BDB AP Las Palmas 24015/2004
Fecha: 29 de enero de 2004
Órgano: Audiencia Provincial de Las Palmas
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 5
Ponente: JULIO MANRIQUE DE LARA MORALES
Sentencia: 65 / 2004
Recurso: 529 / 2003
Rollo: 529 / 2003
Resumen:
Nulidad de capitulaciones matrimoniales. Se considera acreditado el dolo en el demandado por la minusvaloración que se hace en dicha escritura de los bienes que en la misma se reflejan así como por la ocultación de parte de los pertenecientes a la sociedad de gananciales provocada por aquél, induciendo a su fallecida esposa a otorgar las capitulaciones que no hubiera suscrito de haber conocido estos extremos.
Tesauro:
Civil: Derecho Civil: Derecho de la Persona: Derecho de Familia: Matrimonio y Régimen Matrimonial: Régimen Económico Matrimonial: Capitulaciones y Acuerdos Matrimoniales: Nulidad del Contrato

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de enero de 2004.

VISTO, ante la AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN QUINTA , el recurso de apelación admitido a la parte demandada , en los reseñados autos, contra la sentencia dictada por el JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 2 de ARUCAS de fecha 9 de septiembre de 2002 , instados esta apelacion a instancia de D./Dña. Luis Enrique representados por el Procurador D./Dña. Juana Agustina Garcia Santana y dirigido por el Letrado D./Dña. Carmen Morales Gonzalez , contra D./Dña. Pablo , Alicia , Amelia , Aurora , Ildefonso , Jesús , Estíbaliz y Andrea representado por el Procurador D./Dña. Octavio Esteva Navarro, y dirigido por el Letrado D./Dña. Octavio Rodriguez Beltra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice:"Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Esteva Navarro en nombre y representación de Don Pablo , Doña Alicia , Doña Amelia , Doña Andrea , defendidos por el Letrado Sr. D. Octavio Rodríguez Beltrá contra Don Luis Enrique debo declarar y declaro la nulidad de las capitulaciones matrimoniales otorgadas por el demandado y su esposa Doña Sofía , en escritura pública de fecha catorce de abril de mil novecientos noventa y ocho, condenando al demandado a estar y pasar por esta declaración, ordenqando la cancelación de las anotaciones de modificación de régimen económico matrimonial en el Registro Civil y en los Registros de la Propiedad de Las Palmas de Gran Canaria, con imposición de costas a la parte demandada."

SEGUNDO.- La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el día 21 de enero de 2004.

TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales. Es Ponente de la Sentencia el Iltmo. Sr./a. D./Dña. Julio Manrique de Lara Morales , quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Frente a la sentencia que estimó la demanda rectora en los Autos del Juicio Ordinario número 433/01, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Arucas, se alza el apelante, demandado en la instancia, alegando la existencia de error en la apreciación de la prueba en la mentada resolución que declaró la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales suscrita entre él y su fallecida esposa, sosteniendo que esta última conocía, en todo momento, los bienes que ambos poseían en común, todos ellos constaban en Escritura Pública y estaban inscritos en el Registro de la Propiedad correspondiente. Indica, asimismo, que los bienes que fueron includos en estas capitulaciones no fueron infravalorados, correspondiéndose, el reflejado en dicha Escritura, con el valor real de los mismos, no procediendo, a su juicio, la acción de nulidad ejercitada de adverso, sino, en su caso, sería oportuna la de rescisión por lesión. Igualmente, señala que no es motivo de nulidad el que no se hayan incluido todos los bienes gananciales en las capitulaciones de referencia, pues los bienes no incorporados a la misma no pierden por ello su carácter ganancial, siendo que tal omisión únicamente daría lugar ex artículo 1079 del Código civil a su adición al inventario en cuestión y no, contrariamente a lo declarado en la resolución que combate, a su nulidad. Reitera, en esta orientación, su oposición a la naturaleza ganancial de la vivienda conyugal, constando que el solar en que la misma se construyó le pertenecía de modo privativo y, además, con tal carácter se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, debiendo reintegrar únicamente a la comunidad hereditaria el importe en que se valore lo edificado en dicho inmueble durante el matrimonio. Discrepa, en los términos expuestos, de la sentencia de instancia al considerar que no ha quedado acreditado el dolo, ni la ocultación de bienes, así como tampoco la desigualdad entre los patrimonios adjudicados a ambos esposos, precisando, al respecto, que su esposa recibió el dinero al que se refiere dicha escritura pues el mismo se encontraba depositado en su domicilio, lo que, además, corrobora el hecho de que, no estando alteradas ni su capadidad volitiva ni la intelectiva, manifestara a presencia notarial que tal dinero fue efectivamente percibido por ella y, a su vez, confirma que parte de tal efectivo fue recibido por sus propios hijos, no siendo relevante el que no quedara constancia el concepto - si lo fue en calidad de préstamo - en que el mismo fue por ellos percibido, lo que, a su juicio, no permite concluir la inexistencia de causa en el otorgamiento de las capitulaciones objeto de autos, motivos en base a los que, en definitiva, solicita que, con estimación del recurso de apelación por su parte articulado, se revoque la sentencia de instancia en los concretos extremos a los que ha hecho especial mención.

A tales alegaciones muestran su disconformidad, oponiéndose, los apelados, actores en la instancia, sosteniendo, en síntesis, la insuficiencia de los argumentos esgrimidos por el recurrente para desvirtuar los acertados razonamientos jurídicos de la resolución recurrida, la cual, valorando acertadamente el conjunto del material probatorio, es perfectamente ajustada a Derecho, fundamentos en cuya virtud interesan, en suma, que con desestimación del recurso de apelación formulado de contrario, se confirme la sentencia de instancia en su integridad.

SEGUNDO. Insiste el apelante en la plena validez de la escritura de capitulaciones matrimoniales suscrita con su fallecida esposa el 14 de abril de 1998 (Folios 31-a, a 31-f), no acreditándose el dolo, ni la falta de causa que se apreciara en la instancia, incurriéndose, en consecuencia, en error en la valoración de la prueba.

Las alegaciones del recurrente, se adelanta ya desde este instante, no pueden prosperar y ello porque, en primer lugar, debe tenerse en cuenta la constante y reiterada doctrina jurisprudencial en relación a la cual la existencia de un error en la apreciación de la prueba, como motivo de apelación, sólo podrá prosperar cuando, examinada la resultancia probatoria, las inferencias o conclusiones obtenidas por el juzgador a quo sean ilógicas, absurdas o irracionales o cuando haya dejado de considerarse, como prueba objetiva, alguna que las contradiga (Vid. SAP. Lleida de 12 de febrero de 2001).

No es esta la situación que se produce en el supuesto enjuiciado, dada la valoración de la prueba efectuada por la juez de instancia que, por otro lado, comparte esta Sala, y por los motivos que se expondrán.

Por su parte, la sentencia de instancia, apreciando la prueba en su conjunto, declara la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales a la que se ha hecho referencia al considerar acreditado el dolo en el demandado, ahora apelante, dada la minusvaloración que se hace en dicha escritura de los bienes que en la misma se reflejan así como por la ocultación de parte de los pertenecientes a la sociedad de gananciales provocada por aquél, induciendo a su fallecida esposa a otorgar las capitulaciones que no hubiera suscrito de haber conocido estos extremos.

Valoración probatoria que ha de confirmarse pues, en efecto, se acreditan los términos que llevaron a la iudex a quo a declarar la nulidad que, en virtud del presente recurso, se combate ante esta alzada; a tal fin, no hay mas que analizar el valor atribuido a los bienes inmuebles que constan en dicha escritura, que, además, fueron todos adjudicados al esposo, para apreciar la minusvaloración de los mismos, siendo que, las dos fincas que se describen en los ordinales a) y b) de la misma se han valorado en 515.000 pesetas, asignándose también a éste tres plazas de garajes situadas en el barrio de Vegeta de esta capital, lo que, además, y en comparación con el importe en efectivo percibido por la esposa, demuestra una mas que patente desigualdad entre las cuotas atribuidas a uno y otro cónyuge, pues, frente a la adjudicación por el esposo de todos los bienes inmuebles inventariados, bienes que, por su propia naturaleza, tienden a revalorizarse con el paso del tiempo, su fallecida esposa únicamente se atribuyó el importe del dinero que se decía existente y cuya cuantía ascendió a 5.415.000 pesetas.

Además de lo anteriormente expuesto, corrobora la tesis de la iudex a quo la ocultación por el demandado de otros bienes de carácter ganancial, de mas que notorio valor económico, tales como los fondos de inversión del Banco Central Hispano que pertencían a ambos esposos, cuyo importe superaba los 19.000.000 de pesetas y que, según certificación bancaria, al no renovarse, a su vencimiento fueron reembolsados el 18 de mayo de 1999 en la cuenta corriente vinculada al mismo (Folio 39), destacando, a este respecto, que según certificación bancaria de 1 de marzo de 2002 (Folio 69) el apelante es titular exclusivo de un fondo de inversión cuyo importe asciende a 119.340 €, suma que practicamente coincide con la que fue objeto del reembolso que se acaba de reseñar. Tampoco, y siguiendo esta orientación, se incluyó en dicha escritura el apartamento sito en el número NUM000 de la planta NUM001 del complejo turístico DIRECCION000 , de Playa del Inglés, adquirido por la sociedad de gananciales el 6 de diciembre de 1982 (Folio 40 a) vuelto). Excluyéndose, igualmente, la vivienda conyugal operando sobre la misma, cuanto menos, la presunción del artículo 1.361 del Código civil pues toda la prueba obrante en autos acredita que, siendo el solar en que se construyó privativo del esposo, la misma se edificó constante el matrimonio.

Según lo expuesto, cabe recordar que el dolo, como vicio del consentimiento o de la declaración de voluntad que integra el mismo, es definido en el artículo 1269 del Código civil, que precisa que existe dolo «cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho» y añade el artículo 1270 de dicho cuerpo legal que «para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave». Este concepto legal del dolo, ha dado lugar a uno de los cuerpos de doctrina más elaboradas por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, proclamando, con reiteración, que en dicho concepto cabe distinguir dos elementos: uno, subjetivo, como voluntad o deseo de orientar la voluntad de la contraparte en un determinado sentido o infracción voluntaria de un deber jurídico que pesa sobre la parte que lo produce (elemento subjetivo); y otro, material u objetivo, integrado por el medio o los actos externos, omisiones o silencios a través de los cuales se realiza o manifiesta el elemento subjetivo; mientras el primero de esos elementos constituye una «quaestio juris», el segundo es una cuestión de hecho, cuya valoración es función soberana del Tribunal de instancia, no revisable en casación, según se ha expuesto en anteriores fundamentos de derecho [SSTS 21-12-1963, 28-2- 1969 (RJ 19691034), y 27 marzo y 28 noviembre 1989 (RJ 19892201 y RJ 19897914)].

Atendiendo a esta descripción, cabe traer a colación la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2001 (RJ 20011005) que señaló que: «En reiterada jurisprudencia - entre otras las sentencias de 26 de octubre de 1981 (RJ 19814001), 15 de julio de 1987 (RJ 19875494), 27 de septiembre de 1990 (RJ 19906908), 21 de julio de 1993 (RJ 19936102) y 29 de marzo de 1994 (RJ 19942304) - esta Sala ha declarado que el dolo determinante de la decisión de otorgar un contrato, según lo contempla el art. 1269 del Código Civil, puede consistir no sólo en la insidia o maquinación directa sino también en la reticencia del que calla o no advierte debidamente a la otra parte». Por su lado, la Sentencia de este mismo Tribunal de 29 de diciembre de 1999 (RJ 19999380) declaró, respecto de los elementos del dolo para ser apreciado que: «los requisitos que según la doctrina se exigen para que el dolo pueda actuar, y que son plasmados en la Sentencia de esta Sala, de 11 de mayo de 1993 (RJ 19933539), como son: a) una conducta insidiosa dirigida a provocar la declaración negocial, b) que la otra voluntad negociadora quede viciada en su libertad y conocimiento por tal conducta, c) que todo ello determine la actuación negocial, d) que sea grave y e) que no se haya causado por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes». Y, en esta orientación, la Sentencia de 21 de julio de 1993 (RJ 19936102) que señaló lo que a continuación se transcribe: «Conforme a lo dispuesto en el art. 1269 del Código Civil, el dolo civil se caracteriza por ser producto de la astucia, maquinación o artificio, incidente en el motivo esencial determinante de la decisión de otorgar el contrato, abarcando según tiene declarado esta Sala, en Sentencias, entre otras, de 26-10-1981 (RJ 19814001), 15-7-1987 (RJ 19875494) y 27-9-1990 (RJ 19906908), no sólo la insidia o maquinación directa sino también la reticencia del que calla o no advierte debidamente a la otra parte». Por último, conviene también reseñar los argumentos de la interesante Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de julio de 1999 (AC 19991850) que se expresó del siguiente modo: «Nuestro Código, amén de la acepción que del dolo ofrece como vicio del consentimiento (art. 1269 CC), estudia tal manifestación de la culpabilidad en sede de incumplimiento contractual (arts. 1101 y ss. CC) y lo configura como el incumplimiento consciente y voluntario de la obligación surgida a consecuencia de la perfección del contrato y, a diferencia del dolo penal no se basa, exclusivamente, en la intención de dañar, sino en la de quebrar la norma, equivaliendo, por ello, a la mala fe. Por esta vía, la jurisprudencia entendió dolosamente queridos los resultados que sin ser intencionalmente perseguidos, aparecieran «como consecuencia necesaria de la acción» (STS de 27 de abril de 1973 [RJ 1973 1875]), surgiendo el llamado dolo eventual, como una de sus manifestaciones fronterizas con la culpa consciente o culpa con previsión. No es preciso, en consecuencia, para entender doloso el quebrantamiento contractual, una voluntad deliberadamente rebelde a su cumplimiento (SSTS de 18 de noviembre de 1983 [RJ 19836488], 18 de marzo de 1991 [RJ 19912265] y 13 de julio de 1995 [RJ 19956003]), sino que el infractor se represente como posible, a consecuencia de su acción, el resultado prohibido y, pese a ello, consienta en llevar a cabo la misma. No constituye lo anterior equiparar el dolo y la culpa, pues las dos resultan ser manifestaciones sucesivas de la culpabilidad, aunque sea, ciertamente, difícil distinguir el dolo que la doctrina ha dado en llamar eventual, de la denominada culpa consciente por cuanto, precisamente, en esa «tierra de nadie», es donde ha sido aquél residenciado».

A la vista de todo ello, no cabe mas que declarar, coincidiendo con la sentencia de instancia, la real existencia de una conducta dolosa por parte del ahora apelante, desde el instante mismo que en autos se ha comprobado la minusvaloración de los bienes incorporados en la escritura de capitulaciones matrimoniales cuya nulidad ha sido postulada por los actores; la más que patente desigualdad entre el patrimonio adjudicado al esposo, asumiendo la titularidad de todos los bienes inmuebles que en dicha escritura de incluyeron, frente al correspondiente atribuido a la esposa, dinero en efectivo, y en correspondencia con su importe; así como la ocultación de otros bienes de notorio valor económico y que el demandado ha terminado incorporando a su propio patrimonio. De ello se infiere que el consentimiento de la esposa al otorgar estas capitulaciones, y no debe desconocerse el proceso terminal que le afectaba en el momento de su firma, estuvo viciado «ab initio», constituyendo la actuación del esposo ya descrita una verdadera actitud dolosa, resultando del todo punto ventajosa y provechosa para sus propios intereses, en perjuicio evidente para aquélla, siendo mas que indiscutible el rentable y lucrativo patrimonio que asumió en virtud de estas capitulaciones, adjudicándose todos los bienes inmuebles que en la tan repetida escritura se incluyeron, con notoria repercusión, dada su mas que evidente capacidad de revalorización, en su propio beneficio, y todo ello en confrontación con lo adjudicado a su esposa, a lo que debe añadirse la maniobra de ocultación de los bienes a los que se ha hecho referencia y la mas que acreditada incorporación posterior de los mismos a su exclusiva titularidad. No puede, en los términos expuestos, haber lugar a dudas, y con base en tales premisas, a considerar que hay una clara aparición del dolo a través no sólo de una maquinación directa, sino también una reticencia del que calla o no advierte debidamente a la otra parte, sin que ello lo pueda invalidar la confianza, buena fe o ingenuidad de la parte afectada (Sentencia de 15 junio 1995 [RJ 19955296]), lo que permite concluir que en la parte apelante ha habido una conducta insidiosa que, unido a la coincidencia con la instancia en la falta de causa, pues, por mas que el apelante insista en lo contrario, no se ha acreditado la efectiva entrega del dinero a la esposa, conlleva necesariamente a reputar acertadamente declarada la nulidad de la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por el apelante y su esposa el 14 de abril de 1998, Protocolo número 2.472 del Notario Sr. Cabello Cascajo, desestimando, en consecuencia, el recurso de apelación articulado por el apelante y confirmando la sentencia de instancia en su integridad.

TERCERO. Por todo ello, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada, con imposición al apelante de las costas causadas en esta alzada, merced al mandato contenido en el apartado primero del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española.

FALLAMOS

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don Luis Enrique , contra la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Dos de Arucas, debemos confirmar y confirmamos la misma, imponiendo al apelante las costas causadas en esta alzada.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Iltmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.