BDB AP Huesca 1955/2002
Fecha: 30 de enero de 2002
Órgano: Audiencia Provincial de Huesca
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección Única
Ponente: ANTONIO ANGOS ULLATE
Sentencia: 26 / 2001
Recurso: no disponible
Rollo: 271 / 2001
Resumen:
Solicitud de revocación de sentencia que condena a abonar cantidad derivada de ejecución de convenio liquidatorio de la sociedad de gananciales en el que se dispuso la venta de vivienda familiar y reparto de la tributación al IRPF por mitad que, en el caso del marido que no iba a percibir cantidad alguna por la venta, sería abonada por la mujer con la condición de que si al final, por reinversión de lo obtenido en la compra de otra vivienda, quedaba la anterior venta exenta del impuesto se devolvería lo entregado por la mujer. Cantidad reclamada en la instancia.
Tesauro:
Civil: Derecho Civil: Derecho de Contratos: Contrato de Compraventa: Compraventa de Bienes Inmuebles: Cumplimiento del Contrato: Gastos del Contrato, Impuestos y Subrogación de Hipoteca

En Huesca, a treinta de enero de dos mil dos.

En nombre del Rey, la Audiencia provincial de Huesca ha visto, en grado de apelación, los autos de juicio verbal número 189/2001 seguidos ante el juzgado de primera instancia número 1 de Huesca, sobre reclamación de cantidad. M.Á.E.B. los promovió, como demandante, dirigida por el letrado don Ramón Torrente Ríos, contra J.R.L.E., como demandado, defendido por el letrado don Luis Miguel Chocarro Altamira. Se hallan pendientes ante este tribunal en virtud del presente recurso de apelación, tramitado al número 271 del año 2001, e interpuesto por el demandado, J.R.L.E.. Actúa como ponente de esta sentencia el magistrado Ilmo. Sr. Antonio Angós Ullate.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO: Damos por reproducidos los que contiene la sentencia apelada.

SEGUNDO: El ilustrísimo magistrado juez del indicado juzgado de primera instancia, en el procedimiento anteriormente circunstanciado, dictó la sentencia apelada el día 9 de julio de 2001, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "FALLO = Que estimando íntegramente la demanda deducida por la Procuradora Sra. Bovio en nombre y representación de DOÑAM.Á.E.B. contra DON J.R.L.E.condeno al demandado a que abone a la actora la suma de cuatrocientas cincuenta mil pesetas (450.000 pesetas) mas intereses legales, así como a que pague las costas procesales".

TERCERO: Contra la anterior sentencia, el demandado, J.R.L.E., anunció recurso de apelación. El juzgado lo tuvo por preparado y emplazó al apelante por 20 días para que lo interpusiera, lo cual efectuó en plazo y forma. A continuación, el juzgado dio traslado a la otra parte para que presentara escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que pudiera serle desfavorable. En esa fase, la demandante, M.Á.E.B., se opuso por escrito al recurso planteado de adverso.

Seguidamente, el juzgado remitió los autos a este tribunal, en donde quedaron registrados al número 271/2001. No habiéndose propuesto prueba ni solicitado vista, la Sala acordó que quedara pendiente para deliberación, votación y fallo.

En la tramitación de esta segunda instancia, no ha sido posible observar los plazos procesales por la atención prestada a otros asuntos pendientes ante este tribunal.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO: Aceptamos y damos por reproducidos los que contiene la sentencia apelada, salvo en lo que a continuación puedan quedar contradichos.

SEGUNDO: Dentro del procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, el convenio liquidatorio de la sociedad de gananciales dispuso, entre otros extremos, la venta de la vivienda familiar -una casa situada en Yéqueda- y la entrega a la esposa del dinero que así pudiera obtenerse. La operación podía producir el lógico incremento patrimonial y su tributación al 18% por el IRPF, del que la mitad correspondería a cada uno de los cónyuges en su declaración de la renta, esto es, un 9% para cada uno de ellos. Por tanto, con el fin de no causar ningún detrimento económico al marido en su relación con Hacienda, pues nada iba a percibir con la venta del inmueble, las partes pactaron asimismo que la señora E. pagaría en ese momento al señor L. el 50% del impuesto aplicable al incremento patrimonial, cuyo porcentaje fijaron en la cantidad de 450.000 pesetas. Por último, añadieron la siguiente cláusula, que es la aquí controvertida: "No obstante lo anterior, en el supuesto de que por reinversión en otra vivienda habitual, toda o parte de la ganancia patrimonial por la que debiera tributar el Sr.L., quedare exenta del Impuesto, éste se obliga a devolver a la Sra.E.B., la cantidad que le ha sido satisfecha por ésta".

La venta de la casa se produjo el 15 de octubre de 2000, y dio lugar a un incremento patrimonial, al menos a efectos fiscales, de 1.605.454 pesetas para el señor L., lo que así hizo constar en su declaración del impuesto sobre la renta de ese ejercicio. No obstante, el 22 de diciembre de 2000 había adquirido una nueva vivienda, pero no consignó este dato en el apartado h) de la declaración de la renta relativo a ganancia exenta por reinversión en vivienda habitual. Con fundamento en este hecho y lo convenido en la estipulación antes transcrita, la actora reclama la indicada suma de 450.000 pesetas abonada a la otra parte cuando se firmó el acuerdo liquidatorio. Por el contrario, el demandado, ahora apelante, sostiene, en esencia, que no ha obtenido ningún incremento patrimonial por la venta de la vivienda que constituía el hogar conyugal, es decir, la cantidad de 1.605.454 pesetas declarada al Fisco; que no ha reinvertido cantidad alguna en la vivienda adquirida a finales de 2000 y que quedaba en sus manos decidir sobre la reinversión, de acuerdo con lo literalmente pactado en la cláusula objeto de debate.

Sin embargo, aunque literalmente el pacto se refiere al supuesto de reinversión en otra vivienda habitual y a exención del impuesto, creemos que las partes no tenían la intención de conferir al marido la facultad de elegir si se acogía o no al beneficio fiscal en el caso de que comprara otra vivienda, como efectivamente ocurrió. La finalidad perseguida con el pago anticipado de lo que el marido iba a tributar a Hacienda era, como hemos anticipado, la de dejar incólume su patrimonio, pues nada iba a percibir por la venta de la casa; pero el objetivo claro al prever la reinversión en otra vivienda era también permitir que la esposa pudiera quedar excluida de ese pago sobre la base de la exención fiscal aplicable al otro contribuyente. No vemos ningún inconveniente por el que el señor L. no pudiera haber reseñado en su declaración del IRPF la inversión en vivienda (apartado h), aunque directamente nada había obtenido por la venta de la casa familiar, máxime cuando el propio incremento del patrimonio tenía el mismo carácter formal que habría tenido la reinversión, es decir, a los solos efectos fiscales y de acuerdo con los pactos legítimos alcanzados por las partes. En suma, la interpretación del negocio jurídico defendida por el apelante llevaría a justificar una especie de acto de emulación, prohibido por el artículo 7 del Código civil, pues el único beneficiado sería la Hacienda Pública a costa de lo ya satisfecho por señora E. y merced a la falta de reinversión "fiscal" del incremento del patrimonio en la declaración del IRPF del señor L..

Por todo ello, procede desestimar el recurso sobre los extremos analizados.

TERCERO: El demandado se allanó parcialmente a la demanda con relación a la cantidad de 161.018 pesetas, que es la diferencia entre lo recibido de la otra parte -450.000 pesetas- y el 18% del incremento patrimonial declarado en el impreso del IRPF para el ejercicio del año 2000 -1.605.454 pesetas-. Sobre la base de este hecho y de lo dispuesto en los artículos 21, 394 y 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicita, subsidiariamente a la petición principal ya analizada, que la condena en costas se extienda sólo a la cantidad que excede del allanamiento parcial.

Sin embargo, sólo el allanamiento total puede dar lugar a que no se haga especial declaración sobre costas, siempre que se produzca antes de la contestación a la demanda y en los términos previstos en el artículo 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el presente caso, el allanamiento fue parcial y se hizo en el mismo trámite de contestación a la demanda, por lo que es aplicable el principio del vencimiento consagrado en el artículo 394.1 de la Ley procesal, tal como aclara su artículo 395.2, y, desde luego, sobre la totalidad de las costas devengadas, no sobre una parte. Tampoco era preciso un pronunciamiento específico sobre el allanamiento parcial, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la misma Ley. Además, no consta pago respecto de la cantidad objeto de allanamiento, aunque su existencia tampoco habría tenido trascendencia sobre el fondo del asunto (estimación total de la demanda), salvo ya en trámite de ejecución de sentencia, tal como resulta del principio ut pendente lite nihil innovetur y de la doctrina sentadas en las sentencias del Tribunal Supremo de 29-XI-1966, 25-VI-1977, 26-III-1979, 20-III-1982 y 25-II-1983. En consecuencia, lo procedente era estimar íntegramente la demanda y condenar al demandado al pago de la totalidad de las costas causadas en primera instancia, tal como con acierto hizo el juzgador de instancia.

Por todo ello, debemos desestimar el recurso.

CUARTO: El apelante está obligado a pagar las costas de esta alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite su artículo 398.1.

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el demandado, J.R.L.E., contra la sentencia referida, que CONFIRMAMOS íntegramente.

Imponemos al apelante las costas de esta alzada.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: La pongo yo, la Secretario, para hacer constar que la anterior sentencia, dictada por la Sala, ha quedado publicada en la forma dispuesta por el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy fe.