en la presentación de los partes de baja y confirmación; de tal manera que en el momento en que el trabajador justifique ante la empresa, mediante el oportuno parte de baja, su enfermedad ha de ponerse en marcha el sistema de pago delegado, sin necesidad de ulterior solicitud alguna. El pago debe realizarse de modo directo y automático, con arreglo al principio de oficialidad de los documentos presentados, sin perjuicio de que si posteriormente el pago resulta indebido (porque no llegue a reconocerse el derecho o se abone en cuantía superior) las empresas pueden exigir su devolución a los trabajadores (en este sentido, sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1999). Por lo tanto, no resulta jurídicamente admisible denegar las prestaciones por incapacidad temporal al actor exclusivamente en base a que el mismo no ha solicitado el pago directo del subsidio, pues, como hemos indicado dicho subsidio nace sin necesidad de solicitud expresa del beneficiario.

En cuanto a la responsabilidad de la empresa en el abono del mismo, reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado que la empresa que colabora en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes ha de afrontar el pago del subsidio cuando la situación de baja se prolonga más allá de la vigencia del contrato (sentencias de 18 de noviembre de 1997 y 23 de diciembre de 1997). La razón de ello es que el artículo 126-1 de la Ley General de la Seguridad Social dispone que cuando se haya causado derecho a una prestación por haberse cumplido las condiciones legales (afiliación, alta, carencia) la responsabilidad correspondiente se imputará, de acuerdo con sus respectivas competencias, a las Entidades Gestoras, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o empresarios que colaboren en la gestión o, en su caso, a los servicios comunes. En consecuencia, de inicio, si la contingencia sobreviene cuando empresa y trabajador se encuentran vinculados por contrato de trabajo y el hecho causante se produce en esas condiciones la responsabilidad ha de imputarse al sujeto obligado al pago (la empresa) mientras la incapacidad temporal se prolongue y sin que la extinción del contrato libere de tal obligación.

Todo lo anterior nos lleva a estimar en parte el recurso de suplicación interpuesto por el actor y revocar la sentencia de instancia paras condenar a la empresa ONCE a abonar al demandante las prestaciones por incapacidad temporal en la cuantía que reglamentariamente corresponda y durante el período de tiempo comprendido entre el 24 de junio de 1997 y el 28 de agosto de 1997, declarando la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por contra, no procede acceder a la pretensión del actor de que la empresa le abone también la mejora voluntaria de complemento de la prestación hasta el cien por cien del salario, pues dicha mejora prevista en el Convenio no resulta aplicable cuando la relación laboral existente entre las partes ya se ha extinguido.

Fallo

Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por D. A.T.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número cinco de Málaga con fecha 7 de septiembre de 1999, en autos sobre incapacidad seguidos a instancias de dicho recurrente contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la O.N.C.E., el Servicio Andaluz de la Salud y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, revocando la sentencia recurrida para condenar ala ONCE a abonar al actor la prestación por incapacidad temporal en la cuantía que reglamentariamente corresponda y durante el período de tiempo comprendido entre el 24 de junio de 1997 y el 28 de agosto de 1997, declarando la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Se mantiene el pronunciamiento absolutorio respecto del Servicio Andaluz de la Salud y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina ante la Sala 4ª del Tribunal Supremo, el que deberá prepararse en el plazo de los diez días siguientes a la notificación de este fallo.

Líbrese certificación de la presente sentencia para el rollo a archivar en este Tribunal incorporándose el original al correspondiente libro.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.