BDB TSJ País Vasco 42961/2000
Fecha: 12 de diciembre de 2000
Órgano: Tribunal Superior de Justicia de País Vasco
Sala: Sala de lo Social
Ponente: FLORENTINO EGUARAS MENDIRI
Sentencia: 3133 / 2000
Recurso: no disponible
Rollo: 2205 / 2000
Resumen:
Impugnación de altas y bajas de oficio por la TGSS durante periodos de incapacidad temporal del trabajador.

En la Villa de Bilbao, a 12 de diciembre de 2.000.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, formada por los Iltmos. Sres. D. MANUEL DIAZ DE RABAGO VILLAR, Presidente, D. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI y Dª. GARBIÑE BIURRUN MANCISIDOR, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación interpuesto por M.M.S. contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 (Vitoria) de fecha siete de Abril de dos mil, dictada en proceso sobre OSS, y entablado por M.M.S. frente a DIPUTACION FORAL DE ÁLAVA, INSS y TGSS

Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. FLORENTINO EGUARAS MENDIRI, quien expresa el criterio de la Sala.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente:

1º.- El demandante don M.M.S. prestó sus servicios profesionales por cuenta de la Diputación General de Alava, con la categoría de peón caminero y posteriormente de guarda de yacimiento arqueológico, y figura afiliado a la Seguridad Social con el nº XXX, en el Régimen general, habiendo permanecido en situación de incapacidad temporal del 30-12-1994 al 16-10-1996 y del 1-11-1996 al 30-4-1998, habiendo abonado la Diputación General al actor la prestación de IT y cotizado en el último periodo de IT señalado, constando en el parte de baja médica de 1-11-96 como diagnóstico infarto de miocardio quirúrgica y en el parte de alta de 30-4-98 "alta por cumplimiento 18 meses", no constando la causa concreta que determinó el primer período de baja y de IT, si bien en el informe de la UVMI de 1-10-96 consta que presentó un cuadro de angina de esfuerzo progresivo en diciembre de 1.994.

2º.- Por resolución del INSS de 16-10-1996 se declaró que el actor no se encontraba afecto de incapacidad permanente en ninguno de sus grados y la extinción de la prórroga de los efectos económicos del subsidio de la incapacidad temporal, todo ello atendiendo al dictamen de la UVMI de 1-10-96 (unido al folio 60 de los autos, que se tiene por reproducido), resolución confirmada por la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de esta ciudad de 10-2-1997 en la que se desestimó la demanda de solicitud de la incapacidad absoluta deducida por el actor, desestimándose el recurso de suplicación interpuesto por la sentencia del TSJ de 16-12-97, sentencias que constan unidas a los autos que se dan por reproducidas; iniciado nuevo expediente de incapacidad, por resolución del INSS de 29-10-98 se declaró que las lesiones del actor no son constitutivas de invalidez permanente en ninguno de los grados de incapacidad y por resolución de 18-12-98 se desestimó la reclamación previa, interponiendo demanda en solicitud de la incapacidad permanente absoluta que fue desestimada por la sentencia dictada el 12-5-1999 por el Juzgado de lo social nº 3 de esta ciudad, que atendió al dictamen de la UVMI de 5-10-1998 (unidos ambos documentos a los autos y se tienen aquí por reproducidos).

3º.- La TGSS dictó resolución el 21-6-1999 en la que acordó "anular de oficio las altas y bajas en el Régimen General de la Seguridad Social del trabajador don M.M.S. en la empresa Diputación Foral de Alava del 1-11-1996 a 30-4-1998; interpuesta reclamación previa el 28-7-1999 no consta que haya sido resuelta por la TGSS; el actor presentó el 5-5-1998 solicitud de pago directo por el INSS de la prestación de incapacidad temporal por agotamiento del plazo máximo de IT correspondiente a la baja iniciada el 1-11-96, dictando el INSS resolución el 11-5-1998 en la que se deniega la solicitud "al haber agotado el plazo máximo de permanencia en la situación de incapacidad temporal y no haber transcurrido entre los procesos un período de seis meses de actividad laboral".

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice:

Que desestimando la demanda de impugnación de alta y baja en la Seguridad Social deducida por don M.M.S. frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Diputación Foral de Alava debo absolver y absuelvo a dichos demandados de las pretensiones frente a ellos ejercitadas.

TERCERO.- Frente a dicha resolución se interpuso el recurso de Suplicación, que no fue impugnado por ninguna de las partes recurridas.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- El Juzgado de lo Social nº 1 de Vitoria desestimó el 7 de abril del 2.000 la demanda interpuesta por el trabajador D. M., referente a dejar sin efecto la resolución de la Entidad Gestora de 21-6-99, por la que se procedió a anular de oficio las altas y bajas en el régimen general de la Seguridad Social del actor de 1-11-96 y 30-4-98, respectivamente. La resolución de la Entidad Gestora se fundaba en que el periodo de incapacidad temporal en que habla estado el demandante, era consecuencia del anterior de 30-12-94 a 16-10-96, de tal manera que no concurría ninguna posible situación de cobertura o de prestación de servicios por cuenta ajena.

El Juzgado de lo Social, tras entender que a la Entidad Gestora se le otorgan facultades de revisión en los Arts. 13,4 y 100,2 LGSS y RD 84/96, entiende que existiendo un agotamiento del período máximo de IT, y otro período posterior, en el que no habían transcurrido los seis meses para desvincular uno y otro, termina por concluir con que no concurrían los supuestos necesarios para encontrarse de alta en el régimen general.

SEGUNDO.- Frente a la anterior sentencia interpone recurso de suplicación la parte actora, en el que en un único motivo denuncia, por la vía del apartado c) del Art. 191 LPL, la violación de los artículos 9,3, 41, y 53 de la Constitución, 145 LPL, y 126 y 50 de la antigua Ley del 74 y la actual LGSS.

A lo largo del recurso lo que el recurrente manifiesta es que es contrario a la seguridad jurídica que quien actúa amparado por los actos de la misma administración, pueda verse perjudicado por ellos, de tal manera que ni existen facultades de revisar, ni puede efectuarse una impugnación indirecta de aquellos partes de alta y baja médica que acontecieron, y de los que ha derivado la situación en la que se ha encontrado el demandante. El mismo, sigue manifestando, no puede quedar al margen del sistema cuando reúne los requisitos de inclusión, y los mismos se derivan de la misma actuación que ha llevado a cabo, sin que en ningún caso haya introducido un elemento de fraude o de distorsión del sistema por enmascaramiento de datos.

Realmente las alegaciones del recurso incluyen una censura o fiscalización de la actuación de la Tesorería, e inicialmente hemos de señalar que, de acuerdo a lo que señala la misma sentencia recurrida, la Entidad Gestora tiene facultades para revisar las altas y bajas en el régimen, siempre que tramite el correspondiente expediente, como ha acontecido en este pleito. Desde ello, si que es anómalo el realizar una actividad de separación de cobertura del régimen e integración en el mismo, por los mismos hechos que determinan su inclusión. En efecto, el demandante venía prestando servicios para la Diputación, integra un período de IT, y posteriormente, tras diversos días, otro nuevo, en el que vuelve a encontrarse de alta en el régimen, por cuenta de su empleador. Tengamos en cuenta que es obligatoria el alta para quien presta servicios por cuenta ajena, y según el artículo 15,2 LGSS; la obligación de cotizar nace desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente; en el mismo sentido el art. 106, nº 4 indica que la obligación de cotizar continua en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, y el art. 131 bis, nº 2, párrafo 3Q, indica que en los períodos de prórroga de la IT, no subsiste la obligación de cotizar. Si el trabajador se encontraba en una relación laboral por cuenta ajena, que nadie cuestiona, e inicia un período de incapacidad temporal que alcanza los 18 meses, para posteriormente el día 1 de noviembre reiniciar otro que se extiende por otros 18 meses, en los cuales es dado de alta, nuevamente, por su empresa, siendo pacifico el desarrollo del período, y la percepción del subsidio; aconteciendo ello, no podremos decir sino que la apariencia determina la existencia de una situación de inclusión en el régimen, concurriendo todos los requisitos precisos y necesarios para ello. No se advierte ningún proceder anómalo del trabajador, ni ninguna conducta que pueda determinar la inducción de un fraude o la observación de unas maniobras de engaño o que puedan conducir a un juicio de reprobación. Por el contrario, el demandante presenta una patología que los servicios sanitarios consideran suficiente para suspender su contrato de trabajo, admite la Tesorería las cotizaciones, la Entidad Gestora la situación, y todo deviene según los efectos legales.

Pues bien, ante esa situación, sin embargo, la Tesorería alega, en su resolución, que el trabajador no podía estar en situación de incapacidad temporal ya que la misma era consecuencia de la misma etiología que se padeció en el proceso anterior, y no habiendo transcurrido 6 meses, no podía existir prórroga como indica el impugnante, la situación de incapacidad temporal no se ha cuestionado, y la misma se ha mantenido, por lo que, por vía indirecta, lo que se está intentando impugnar es ésta, para buscar unos efectos distintos a los que debieran producirse. Desde esta perspectiva, no parece admisible el que se le dé de baja en el régimen general, habiéndose mantenido la situación que determinaba su alta, y, en su caso, la prestación de servicios para la entidad empleadora, circunstancia que tampoco se ha contrariado. Así, no puede imputarse a la situación del trabajador un posible defecto o anómalo proceder tanto en quien actúa los servicios sanitarios, como la inspección de los mismos, o, por último, quien ampara la situación jurídica de protección, para, manteniéndola, sin embargo, derivarle consecuencias dispares. Formalmente el trabajador debía estar de alta en el régimen general, y el cuestionar, en este pleito, sin una revisión o impugnación efectiva por parte de la entidad correspondiente, de la situación de incapacidad temporal, no es sino enmascarar el problema, e intentar soslayar los trámites oportunos. Pero, incluso, nunca podría devenir al trabajador el efecto que le depara la entidad demandada, si tenemos en cuenta que actúa conforme a los dictados de buena fe, y o bien debía prestar servicios, o bien permanezca en situación de baja, incluso por una extensión máxima del período autorizado en el art. 131 bis, en cualquier caso su situación de alta es incuestionable, puesto que ni se encuentra en un supuesto de negativa para prestar servicios, ni al margen del sistema de cobertura por la introducción de un elemento fraudulento o contrario al sistema.

De lo anterior se deduce que deba revocarse la sentencia y estimando la demanda quede sin efecto la resolución de 21-6-99.

Fallo

Se estima el recurso de suplicación interpuesto frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Vitoria el 7 de abril del 2.000, Procedimiento 455/99, por D. Juan Reizabal San Juan, Letrado que actúa en nombre y representación de D. M.M.S., y revocando la misma, se estima la demanda presentada por el recurrente, frente a la Tesorería General de la Seguridad Social, y se deja sin efecto la resolución dictada el 21-6-99, condenando a la Entidad demandada a estar y pasar por la anterior declaración, sin hacer pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de lo Social de origen para el oportuno cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.