BDB AP Burgos 30111/2002
Fecha: 21 de septiembre de 2002
Órgano: Audiencia Provincial de Burgos
Sala: Sala de lo Civil, Sección 2
Ponente: ARABELA GARCIA ESPINA
Sentencia: 458 / 2002
Recurso: no disponible
Rollo: 281 / 2002
Resumen:
Rescisión por lesión de la liquidación de la sociedad legal de gananciales. La rescisión a diferencia de la anulación, parte de la existencia de un negocio jurídico válido por reunir todos los requisitos precisos para ello; se parte, en principio, de la inexistencia de vicio de consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación), siendo el único requisito exigido para que proceda la rescisión la lesión en más de una cuarta parte atendiendo al valor de las cosas en el momento de su adjudicación.
Tesauro:
Civil: Derecho Civil: Derecho de la Persona: Derecho de Familia: Matrimonio y Régimen Matrimonial: Régimen Económico Matrimonial: Régimen Matrimonial de Gananciales: Rescisión de la Liquidación por Lesión

Burgos, a veintiuno de Septiembre de dos mil dos.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos, constituída por los Ilmos.Sres. D. Agustín Picón Palacio, Presidente; Dª Arabela García Espina y D. Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente, Magistrados, siendo Ponente Dª. Arabela García Espina, pronuncia el siguiente SENTENCIA

En el Rollo de Apelación nº 281 de 2.002, dimanante de Juicio Ordinario nº 233/01, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Miranda de Ebro, sobre rescisión de liquidación de sociedad de gananciales, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 28 de Febrero de 2002 , siendo parte como demandante-apelado D. J.L.C.M., vecino de Miranda de Ebro (Burgos), representado en este Tribunal por la Procuradora Dª. Luisa Escudero Alonso y defendido por la Letrada Dª. Yolanda Candelas Arnaiz y como demandada-apelante Dª. A.I.G.G., de Miranda de Ebro (Burgos), representada en este Tribunal por la Procuradora Dª. Mª. José Martínez Amigo y defendida por el Letrado D. Manuel Ruiz Choza.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho de la resolución apelada, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando como estimo la demanda presentada por la Procuradora Sra. Rebollar González, en nombre y representación de Don J.L.C.M. contra Doña A.I.G.G., debo declarar y declaro la rescisión por lesión de la liquidación de la sociedad legal de gananciales constituida por ambos cónyuges realizada en el Convenio regulador de separación conyugal aprobado judicialmente en autos nº 72/00 del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Miranda de Ebro, debiendo reparar Doña A.I. la lesión sufrida, y que asciende a 4.955.921 pesetas (29.785,69 €), para lo cual podrá hacer uso en ejecución de sentencia de la facultad prevista en el artículo 1077 CC.".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de Dª. A.I.G.G., se interpuso contra la misma recurso de apelación, que fue tramitado con arreglo a Derecho.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Formula recurso de apelación la parte demandada Dª. A.I.G.G. contra la sentencia de primera instancia que estimando la demanda formulada por D. J.L.C.M. declara rescindida, por lesión, la liquidación de la sociedad de gananciales realizada por los cónyuges en el Convenio Regulador de la Separación Conyugal de fecha 25 de Febrero de 2000, y dejando a salvo la opción que el artículo 1077 del Código Civil establece a favor de la demandada, condenando a ésta a indemnizar al actor en la suma de 4.955.921.-ptas., sobre la base de que no cabe la rescisión solicitada ya que los esposos libre y voluntariamente alcanzaron un acuerdo para la liquidación de la sociedad de gananciales que se incluyó en el Convenio Regulador de la Separación matrimonial, aprobado judicialmente, que no se ha vulnerado ningún tipo de normativa y la rescisión pretendida ahora por el actor supone ir contra los propios actos; entendiendo además que el actor a quien corresponde la carga de la prueba no ha probado que se le haya producido lesión en más de una cuarta parte del valor de las cosas.

SEGUNDO.- La cuestión que se plantea con el primer motivo del recurso de apelación, es la determinación de los requisitos precisos para que pueda operar la rescisión por lesión.

Dada la genérica y omnicomprensiva remisión que efectúa el artículo 1410 del Código Civil a las normas de partición y liquidación de la herencia, el artículo 1074 del Código Civil resulta de aplicación supletoria en la partición de la sociedad de gananciales. (STS de 8 de Julio de 1985, 15 de Junio de 1983). El hecho de que la liquidación de gananciales se pactara en el marco del convenio regulador de la separación, y que éste fuera aprobado en sentencia no impide que pueda acordarse su nulidad por vicio de consentimiento o su rescisión por lesión, ya que la aprobación judicial del convenio no despoja a éste del carácter de negocio jurídico, sino que se limita a homologarlo después de comprobar que no es gravemente perjudicial para los hijos o para uno de los cónyuges, pero de ninguna manera examina la corrección contable y valorativa de las operaciones liquidatorias (STS de 8 de Marzo de 1995 y 26 de Enero de 1993).

Entrando al análisis especifico de los requisitos precisos para que opere la rescisión por lesión del artículo 1074 del Código Civil, comenzar señalando que en la rescisión, a diferencia de la anulación, se parte de la existencia de un negocio jurídico válido por reunir todos los requisitos precisos para ello; se parte, en principio, de la inexistencia de vicio de consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación), siendo el único requisito exigido para que proceda la rescisión la lesión en más de una cuarta parte atendiendo al valor de las cosas en el momento de su adjudicación; esto es, el desequilibrio económico entre los bienes atribuidos a cada cónyuge en la cuantía indicada en el artículo 1074 del Código Civil, es razón bastante para proceder a la rescisión, (así resulta de la STS 18 de Mayo de 1992, 13 de Junio de 1992 entre otras), por lo que no es óbice para que opere la rescisión la referencia de la demandada a los actos propios del actor ratificando el convenio.

TERCERO.- La parte apelante para sostener que no se ha probado la existencia de lesión, niega valor probatorio a los documentos nº 4 y 5 de la demanda y a las ratificaciones de los mismos realizadas en el curso del proceso por D. C.B.F. y por D. E.S.P., alegando que al ser tenidas en cuenta por la sentencia recurrida para entender acreditado el desequilibrio en el valor de los bienes adjudicados se han vulnerado los artículos 264, 265 y 168 (hay que entender se refiere al 268), 269, 270, 335, 336, 380, 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El documento nº 4 de la demanda (folios 17-19) es un informe valorando la vivienda adjudicada a la demandada en la liquidación de la sociedad de gananciales, atendiendo a los valores del mercado inmobiliario durante el primer trimestre de 2000, y el Documento nº 5 de la demanda (folio 20), la tasación del vehículo Suzuki Baleno 1.6 adjudicado al esposo en la liquidación.

Evidentemente, por su contenido, los documentos nº 4 y 5 de la demanda se corresponden con dictámenes periciales por cuanto que contienen un parecer o valoración práctico sobre el precio en el mercado inmobiliario de vehículo de motor y de una vivienda (artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) habiendo sido aportados al proceso en el momento procesal oportuno, (artículo 264, 265 y 336 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) junto con la demanda. Cierto es que la valoración del inmueble obrante en el documento nº 4 de la demanda, al no venir suscrita con una firma, por si solo difícilmente pudiera haber sido tenida en cuenta a efectos probatorios, ya que no consta si alguien asume y se responsabiliza de su contenido; pero habiendo sido asumido su contenido por un profesional con capacitación profesional suficiente para emitir dictámenes de este tipo (un arquitecto técnico), D. C.B.F., que fue propuesto como testigo-perito, y en tal condición declaró en el acto de la vista, y que ha manifestado ser su autor, ratificando e informando sobre la valoración realizada, no hay duda del carácter de dictamen pericial del documento nº 4 de la demanda. Bien es cierto que no se ha acreditado su habilitación profesional tal y como exige el artículo 380 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero habiéndose manifestado por el mismo, en el acto del juicio, su condición de Arquitecto Técnico, de la que ya tenía constancia la parte recurrente, pues así se indicó al proponerlo como perito-testigo en la audiencia previa, indicando el nº de colegiado XXX del Colegio de Burgos, sin que la parte demandada ante la admisión de la prueba, ni en el acto del interrogatorio del mismo manifestara queja o protesta ninguna, y no obrando en las actuaciones dato ninguno que permita pensar que no goza de la afirmada titulación, esta irregularidad no es óbice para no valorar el contenido del informe.

Teniendo verdadero valor de dictámenes judiciales tanto el documento nº 4 de la demanda, valoración de la vivienda adjudicada a la esposa ratificada por su autor en el acto de juicio, así como el documento nº 5 de la demanda, valoración del vehículo adjudicado al esposo ratificado por su autor el Legal Representante del Taller Garaje Sánchez S.L. D. E.S.P., al amparo de lo dispuesto en el artículo 381 de la ley de Enjuiciamiento Civil, que no se ha aportado prueba ninguna de que las valoraciones contenidas en los documentos y ratificadas en las actuaciones, adolezcan de error, cuando la parte recurrente ni en su contestación a la demanda ni en el recurso ha hecho la más mínima alegación respecto a que no se corresponden con la realidad, lo que en momento alguno ha intentado siquiera demostrar, habrá que partir de que los bienes tienen el valor afirmado en los mismos.

Procede por tanto concluir como ha hecho la sentencia recurrida, que la liquidación de la sociedad de gananciales supuso un reparto desigual en los bienes adjudicados a uno y otro esposo, por cuanto se adjudicó a la esposa la vivienda conyugal con un valor en la fecha de la adjudicación en 16.750.000.-ptas., así como los muebles existentes valorados en el 3% del valor del inmueble, 502.000.-ptas. con un pasivo de 8.140.993.-ptas, (préstamo hipotecario que gravaba la vivienda), mientras que al esposo se le adjudicó el turismo Suzuki Baleno BU-XXX-Y valorado conforme a las listas Ganbal en 953..000.-ptas. con un pasivo de 1.753.895.- ptas. correspondiente a un crédito personal; lo que supone que a la esposa se le adjudicó 9.111.007.- ptas. frente a - 800.895.-ptas. del esposo, lo que supone evidentemente que el esposo sufrió una lesión en más de la cuarta parte del valor de las cosas adjudicadas, por lo que procede la rescisión prevista en el artículo 1074 del Código Civil, con la consecuencia indemnizatoria acordada por la sentencia recurrida, a salvo la opción del artículo 1077 del Código Civil a favor de la demandada, también prevista en la sentencia apelada.

CUARTO.- El artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone "que los antecedentes de hecho se consignaran con la claridad y concesión posibles y en párrafos separados y numerados las pretensiones de las partes, los hechos en que las fundan, que hubieran sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso".

Alega la parte apelante, que no se han incluido en el Antecente de Hecho Segundo, cuyo contenido impugna en el Recurso de apelación, la causa de oposición opuesta en el apartado 3º de los Fundamentos de Derecho "Incumplimiento por parte de la actora de la obligación necesaria de acreditar que se ha producido una lesión que supere el límite legal: Preclusión del trámite.".

En los antecedentes de hechos y como dispone el nº 2 del artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil transcrito deben consignarse las pretensiones de las partes, los hechos en que las fundan, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado, y los hechos probados, en su caso; ninguna obligación hay de consignar las alegaciones jurídicas que formulan las partes, sin perjuicio de que a las mismas deba darse cumplida respuesta en los fundamentos de derechos de la sentencia; por lo que la impugnación del antecedente de hecho segundo que formula la parte apelante no puede tener acogida.

QUINTO.- La confirmación de la sentencia determina la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante (artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Fallo

Por lo expuesto, este Tribunal decide:

Se confirma la Sentencia de fecha 28 de Febrero de 2002 dictada por la Ilma. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Miranda de Ebro y se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente Dª. Arabela García Espina, estando celebrando Audiencia Pública el Tribunal en el mismo día de su fecha, de lo que yo el secretario. Doy fe.
NOTA.- Véase en el Libro Registro de Resoluciones al folio 232
NOTA.- Queda puesta certificación en el Rollo de Apelación.- Doy fe.