BDB TS 1999/2008
Fecha: 10 de abril de 2008
Órgano: Tribunal Supremo
Sala: Sala III de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4
Ponente: ENRIQUE LECUMBERRI MARTI
Sentencia: no disponible
Recurso: 7607 / 2005
Rollo: 7607 / 2005
Resumen:
Impugnación de resolución que desestimó la petición de modificación del contrato relativo a la redacción del Proyecto Básico y de ejecución, así como la construcción, equipamiento y explotación del servicio público de gestión integral de un centro residencial para personas mayores. El Juzgador de instancia dio una explicación escueta pero suficiente y razonable a la pretensión subsidiaria formulada por la sociedad recurrente en torno a la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada por falta del preceptivo informe del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. No existe contradicción alguna entre los Pliegos y los contratos celebrados.
Tesauro:
Contencioso-Administrativo: Contratos: Contratos Administrativos: Contrato de Concesión de Obras Públicas

En la Villa de Madrid, a diez de Abril de dos mil ocho.

Visto por la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 7607/2005, que ante la misma pende de resolución, interpuesto por el procurador D. Gonzalo Herráiz Aguirre, en nombre y representación de la entidad mercantil Idycsa Servicios Sanitarios, S.L., contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 21 de noviembre de 2005 -recaída en los autos 366/2002-, que desestimó el recurso contencioso-administrativo deducido por la citada recurrente contra la resolución de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de fecha 5 de marzo de 2002, que a su vez desestimó la petición de modificación del contrato suscrito entre la parte actora y la Consejería de Bienestar Social por el que se acordaba modificar la contratación de la redacción del Proyecto Básico y de ejecución, así como la construcción, equipamiento y explotación del servicio público de gestión integral de un centro residencial para personas mayores en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y en Albacete.

Ha comparecido en calidad de parte recurrida en este recurso de casación el procurador D. Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación dela Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictó sentencia el 21 de noviembre de 2005 cuyo fallo dice: «Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso Contencioso- Administrativo formulado por "IDYCSA SERVICIOS SANITARIOS", contra la resolución de la Consejería de Bienestar Social, de fecha 05 de Marzo de 2002. Sin costas».

SEGUNDO.- Por la representación procesal de la entidad Idycsa Servicios Sanitarios, S.L. se interpone recurso de casación, mediante escrito de 30 de enero de 2006, que fundamenta en dos motivos de casación, que sintetiza:

«1. Al amparo del motivo establecido en el inciso segundo de la letra d) del número 1 del artículo 88 de la LJCA , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que se concreta en las siguientes normas:

A) Por vulneración de los artículos 49.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , en relación con los artículos 7, 1282 a 1285, 1288 y 1289 del Código civil , y asimismo en relación con el párrafo segundo del artículo 3.1 de la Ley 30/1992 y artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

B) Por vulneración de los artículos 14.1 y 103 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con los artículos 242.b), 248, 230.1 .e) del mismo cuerpo legal, y con el artículo 1256 del Código Civil , así como la jurisprudencia que los interpreta.

2. Al amparo del motivo establecido en el inciso segundo de la letra c) del número 1 del artículo 88 de la LJCA , por vulneración de lo dispuesto en los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución Española, 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , así como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que los interpretan [y que en el desarrollo de su escrito cita], en relación con el artículo 59.3 del Texto Refundido dela Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , por entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión de derecho a una resolución judicial que decida motivadamente sobre todas las cuestiones planteadas en el pleito. La infracción de las normas citadas se ha producido en la sentencia, por lo que ésta es la primera oportunidad procesal para su alegación, lo cual ponemos de manifiesto a los efectos de lo previsto en el artículo 88.2 LJCA ».

Y termina suplicando a la Sala que dicte sentencia por la que: «1.- Estimando el primer motivo de casación alegado, establecido en el inciso segundo de la letra c) del número 1 del artículo 88 de la LJCA , case la sentencia recurrida, y declarando la nulidad de la misma, la deje sin efecto, por ser contraria a Derecho y, de conformidad con lo previsto en el artículo 95.2.c) de la LJCA , resuelva sobre las cuestiones de fondo objeto del debate, y estime la totalidad de las pretensiones deducidas por mi mandante en el recurso contencioso-administrativo del que este recurso trae causa, con imposición de costas a la Administración recurrida. 2.- De forma subsidiaria, estimando el segundo motivo de casación alegado, establecido en la letra d) del número 1 del artículo 88 de la LJCA , casando la sentencia recurrida, y declarando la nulidad de la misma, la deje sin efecto, por ser contraria a Derecho, y de conformidad con lo previsto en el artículo 95.2.d) LJCA , resuelva sobre las cuestiones de fondo objeto del debate, y estime la totalidad de las pretensiones deducidas por mi mandante en el recurso contencioso-administrativo del que este recurso trae causa, con imposición de costas a la Administración recurrida».

TERCERO.- Admitido el recurso y conferido traslado para formular la oposición al mismo, en fecha 18 de junio de 2007 la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha evacua dicho trámite, en el que tras alegar cuanto estima procedente, suplica a la Sala que dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso de casación interpuesto de contrario, con imposición de las costas a la parte recurrente.

CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el día 1 de abril de 2008, fecha en que tuvo lugar habiéndose observado todos los trámites preceptivos en la ley.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En sede jurisdiccional, la entidad mercantil "Idycsa Servicios Sanitarios, S.L." impugnó la resolución de la Consejería de Bienestar Social, de fecha cinco de marzo de dos mil dos, que desestimó la petición de modificación contractual solicitada el veintiocho de septiembre de dos mil uno en relación con los contratos firmados con la Consejería en los que se acuerda la redacción del proyecto básico y ejecución, así como la construcción, equipamiento y explotación del servicio público de gestión integral de los centros residenciales para personas mayores en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Albacete por unos importes respectivamente de 46,58 y 46,28 por plaza de residente y día para el ejercicio económico 2003.

En el petitum de su escrito fundamental de demanda solicitó la sociedad recurrente que se dicte sentencia anulando la resolución administrativa impugnada y se le reconozca el derecho a que:

-- Se modifique la cláusula contractual tercera de los contratos, a fin de que se establezca que el precio debe entenderse fijado para el ejercicio de 2001.

-- Se modifique la cláusula séptima de los contratos, a fin de que no quepa duda de que la revisión del precio deberá realizarse una vez transcurridos doce meses desde la fecha de adjudicación de los contratos.

Y con carácter subsidiario, y en el supuesto de que no se admitiera la pretensión principal, suplica que se declare la nulidad del acto recurrido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992 , por infracción del artículo 59.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , por omisión de petición del preceptivo informe del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, con retroacción del procedimiento al momento en que debió cumplirse este trámite.

SEGUNDO.- La Sala de instancia, en el fundamento jurídico segundo de su sentencia, en base al criterio mantenido en anteriores resoluciones de catorce de junio y dieciocho de julio de dos mil cinco , que literalmente reproduce, desestima el recurso por considerar que «la cuestión jurídica nuclear a resolver en el presente recurso, estribaría en determinar si el establecimiento del precio por plaza de residente y día, de 7.130 (42,85), para el ejercicio económico de 2003, supone una modificación sustancial de las bases del concurso, al existir una absoluta discordancia entre lo consignado y el pliego de condiciones y lo establecido en la resolución de adjudicación. Tesis legal que no puede compartir este Tribunal, por los siguientes razones jurídicas, a saber: a) Nos hallamos, en el presente caso, ante un contrato de naturaleza mixta (art. 6 del R.D.L. 2/2000, de 16 de Junio ), que para la calificación y aplicación de las normas que lo regulan, el carácter de la prestación que tiene más importancia desde el punto de vista económico, es la de gestión de servicios públicos. b) Como bien dispone la Memoria Económica, de 15 de marzo de 2001, que forma parte integrante del proyecto; y ha de constituir por necesidad uno de los instrumentos exegéticos del contrato; se distingue entre el coste plaza/día de 6.641 ptas., para 2001; así como su actualización para el 2003, que nos darían unas 8.400 ptas., precio que el final fue el que se reflejó en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como el presupuesto máximo de licitación. A su vez, se establecen, conforme a su naturaleza jurídica, las anualidades de ejecución del contrato; la fecha de su cómputo (01 de Mayo de 2003), y la revisión de precios a partir de mayo del ejercicio 2004. Criterio que se cohonesta con el informe de la Intervención General, que viene a señalar cuando se inician las obligaciones económicas del contrato, que serían para el ejercicio 2003; que es lógicamente cuando un contrato de gestión de servicios públicos, en régimen de concesión, puede resultar operativo y efectivo. De aquí la cohonestación y coherencia entre el precio de licitación y el de actualización que se incorpora en la Memoria, que se traslada al Pliego de condiciones, y que se establece en función y desde el momento en que el servicio puede ser prestado o ejecutado; que, por otra parte, es la filosofía jurídica que inspira el art. 100 de la L.C.A.P .; que exige para la revisión de precios, no sólo la adjudicación del contrato, sino también que haya transcurrido un año desde su adjudicación y se haya ejecutado un 20% de su importe; lo que en el presente caso no sería real y eficaz, hasta que a partir del año 2003, se inicie la prestación del servicio. c) Por todo ello, ha de concluirse que el Pliego de condiciones particulares ha de interpretarse en el sentido mantenido por la Administración pública ( art. 59.1 L.C.A.P .); siendo, por ello, conforme al Ordenamiento jurídico el acto administrativo definitivamente impugnado (arts. 67, 68 y 70 , todos ellos de la Reguladora). Sin costas ( arts. 68.2 y 139, ambos de la Ley Jurisdiccional )».

Y en el apartado último del citado fundamento jurídico segundo, señala el Tribunal a quo que «desde el punto de vista jurídico formal, no se puede considerar vulnerado el artículo 59.3 del TRLCAP (estese a lo demás a la fundamentación del acto administrativo impugnado). Es más, dicha causa de invalidez de ninguna manera puede prosperar, pues, según se suplica en la demanda, tal causa de antijuricidad se pedía con carácter supletorio; lo que procesalmente es incongruente, pues o bien se pide la nulidad radical del acto por motivos jurídico formales, sin entrar en la cuestión de fondo, o bien se solicita la nulidad del acto por ser contrario al Derecho material, lo que per se impediría que prospere la causa de nulidad por Derecho formal».

TERCERO.- El primer motivo de casación que se aduce contra la citada sentencia se fundamenta en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los artículos 24.1 y 120 de la Constitución, 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , así como la jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que los interpretan, en relación con el artículo 59.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , pues, según la recurrente, la infracción denunciada consiste en haber dictado la Sala una sentencia en la que, sin entrar a conocer del fondo de la pretensión de declaración de nulidad del acto recurrido invocada al amparo del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por infracción del artículo 59.3 del TRLCAP , desestima dicha pretensión remitiéndose «a la fundamentación del acto definitivamente impugnado», cuando, en su opinión, dicha resolución no contiene una fundamentación concreta y adecuada que resuelva la cuestión planteada.

Este motivo debe ser desestimado, pues de la simple lectura del transcrito fundamento jurídico segundo -in fine- de la sentencia impugnada se aprecia que el Juzgador de instancia dio una explicación escueta pero suficiente y razonable a la pretensión subsidiaria formulada por la sociedad recurrente en torno a la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada por falta del preceptivo informe del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, ya que distinto sería que la interpretación que realiza el Tribunal a quo acerca del vicio procedimental denunciado, sea o no conforme a Derecho; pero este extremo excedería del ámbito del motivo formulado al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional .

CUARTO.- El segundo motivo de casación se fundamenta en la letra d) del apartado primero del citado artículo 88 de la Ley Jurisdiccional , por vulneración del artículo 49.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en relación con los artículos 7, 1282 a 1285, 1288 y 1289 del Código Civil, párrafo segundo del artículo 3.1 de la Ley 30/1992, y 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que según la recurrente, del contenido de los Pliegos Particulares se infiere que la propuesta económica ha de referirse al ejercicio 2001 y sin embargo, la Administración plasmó en el acuerdo de adjudicación y en los contratos que el precio contractual fijado lo era para el ejercicio 2003.

Este motivo tampoco puede prosperar, pues, si bien los Pliegos de Condiciones Particulares constituyen el documento base del contrato o norma fundamental del mismo con arreglo al cual éste ha de ser cumplido; en el caso que enjuiciamos, no existe contradicción alguna entre tales Pliegos y los contratos celebrados por los litigantes para la construcción, equipamiento y explotación del servicio público de gestión integral de los centros residenciales para personas mayores en Albacete y Alcázar de San Juan, dado que la cláusula 9.3 de los Pliegos, que literalmente reproduce la cláusula séptima de los contratos, al tratar de la "Revisión de Precios" estrictamente se limitan a señalar que «a fin de mantener el equilibrio financiero de las prestaciones convenidas, el precio del mismo será revisado en función del incremento o disminución del Índice General de Precios al Consumo, certificado por el Instituto Nacional de Estadística referido a los 12 últimos meses anteriores al último de vigencia del contrato», y coherente y lógicamente con esta cláusula, la estipulación tercera de los contratos terminantemente fija el precio de los mismos y su actualización por las plazas de residente y día para el ejercicio económico 2003 de acuerdo con la Memoria económica y financiera de quince de marzo de dos mil uno.

De ahí, resulta difícilmente comprensible que la recurrente entendiera al firmar aquellos contratos que las ofertas están referidas al año 2003, cuando los términos de la cláusula tercera son claros y precisos y hay que estar al sentido literal de los mismos, según el artículo 1281 del Código Civil .

QUINTO.- Procede hacer expresa imposición legal de las costas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 LJCA, señala en 3.000 euros la cifra máxima por honorarios del Letrado, sin perjuicio de la posible reclamación, en su caso, del cliente de la cantidad que se estime procedente.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y por la potestad que nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

No haber lugar al recurso de casación 7607/2005 interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil Idycsa Servicios Sanitarios, S.L., contra la sentencia que dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 21 de noviembre de 2005 -recaída en los autos 366/2002-; con expresa imposición de las costas de este recurso de casación con el límite máximo señalado en el fundamento jurídico quinto de ésta, nuestra sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, firme, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente, Excmo. Sr. D. Enrique Lecumberri Martí, en audiencia pública celebrada en el día de la fecha, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.