BDB AP Tarragona 24290/2005
Fecha: 7 de septiembre de 2005
Órgano: Audiencia Provincial de Tarragona
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 1
Ponente: ANTONIO CARRIL PAN
Sentencia: 364 / 2005
Recurso: 102 / 2005
Rollo: 102 / 2005
Resumen:
Cumplimiento del convenio suscrito entre las partes al finalizar la convivencia que mantuvieron durante cinco años. Se pide por la demandada que se declare que existe causa de nulidad por concurrir violencia e intimidación sobre la demandada por parte del actor. Para invalidar al consentimiento, la violencia, calificada en el art. 1.267 de fuerza irresistible, ha de ser anterior o coetánea con el acto de cuya nulidad se trata, pues necesariamente ha de ir dirigida a arrancar el consentimiento inválido por su concurrencia. Se exige así que se trate de una violencia grave, de calidad como para ser tenida por irresistible en el sentido de presentar tal consentimiento como necesario. Por lo que se refiere a la intimidación, ha de quedar integrada por una amenaza injusta o ilícita, con marcado matiz antijurídico y tan fuerte que obligue a quien la padece a que su voluntad se determine en sentido contrario a sus intereses. Se deduce, que la violencia requiere fuerza física grave encaminada a arrancar el consentimiento, y que la intimidación precisa de la existencia de una amenaza grave que determine la voluntad en forma contraria a los intereses de quien resulta intimidado. Es pues imprescindible que entre la violencia o la intimidación y el negocio cuya anulabilidad se pretende concurra una relación de causa-efecto.
Tesauro:
Civil: Derecho Civil: Derecho de la Persona: Derecho de Familia: Parejas de Hecho o More Uxorio: División del Patrimonio Común

En Tarragona, a siete de septiembre de dos mil cinco.

Visto ante la Sección Primera de esta Audiencia Provincial el Recurso de Apelación interpuesto por Diana, representada en la instancia por el Procurador Sr. Bonet y defendida por la Letrada Sra. Sanz Borrut, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de El Vendrell en 2 noviembre 2004, en autos de Juicio Ordinario nº 64/04 en los que figura como demandante Benjamín, representado en la instancia por la Procuradora Sra. Carrera Portusach y defendido por el Letrado Sr. Sunyer Verd y como demandada la apelante.

ANTECEDENTES DE HECHO

ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho de la sentencia recurrida; y,

PRIMERO.- Que la sentencia recurrida contiene la siguiente parte dispositiva: "Estimar totalmente la demanda interpuesta por D. Benjamín contra Dª Diana y condeno a la demandada a abonar al demandante la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros), mas intereses legales desde la interposición de la demanda de juicio monitorio, más costas del presente procedimiento. Desestimar la demanda reconvencional interpuesta por Dª Diana contra D. Benjamín y absuelvo al referido demandado de los pedimentos efectuados en su contra. Todo ello con imposición de costas procesales a la actora reconvencional".

SEGUNDO.- Que contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por Diana en base a las alegaciones que son de ver en el escrito presentado en el que solicita el recibo a prueba y la práctica de la testifical propuesta.

TERCERO.- Dado traslado a las demás partes personadas del recurso presentado para que formulasen oposición o impugnación al mismo, por Benjamín se interesa la desestimación de la apelación.

CUARTO.- Por Auto de 26 abril 2005 se desestimó la petición de práctica de prueba, resolución que fue recurrida por la apelante, con oposición del apelado.

QUINTO.- Por Auto de 26 junio 2005 se estimó el recurso de reposición y se acordó la práctica de la prueba testifical propuesta.

SEXTO.- Por providencia de 19 julio 2005 se señala para vista al objeto de practicar la prueba acordada el 7 septiembre 2005, día en el que se celebró y se practicó la prueba de los testigos que acudieron.

SEPTIMO.- Que en la tramitación de ambas instancias del procedimiento se han observado las normas legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Presidente D. Antonio Carril Pan.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- SE ACEPTAN y hacen propios los fundamentos de la sentencia de instancia en cuanto no resulten modificados por los de la presente.

SEGUNDO.- Se alza la apelación contra la sentencia que estimó la demanda que pretende la efectividad del convenio concluida y firmado por las partes litigantes al final de la convivencia que mantuvieron aproximadamente, durante cinco años, por el cual la demandada se comprometió a pagar al actor 5 millones de pesetas, y se hace invocando, en primer lugar, la concurrencia de la causa de nulidad del convenio firmado por concurrir violencia e intimidación sobre la aquí apelante por parte del actor.

Para resolver respecto del motivo, rechazado en la instancia por falta de prueba de la violencia o intimidación invalidante, debemos partir de que la violencia, calificada en el art. 1.267 de fuerza irresistible, ha de ser anterior o coetánea con el acto de cuya nulidad se trata, pues necesariamente ha de ir dirigida a arrancar el consentimiento inválido por su concurrencia. Se exige así que se trate de una violencia grave, de calidad como para ser tenida por irresistible en el sentido de presentar tal consentimiento como necesario. Por lo que se refiere a la intimidación, diferenciada en el referido artículo de la anterior, según constante jurisprudencia ha de quedar integrada por una amenaza injusta o ilícita, con marcado matiz antijurídico y tan fuerte que obligue a quien la padece a que su voluntad se determine en sentido contrario a sus intereses (T.S. 5 marzo 1992 ), anulando su consentimiento, de manera que se produzca entre éste y la invocada intimidación nexo causal (T.S. 11 marzo 1985 ). Se deriva, pues, de lo referido que la violencia requiere fuerza física grave encaminada a arrancar el consentimiento, y que la intimidación precisa de la existencia de una amenaza grave que determine la voluntad en forma contraria a los intereses de quien resulta intimidado.

Es pues imprescindible que entre la violencia o la intimidación y el negocio cuya anulabilidad se pretende concurra una relación de causa-efecto, o lo que es lo mismo que la violencia o intimidación tengan como fin la realización de un determinado negocio o de determinadas condiciones del mismo.

Atendiendo a las anteriores puntualizaciones, se impone confirmar la conclusión del Juez a quo respecto de la falta de prueba de la existencia de violencia e intimidación tendente a provocar la conclusión del convenio, y ello es así porque, a parte de la escasa credibilidad que merecen los testimonios prestados en esta instancia por la madre de la apelante y una amiga de la misma, ya que fue evidente su disposición a remarcar el carácter agresivo del demandante, anticipándose, incluso, a las preguntas de la Letrada y agregando matices o circunstancias respecto de las que no se le había interrogado, ninguna prueba, incluidas las referidas testigos, acreditan que la violencia ejercida por el actor sobre la apelante el 13 septiembre 1994, día anterior a la firma del convenio, se dirigiera o tuviera por finalidad lograr la firma de aquel o de alguna de sus cláusulas, y más bien aparece como un incidente aislado fruto de la situación de ruptura de la relación de convivencia que les unía. Debe destacarse que si bien los testigos, especialmente la madre, se esforzó en referirse a una situación de agresiones reiteradas y prolongadas y de amenazas con una pistola, tales manifestaciones se hicieron sin concreción alguna ni en el tiempo ni en las circunstancias, sin aportar la razón de ciencia y las mismas no aparecen confirmadas por ningún otro indicio o prueba. Por el contrario debemos destacar que la apelante contó siempre con el asesoramiento de un mismo Letrado, como reconoció su madre, que fue el que intervino en la firma y que, dado el sentido jurídico de la redacción del convenio, con invocación de preceptos legales, ha de presumirse hue su real y efectivo redactor, por lo que es impensable que concurriendo una circunstancia de nulidad del convenio por violencia o intimidación sobre su clienta no le hubiera advertido en forma o, en todo caso, no hubiera salvado su responsabilidad respecto de la invalidez de un convenio fruto de su directo trabajo, y ello porque al margen de la voluntad de su clienta se encontraba su responsabilidad y deontología profesional. Al margen de las anteriores consideraciones debemos destacar que la apelante manifestó en el Juicio de Faltas, del que derivó la Sentencia de 11 abril 1995 , que había otorgado de común acuerdo, libre y voluntariamente el convenio regulador, pues así se recogió en los hechos probados de la referida resolución (4º párrafo del folio 190 vuelto), procediendo destacar que fue el mismo Letrado que la asistió en el convenio quien la defendió en el Juicio de Faltas, en el que consintió la referida manifestación, pues ni solicitó su corrección ni apeló la sentencia, que únicamente fue recurrida por el aquí actor-apelado.

Respecto de la entidad de la violencia ejercitada por el demandante respecto de la actora, debemos decir que, ateniéndonos a la prueba a considerar, la única acreditada y anterior a la firma del convenio, pues es la única que pudo actuar respecto de él como causal, fue la declarada en la sentencia de 11 abril 1995 y concretada temporalmente en el 13 septiembre, y consistió en dos bofetadas que no llegaron a lesión ni causaron signos externos, por lo que tal violencia, calificada de falta de malos tratos, se considera insuficiente y sin la condición de grave como para determinar la voluntad de la apelante a otorgar un convenio no querido, convenio que ya debía estar redactado o esencialmente pactado en razón de que los litigantes acudieron al despacho del abogado de la apelante al día siguiente, el 14 septiembre, para firmarlo. Por lo que se refiere a los incidentes posteriores, de los que ese hizo eco la ya mencionada sentencia de faltas, carecen de significación dado que ocurrieron con posterioridad a la conclusión del convenio y, por lo tanto, ninguna influencia causal pudieron tener respecto del mismo, como menos pudo tenerla unos hechos juzgados pero absueltos, como los contemplados en la sentencia de 11 abril 1995 , que, además, ocurrieron el 3 octubre 1994, máxime si se trató de una trifulca en la que intervinieron ambos litigantes como recíprocos ofensor y ofendido.

Se impone, pues, concluir que, dejando al margen las afirmaciones de la Letrado en la apelación respecto de la situación de desamparo o indefensión de las mujeres en 1994 respecto de la realidad de la violencia doméstica, lo cierto es que en esta litis no se ha acreditado que la apelante se encontrara en tal situación ni que fuera una pobre y desamparada mujer sometida a un clima de terror que le llevó a pactar, contando con asistencia y asesoramiento jurídico, un convenio contrario a sus intereses. En tal sentido debemos destacar que cuando quiso supo acudir a un organismo distinto a la Comisaría en la que trabajaba su compañero para denunciar hechos, como lo acredita la denuncia que presentó ante la Policía Local (folio 200) el 16 noviembre 1994, lo que no es extraño pues se reitera que la apelante contó y había contado con asistencia del mismo Letrado, como acreditan las sentencias de los juicios de faltas obrantes en autos, y es impensable que éste no le ilustrara cómo defender sus derechos, como se deduce de la ya referida denuncia. En ese mismo sentido de mujer con el suficiente coraje y decisión podemos destacar el incidente en su bar con el demandante que se reflejó en la denuncia formulada en la Comisaría el 4 octubre 1994, en el que se negó a servir al demandante una copa y replicó a sus amenazas, manteniendo con él, según sus propias manifestaciones, una tensa discusión (folio 199). Por último se impone destacar que en el convenio consta, sin necesidad de recordar quien lo redactó, que la Sra. Diana manifestó que después de los años de convivencia, había perdido todo tipo de sentimiento hacia su compañero por lo que acuerdan su separación, sin la más mínima mención a malos tratos o violencia, y si bien ello podía explicarse por eliminar tensión en la firma, lo cierto es que nadie la obligaba a hacer tal manifestación, pues resultaba totalmente inútil e innecesaria, constituyendo, por el contrario, una manifestación libre que la vincula y no ha sido desvirtuada.

Por lo referido se impone rechazar el motivo de la apelación y con ello la concurrencia de violencia o intimidación que invalide el consentimiento de la apelante respecto del convenio en su día celebrado.

TERCERO.- El segundo motivo de la apelación lo centra en la falta de causa en la firma de un convenio en el que la demandada-apelante se comprometió a abonar al actor, en diversos plazos, cinco millones de pesetas, ya que el bar era de la Sra. Diana y el Sr. Benjamín no había trabajado en él, que la Sra. Diana lo montó con su peculio personal sacado de trabajar en el bar de su madre, no le compró un coche, el préstamo de la Caixa de Terrassa sirvió para pagar sus deudas, no le compró un piso.

No es el concepto de causa del contrato un concepto claro y fácil de concretar, pero siguiendo a la jurisprudencia podemos identificarla con el fin perseguido por el contrato o aquello por lo cual se obra ( T.S. 20 enero 1965 ) o el hecho o conjunto de hechos que tienen idoneidad para producir efectos jurídicos (T.S. 3 octubre 200 ), y su falta determina la ineficacia del contrato al que afecta que no produce efecto alguno.

En el convenio firmado el 14 septiembre 1994 se fijaron unas "deudas generadas por la convivencia y que deben ambos", que se concretaron en préstamo hipotecario, préstamo personal traspaso del bar, préstamo personal reforma del bar, editoriales libros, joyería Fortuna, Canal Plus, y se pactó que el arrendamiento del negocio del bar quedaría para la Sra. Diana, no teniendo derecho el Sr. Benjamín a las ganancias ni participando, por tanto, de las deudas y pagos que se generen. En compensación la Sra. Diana le abonaría una suma, que es la reclamada en esta litis.

De los términos del convenio se deduce que la suma a entregar debía ser compensación de la participación del Sr. Benjamín en el negocio del bar, y así se deduce claramente por ligarse su variación, en cierto modo, a las vicisitudes del bar.

Ahora bien, frente a la negativa de la apelante de toda participación del Sr. Benjamín en los gastos de constitución del negocio del bar, se deben reseñar los hechos que se derivan de la prueba obrante en autos que acredita esa participación e incluso su colaboración en la compra de la vivienda de la Sra. Diana.

Desde el inicio de la relación, sobre 1988-89 no consta que la Sra. Diana, trabajara ni tuviera ingresos propios, pero consta que en 1988, el 26 octubre, formalizó una préstamo hipotecario para la compra de una vivienda (folio 225) de 1.200.000.-ptas., a devolver en 180 cuotas de 15.580.-ptas., si bien con interés variable, crédito que se identificó con la entidad prestamista, Caixa d'Estalvis de Terrasa, con el número NUM000. De ese préstamo 18 cuotas se cargaron en la cuenta conjunta de los dos litigantes en la Caixa de Terrasa, tal y como se aprecia en los documentos obrantes a folio 208 y siguientes en el periodo de 30 julio 1990 a 28 febrero 1992, siendo de destacar que la cuenta en la que se cargaron se nutría casi exclusivamente de la nómina del Sr. Benjamín, como cabe apreciar en los referidos documentos.

El traspaso del bar se formalizó el 27 julio 1992 a nombre exclusivo de Diana, a cambio de la suma de 3.800.000.-ptas. a pagar 1.500.000.-ptas. en efectivo y 2.300.000.- ptas. mediante 24 letras de 95.833.-ptas. El pago de esas letras se hicieron efectivas en la cuenta 2013.0611.51.0200153946 de la Caixa de Catalunya, en la que e 17 septiembre 1992 se ingresó el importe del préstamo hipotecario concedido, sobre la vivienda de Diana, a los dos litigantes según escritura obrante a folio 24, préstamo que se satisfacía con unas cuotas de 60.081.-ptas., que también se pagó en la referida cuenta como lo acreditan los documentos obrantes a folios 311, 312, 313, 314, la cual se nutría en gran parte del ingreso de la nómina del Sr. Benjamín, tal y como acreditan los documentos obrantes a folios 310 a 318, en los que se refleja el ingreso de una nómina con regularidad, que evidentemente sólo podía pertenecer al referido señor, o ingresos procedentes de la G.D.P. que cabe presumir suponen denominación diversa de la misma nómina por la coincidencia de cantidades. Consiguientemente parte, al menos, del traspaso del bar fue sufragado a costa de los ingresos personales y únicos del Sr. Benjamín, quien el 10 mayo 1990 obtuvo un préstamo personal de 1.100.000.-ptas. de la Caixa Tarrassa.

De lo referido cabe derivar que el Sr. Benjamín contribuyó con sus ingresos a sufragar parte de la vivienda adquirida por la Sra. Diana y del negocio del bar, por lo que está justificada la compensación económica pactada en el convenio, máxime si la parte apelante no ha justificado ni ingresos ni aportaciones personales para las operaciones referidas, limitándose a realizar afirmaciones sin base de prueba; como respecto a las deudas de juego del actor o a sus ingresos propios y aportaciones, que en ningún modo ha justificado y asi si en el convenio se reconoció la existencia de dos préstamos personales relacionados con el negocio, en autos sólo está acreditado el formalizado por el actor. Por todo lo cual se impone el rechazo del motivo.

CUARTO.- El tercero motivo de la apelación se refiere al cumplimiento contractual por haberse inmiscuido la marcha del negocio, cláusula resolutoria incluida en el convenido (folio 67 vuelto) según la cual si el Sr. Benjamín se inmiscuyese en el funcionamiento del negocio o impidiese con su actuación la normal y habitual actividad del mismo, no le sería satisfecha la suma pactada.

De la prueba pactada no se deriva que el Sr. Benjamín se inmiscuyese en el negocio ni impidiese su normal y habitual actividad, pues con posterioridad al 14 septiembre 1994 únicamente están acreditados los incidentes de 20 septiembre, que tuvo lugar en el domicilio del Sandra Redondo, del 3 septiembre, que tuvo lugar frente al bar, de 4 octubre 1994, fecha en la que acudió al bar y se produjo un incidente que la Sra. Diana resolvió en la forma que ya se señaló, y el 11 noviembre 1994, día en el que reclamó a la apelante el dinero que le debía, hecho que originado fuera del bar se prolongó en su interior y motivó que la Sra. Diana le invitó a salir del mismo mientras afirmaba entregarle el dinero acordado en su día, lo que pone de manifiesto que en su voluntad estaba, todavía, la fuerza vinculante de la obligación contraída, al tiempo que era suficiente para plantar cara y defenderse frente al Sr. Benjamín. Así pues, dado que ninguno de esos hechos supone inmisión ni impedimento alguno respecto de la marcha del negocio, en modo alguno cabe estimar aplicable la cláusula pactada e invocada por la apelante, incumplimiento respecto al que no cabe estimar los testimonios indeterminados e interesados de la madre y amiga que testificaron en autos por la falta de concreción que respecto de las acciones imputadas al Sr. Benjamín y por no ser creíble que éste se sirviera del vehículo oficial y de la complicidad de su compañero para estacionarse delante del bar, aparte que esa mera acción no cabe entenderla como perturbadora de la marcha del negocio, siendo gratuito y de manifiesta subjetividad afirmar que la cláusula revela el temor de la apelante frente al Sr. Benjamín.

Por último cabe señalar que la apelación omite toda argumentación respecto de la prescripción de la acción de anulabilidad por vicios de consentimiento, por lo que al no ser motivo de apelación quedaría el pronunciamiento firme. Ahora bien, la sentencia no ha sido suficientemente clara y precisa en este ámbito, pues aparte de no compartirse su argumentación referente a la caducidad y no prescripción de la acción, ya que el T.S. ha señalado en sentencia de 1 febrero 2002, que recoge las de 27 febrero 1997, que a su vez cita las de 25 abril 1960, 28 marzo 1965, 28 octubre 1974, 27 marzo 1987 y 27 marzo 1989 , que el plazo de cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad del art. 1.301 no había sido atendido por la jurisprudencia únamine como plazo de caducidad, y así las referidas resoluciones lo entendieron como de prescripción, no diferencia los diversos supuestos de anulabilidad que afectaba a la invocación de violencia e intimidación, de nulidad por falta de causa y de resolución por aplicación de la cláusula resolutoria, supuestos diversos y sujetos o distintos plazos de prescripción, pero dado que tal cuestión resulta carente de trascendencia para la resolución del recurso en razón al rechazo de todos sus motivos, no procede profundizar en la cuestión.

QUINTO.- La total desestimación del recurso conduce a imponer a la parte apelante las costas del recurso por disposición del art. 398 L.Enj.Civil.

VISTOS los preceptos legales y demás aplicables.

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por Diana contra la sentencia dictada en 2 noviembre 2004, por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de El Vendrell cuya resolución confirmamos íntegramente, con imposición a la apelante de las costas del recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo acordamos, mandamos y firmamos.