BDB TS 380/1998
Fecha: 26 de enero de 1998
Órgano: Tribunal Supremo
Sala: Sala IV de lo Social
Ponente: ANTONIO MARTIN VALVERDE
Sentencia: no disponible
Recurso: no disponible
Rollo: no disponible
Resumen:
Calificación del hecho causante de incapacidad temporal como accidente del trabajo. La competencia corresponde a la entidad gestora y no a la mutua de accidentes de trabajo. Existe voto particular.

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Enero de mil novecientos noventa y ocho.

Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la UNIFICACIÓN DE DOCTRINA, interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, representado por el Procurador D. C.Z.C. y defendido por la Letrado Dña. M.A.P.G., contra la sentencia dictada en recurso de suplicación, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de fecha 7 de marzo de 1997 (autos nº 606/96), sobre REINTEGRO DE PRESTACIONES. Son partes recurridas EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, AAAAAAAA, S.A., DOÑA A.B.P.T., y Mutua BBBBBBBB.

Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. ANTONIO MARTÍN VALVERDE

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, ha dictado la sentencia impugnada en recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada el 15 de julio de 1996, por el Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo, entre los litigantes indicados en el encabezamiento, siendo también parte demandada en la instancia la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre reintegro de prestaciones por incapacidad laboral transitoria.

El relato de hechos probados de la sentencia de instancia, es el siguiente:

  1. Que la trabajadora demandada A.B.P.T., mayor de edad y domiciliada en Colloto, Oviedo, figuró afiliada y en alta en la Seguridad Social bajo el número CCCCCCCC, por sus trabajos por orden y a cuenta de la empresa AAAAAAAA S.A..

  2. Dicha patronal tenía asegurados a sus trabajadores de los riesgos derivados de accidentes en la Mutua de Trabajo número DDDDDDDD Mutua BBBBBBBB.

  3. El día 9 de febrero de 1993, cuando dicha trabajadora prestaba los servicios propios de su profesión de viajante sufrió un accidente el 9 de febrero de 1993, siendo dada de alta el 31 de julio de 1994.

  4. Los servicios médicos de la Mutua habían extendido el parte de curación con fecha 23 de abril de 1993, produciéndose recidiva el 24 de mayo siendo dada de alta el 31 de julio de 1994, en el que se extendió alta con informe propuesta de lesiones permanentes no invalidantes.

  5. Tramitado el correspondiente expediente, por resolución del 14 de enero de 1995, la demandada fue declarada afecta de dichas lesiones e impugnada dicha resolución por la trabajadora por sentencia del 4 de julio de 1995, confirmada por el Tribunal Superior el 22 de febrero de 1996, fue desestimada su petición.

  6. Nuevamente la actora causó baja por incapacidad laboral temporal el 1 de diciembre de 1995, bajo el diagnóstico de cervicalgía no siendo atendida por los servicios médicos de la mutua.

  7. Por resolución del equipo de valoración de incapacidades se determinó que el cuadro iniciado el 1 de diciembre de 1995, tiene clara conexión con las secuelas derivadas de accidente de trabajo.

  8. Por resolución del 19 de abril de 1996, se requirió a la Mutua BBBBBBBB para reintegrar al INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL de las prestaciones abonadas por el Instituto y formulada reclamación previa fue desestimada en acuerdo el día 21 de mayo de 1996.

  9. La demandada alcanza una base reguladora de 6.920 pesetas diarias, presenta intensa rigidez cervical sin déficit neurológicos cefaléas, mareos que se acentúan al circular en coche con problemas de cervicalgia irradiada a miembro superior derecho.

  10. La demanda fue presentada el día 7 de junio.

El fallo de la sentencia de instancia es del siguiente tenor: FALLO: Que, desestimando la demanda presentada por Mutua BBBBBBBB contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; TESORERIA GENERAL; AAAAAAAA S.A.; INSALUD, y DOÑA A.B.P.T. debo absolver y absuelvo a dichos demandados de las pretensiones contra ellos ejercitadas.

SEGUNDO.- El relato de hechos probados de la sentencia de instancia ha sido mantenido íntegramente en la sentencia dictada por Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, hoy recurrida en unificación de doctrina, siendo la parte dispositiva de la misma del siguiente tenor literal: FALLAMOS: Estimando el recurso de suplicación interpuesto por la Mutua BBBBBBBB, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº DDDDDDDD contra la sentencia del Juzgado de lo social número uno de Oviedo de quince de julio de mil novecientos noventa y seis, en procedimiento instado por dicha Mutua recurrente frente Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto nacional de la Salud, AAAAAAAA S.A. y Dña. A.B.P.T., en reclamación de reintegro de prestaciones por incapacidad temporal, declaramos la incompetencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social para determinar la contingencia de la que deriva la incapacidad temporal de doña A.B.P.T. y en consecuencia la nulidad de la resolución de 19 de abril de 1996, condenando a estar y pasar por esta declaración. Dense a los depósitos y consignaciones efectuados para recurrir el destino legal.

TERCERO.- La parte recurrente considera contradictoria con la impugnada en el caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de fecha 5 de diciembre de 1991. Dicha sentencia contiene los siguientes hechos probados:

  1. El trabajador demandado D. J.L.D.R., causó baja el 15 de octubre de 1987 con el diagnóstico de lumbalgia, iniciando situación de Incapacidad laboral Transitoria derivada de enfermedad común, pasando a Invalidez Provisional en abril de 1989; trabajaba para la demandada FFFFFFFF, asegurada en la Mutua Patronal EEEEEEEE. Con fecha 9 de enero de 1990, previa propuesta de la comisión de Evaluación de Incapacidades, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dicta resolución declarando al citado trabajador en situación de incapacidad permanente total para su actividad habitual de minero de interior, derivada de accidente de trabajo, fijando la oportuna pensión a cargo de la Mutua Patronal EEEEEEEE -actora en estos autos.

  2. Con fecha 12 de abril de 1989 la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud dicta resolución en el sentido de que la baja que se produjo el 15 de octubre de 1987 lo fue por accidente de trabajo y no por enfermedad común; contra la cual interpuso demanda la Mútua, siendo estimada por sentencia de 2 de abril de 1990 del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, que declaró la nulidad de aquélla resolución por carecer de competencia.

  3. Por resolución del Instituto Nacional de la Salud de 30 de mayo de 1990, se declara que el proceso de incapacidad laboral transitoria y subsiguiente invalidez provisional en que estuvo incurso D. J.L.D.R., deriva de accidente de trabajo.

  4. Contra esta última resolución interponen demanda EEEEEEEE y FFFFFFFF, que fueron posteriormente acumuladas.

En la parte dispositiva de la misma se estimó el recurso de suplicación interpuesto por el INSS contra la sentencia de instancia, revocándose la misma y absolviéndose a la entidad recurrente de las peticiones de la demanda.

CUARTO.- El escrito de formalización del presente recurso lleva fecha de 21 de abril de 1997. En él se alega como motivo de casación al amparo del art. 221 de la Ley de Procedimiento Laboral, contradicción entre la sentencia reseñada en el antecedente de hecho anterior y la ahora impugnada en el caso. Alega también el recurrente infracción del art. 5.b) de la Orden de 13-10-67 y por inaplicación del art. 2.g) del Real Decreto 2609/82 de 24 de septiembre en relación con el apartado a) y con el art. 1.1. del Real Decreto 1854/79 de 30 de julio y con el art. 1.1 del Real Decreto Ley 36/78 de 16 de noviembre. Finalmente alega quebranto producido en la unificación de la interpretación del derecho y la formación de la jurisprudencia.

El recurrente ha aportado la preceptiva certificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que considera contradictoria a los efectos de este recurso.

QUINTO.- Por Providencia de 19 de mayo de 1997, se tuvo por personado e interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación para la unificación de doctrina. Pasados los autos al Magistrado Ponente, se admitió a trámite el recurso. No habiéndose personado las partes recurridas, se trasladaron las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe, que dictaminó en el sentido de considerar procedente el recurso.

SEXTO.- Por Providencia de fecha 9 de diciembre de 1997, se suspendió el señalamiento previsto el día 11 de diciembre de 1997, trasladándose el mismo para el día 14 de enero de 1998 y convocándose dicho día a los Magistrados para formar Sala General.

Fundamentos de Derecho

UNICO.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de unificación de doctrina es la de qué entidad es competente para determinar de entrada si las lesiones que han dado lugar a una situación de incapacidad temporal subsidiada han sido producidas por accidente de trabajo (o enfermedad profesional) en supuestos en que la cobertura de dicha contingencia ha sido asumida en régimen de colaboración por una mutua de accidentes de trabajo.

La sentencia recurrida sostiene la tesis de que la calificación del origen o hecho causante de la incapacidad temporal corresponde en tales supuestos a la mutua responsable de su abono. Por el contrario, la sentencia de contraste defiende que la competencia para decidir que una lesión se ha derivado de accidente de trabajo corresponde a la entidad gestora, sin perjuicio, claro está, de la revisión jurisdiccional posterior de tales resoluciones administrativas.

Por sentencia de esta misma fecha dictada por el pleno de sus miembros, esta Sala de lo social del Tribunal Supremo ha optado por atribuir la competencia de calificación controvertida al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en cuanto entidad gestora. Esta ha de ser también, lógicamente, la solución a aplicar en el presente asunto, informado por el Ministerio Fiscal en el mismo sentido de reconocer la intervención de una entidad institucional del Estado como garantía de imparcialidad en la vía administrativa. Ello conduce a la estimación del recurso.

Las razones que fundamentan la sentencia a la que ésta sigue se pueden resumir en los siguientes puntos:

  1. en la gestión ordinaria de la protección por incapacidad temporal rige un principio de oficialidad, de acuerdo con el cual la prestación se hace efectiva de modo directo y automático conforme al diagnóstico y determinación provisional de la causa de la dolencia efectuada en el parte de baja médica;

  2. esta determinación provisional inmediata del hecho causante por parte del servicio médico, aconsejada por razones de celeridad en la protección, se lleva a cabo sin perjuicio de una eventual comprobación médica y jurídica posterior, realizada a instancia de parte o de oficio por la entidad gestora, que se concreta en una resolución administrativa de dicha entidad gestora;

  3. la determinación en el parte de baja médica de la causa de la lesión que genera incapacidad temporal no es un acto de reconocimiento de derecho sometido al régimen del art. 145.1 de la Ley de procedimiento laboral (LPL) a causa de su provisionalidad y de su función exclusiva de garantía de automaticidad de prestaciones;

  4. por otra parte el art. 145.1 de la LPL tampoco sería aplicable al caso en cuanto que la calificación como contingencia profesional supone una mayor protección al trabajador que la derivada de contingencia común; y

  5. el fundamento último de la atribución de competencia al INSS y no a la mutua de accidente de trabajo para la calificación del origen o hecho causante de la lesión generadora de incapacidad temporal es la condición de entidad gestora de aquél y de entidad colaboradora de ésta, lo que comporta distintas facultades de uno y otra, de acuerdo con la legislación vigente (artículos 57 y 67 de la Ley general de la Seguridad Social, art. 1. del RD-L 36/1978 y art. 2 del RD 2609/1982).

La sentencia estimatoria de unificación de doctrina debe resolver la cuestión planteada en suplicación con arreglo a doctrina unificada. Ello comporta en el caso, a la vista del signo desestimatorio de la resolución del Juzgado de lo social, la desestimación del recurso de la mutua patronal y la confirmación de la sentencia de instancia.

Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

Fallo

Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de fecha 7 de marzo de 1997, en el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada el 15 de julio de 1996 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Oviedo, en autos seguidos a instancia de LA Mutua BBBBBBBB, contra EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, la empresa AAAAAAAA, S.A., DOÑA A.B.P.T. y EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD, sobre REINTEGRO DE PRESTACIONES. Casamos y anulamos la sentencia recurrida.

Resolviendo el debate de suplicación, desestimamos el recurso de la mutua patronal y confirmamos la sentencia de instancia.

Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional correspondiente, con la certificación y comunicación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. AURELIO DESDENTADO BONETE A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO 1730/97, Y AL QUE SE ADHIEREN LOS EXCMOS. SRES. MAGISTRADOS D. MIGUEL ANGEL CAMPOS ALONSO Y DON JOSE MARIA MARIN CORREA.

PRIMERO.- La doctrina sobre la cuestión objeto de debate fue ya unificada por la sentencia de 8.10.1997, dictada en el recurso 561/97. En esa sentencia se establece que la competencia para reconocer el derecho a una prestación corresponde, en principio y salvo la excepción de las prestaciones de incapacidad permanente, a la entidad que ha asumido su cobertura, sea en régimen de gestión pública o en el denominado régimen de colaboración.

Así se desprende con toda claridad de los artículos. 68.2 y 77.1 de la Ley General de la Seguridad Social. La asunción del coste de estas prestaciones determina la atribución de la responsabilidad en relación con el pago de las mismas (artículo 126 de la LGSS) y la competencia para el reconocimiento del derecho, como lo reconoce de forma inequívoca el artículo 5 de la Orden Ministerial de 13.10.1967, a tenor del cual el reconocimiento del derecho al subsidio de incapacidad laboral transitoria corresponde en ese supuesto a la Mutua de Accidentes o a la empresa autorizada para colaborar en la gestión cuando el subsidio se derive de las contingencias a que afecte su colaboración y la misma regla establece el artículo 30 de la Orden Ministerial 13.2.1967 para las prestaciones de muerte y supervivencia.

Esta es la regla general -hasta ahora pacífica- en el funcionamiento del sistema y su desconocimiento supondría un riesgo grave de confusión en las responsabilidades con un alto coste en términos de duplicación de la gestión, si las gestoras públicas tienen que intervenir también en los reconocimientos de las prestaciones que tienen a su cargo las colaboradoras.

SEGUNDO.- No hay ninguna razón para alterar un régimen legal tan claro como el que se examina. El principio de oficialidad en el reconocimiento de las prestaciones de incapacidad temporal sólo permite eliminar la solicitud del beneficiario, pero no excluye la existencia de un reconocimiento del derecho a cargo de la gestora, que puede producirse tanto mediante una resolución administrativa, como a través de actos concluyentes, como el parte de baja y la aceptación del pago. En cualquier caso ese principio no autorizaría nunca a dictar un acto administrativo que crea responsabilidades patrimoniales para un tercero (la mutua o la empresa colaboradora), ni permite someter el reconocimiento de las prestaciones de incapacidad temporal a un régimen ilimitado de provisionalidad, que resulta contrario a la seguridad jurídica. Por otra parte, como ha precisado la doctrina científica, gestión y colaboración en la gestión son formas institucionales de distribución de las competencias en la cobertura y administración de las prestaciones de la Seguridad Social entre sujetos públicos y privados. Pero esa distinción no supone una relación jerárquica entre esos sujetos, ni una preeminencia general de las gestoras públicas sobre las colaboradoras privadas, que autorice a las primeras a reconocer derechos económicos a cargo de las segundas. El control de las entidades colaboradoras por la Administración -la llamada dirección, vigilancia y tutela- se establece en la forma prevista legalmente a través de los mecanismos que contempla la LGSS y los correspondientes reglamentos, sin incorporar una cláusula general de intervención tan radical que permita a las gestoras reconocer las prestaciones, cuyo gestión y pago corresponde legalmente a las colaboradoras. Es cierto que el artículo 1.1 del Real Decreto Ley 36/1978 atribuye al INSS la gestión y administración de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, pero es una regla general que tiene las excepciones señaladas en relación con la esfera de competencia reconocida a favor de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y de las empresas autorizadas para la colaboración voluntaria. La única excepción es la que se establece en el artículo 143.1 de la LGSS, a tenor del cual corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declarar la situación de invalidez permanente, a efectos de reconocimiento de las prestaciones económicas a que se refiere la presente Sección. Pero esta regla -derivada de la asunción de la antigua competencia de las Comisiones Técnicas Calificadoras- es la excepción ; no la regla general y cuando el RD 1300/1995 cambia la expresión incapacidad permanente por la de incapacidad laboral, es claro que está actuando no sólo ultra vires, sino en contra del régimen de colaboración en la gestión establecido por la Ley.

TERCERO.- De las consideraciones anteriores no se deriva que el INSS no pueda reaccionar frente al reconocimiento de un derecho que, en virtud del conocimiento posterior de otros datos, considera incorrectamente realizado. Lo que sucede es que la rectificación de ese reconocimiento debe hacerse en la forma prevista en el artículo 145.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, que además conduce a un planteamiento procesal más correcto.

Por ello, considero que el recurso del INSS debe desestimarse.

Madrid, 26 de enero de 1998.

PUBLICACION: En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Antonio Martín Valverde y el voto particular formulado por el Excmo. Sr. Magistrado D. Aurelio Desdentado Bonete, al que se adhirieron los Excmos. Sres. Magistrados D. Miguel Angel Campos Alonso y D. José María Marín Correa hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.