BDB TSJ Andalucía (Sevilla) 17505/2007
Fecha: 19 de diciembre de 2007
Órgano: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede Sevilla
Sala: Sala de lo Social, Sección 1
Ponente: LETICIA ESTEVA RAMOS
Sentencia: 3953 / 2007
Recurso: 577 / 2007
Rollo: 577 / 2007
Resumen:
Denegación de prestaciones por Incapacidad Temporal por no estar en alta a la fecha del hecho causante. Condena por la sentencia de instancia al Ayuntamiento como responsable directo y exclusivo. Se alega infracción del art. 95.1.2ª de la LGSS de 1966, de aplicación supletoria a falta del desarrollo reglamentario del art. 126 del vigente Texto Refundido de la LGSS en relación con el art. 35.1.1º del RD 84/1996. Responsabilidad en orden a las prestaciones. Existencia de una evidente responsabilidad empresarial por cuanto que el inicio de la actividad laboral se produjo el día 3 de marzo de 2003, la situación de incapacidad temporal se inició al día siguiente, 4 de marzo y el alta en Seguridad Social lo cursó la empresa el 9 de abril, siempre de 2003, de lo que se deduce que en el momento del hecho causante de la prestación el trabajador no se encontraba en la situación de alta que exigen los artículo 128 y 124 LGSS.

En Sevilla, a diecinueve de diciembre de dos mil siete.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY, ha dictado la siguiente

SENTENCIA NÚMERO 3953/07

En el recurso de suplicación interpuesto por el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 3 de los de Huelva, en sus autos núm. 194/06; ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada-Suplente, Doña LETICIA ESTEVA RAMOS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos, se presentó demanda por Don Juan Pedro , contra el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, sobre prestaciones, se celebró el juicio y se dictó sentencia el día 21 de septiembre de 2006 por el referido Juzgado , con estimación parcial de la demanda.

SEGUNDO.- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

"Primero.- EI actor Don Juan Pedro , con D.N.I. nº NUM000 , prestó servicios como Peón para el Ayuntamiento codemandado desde el 20 de Septiembre de 2005, en el área de conservación de parques y jardines.

El alta del trabajador en Seguridad Social no fue cursada hasta el día 5-1205.

Segundo.- EI día 3-10-2005 el actor causó baja por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, siendo baja en el Ayuntamiento al día siguiente, por terminación de contrato.

Tercero.- El actor solicitó del INSS el abono de las prestaciones de IT devengadas desde el 5 de Octubre de 2005, solicitud denegada por la gestora por no hallarse aquél en alta en Seguridad Social en la fecha del hecho causante de la prestación.

Cuarto.- El Sr. Juan Pedro continúa a la fecha del juicio de baja médica.

Quinto.- La base de cotización del trabajador en el mes de Septiembre de 2005 asciende a 36,49 euros diarios.

Sexto.- El Ayuntamiento codemandado ha efectuado por el trabajador las cotizaciones que resultan de los TC2 incorporados a los folios 71 y 72 de lo actuado.

Séptimo.- Se agotó la vía previa, desestimándose expresamente por el INSS la reclamación del trabajador mediante Resolución con registro de salida de fecha 27-2-06."

TERCERO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de suplicación por el Ayuntamiento de Lucena del Puerto, que ha sido impugnado por el demandante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El trabajador demandante prestaba servicios como conservador de parques y jardines para el Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto (Huelva) por un periodo de tiempo desde el 20-9-2005 a 4-10-2005, causando baja por enfermedad común el 3-10-05. Al solicitar las prestaciones de IT al INSS le fueron denegadas por no estar en alta a la fecha del hecho causante. La sentencia estima parcialmente la demanda, condena al Ayuntamiento como responsable directo y exclusivo al abono de las prestaciones de IT desde el 3-10-05 hasta la curación y absuelve al INSS y a la TGSS.

Frente a dicha sentencia, se alza en suplicación el Servicio jurídico de la Excma. Diputación Provincial de Huelva que ostenta la dirección técnico-jurídica, representación y defensa del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, articulando su recurso en dos motivos, formulado el primero al amparo del art. 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral , interesando la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia impugnada, y el segundo con fundamento procesal en la letra c) del mencionado precepto legal, a fin de examinar el derecho aplicado por el Juzgador. El recurso es impugnado por el trabajador.

En el primero de ellos, tendente a la revisión de los hechos declarados probados, en primer lugar, se pretende la modificación del hecho declarado probado Primero que dice: " El Alta del Trabajador en Seguridad Social no fue cursada hasta el día 5-12-05", proponiendo como redacción alternativa la siguiente: " El Trabajador fue dado de alta en Seguridad Social el día 20-9-2005".

Apoya la parte recurrente esta pretensión en los documentos obrantes a los folios 67 y 75 de las actuaciones consistentes, el primero en duplicado de documento TA de la Oficina Virtual en la que aparece como fecha real del alta el día 20-9-05 y como baja el día 4-10-05 ( no 06, como erróneamente se dice en el recurso), y el segundo, el informe de Vida Laboral en el que consta como fecha de alta el día 20-9-05 y fecha de efecto de alta el 5-12-2005.

Es doctrina reiterada de esta Sala que el carácter extraordinario del Recurso de Suplicación supone el respeto de la declaración de hechos probados de la sentencia de instancia, sólo impugnable cuando se evidencia error en los mismos, mediante la prueba pericial o documental obrante en autos, y naturalmente el éxito de este motivo, por obvias razones de economía procesal, queda condicionado a la trascendencia de la rectificación, eliminación o adición pretendida, de manera que, no cabe prosperar el motivo si no hubiera de incidir en el signo del pronunciamiento.

El motivo, sin perjuicio de lo que se razonará en los fundamentos siguientes, no puede prosperar, al no apreciarse error en la valoración de la prueba realizada por el Juzgador "a quo", de conformidad con lo previsto en los artículos 97.2 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral , en relación con el artículo 348 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil , que justifiquen la modificación que se interesa. Es al Juzgador de instancia a quien corresponde valorar la prueba practicada para formar su convicción, con apreciación en sana crítica de todos los elementos probatorios. Y si llegó a una resolución fáctica, ésta debe de prevalecer como norma general, sobre cualquier interpretación subjetiva o interesada, por lo que debe respetarse la establecida por el Juez "a quo", a no ser que se demuestre palmariamente el error en que éste hubiese podido incurrir en su elección y que se acredite en todo caso que el error judicial se produjo de modo irrefutable y manifiesto.

Además, sólo de forma excepcional han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar la valoración de la prueba hecha por el Juzgador de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, declaren claro error de hecho sufrido por el Juzgador en la apreciación de la prueba. Y en el presente caso, no se ha producido el denunciado error judicial.

No obstante cabe decir que, la tramitación de las altas y las bajas a través del Sistema Red no supone la presentación en plazo, ya que admite que se realicen fuera del plazo reglamentario, siendo la fecha de efectos la fecha de presentación; por lo que el duplicado donde consta la fecha real, pero no la fecha de presentación no acredita que se cursara el alta en esa fecha; y, constando en el Informe de Vida Laboral la fecha de efecto de alta el 5-12-2005, evidencia que no existe error del Juzgador.

SEGUNDO.- En segundo lugar, dentro del primer motivo sobre revisión de los hechos declarados probados, se pretende la adición del siguiente párrafo al hecho Sexto: " El Ayuntamiento codemandado ha efectuado por el trabajador las cotizaciones que resultan de los TC2 incorporados a los folios 71, 72 y 75 de lo actuado. En consecuencia, la empresa cotizó por el actor dentro de plazo durante todo el periodo que duró la relación contractual". Basa su pretensión en la documentación referida, los folios 71 y 72 consistentes en los TC2 y, el folio 75 consistente en el informe de vida laboral.

El motivo se desestima, pues en el hecho probado sexto ya se dice que el Ayuntamiento codemandado ha efectuado por el trabajador las cotizaciones que resultan de los TC2 incorporados a los folios 71, 72 y 75 de lo actuado, siendo este relato el que ha quedado probado para el Juzgador, pero no la consecuencia que se quiere añadir, que la empresa cotizó por el actor dentro de plazo durante todo el periodo que duró la relación contractual, pues esa consecuencia no se infiere de los citados folios, en los que no figura el ingreso ni la fecha de dicho ingreso de las cuotas de cotización, no invocándose otro documento del que, por sí solo, se evidencie de forma clara y directa, sin hacer precisas interpretaciones o valoraciones la exactitud del texto a añadir. Por ello, en la sentencia, se recoge en el fundamento de derecho segundo y así consta como dato fáctico, que el ente local empleador no dio de alta al trabajador en la TGSS hasta el 5-12-05 (hecho probado primero), si bien cotizó dentro de plazo durante todo el periodo que duró la relación contractual; no evidenciándose error ni omisión en la convicción alcanzada por el Juzgador en el relato de hechos probados al haber sido tenido en cuenta ya el dato, cuya adición pretende, por el Juzgador, y no incidir en el signo del pronunciamiento.

TERCERO.- El segundo motivo se articula por el cauce del artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral citándose como infringido el art. 95.1.2ª de la LGSS de 1966 , de aplicación supletoria a falta del desarrollo reglamentario del art. 126 del vigente Texto Refundido de la LGSS en relación con el art. 35.1.1º del RD 84/1996 .

El art. 126 del RDLeg. 1/1994 de 20 de junio regula la responsabilidad en orden a las prestaciones, estableciendo en el apartado 1, que cuando se haya causado derecho a una prestación por haberse cumplido las condiciones a que se refiere el art. 124 de la referida Ley , se imputará la responsabilidad a las entidades gestoras, Mutuas o empresarios colaboradores en la gestión, o en su caso a los servicios comunes. Por su parte el art. 124.1 , dispone que causarán derecho a las prestaciones cuando además de los particulares exigidos para la respectiva prestación, reúna el requisito general de estar afiliadas y en alta en este Régimen General o en situación asimilada al alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en contrario. Puestos en relación los citados preceptos con el art. 35.1 apartado 1º del R.D. 84/1996, de 26 de enero que aprueba el Reglamento General sobre Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas, Bajas y variaciones de datos de los trabajadores en la Seguridad Social; que determina los efectos de las bajas y altas de los trabajadores, en concreto:

1. El reconocimiento del alta del trabajador determina la situación de alta del mismo en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda en razón de su actividad o la de su empresa, con los derechos y obligaciones inherentes a dicha situación conforme a las normas reguladoras del Régimen en que aquél quede encuadrado.

1º) En todos los casos, las altas cuyas solicitudes hayan sido presentadas con carácter previo a la prestación de servicios únicamente surtirán efectos, en orden a los derechos y obligaciones inherentes a dicha situación de alta, a partir del día en que se inicie la actividad.

Las altas, cuyas solicitudes hayan sido presentadas con anterioridad a la iniciación de la prestación de servicios en los términos regulados en el apartado 3,1º art. 32 de este reglamento , no surtirán efectos cuando el que la hubiere formulado comunique la no iniciación de la prestación de servicios del trabajador a que la misma se refiera con anterioridad al día indicado para dicha iniciación, por los medios o procedimientos utilizados para solicitar dicha alta previa.

Las altas solicitadas por el empresario o, en su caso, por el trabajador fuera de los términos establecidos sólo tendrán efectos desde el día en que se formule la solicitud, salvo que se haya producido ingreso de cuotas en plazo reglamentario, en cuyo caso el alta retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuotas correspondientes al trabajador de que se trate.

Las solicitudes defectuosas surtirán efectos, conforme a los párrafos anteriores, cuando se subsanen en el plazo de diez días los datos o documentos omitidos y requeridos.

Regulando el párrafo 3º) en los supuestos a que se refieren los apartados 1,1º y 1,2º precedentes, que los sujetos obligados a solicitar el alta incurrirán en las responsabilidades que de su falta de solicitud se deriven con anterioridad a dichas fechas. Sin embargo, la obligación de cotizar, en todo caso, nacerá desde el día en que se inició la actividad, salvo que por aplicación de oficio de la prescripción no fueran exigibles ni admisibles a ningún efecto las cuotas correspondientes.

En mérito de los preceptos citados, y aplicándolos al presente caso, en el inalterado hecho probado primero, segundo párrafo, consta que el alta del trabajador en Seguridad Social no fue cursada hasta el día 5-12-2005; que el día 3-10-2005 el actor causó baja por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, siendo baja en el Ayuntamiento al día siguiente, por terminación de contrato. Que respecto al ingreso de las cuotas de cotizaciones correspondientes al trabajador, no consta que se efectuara antes del hecho causante, 3-10-05, para poder operar la retroactividad de los efectos del alta extemporánea. Teniendo declarado esta Sala que las altas solicitadas por el empresario fuera de los términos establecidos sólo tendrán efectos desde la fecha en que se formule la solicitud, salvo que se haya producido ingreso de cuotas en plazo reglamentario, con anterioridad al hecho causante; siguiendo la doctrina del T.S. contenida en la sentencia de la Sala 4ª de 11 de julio de 2006 : "El artículo 35.1 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero , por el que se aprueba el Reglamento general sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, que se denuncia infringido en el recurso, afirma con carácter general que "El reconocimiento del alta del trabajador determina la situación de alta del mismo en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda en razón de su actividad o la de su empresa, con los derechos y obligaciones inherentes a dicha situación conforme a las normas reguladoras del Régimen en que aquél quede encuadrado". Y en el párrafo tercero del apartado 1º del mismo se dice en relación con el problema que aquí nos ocupa que "Las altas solicitadas por el empresario ... fuera de los términos establecidos sólo tendrán efectos desde el día en que se formule la solicitud, salvo que se haya producido ingreso de cuotas en plazo reglamentario, en cuyo caso el alta retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuotas correspondientes al trabajador de que se trate."

Tal y como se pone de manifiesto en la sentencia recurrida, recuerda el voto particular discrepante de ella y la empresa recurrida recoge en su escrito de impugnación del recurso, esta Sala tuvo una primera ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la norma transcrita, y lo hizo en la sentencia de 26 de junio de 2000 , en el recurso de casación para la unificación de doctrina número 4169/1999, en la que se afirmaba que las cuotas ingresadas en plazo reglamentario tenían eficacia liberatoria en aquél caso concreto, en el que la trabajadora había sido dada de alta en el momento del inicio de la actividad, pero en su desarrollo la empresa cursó una baja indebida (se dice que por error) después de la que se inició una incapacidad temporal. Luego se dejó sin efecto esa baja con un alta posterior al hecho causante, pero con ingreso de las cuotas en plazo. En tal específica situación la referida sentencia otorgó eficacia liberatoria de la responsabilidad empresarial al ingreso en plazo de tales cuotas, aunque realmente en el momento de inicio de la incapacidad temporal la trabajadora no estaba en alta.

Pero esa doctrina tan concreta aplicada sobre el caso referido, se ha completado después por las sentencias de 23 de junio de 2003 (recurso 3079/2002), 27 de octubre de 2004 (recurso 5097/2003) y 21 de septiembre de 2005 (recurso 3175/2004 ), en las que se lleva a cabo una interpretación del referido precepto reglamentario, en relación con el requisito de estar en situación de alta para causar derecho al subsidio por incapacidad temporal, tal y como exigen los artículos 128, en relación con el 124 LGSS , en el sentido de que la retroactividad o eficacia de las cuotas ingresadas dentro de plazo reglamentario, pero en casos en los que el alta en Seguridad Social es posterior al hecho causante, queda limitada a la fecha en la que se produjo el ingreso de aquellas cuotas y en ningún caso al momento al que corresponda la primera de esas cuotas. En coherencia con ello, el apartado 3º del número 1 del repetido artículo 35 del Reglamento dice que "en los supuestos a que se refieren los apartados 1,1º y 1,2º precedentes, los sujetos obligados a solicitar el alta incurrirán en las responsabilidades que de su falta de solicitud se deriven con anterioridad a dichas fechas. Sin embargo, la obligación de cotizar, en todo caso, nacerá desde el día en que se inició la actividad, salvo que por aplicación de oficio de la prescripción no fueran exigibles ni admisibles a ningún efecto las cuotas correspondientes".

Aplicando la anterior normativa y doctrina de la Sala al caso de autos, ha de afirmarse la existencia de una evidente responsabilidad empresarial por cuanto que el inicio de la actividad laboral se produjo el día 3 de marzo de 2003, la situación de incapacidad temporal se inició al día siguiente, 4 de marzo y el alta en Seguridad Social lo cursó la empresa el 9 de abril, siempre de 2003, de lo que se deduce que en el momento del hecho causante de la prestación el trabajador no se encontraba en la situación de alta que exigen los artículo 128 y 124 LGSS. El posterior ingreso de las cotizaciones efectuado el 30 de abril de 2003 , aunque se haya hecho en plazo, sólo surtirá efectos desde esa fecha, pero no incidirá en situaciones anteriores ni podrá subsanar entonces la ausencia de alta que motivó la denegación del subsidio por parte de la Entidad Gestora hoy recurrente".

En el mismo sentido, la STS Sala 4ª, de 30-6-2006 : "Estima el TS el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el demandado INSS contra sentencia dictada en proceso sobre pago de prestaciones por falta de afiliación. Señala la Sala que el alta formulada fuera de plazo sólo tendrá efectos desde el día en que se formula la solicitud, salvo que se haya producido el ingreso de cuotas en plazo reglamentario, en cuyo caso el alta retrotraerá sus efectos a la fecha en que se hayan ingresado las primeras cuotas correspondientes al trabajador de que se trate, pues el trabajador que debe ser asegurado no existe para la Entidad Gestora hasta el momento en que se solicita su alta en la SS, a no ser que se produzca una actuación oficial anterior que le dé ese conocimiento, como el ingreso tempestivo de las cuotas correspondientes; pero si ese ingreso, aún dentro del plazo reglamentario, es posterior a la formalización del alta, ya no entra en juego ese efecto retroactivo porque los efectos del alta juegan desde una fecha más favorable, el alta anterior, que si se efectuó fuera de plazo, no puede quedar convalidada para que surta efectos a la fecha del hecho causante por el simple hecho de ingresar cuotas en plazo reglamentario pero en fecha posterior al alta, cotizaciones que en este caso sólo sirvan para cumplir con el requisito distinto, cuando fuere exigible, de estar al corriente en el pago de las cuotas".

Todo lo cual conduce a la desestimación del motivo por no existir las infracciones alegadas, confirmando así la sentencia, previa la desestimación del recurso.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de suplicación formulado por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO y confirmamos la sentencia dictada el 21 de septiembre de 2006 en los autos 194/06 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Huelva , promovidos por Don Juan Pedro contra el citado Ayuntamiento recurrente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que, contra esta sentencia, cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente rollo, que se archivará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada en audiencia pública, en el día de su fecha, por la Ilma. Sra. Magistrada-Suplente Ponente que la suscribe. Doy fe.