BDB AP Madrid 30254/2002
Fecha: 27 de septiembre de 2002
Órgano: Audiencia Provincial de Madrid
Sala: Sala de lo Civil, Sección 22
Ponente: EDUARDO HIJAS FERNANDEZ
Auto: no disponible
Recurso: no disponible
Rollo: 222 / 2002
Resumen:
Despacho de ejecución de lo pactado en convenio regulador de divorcio. Oposición basada en el pacto o transacción celebrada por las partes.
Tesauro:
Civil: Procedimiento Judicial: Ejecución: Ejecución de Resoluciones Judiciales: Procesos Matrimoniales

En Madrid, a 27 de septiembre de 2.002

La Sección Vigésimo segunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, el presente incidente de ejecución seguido, bajo el nº 269/2001, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 29 de los de Madrid, entre partes:

De una, como apelante, Don J.V.T.S., representado por el Procurador Don José Antonio Hurtado Cejas y asistido por el Letrado Don Alfonso Cintas Izarra.

De la otra, como apelada, Doña Y.M.S., representada por el Procurador Don José Ramón Rego Rodríguez y asistida por el Letrado Don José Luis Abascal Jiménez.

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 24 de septiembre de 2.001 por el Juzgado de Primera Instancia nº 29 de los de Madrid se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "PARTE DISPOSITIVA: Dispongo: Declarar procedente que la ejecución siga adelante por la cantidad despachada y desestimar totalmente la oposición, con la condena en costas del ejecutado. MODO DE IMPUGNACION: Mediante recurso de APELACION ante la Audiencia Provincial de Madrid (artículo 455 LECn), que no suspenderá el curso de la ejecución. El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DIAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn). Lo acuerda y firma S.Sª., doy fe.-".

TERCERO.- Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma, previa la oportuna preparación, se interpuso recurso de apelación por la representación legal de Don J.V.T.S., exponiendo en el escrito presentado las alegaciones en las que basaba su impugnación.

De dicho escrito se dio traslado a las demás partes personadas, presentando la representación de Doña Y.M.S. escrito de oposición.

Seguidamente se reunieron las actuaciones a esta Superioridad, en la que, previos los trámites oportunos, se acordó señalar para deliberación, votación y fallo del recurso 26 de los corrientes.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- La problemática jurídico-económica que, a través del presente recurso de apelación, se somete a consideración del Tribunal tiene su origen en el convenio regulador que, suscrito por los hoy litigantes en fecha 22 de mayo de 2000, fue refrendado en su totalidad mediante la sentencia que, dictada en día 8 de junio siguiente, puso fin al procedimiento de separación matrimonial que aquéllos habían promovido por vía consensual.

En el referido documento se contenía, entre otras, la siguiente estipulación: "OCTAVA.-Respecto a la liquidación y reparto de los bienes y deudas comunes y pertenecientes a la sociedad legal de gananciales que ha regido en el matrimonio desde la fecha de celebración, convienen realizarla coetáneamente a la tramitación judicial de su separación conyugal, verificándola con absoluta inmediatez otorgando, al efecto, las Escrituras Públicas de su razón ante Notario. Al efecto, dicha liquidación y reparto se llevará a cabo de conformidad con los siguientes pactos fundamentales:

1º.- Al marido Sr. J.V.T.S. se le adjudicará la propiedad, el pleno dominio, de la finca-vivienda que fuera domicilio conyugal y familiar, sito en la C/ XXX nº 16 de Madrid, con la hipoteca que la grava.

2º.- A la esposa Sra. Y.M.S., en pago de su haber, se le adjudicará la propiedad, el pleno dominio, de la plaza de garaje sita en la C/ XXX nº 16 de Madrid, así como la cantidad dineraria de 7.000.000 ptas., que percibirá.

3º.- Las cuentas bancarias, depósitos dinerarios, acciones, valores o inversiones financieras que hoy tuviere el matrimonio, serán rescatados y liquidados, y su producto dinerario repartido por mitad e iguales partes entre ellos.

4º.-En los sucesivo, cualquier bien mueble o inmueble, o deuda u obligación, que adquiera cualquiera de los cónyuges, será bien privativo y responsabilidad de cada uno de ellos, sin que participe ni perjudique al otro ni tenga ya la condición ganancial".

En base a dicho pacto la esposa interesó, y obtuvo del Órgano a quo, el despacho de ejecución por la suma de 7 millones de pesetas, pronunciamiento que fue refrendado, con rechazo de la oposición del ejecutado, por el auto que hoy se somete al examen de la Sala, y cuya revocación total interesa dicho litigante, con expresa condena a la parte ejecutante respecto de las costas procesales de la instancia. Con carácter subsidiario se suplica que, con estimación parcial de la oposición formulada, se declare procedente que la ejecución siga adelante por la cantidad de 2.050.000 pesetas o, en su defecto, por la de 4.584.334 pesetas.

SEGUNDO.- La aparente corrección formal de la resolución recurrida, ante el contrastado impago por el Sr. J.V.T.S. de la suma reclamada, queda ya en entredicho por el mismo tenor literal de la antedicha cláusula, ya que la misma no contenía estrictamente la liquidación del régimen económico matrimonial, en los términos del artículo 90, D), en relación con lo prevenido en los artículos 1396 y siguientes, todos ellos del Código Civil, limitándose las partes a asumir el compromiso de llevar a efecto tales operaciones particionales, otorgando al efecto "las Escrituras Públicas de su razón ante Notario", estableciendo a continuación unas bases o "pactos fundamentales" respecto de la distribución de bienes.

Y así, observando dicho compromiso, comparecen los esposos ante Notario en 26 de mayo de 2000, esto es antes de recaer sentencia en el citado procedimiento de separación, y por ello rigiendo aún su sociedad de gananciales, y en tal acto otorgan escritura de capitulaciones matrimoniales, en la que modifican su régimen económico, estableciendo el de separación absoluta de bienes, y procediendo igualmente a la liquidación de la sociedad ganancial, con un reparto de bienes que no coincidía exactamente con las bases sentadas en el repetido convenio, pero sin que ello determinara salvedad alguna en tal escritura pública, plena y libremente asumida en todas sus cláusulas por los otorgantes, quienes tuvieron por liquidada y finiquitada la comunidad ganancial, "dándose ambos por pagados y satisfechos de sus respectivos haberes, sin que nada tengan que reclamarse por ningún concepto".

En tal forma vino a darse el debido cumplimiento a la obligación asumida en el convenio regulador, que no era otra que el otorgamiento del referido instrumento público, en el que los cónyuges eran muy libres, de conformidad con lo prevenido en el artículo 1255 del Código Civil, de introducir modificaciones más o menos trascendentes respecto de aquel inicial pacto.

Téngase en cuenta que, al momento de ser ratificado el convenio ante el Juzgado, ya había quedado disuelta y liquidada, por acuerdo de las partes, su sociedad ganancial, por lo que, aunque nada se especificó en tal acto procesal, la cláusula octava había perdido ya vigencia o exigibilidad ejecutiva ulterior, precisamente por haberla cumplido los contratantes con anterioridad, y no existir en tal tiempo el originario régimen económico, sino el de separación de bienes que, en definitiva, fue el que quedó disuelto al adquirir firmeza la sentencia que puso fin al procedimiento, en virtud de lo prevenido en el artículo 95 del Código Civil, sin que entonces existiera ya bien alguno que repartir, conforme a lo que se recoge, de modo inequívoco, en la citada escritura de capitulaciones matrimoniales.

Cualquier hipotética duda que, al respecto, pudiera existir, difícilmente concebible de otro lado ante las claras y categóricas expresiones recogidas en el documento notarial, quedarían desvanecidas por la declaración ante el Juzgado de la esposa en la vista celebrada en 21 de septiembre de 2001, al reconocer "que conocía el contenido de la escritura que firmó ante Notario", conocimiento que hace extensivo a "la cláusula que decía que se daba por finiquitada".

Por ello, y no conteniendo dicha escritura, en el aspecto que hoy se debate, estipulación alguna contraria a las leyes, o las buenas costumbres o limitativa de igualdad de derechos, en los términos del artículo 1328 del Código Civil, cuestión esta que, en otro caso, habría de debatirse fuera del presente cauce procesal, debe concluirse en su plena obligatoriedad para los suscribientes, conforme a lo prevenido en el artículo 1091, no pudiendo dejarse al arbitrio de uno de ellos su cumplimiento y validez (artículo 1256), al aferrarse, con escasa buena fe, a un convenio que, en tal punto, había sido ya cumplido por el otorgamiento en el que, de modo perfectamente válido en derecho, los cónyuges modificaron en parte las bases recogidas en aquél, por lo que no es mínimamente sostenible ni el alegato de la apelada referente a la creencia de que dicha escritura era un mero trámite sin trascendencia jurídica alguna, ni las consideraciones vertidas en el auto apelado sobre lo más equitativo del reparto efectuado en el convenio regulador, en relación con el contenido en la escritura pública.

Por todo lo cual, y frente al título ejecutivo esgrimido por la esposa, esto es la sentencia que aprobó el convenio, ha de prosperar la oposición articulada de contrario, sobre la base del cumplimiento de lo establecido en dicha resolución, esto es el otorgamiento de escritura pública, o inclusive, dado el no sometimiento estricto a las bases recogidas en orden a la liquidación, en virtud de pacto o transacción en documento público, a tenor de lo que establece el artículo 556-1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

La estimación, por lo expuesto, del recurso articulado ha de dejar sin efecto la ejecución despachada, conforme a lo que establece el artículo 561-2 de la citada Ley procesal, lo que conllevará la condena a la ejecutante respecto del pago de las costas procesales devengadas en la instancia.

TERCERO.- Dado el sentido de esta resolución, no ha de hacerse especial condena en las costas procesales causadas en la alzada, según previene el artículo 398 de la repetida Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando el recurso de apelación formulado por Don J.V.T.S. contra el auto dictado, en fecha 24 de septiembre de 2001, por el Juzgado de Primera Instancia nº 29 de los de Madrid, en procedimiento de ejecución seguido, bajo el nº 269/2001, entre dicho litigante y Doña Y.M.S., debemos revocar y revocamos íntegramente dicha resolución y, en su lugar, dejamos sin efecto la ejecución despachada mediante auto de 22 de febrero de 2001, debiendo alzarse los embargos acordados, reintegrándose al ejecutado a la situación anterior a dicha resolución, con expresa condena a la ejecutante en orden al pago de las costas devengadas en la instancia.

Todo ello sin hacer especial condena en las costas procesales generadas en esta alzada.

Al notificar esta resolución a las partes hágaseles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo acordamos, mandamos y firmamos.