BDB AP Granada 7356/2005
Fecha: 5 de mayo de 2005
Órgano: Audiencia Provincial de Granada
Sala: Sala de lo Civil, Sección 3
Ponente: CARLOS JOSE DE VALDIVIA PIZCUETA
Sentencia: 340 / 2005
Recurso: 743 / 2004
Rollo: 743 / 2004
Resumen:
El recurso de apelación mantiene la nulidad del Convenio Regulador en lo referido al pacto referente a la liquidación del régimen económico ganancial, por vicio en el consentimiento. Se aduce que la esposa declaró su voluntad con relación a aquel de manera viciada, ya que el "acoso emocional" al que se le sometió por parte de su marido, entrañó, o mejor, supuso una situación de violencia e intimidación. Con carácter subsidiario, se interesa la rescisión por lesión, por haber sufrido un perjuicio en más de la cuarta parte del valor de las cosas que fueron objeto de liquidación a través del Convenio Regulador.
Tesauro:
Civil: Derecho Civil: Derecho de la Persona: Derecho de Familia: Matrimonio y Régimen Matrimonial: Convenio Regulador

En la Ciudad de Granada, a cinco de Mayo de dos mil cinco.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo 743/04- los autos de Juicio Ordinario número 944/03 del Juzgado de Primera Instancia número Seis de Granada, seguidos en virtud de demanda de Dª María Luisa contra D. Carlos Jesús .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 25 de Mayo de 2004, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Desestimo la demanda presentada por doña María Luisa y absuelvo a don Carlos Jesús , condenando a la actora al pago de las costas".

SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte actora, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a éste Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por éste Tribunal se han observado las formalidades legales en ésta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo.Sr. Magistrado D. CARLOS J. DE VALDIVIA PIZCUETA.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación mantiene la nulidad del Convenio Regulador, en lo que atañe al pacto referente a la liquidación del régimen económico ganancial, por vicio en el consentimiento. La Señora Dª María Luisa , declaró su voluntad con relación a aquel de manera viciada, ya que el "acoso emocional" al que se le sometió por parte de su marido, entrañó, o mejor, supuso (se dice por la recurrente) una situación de violencia e intimidación. Con carácter subsidiario, a lo que se acaba de exponer, se interesa la rescisión por lesión, por haber sufrido un perjuicio en más de la cuarta parte del valor de las cosas que fueron objeto de liquidación a través del Convenio Regulador. Establecida la esencia o, mejor dicho, lo que es fundamento de lo postulado, se aborda, en primer lugar, ese vicio del consentimiento. Como "prius" lógico, conviene hacer ciertas observaciones con relación a los vicios del consentimiento, asi, que: A), La existencia, o presencia, de vicios del consentimiento es cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del Tribunal de la instancia, se cita la Sentencia del T.S. de 29 de Abril del año 2002, que recoge otras de igual tenor, como las de 7-11-1986 y la de 17-5-1988; además, la violencia y la intimidación no se presumen (sentencias del T.S. de 12-12-1995 y de 21-7-1998); y B), La voluntad tanto en su proceso interno: formación, como en su proceso externo: emisión; precisa de seriedad; esto es; ha de ser consciente y libremente emitida. La anormalidad en ello, lleva al vicio de la voluntad (error o violencia). El error puede ser espontáneo o provocado, y la violencia puede obedecer a una causa física o moral (también Social, "Coacción ambiental"). Sentados o, mejor, establecidas las lineas generales para investigar acerca de los vicios proclamados, se ha de estudiar la violencia. Si pensamos en la violencia física, se ha de concluir diciendo, que la misma suprime la voluntad de quien la sufre, por lo que el negocio Jurídico llevado a cabo en tal estado es nulo y de manera plena; y es que la "Vis absoluta o Corpore Illata" entraña, por su condición, la inexistencia del contrato. Por lo que afecta, o se refiere a la intimidación ("Vis compulsiva o animo illata"), que puede proceder, al igual que la violencia, de un tercero (articulo 1268 del Código Civil), se ha de buscar en la misma el tenor capaz de quebrantar el ánimo del "homo Constantisimus", atendiendo, por tanto, a las circunstancias especificas del caso concreto: "Edad y condición de la persona" (articulo 1267.3 del Código Civil). ¿Qué se deduce de esto? Pues, que la intimidación, como vicio del consentimiento, exige cumplida prueba, antes se apuntó, (se cita la Sentencia del T.S. de 25-11-2000). Coacción moral que, para que aparezca la nulidad relativa del negocio Jurídico, es necesario, se invoca la Sentencia del T.S. de 6-10-1994, su integración, como amenaza injusta e ilícita, en la formación, en el proceso de formación, de la voluntad, de tal manera que, por su fuerza, oblige al que la padece a emitir una en sentido contrario a sus intereses. Lo que se dirige necesariamente, a la existencia de un nexo causal entre aquella, la intimidación, y el consentimiento (se cita la Sentencia del T.S. de 18-2-1994). Lo antecedente centra la cuestión debatida en la ventaja contractual obtenida, aquí por el esposo, mediante la firma, la subcripción, del Convenio Regulador (el que regió la Separación de los consortes). Ventaja lograda no por una "vis absoluta", por una violencia física, sino, en verdad y tal como se muestra, a través de una "vis cumpulsiva" producida, lo mantiene la recurrente, por las circunstancias que aparecieron o, mejor dicho, envolvieron la separación, la crisis matrimonial. Se trae a colación a tal fin (en ello insiste la parte apelante), un episodio de violencia física, ocurrido el dia 13 de Junio del año 1998 (que desembocó en denuncia y en las consiguientes actuaciones Judiciales), que marcó definitivamente a la Señora apelante hoy, determinando el vicio del consentimiento invocado, al tiempo de subscribir el Convenio Regulador días después, el diecisiete de Julio del año 1998. Un cuadro ansioso depresivo de intensidad leve, se fue desarrollando en ella; pues, desde el año 1997, mes de Julio, en que se decidió la Separación, el marido, su marido, la sometió a un "acoso emocional". Acoso que, se viene a mantener, anuló su capacidad de decisión (la de la esposa, decimos). ¿Se prueba esto de una manera concluyente? ¿No se halla en contradicción, con el propio informe técnico del Centro de Psicología "ALITER", que viene a establecer, al concluir, que Dª María Luisa tuvo durante todo el proceso de separación, una actividad firme y objetiva?. La respuesta, al valorar en su conjunto la prueba: periciales psicológicas aportadas y, por supuesto, deposiciones de los testigos, ahí están, las del Letrado Sr. Son Diego-Juan Jiménez Aranda, que refiere un Convenio Regulador laborioso en su formación, no obstante, se pudo alcanzar el acuerdo entre los consortes; ahí están, las conversaciones de Dª María Luisa , con los otros Señores Letrados; sus menciones acerca del régimen de visitas, y, por ende, su propia postura (la de nombrada señora) al ser interrogada. La respuesta, se dice, ante esto, es de negación. No se dió la "Vis Compulsiva" predicada; no quebrantándose, por tanto, el ánimo de la Señora demandante- apelante (que, por cierto, hasta en la ratificación del Convenio Regulador estuvo asistida del Letrado). Asi, pues, ante su ánimo firme y sereno, ante la asistencia técnica, ante su despejada capacidad de entender y de querer, mal se ha de pretender una ventaja patrimonial, por parte del marido, obtenida, lograda, mediante presión, presión contraria a Derecho. Asi, pues, la nulidad parcial basada en las intimidación decae: no se dio una "coacta voluntas". Y la ausencia de ésta, introduce en el error, concebido por la demandante, "Como una creencia equivocada (errónea) en que accediendo a las pretensiones del esposo se pondría fin a la situación de violencia y acoso emocional, lo que indujo a Doña María Luisa a prestar su consentimiento". Esto no es error, no integra dicha figura Jurídica. Ni error obstativo, que supone una disconformidad entre la voluntad y la declaración, ni error vicio, que muestra una voluntad interna basada o, mejor dicho formada sobre una creencia inexacta, por ejemplo, error que afecta a la índole, al contenido principal o a la naturaleza del negocio Jurídico. Su planteamiento lo que enseña o, mejor, invoca un vicio del consentimiento, una voluntad captada por la intimidación, que desea la desaparición del desasosiego psicológico. En todo caso, se podría mencionar la presencia de una voluntad formada sobre la base de una creencia inexacta, que llevaría a un error en los motivos o, más exactamente, sobre los motivos, como elemento psicológico que se ha de buscar en una realidad ajena al negocio jurídico, esto es, en la idea de que iba a cesar el acoso, pero no en una defectuosa aprehensión intelectual de los elementos contractuales. Error, remitiéndonos a lo antes expresado, inexistente. En suma, resumiendo, si las cosas objeto del contrato carecen de las condiciones requeridas y que se le atribuyeron, hay error (se cita la Sentencia del T.S. de 1-3-1983), en el supuesto contrario no.

Cuestión distinta sería la que atañe a la no inclusión de determinados bienes en la liquidación, así como la infravaloración de los tenidos en cuenta, lo que llevaría, en su caso, a la recisión por lesión, antes apuntada. Aquí se estaría ante un error invalidante; pero tal, además de requerir un grado trascendente: ser esencial; exigiría el no ser imputable a quien lo padeció, pues, no pudo evitarlo. De éste modo, atendiendo a la idea lanzada, nunca se podrá alegar error, si el mismo se hubiera podido evitar con una normal diligencia (sentencia del T.S. de 12 de Julio del año 2002; artículo 1266 del Código Civil) por parte del que dice haberlo sufrido. Así, pues, no existe, o no se da, disculpa, cuando adoptando una diligencia media pudo ser salvado, evitado. En tales supuestos, no merecerá protección la persona que lo cita. Actuó de manera, que la aquella (la protección) ha de ser trasladada a la otra parte, que la merece por la confianza infundida en él, por la declaración de voluntad del que pretende la nulidad con apoyo, con base, en aquel: el error (Sentencias del T.S. de 26-1-1993 y de 3-3-1994). Y a ésta regular diligencia exigible, no observada en el supuesto de litis por al Sra. Demandante, pese a conocer la existencia de todos los bienes y las circunstancias que los rodeaban (nos referimos a los bienes del acervo economico-matrimonial), y pese a su actitud firme y objetiva ante la crisis matrimonial, se une la asistencia Letrada, la intervención de ella en la subscripción y ratificación del Convenio Regulador (con su contenido patrimonial), lo que hace inexcusable el error (se invocan las Sentencias del T.S. 15-6-1963 y de 6-11-1996). Ante lo anotado, mal se ha de mantener, que en el conocimiento previo, en la finalidad buscada y en la resolución que en la acción de toda voluntad subyace, existió un vicio invalidante, que llevaría a la nulidad interesada. Referencia que conduce hacia la rescisión por lesión, la que proviene de esa remisión que el articulo 1410 del Código Civil hace a la partición de la herencia (articulo 1074 del Código Civil). Posibilidad admitida por la Jurisprudencia, Sentencias del T.S. de 20-11-1993 y de 16-5-1997, entre otras, y que se base en la noción, en la idea, de que la liquidación del régimen economico-matrimonial no es una transacción, ya que, en principio las partes (los cónyuges) no discuten acerca de sus derechos en la titularidad común, pues lo que simplemente aceptan es transformarla para obtener una titularidad o, mejor dicho, titularidades singulares. Por eso, la aprobación Judicial del Convenio Regulador, no despoja a dicho negocio Jurídico de su condición de modo de autorregular los intereses de las partes, algo que remite, a los fines de la recisión (artículos 1290, 1291 y 1295 del Código Civil), al examen de los posibles errores contables y de valoración en las operaciones de liquidación (Sentencia del T.S. de 26-1-1993). Ahora bien, si no existieron vicios de la voluntad, en el consentimiento, si se conocía el alcance del patrimonio, si aparece una intervención Letrada, la pregunta es ¿Existió lesión? Si la acción recisoria es, asi se concibe, un poder Jurídico dirigido a impugnar un contrato lesivo, no se ha de hablar de ello, de lesividad, si la parte que clama, en este momento, actuó con plena conciencia y voluntad; debidamente asesorada e informada. La buena fe, como modelo de comportamiento ético en el acaecer de las relaciones sociales, impide argüir o, mejor dicho, valerse de un pretendido error inexistente (y que, en cualquier caso, pudo ser deshecho con una normal diligencia) frente a la contraparte, que confió en el comportamiento tenido por el que impugna. Entonces, en tal caso, no se ha de mantener la recisión como Institución basada en la lesividad ya que no aparece una persona indebidamente perjudicada. Y esto se indica, porque cuando se hacen esfuerzos para atribuir a la acción recisoria un plazo de prescripción en su duración, y no de caducidad (articulo 1299 del Código Civil, Sentencias del T.S. de 8 de Julio de 1992, de 1 de Diciembre de 1997 y de 27 de Mayo del año 2002), el argumento capital, no es otro, "que, el plazo para ejercitar la acción ha de ser computado a partir del momento, del instante, que la Señora Dª María Luisa superó sus trastornos psicológicos, desapareciendo así el vicio del consentimiento"; y la pregunta relacionada con lo hasta aquí anotado es ¿Si no existió vicio del consentimiento como se pude predicar lesión? La respuesta ha de ser negativa, ya que el remedio "in extremis" que entraña la recisión por lesión, no puede aplicarse, ni invocarse, cuando reciprocidad económica y, la consiguiente, proclamada lesión para una de las partes, no se desprende de un vicio en la manifestación del consentimiento o declaración de la voluntad, sino de un acuerdo libre, informando, asistido, a través del que las partes vinieron a autorregular sus relaciones, sus intereses. Con ésta insistencia se llega al rechazo del recurso.

SEGUNDO.- Al confirmarse la Sentencia procede, por imperativo legal (argumento, articulo 398.1 de la L.E.C.), imponer las Costas de ésta Alzada a la parte apelante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal dispone, el siguiente

FALLO

Que, debemos confirmar y confirmamos la Sentencia dictada por la Iltma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia Número Seis de los de Granada, en fecha veinte y cinco de Mayo del año dos mil cuatro; con imposición de las costas de ésta Alzada a la parte apelante.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.