BDB AP Orense 3748/2004
Fecha: 18 de febrero de 2004
Órgano: Audiencia Provincial de Orense
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 1
Ponente: JESUS F. CRISTIN PEREZ
Sentencia: no disponible
Recurso: 216 / 2003
Rollo: 216 / 2003
Resumen:
El esposo demandante solicita la nulidad del convenio regulador de los efectos de la separación por falta o error en el consentimiento, al tener graves trastornos que limitaban de forma notoria su capacidad volitiva y cognitiva, y además se alega que este consentimiento fue prestado bajo intimidación y dolo empleados por la esposa.
Tesauro:
Civil: Derecho Civil: Derecho de la Persona: Derecho de Familia: Matrimonio y Régimen Matrimonial: Convenio Regulador

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Señores, don Jesús Francisco Cristín Pérez, Presidente, don José Ramón Godoy Méndez y doña Josefa Otero Seivane, Magistrados, ha pronunciado, en nombre de S.M. El Rey, la siguiente SENTENCIA NÚM.

En la ciudad de Ourense, a dieciocho de febrero de dos mil cuatro.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos de Juicio ordinario procedentes del Juzgado mixto nº 1 de Ourense, seguidos con el nº 190/02, rollo de apelación núm. 216/03, entre partes, como apelante D. Simón , representado por la Procuradora D. ANA CRESPO DAMOTA, bajo la dirección del Letrado D. JUAN F. ACEVEDO VIDAL y, como apelada, D. Asunción , representada por la procuradora D. MARÍA DEL CARMEN SILVA MONTERO, bajo la dirección del Abogado D. JOSÉ BLANCO PEREIRA. Es ponente el Iltmo. Sr. Don Jesús Francisco Cristín Pérez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Juzgado mixto nº 1 de Ourense, se dictó sentencia en los referidos autos, en fecha 20-3-03, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada por el procurador Sra. Crespo Damota en representación de Simón contra Asunción representada por el procurador Sra. Silva Montero con imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte demandante".

Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso por la representación de Simón recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial.

Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretende el demandante y apelante, Don Simón , que se declare la nulidad del convenio regulador de los efectos de la separación convenido con su esposa, la demandada Doña Asunción , aprobado por sentencia de siete de diciembre de 2001, por falta o error en el consentimiento, al tener graves trastornos que limitaban de forma notoria su capacidad volitiva y cognitiva, y, en cualquier caso, fue prestado bajo intimidación y dolo empleados por la apelada; o subsidiariamente que se entienda que hubo lesión en más de la cuarta parte en la liquidación y adjudicación del patrimonio familiar -sociedad de gananciales- y que procede la rescisión al amparo de los artículos 1074 y 1404 del Código Civil, pretensiones desestimadas en la sentencia dictada en la primera instancia, contra la que formula recurso de apelación. El Código Civil regula la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales en los artículos 1392 y 1310, y este último remite, en todo lo que no esté previsto en los artículos anteriores, a las reglas o normas establecidas para la partición y liquidación de herencia, entre ellas las comprendidas en los artículos 1073 y 1081, que se refieren a la rescisión de la partición, y en concreto al artículo 1074 respecto de la rescisión por lesión en más de la cuarta parte; a la nulidad por vicios del consentimiento y por violencia o dolo se refieren, con carácter general, los artículos 1265 y 1270.

SEGUNDO.- Para intentar probar la concurrencia de vicios del consentimiento, y aun la intimidación o dolo en la prestación del mismo, el demandante aporta con la demanda un dictamen del especialista en neurología y psiquiatría Don Felipe , Psiquiatra del SERGAS, el cual entiende que en 6 de junio de 2001, cuando reconoció en consulta al actor apreció en él una cierta anormalidad debido a la situación familiar con su cónyuge, dadas las múltiples discusiones con signos de celotipia y pretensiones de un alto grado de control sobre ella, lo que supuso, según le manifestaba, que la mujer cesase en la convivencia familiar donde él permanecía con los dos hijos del matrimonio, de 15 y 12 años de edad, razón por la cual, ante esa actitud unilateral, se obsesionaba por recuperarla, pasando a manifestar un sentimiento de culpa y a hipervalorar a su mujer, llegándole a manifestar el informado que en el mes de agosto del mismo año empezó a recibir amenazas telefónicas de su consorte para que le diera una participación accionarial en la empresa en la que como gerente -Centro médico COSAGA-, y después de relatar diversas vicisitudes se concluye diciendo que se le aprecia un trastorno de la personalidad no especificado o personalidad mixta, así como un trastorno adaptativo crónico con ansiedad y estado de ánimo depresivo debido a un trastorno por estrés postraumático debido a la separación matrimonial, pero se añade que no se evidencia déficit intelectivo ni alteraciones sensoperceptivas y delirantes, pero se dice, sin embargo, que con la ingesta de "pequeñas" dosis de alcohol, y más si se suman a los efectos de tranquilizantes benzodiacepinicos se pueden producir episodios confusionales, lo que se agrava con la situación de abandono que se produjo y las amenazas producidas con el temor a la probable pérdida del prestigio profesional lo que "le abocaron a la firma del convenio regulador de la separación bajo un estado permanente de pánico y de miedo insuperable", razón por la cual se dice que Don Simón , en el momento de la firma, se hallaba, a juicio del psiquiatra, altamente limitado en su capacidad cognitiva y volitiva. Pero el informe pericial, que no fue ratificado en juicio al no interesar las partes su presencia, hace supuesto de la cuestión relativa a la personalidad del demandante en el momento de la firma del convenio, pues su estado, en ese momento, al no estar presente el psiquiatra, no le puede constar y, pese a eso, se hacen afirmaciones categóricas, con independencia de que tampoco puede saber si hubo previa ingesta de alcohol; lo único que si es cierto es la apreciable anormalidad de su conducta, pero no se probaron las violencias o intimidaciones por parte de la mujer, sino todo lo contrario -se aporta con la contestación a la demanda una sentencia en la que se condena al apelante por daños y por coacciones ejercidas sobre la demandada, aunque por hechos posteriores a la firma del convenio-, ni que Don Simón tuviese limitadas las facultades cognitivas y volitivas, especialmente si se tiene en cuenta que cuando se firmó el convenio, después de un período largo de gestación con intervención de las partes asistidas cada una de ellas con letrado propio, el accionante llevaba cerca de tres meses de tratamiento médico; el perito parte de supuestos cuya certeza no le pueden constar sino es por referencia del paciente, al que dice que lo observó en consulta y por medio de su compañía en algún bar, pues no sabe si fue la mujer la que abandonó el domicilio conyugal -y al menos la causa del abandono, en su caso-, y si fue el marido quien la obligó a marcharse, como tampoco si hubo amenazas telefónicas, más cuando fue el actor quien inició el proceso de separación judicial por medio de la petición de medidas provisionales. Por tanto, conforme a las reglas de la sana crítica, en base a lo que se deja argumentado, atendiendo a la norma valorativa de los informes periciales contenida en el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de estimarse como no probada la limitación de las facultades del Sr. Simón ni que sus anormalidades pudieran determinar vicio del consentimiento en el momento de la firma del convenio regulador de los efectos de la separación, en el que, además, se confía la custodia de los hijos menores de edad al padre, en contra de los deseos de la madre, si bien se deja a la iniciativa de los menores la decisión definitiva (la convivencia con el padre, según declaró uno de sus hijos en juicio, duró unos tres meses), lo que revela la falta de la mediatización que se quiere asignar a la demandada por parte del recurrente.

TERCERO.- Es verdad, como proclaman las sentencias de 26 de enero de 1993 y 8 de marzo de 1995, que la partición no es por sí misma una transacción y por tanto no existe ninguna posibilidad legal de eximirla de su sujeción a la rescisión por lesión según el artículo 1074 del Código Civil, que es de aplicación a la partición de la sociedad de gananciales disuelta, sin que a ello obste que se haya materializado con ocasión de un convenio regulador de la separación, como tampoco exime de la posible corrección contable y valorativa de las operaciones liquidatorias, ni mucho menos de la apreciación de la concurrencia de vicios de la voluntad en el consentimiento prestado a las mismas por los cónyuges, pero en cualquier caso, como precisa la sentencia de 15 de marzo de 1995, el principio de igualdad cuantitativa a que alude el artículo 1061 del Código citado tiene un alcance más bien facultativo que imperativo, y sin que pueda olvidarse el principio de la autonomía de la voluntad. Finalmente, la sentencia de 20 de octubre de 1992, como habían señalado antes las de 25 de febrero de 1966 y 18 de febrero de 1987 y ratifica la de 15 de febrero de 1996, la partición hecha por los herederos, y la liquidación del patrimonio de la sociedad de gananciales hecha por los cónyuges, si tienen la libre administración y disposición de sus bienes, puede verificarse en el modo que tengan por conveniente, prescindiendo, en su caso, incluso, de las disposiciones del testamento, creando una situación jurídica de plena y absoluta eficacia, con independencia de la posibilidad de que pueda ser atacada por terceros que se puedan sentir perjudicados.

En contra de lo que se dice en la demanda, no existe, además, una apreciable desproporcionalidad en la formación de los lotes adjudicados al actor y a la demandada, pues si bien a ella se le asigna un apartamento, que no casa ni piso, en Bayona (Pontevedra), al marido se le otorga el usufructo vitalicio sobre la casa-chalet en San Ciprián de Viñas (Ourense), compuesto de planta baja y dos pisos altos, y a él le queda un turismo mercedes de reciente adquisición, mientras que a ella un renault usado, pero, además la carga hipotecaria que ha de atender la apelada es muy superior a la correspondiente al apelante. De aquí que no quepa entender la existencia de una desmesurada desproporción entre el importe de los bienes adjudicados a uno y otro consorte, lo que, como reitera la jurisprudencia, constituye un elemento sujeto a la libre apreciación de los tribunales de instancia.

CUARTO.- Procede por todo lo relatado desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada, por su propia argumentación jurídica, y con la consiguiente imposición de las costas del recurso al apelante (artículo 398.1 de la Ley de Enjuicimiento Civil).

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente

FALLO

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Simón contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Ourense en juicio ordinario 190/02, rollo de Sala 216/03, resolución que se confirma, y se imponen las costas del mismo al apelante.

Al notificarse esta resolución a las partes, háganse las indicaciones a que se refiere el art. 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.