BDB AP Granada 8980/2002
Fecha: 4 de marzo de 2002
Órgano: Audiencia Provincial de Granada
Sala: Sala de lo Civil, Sección 3
Ponente: CARLOS J. DE VALDIVIA PIZCUETA
Sentencia: 192 / 2002
Recurso: no disponible
Rollo: 842 / 2001
Resumen:
Recurso contra sentencia que no acoge demanda incidental sobre modificación de medidas acordadas en autos de divorcio. No se ha producido una modificación de las circunstancias que haga posible la cláusula "rebus sic stantibus". Procede imponer las costas a la parte demandante.
Tesauro:
Civil: Derecho Civil: Derecho de la Persona: Derecho de Familia: Matrimonio y Régimen Matrimonial: Divorcio: Medidas Reguladoras: Pensiones de Alimentos a los Hijos
Civil: Derecho Civil: Derecho de Contratos: Principios del Derecho de Contratos: Rebus Sic Stantibus

En la Ciudad de Granada, a. cuatro de Marzo de dos mil dos.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo 842/01- los autos de Modificación de Medidas número 423/00 del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Granada, seguidos en virtud de demanda de D./Dª. M.G.M., contra D./Dª. P.M.M. y Dña. C.G.M..

Y con intervención del Ministerio Fiscal.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 13 de Marzo de 2.001, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que debo desestimar y desestimo la demanda incidental sobre Modificación de Medidas acordadas en los autos de DIVORCIO formulada por el Procurador Sr. Ferreira Siles en nombre y representación de Don M.G.M., sin hacer expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, presentándose escrito de oposición; una vez elevadas las actuaciones a éste Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y Fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por éste Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Carlos J. de Valdivia Pizcueta.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Se ha de comenzar el estudio del presente recurso tratando de la impugnación planteada por la parte que instó la modificación de las medidas, después se analizará la apelación ceñida a las costas. La noción que preside el argumento de la parte que ha instado aquella (la impugnación) no es otra que la desaparición de la base del negocio, es decir: ""de aquellas representaciones de los interesados al tiempo de concluir el Convenio Regulador (aprobado judicialmente) en fecha siete de Febrero del año 1991". Representaciones que versaban sobre la existencia de ciertas circunstancias básicas para su decisión, por lo que se integraban en la "causa negocial" (se cita, en este sentido la Sentencia del T.S. de 20 de Abril de 1994). Y tales giraban en torno a la capacidad económica del Sr. G.M., a su caudal, que es lo que vino a determinar la pensión, el auxilio, para las hijas que hoy se trata de reducir. Este planteamiento, de modificación del Convenio Regulador atinente a los efectos de la disolución del vínculo matrimonial por divorcio, es el que se extrae de la demanda rectora del presente incidente, por lo que parece que se huye de ése valor entendido que lleva en sí la cláusula "Rebus Sic Stantibus", con respecto a la validez relativa de las medidas acordadas para regir las consecuencias de la crisis matrimonial (argumento artículos 90 y 91 párrafo último del Código Civil). Pero salvando estas distinciones doctrinales, es lo cierto, que esa revisión habla siempre, en esencia, en uno y otro caso, en una y otra teoría, de una alteración de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para la primitiva ordenación de las medidas, y, por ello, de la realidad que subyace bajo las mismas. Entonces la pregunta aparece así ¿ Qué características han de tener los hechos que se invocan para que se produzca la variación? Pues, en primer lugar, los hechos invocados a tal fin, han de ser unos posteriores al tiempo de la adopción de las medidas que se pretenden revisar, y, por otra parte, en segundo lugar, que gocen de una entidad importante, que es lo que permitirá una modificación, que siempre ha de tener una índole excepcional. Luego de éstos apuntes, se ha de estudiar, pues se trata de un "prius" lógico, ése pacto cuarto, de la Estipulación única, del Convenio Regulador de los efectos de la disolución por divorcio, y en el mismo se decía: "El Sr. G.M. satisfará, por conducto materno, pensión alimenticia a sus dos hijas en cuantía mensual de sesenta y dos mil (62.000) pesetas, treinta y una mil pesetas por cada una de las hijas. Dicha cantidad se fija en base a las retribuciones que actualmente percibe el Sr. G.M., entendiéndose que, en el supuesto de que las mismas disminuyesen sustancialmente, la cantidad a satisfacer por el Sr. G.M. en concepto de pensión alimenticia para sus hijas, será el veinte y cinco por ciento de sus haberes con exclusión de las pagas extraordinarias y posibles indemnizaciones" . La transcripción revela, pone de manifiesto, la intención de los contratantes, mejor dicho, la voluntad bilateral o común de los mismos (artículos 1281.2 y 1282 del Código Civil y demás preceptos concordantes; sentencias del T.S. de 21-4-1993, y de 9-6-1994). Voluntad bilateral que habla, a través del pacto referido, de una cláusula de estabilización, que garantiza el equilibrio económico entre las personas acreedoras de la pensión y la deudora de la misma. Pacto aceptado, que expresa la fuerza vinculante de lo contratado, de la ley del contrato, que ligando a las partes contratantes, establece algo que ahora inadecuadamente se pretende: la modificación del auxilio económico (el fijado para las hijas comunes) en el supuesto de alteración o modificación, "In peius", del poder adquisitivo del padre, deudor de aquél. Pero es que, además, si nos aproximamos a esa idea de alteración sustancial de las circunstancias que aconsejaron, o determinaron, las medidas, aparece, tras una valoración conjunta de la prueba producida, que viene a tomar el pleno fluir de toda la llevada a cabo (Sentencias del T.S. de 8-3-1996 de 12-3-1998 y de 17-4- 1999), A), Que, el Sr. G.M. ocupa el cargo de Director comercial y Organización de Certámenes de la "Feria de Muestras de Armilla," S.A., por el que percibe además de su salario, comisiones por ventas; B), Que, el mencionado Señor se dedica a los negocios inmobiliarios, siendo socio fundador de la entidad "Bella Andalucía Servicios Inmobiliarios; S.L: "; C), Que, cuando suscribió la propuesta de Modificación del Convenio Regulador de los efectos de la disolución por Divorcio de su matrimonio, en fecha siete de Febrero del año mil novecientos noventa y uno, ya había contraído nuevas nupcias, y tenía un hijo habido de ellas; y D), Que su situación, su "status", su nivel de vida, pese a lo que se trata de mostrar, por razón del dinero a crédito obtenido, y del nuevo matrimonio, es revelador de una buena posición económica, que se pretende ocultar. Y con tal mención aparece, en el señor demandante-impugnante, una mejor disponibilidad para probar (Sentencias del T.S. de 18 de Mayo y de 15 de Julio de 1988), y ello, por su proximidad o cercanía a la fuente de la prueba (Sentencias del T.S. de 17 de Junio de 1989 y de 15 de Noviembre de 1991). Control de acceso a la fuente de la prueba (criterio de flexibilidad probatoria, contenido en el artículo 217.6° de la Nueva L. E. C.), que buscando un principio de justicia se aparta de formalismos enervantes, poco acordes con la realidad social que demanda un proceso civil eficaz, así como con una noción de igualdad. Todo lo anotado lleva a tratar de la pensión que pasa a las dos hijas de su anterior matrimonio: esta es de 58.476 pesetas mensuales (29.238 pesetas para cada una).El hecho que tenga que abonar cantidades atrasadas, es cosa distinta que no entraña, por supuesto, alteración sustancial de las circunstancias. Auxilio escaso, dada la edad de las hijas, y las necesidades que la misma impulsa. Hijas que buscan a través de sus estudios una cualificación profesional que las lleve a la independencia económica. Esta última nota conduce a varias reflexiones: A), Que, los destinatarios de la pensión, no son las personas que tienen bajo su custodia a los hijos, sino éstos, así se deduce del artículo 93 del Código Civil, cuando expone: Las prestaciones (nos referimos al auxilio económico) se acomodarán a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento; B), Que, la separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con sus hijos (artículo 92.1° del Código Civil). Obligación que no puede trasladarse, o pretender que sea asumida por terceras personas ajenas a esa relación paterno-filial; y C), que, en el caso de litis, y al hilo de todo lo que se ha expuesto hasta el momento, la asunción de nuevas obligaciones familiares por parte del actor no ha supuesto el detrimento, el desequilibrio que se pretende. Y es que, se insiste en ello, no aparece disminuido el caudal de la persona (el padre) obligado a prestar alimentos (artículo 146 del Código Civil). Y ahora es momento de volver a recordar la cláusula de estabilización, transcrita y comentada, que enseña la previsión de las partes en la materia que se debate; pacto que hace innecesario, lo repetimos, cualquier referencia a alteraciones que previstas, por otra parte no han ocurrido o no se han producido. Lo narrado impone el rechazo de la impugnación. Y ya en la apelación ceñida a las costas de la primera instancia. A la pretensión que interesa que se impongan aquellas al actor, decir: Se mantiene, con tal fin, la presencia en el artículo 523.1 de la L.E.C. de 1881, del principio "Victus Victoris" (recogido ahora en el artículo 394 de la L.E.C. 1/2000) o criterio del vencimiento objetivo, que determina la condena en costas en virtud de la victoria procesal de una de las partes en litigio sobre la otra (se citan, en éste sentido, las Sentencias del T.S. de 22 de Junio de 1993 y de 21 de Marzo del año 2000). Se refiere asimismo: que la imposición de las costas constituye un efecto del ejercicio temerario o de mala fe de las acciones, lo que lleva implícita la idea de restitución a la parte contraria (vencedora en la litis) de los gastos que, en la búsqueda de la satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos, los perturbados por el litigio; lo que exponen, las Sentencias del T.C. de 22-4-1991 y 1-7 del mismo año, y la Sentencia del T. S. de 21 de Marzo del año 2000. No obstante, este sistema objetivo, en cuanto a la imposición de las costas a la parte plenamente vencida, seguido en nuestra Ley Procesal desde la reforma producida por la Ley 34/1984, de 6 de Agosto, puede ser suavizado, como se extrae de la propia literalidad del precepto (artículo 523.1 de la L.E.C. de 1881, ahora artículo 394.1 de la actual L.E.C.), siempre que concurran circunstancias excepcionales (las que no se precisan "nominatim"), que a través de una discrecionalidad razonada, que corresponde, en su apreciación, al Tribunal "a quo", llevan, al apreciar "justos motivos", a la no imposición de las costas a la parte vencida (así, Sentencias del T.S. de 30-4-1991, de 2-7-1991 y del 9-7-1992, entre otras). "Discrecionalidad razonada", "peculiares características del proceso" (así, Sentencia de fecha 10 de Marzo del año 2000), que podrían dirigirse hacia la noción que habla: de las peculiaridades derivadas de la ruptura matrimonial, de la que surgen, de manera definitiva, roces, fricciones, en suma, posiciones insalvables que generan litigiosidad. Pero tal concepción que determinaría la no condena en costas, la exoneración de las mismas a la parte vencida en la litis, aquí choca con una postura, la mantenida por el actor e impugnante, que busca, en perjuicio del interés, del bien, de sus hijas, reducir la pensión económica de manera drástica, sin base clara y desconociendo la existencia de una cláusula de estabilización, ya estudiada y prevista en el Convenio Regulador que precedió al divorcio. Y al producirse tal choque ese fundamento de la condena en costas que reside en el ejercicio temerario de las acciones judiciales (dolo), conduce, forzosamente, y con el fin de restituir a la parte contraria (la vencedora en la litis) en los gastos que le ha ocasionado la defensa de sus intereses legítimos, a imponer las costas causadas en la primera instancia a la parte demandante-impugnante.

SEGUNDO.- Al estimarse la pretensión de la parte apelante y ante el rechazo de la impugnación procede, por imperativo legal (artículo 398 de la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil), imponer las costas de ésta alzada a la parte demandante-impugnante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal dispone, el siguiente

Fallo

Que, revocando parcialmente la sentencia dictada por la Iltma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia número Tres de los de Granada, en fecha trece de Marzo del año dos mil uno, debemos imponer e imponemos las costas causadas en la primera instancia, al Señor demandante, que se ha hecho acreedor de dicha condena. En el resto de los pronunciamientos se confirma la sentencia apelada; con condena a las costas producidas en ésta alzada a la parte demandante-impugnante.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.