BDB TSJ País Vasco 26941/2000
Fecha: 18 de julio de 2000
Órgano: Tribunal Superior de Justicia de País Vasco
Sala: Sala de lo Social
Ponente: FLORENTINO EGUARAS MENDIRI
Sentencia: no disponible
Recurso: no disponible
Rollo: 1153 / 2000
Resumen:
Extinción de relación laboral por incumplimiento del pago delegado del subsidio por incapacidad temporal.

En la Villa de Bilbao, a 18 de julio de 2.000.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por los Iltmos. Sres. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente, D. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI y D. FERNANDO TORREMOCHA GARCIA-SAENZ, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por F.J.A.P. contra la sentencia del Jdo. de lo Social nº 2 (Bilbao) de fecha tres de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en proceso sobre DESPIDO, y entablado por S.B.L. frente a FOGASA , INSS , TGSS , M.C.E., MUTUA CYCLOPS y F.J.A.P. .

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D./ña. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, quien expresa el criterio de la Sala.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente: 1.- "La actora S.B.L. viene prestando servicios para la empresa de F.J.A.P., ostentando la categoria de Oficial 1ª Administrativo, con antigüedad de 6-5-83 y salario bruto mensual de 280.252 pts., incluido el prorrateo de pagas extras.

Segundo.- La actora con fecha 11-2-98 causó baja por enfermedad común iniciando situación de I.T. de la que causó alta con fecha 10-8-99, por agotamiento, habiendole abonado la Mutua Cyclops, con la que la empresa del demandado tiene asegurado el riesgo, las prestaciones de I.T. desde 1-3-9 hasta 30-9-99, de una base reguladora de 7.900 pts. día.

Tercero.- El demandado no ha abonado a la actora la cantidad de 1.501.792 pts. procedente de prestaciones de I.T. y mejora voluntaria atrasadas hasta Diciembre de 1.998, incluido, así como la cantidad de 578.579 pts. en concepto de atrasos de Convenio desde 1.94 a 1.998.

Cuarto.- El demandado ha abonado a la actora con fecha 13 de Noviembre-98 la cantidad de 300.000 pts. a cuenta de la definitiva liquidación del salario; con fecha 23-12-98 la cantidad de 151.540 pts. a cuenta de salario de diciembre 98; con fecha 1-12-98 pagó a cuenta la cantidad de 149.151 pts.; con fecha 29-1-99 la cantidad de 151.540 pts. a cuenta del salario de enero 98; y la cantidad de 151.540 pts. a cuenta salario mes de Febrero.

Quinto.- El Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos Provincial de Bizkaia (B.O.E. 21-5-99) aplicable, establece en su art. 21: El personal de las empresas afectadas, desde el 5º día de la correspondiente baja, inclusive, en enfermedades de más de 30 días, complementarán las prestaciones de los seguros de enfermedad y accidente de trabajo hasta el 100% del salario real durante un plazo máximo de 10 meses, a partir de la baja, y sin que pueda exceder de 10 meses año.

Sexto.- En virtud de escritura de 30-6-99 el demandado y su esposa tambien demandada, M.C.E. formalizaron capitulaciones matrimoniales de separación de bienes y disolución y liquidacion de Sociedad en Gananciales y Donación, cuyo contenido por obrar en autos, se dá por resproducido.

Séptimo.- El demandado con fecha 16-7-99 libró un cheque a favor de la actora por importe de 335.567 pts. cuyo importe no se hizo efectivo al resultar aquél incorriente generando unos gastos de 6.711 pts.

Octavo.- El actor ha deducido en los boletines de cotización de Octubre 98 a Febrero 99 la prestación por I.T. de la actora.

Noveno.- A partir del mes de Febrero 1.999 el demandado no ha abonado cantidad alguna a la actora.

Décimo.- El demandado abonaba a sus dos empleados cantidades a cuenta por importe inferior a sus nóminas, habiendo interpuesto el trabajador Miguel Angel Sola demanda contra el aquí demandado, en razón al impago de salarios por importe aprox. de 3.000.000 pts.

Decimoprimero.- Se celebró el oportuno acto de Conciliación en virtud de papeleta presentada con fecha 2 de Agosto 99, con el resultado de Sin Efecto.

Décimosegundo.- La actora desistió de su demanda frente al INSS, TGSS y Mutua Cyclops".

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:"Que estimando la demanda interpuesta por S.B.L., contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, F.J.A.P., M.C.E. y MUTUA CYCLOPS, debo declarar y declaro extinguido el contrato de trabajo habido entre la actora y la empresa de F.J.A.P., condenando al demandado F.J.A.P., a que abone a la actora la cantidad de 6.929.902 pts. en concepto de indemnización.

Teniendo por desistido de la demanda formulada frente al INSS, T.G.S.S. y MUTUA CYCLOPS.

Absolviendo a la demandada M.C.E. de los pedimentos formulados en su contra.

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que fue impugnado por la parte recurrida.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao dictó sentencia el 3 de noviembre del 99 en el procedimiento que sobre extinción del art. 50 E.T. habia instado Dª. S., y referente a los impagos de salarios, subsidio de I.T. y mejora de ésta, determinando la sentencia que existió un incumplimiento del pago delegado del subsidio desde febrero del 99 a octubre del 99, haciendose cargo la mutua, de manera que se abonó el subsidio desde el 1.3.98 al 30.9.99, sin ningún percibo de la mejora voluntaria, e igualmente incumplimiento salariales y retrasos en el pago de las percepciones retributivas. La sentencia argumenta, en base a diversa doctrina que cita que el empresario ha incumplido sus obligaciones y que ello comporta la facultad resolutoria del art. 50 E.T.

SEGUNDO.- Frente a la anterior sentencia la empresa argumenta en dos grandes motivos su disconformidad, y en el primero de los bloques impugna los hechos probados, y así intenta la modificación de los hechos segundo, tercero, cuarto, séptimo y décimo, buscando en diversos apoyos, incluidas las documentales que se aportaron en esta via de suplicación, modificar el contenido y redacción de los referidos hechos.

Para que prospere una revisión de los hechos no solo es necesario que la parte instrumentalice el motivo por medio de prueba idónea: documental o pericial (art. 191 L.P.L); sino que se requiere que la modificación que se pide sea relevante a los efectos de la resolución de la causa, acreditanto error, omisión o arbitraria interpretación de las pruebas por parte del juzgador, de manera que lo pretendido no quede desvirtuado por otras probanzas que hayan podido ser consideradas por el juzgador de instancia, de las que quepa deducir una interpretación distinta a aquella que obtiene la parte, pues ante posibles contradicciones debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional, que actúa en el pleito de manera imparcial y objetiva frente a la parte, que, lógicamente, representa un interés sectario, en uso de su legitimo derecho de defensa. Así, es el juzgador quien encarna la facultad soberana de interpretar los hechos desde la probanza llevada a cabo por las partes, que se plasma en el relato de hechos que se consigna. Sus deduciones es quien recurre el que debe impugnarlas de forma eficaz y veraz, sin dejar lugar a la duda o al cuestionamiento, ya que ante ella es primada la labor del juzgador de instancia; a su vez, no basta con aportar con la modificación una puntualización o matización, al ser preciso, como ya decíamos, que la revisión sea transcendente y de entidad suficiente para variar los hechos de la sentencia recurrida.

La primera de las modificaciones, basándose en el folio 153, quiere que se incluya que la Mutua abonó las prestaciones de I.T. hasta el 26 10.99. Claramente se aprecia que este dato es irrelevante, y hasta el acto del juicio constan los abonos y así se hacen constar por la Magistrada de instancia a través del relato de los hechos donde figura que esos pagos se realizaron de manera directa hasta el 30.9.99. La segunda de las modificaciones, relativa al hecho probado tercero, realiza una exégesis a través de diversos documentos para finalizar con una deuda de 51.880.- ptas. Como se basa en prueba documental no admitida por esta Sala, y es sectaria y parcial en orden a los cómputos que ha realizado la sentencia recurrida, tampoco es admisible, ya que, pretende, prescindir de la globalidad del pleito y de su conjunto para incorporar al relato de los hechos solo aquello que pueda beneficiarle. No corresponde a esta Sala el realizar una labor de instancia, y menos puede de unos documentos, parcialmente contemplados, extraer las conclusiones que operativamente efectúa la parte actora, desconociendo determinadas cuantias y soslayando el concepto importante que se ha tenido en cuenta a la hora de la extinción de la relación laboral. La tercera de las modificaciones es claramente intranscendente, afectando al hecho cuarto, pues quiere que se diga que un pago de los que constan en el relato fue en enero del 99, y como consta ya claramente cuando se realiza, nada nuevo aporta ni tiene relevancia respecto a la resolución de litigio. La modificación del hecho probado séptimo lo que intenta es que se añada que existió un error en el cheque que se extendió a favor de la demandante, y que luego intentó subsanarse el mismo. Consta el dato del impago de la deuda, y ello es lo relevante, debiéndose destacar que de la prueba documental que se aporta, constan reuses, pero no sabemos la entidad del pago que se queria, ni la celeridad o real voluntad de complimiento que tenia el demandado.

La Última de las modificaciones incide en el hecho probado décimo, y lo que ha hecho la sentencia es valorar en su conjunto la prueba, coligiendo esta conclusión, que el demandado intenta desvirtuar a través del acreditamiento de diversas nóminas, pero que, nuevamente, solo inciden a determinados periodos, y no a la totalidad de la relación laboral y al suceso acontecido. Téngase en cuenta, a la hora de examinar la denegación que realiza esta Sala, que consta a través del relato fáctico un incumplimiento manifiesto y reiterado por parte del empresario de sus obligaciones, que como el impugnante manifiesta, fueron reconocidas en documentos por la empresa y que la misma inspección constató, habiendo tenido que intervenir la Mutua directamente en el cumplimiento del subsidio. Ante estas circunstancias, el que puedan introducirse modificaciones de matiz en los incumplimientos, no tiene transcendencia suficiente para desvirtuar el relato fáctico final que se constata en la sentencia, que aunque debemos, obligadamente, remitirnos y reproducir, puesto que son las circunstancias concretas y totales de la relación las que deben tenerse en cuenta para valorar no solo la gravedad sino el mismo incumplimiento que se efectúa por la empresa.

Dicho lo anterior, también esta Sala debe precisar que no se ha intentado introducir en el relato fáctico ninguna extinción de la relación laboral, y que la única incidencia de la resolución de la Entidad Gestora de 12.11.99, que ambas partes admiten, quiere serlo respeto a la resolución de instancia, sin ninguna relevancia en orden a esta fase de suplicación. Desde aquí, debemos analizar los motivos jurídicos, señalando, ya ahora, que en ninguna de ellos se denuncia expresamente una infracción jurídica, sino que consisten en alegaciones relativas a determinadas cuestiones, citándose diversos preceptos, pero sin atribuir un error, indebida interpretación o nueva recapitulación jurídica respecto a la sentencia. Desde ello, el primero de los motivos viene a alegar que la Mutua ya ha efectuado el pago directo de la prestación, y que por mejora solo se adeudaba una pequeña cantidad. Se apoya la sentencia en la extinción del subsidio por la declaración de invalidez permanente, y que existiendo una suspensión de la relación laboral no se debian salarios, correspondiendo cualquier pago de prestación a un concepto distinto al salarial ( art. 26 E.T., en relación a los arts. 45 del mismo texto y 131 L.G.S.S.). Con esta argumentación olvida el recurrente lo que ya ha dicho la sentencia recurrida, y, concretamente, nos basta acudir a las sentencias del T.S. de 22.5.95 y 2.11.96 para apreciar que el incumplimiento del pago delegado de la prestación por la empresa es causa suficiente para establecer la resolución del contrato de trabajo a instancia del trabajador, incluyéndose dentro de este concepto las mejoras voluntarias. Existe un hecho que ha quedado inalterado en la sentencia recurrida, y el mismo es una deuda generada por impagos que asciende a más de un millón de pesetas. Consta de la misma resolución de la Mutua que se ha acudido a un pago delegado muy posterior al tiempo de I.T. y a los incumplimientos empresariales, por lo que la trabajadora ha quedado sometida a un régimen de penuria y desamparo en su relación laboral, motivado por la empresa, y que en modo alguno puede gravitar sobre ella, puesto que para que exista una correlación de prestaciones salariales, deben articularse la pluralidad de mecanismos recíprocos que existen, tanto en el pago de salarios como en la suplencia de los mismos a través de las formas establecidas para su satisfacción. La situación de suspensión del contrato de trabajo implica un complejo sistema instrumental en el que la buena fe, reciprocidad y cumplimiento de las obligaciones son su base, de tal manera que no puede dejarse a la libre determinación del empresario su satisfacción, dificultando la misma finalidad de la cobertura a través de la reclamación directa que se formula del trabajador a la entidad aseguradora. Las sentencias que hemos citado son lo suficientemente elocuentes como para rechazar cualquier argumentación sobre esta materia, debiéndonos remitirnos a ellas, y señalando que consta, además, un incumplimiento manifiesto de la empresa respecto a sus obligaciones, generándose una deuda importante y unos impagos que la misma inspección, como indica el impugnante, ha tenido en cuenta.

El motivo segundo de los jurídicos quiere incidir en que no existe gravedad en el incumplimiento y que son cuestiones controvertidas. El flagrante incumplimiento que desde febrero del 99 hasta octubre del 99 se realiza en el impago de las corespondientes cuantias que la empresa debia satisfacer no solo es tiempo más que prolongado, sino que manifiesta que no puede existir controversia sobre lo que luego abonó la Mutua. De igual manera, no solo debemos referirnos a cuantias de deudas por atrasos de incremento de convenio que pudiesen estar prescritos, sino a la misma mejora, que es un concepto de obligado cumplimiento por parte del empresario y cuya desviación determina el que el trabajador pueda acudir a denunciar esa flagrante ruptura que del vínculo laboral está realizando de manera unilateral la empresa, y es por ello que debe rechazarse este motivo reafirmando lo ya manifestado.

El último motivo incide en que se ha extinguido la relación laboral por I.P.T. por resolución administrativa posterior a la sentencia, pero con efectos anteriores a la misma. Lógicamente, esta Sala solo puede entrar en el parco contenido del motivo, y, en cuanto a ello señalar que no se ha intentado introducir la resolución en el relato de los hechos, lo que implicaria ya el rechazo del motivo. Si esto no fuese suficiente, hay que tener en cuenta que la resolución tiene efectos desde que se dicta, y, por tanto, si su fecha es posterior a la sentencia (3.11.99, esta, y 12.11.99, aquella), dificilmente la sentencia puede incurrir en ninguna anomalia en cuanto a ello, pues es después de esta resolución cuando se produce la extinción de la relación laboral, pero, en este caso, ya se habia declarado con anterioridad, por lo que la sentencia de instancia no quiebra ningún criterio jurídico. Téngase en cuenta que los efectos relativos a la misma resolución lo son en sus repercusiones económicas, pero no inciden en el mantenimiento suspensivo de aquella relación laboral.

De todo lo anterior se deriva la desestimación del recurso, con la imposición de costas y la pérdida de depósitos y consignaciones.

Fallo

Que se desestima el recurso suplicación interpuesto frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Bilbao el 3 de noviembre del 99, procedimiento 544/99, por Dª. Leire Pertika Lopategi, Letrado que actua en representación de D. J.A.P., confirmándose la sentencia recurrida en todos sus extremos, con expresa imposición de costas a la recurrente, que se cifran en 80.000.- ptas. en cuanto a honorarios de Letrado de la parte impugnante, y con pérdidas de depósitos y consignaciones a los que se les dará el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.