BDB AP Lérida 30539/2001
Fecha: 14 de septiembre de 2001
Órgano: Audiencia Provincial de Lérida
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 1
Ponente: FRANCISCO SEGURA SANCHO
Sentencia: 111 / 2001
Recurso: no disponible
Rollo: 94 / 2001
Resumen:
Se recurre sentencia por la que se despachó la ejecución interesada por la ahora recurrente aún cuando reducía el importe de la reclamación a las cantidades devengadas desde la sentencia de divorcio, en lugar de las adeudadas por el esposo desde el momento en que ambos cónyuges suscribieron el convenio regulador. Determinar el momento en que resultan exigibles las obligaciones económicas dimanantes del convenio regulador. El convenio regulador no constituye únicamente un requisito procesal. Representa un efectivo negocio jurídico. Los pactos contenidos en convenio regulador despliegan sus efectos y por tanto son exigibles a partir del momento en que hubieran sido suscrito.
Tesauro:
Civil: Derecho Civil: Derecho de la Persona: Derecho de Familia: Matrimonio y Régimen Matrimonial: Convenio Regulador

En Lleida, a catorce de septiembre de dos mil uno

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, integrada por los señores indicados al margen, ha visto el recurso de apelación interpuesto por la demandada DOÑA M.S.E.E., representada por la Procuradora Sra. Fca. Gasca y bajo la dirección del Letrado Sra. Teresa Collado y con domicilio en Lleida a efectos de notificaciones el de la Procuradora Sra. Clavera Corral, contra el AUTO de fecha 20 de febrero de 2001 del Jugado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Cervera dictado en los autos de juicio de divorcio nº. 18/00 y bajo el número de rollo 94/2001; siendo parte apelada, el demandante DON A.V.J., representado por el Procurador Sr. Antonio Trilla y bajo la dirección del Letrado Sr. Jordi Albareda y con la intervención del MINISTERIO FISCAL. Es Ponente DON FRANCISCO SEGURA SANCHO, Ilmo. Magistrado de la Audiencia Provincial.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- Por el Juzgado de instancia se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Dispongo desestimar el recurso de reposición interpuesto por la representación de Doña M.S.E.E. contra Auto de fecha 26 de enero de 2001 dictado en estas actuaciones el cual se confirma en todos sus extremos, salvada su irrecurribilidad."

SEGUNDO.- Contra el referido auto se presentó escrito preparando recurso de apelación por la parte demandada, el cual fue interpuesto debidamente tras ser emplazado el recurrente en el término de veinte días.

TERCERO.- Remitidos los autos a la Audiencia, ésta acordó formar rollo y nombrar Magistrado Ponente, quedando las actuaciones para dictar resolución.

CUATRO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales esenciales.

Fundamentos de Derecho

UNICO.- Se impugna en esta alzada la resolución de fecha 20 de febrero de 2001 en virtud de la cual se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 26 de enero del mismo año, por el que se despachó la ejecución interesada por la ahora recurrente aún cuando reducía el importe de la reclamación a las cantidades devengadas desde la sentencia de divorcio, en lugar de las adeudadas por el esposo desde el momento en que ambos cónyuges suscribieron el convenio regulador que posteriormente fue aprobado a través de aquella resolución. Se trata así de determinar el momento en que resultan exigibles las obligaciones económicas dimanantes del convenio regulador y mas concretamente resolver acerca del procedimiento a través del cual deben reclamarse las pensiones devengadas desde la firma del convenio regulador hasta la fecha de la sentencia.

Cierto es, como se dice en el auto ahora impugnado, que lo que ahora se insta es la ejecución de una sentencia y no de un convenio regulador que no puede considerarse como título ejecutivo. Ahora bien, este argumento resulta insuficiente puesto que no cabe duda acerca del titulo que lleva aparejada ejecución; mas aun, conforme a lo establecido en el apartado segundo in fine del artículo 90 del Código Civil, será precisa la previa homologación judicial del convenio regulador antes de la reclamación por vía de apremio, aun cuando con esta disposición tan solo se establece el momento a partir del cual será posible deducir aquella reclamación aun cuando deja sin resolver cual será el contenido de aquella ejecución.

De todos modos debe significarse que el convenio regulador no constituye únicamente un requisito procesal para interponer una demanda de separación o divorcio de mutuo acuerdo sino que "representa un efectivo negocio jurídico, pero de naturaleza mixta, al intervenir en su perfección y consolidación la autoridad judicial, que no desplaza su naturaleza contractual, como parcela de privatización en el Derecho de Familia y no está sujeto a formalidades rigurosas, bastando que contenga los mínimos, que enumera el artículo 90 del Código Civil, siendo predominante la voluntad concorde de los cónyuges, con lo que lo acordado alcanza situación de irrevocabilidad, salvo que se produzca su modificación judicial, cuando legalmente proceda" (STS 23 de diciembre de 1998) que exige de su homologación judicial para contar con la necesaria eficacia procesal. Se trata, por lo tanto, del medio a través del cual los cónyuges manifestaran su voluntad acerca de los efectos que deberá tener la separación o divorcio y, por esta razón, constituye un requisito indispensable en los procedimientos matrimoniales de mutuo acuerdo. La posterior intervención judicial se limitará a controlar la legalidad de lo acordado por los interesados y, en su caso, a la aprobación mediante su incorporación a la sentencia. Por lo tanto, los pactos contenidos en el convenio regulador, excepción hecha de aquellas materias que vulneren lo que se denomina orden público familiar, despliegan sus efectos y por lo tanto son exigibles a partir del momento en que hubiera sido suscrito, y por lo tanto podrán reclamarse, por vía de apremio, a partir del momento en que hubiera sido homologado judicialmente a través de la sentencia.

Por lo demás, no puede olvidarse que exigencias derivadas del principio de economía procesal impiden remitir a la ahora recurrente a un proceso declarativo en el que deducir su reclamación referida a la exigibilidad de las pensiones devengadas desde la fecha en la que se suscribió el convenio regulador hasta el momento en que se dictó sentencia, máxime si se tiene en cuenta que incluso el propio obligado al pago satisfizo voluntariamente el importe de la pensión correspondiente a parte de aquellas mensualidades.

En fin, debe estimarse el recurso de apelación interpuesto y reponer así la resolución de instancia en el sentido de despachar la ejecución interesada por la totalidad de la cantidad reclamada y pendiente de pago desde la fecha en que se firmó el convenio regulador, todo ello sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas de esta alzada.

Vistos los artículos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña. F.G.M. contra el auto de fecha 20 de febrero de 2001, por el que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el de 26 de enero de 2001, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de los de Cervera, que REVOCAMOS en el sentido de despachar la ejecución interesada por la totalidad de la cantidad reclamada y pendiente de pago desde la fecha en que se firmó el convenio regulador, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales.

Así por esta nuestra resolución, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo./a Sr./a. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.