BDB AP Barcelona 21185/2000
Fecha: 5 de junio de 2000
Órgano: Audiencia Provincial de Barcelona
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 18
Ponente: MARGARITA NOBLEJAS NEGRILLO
Sentencia: no disponible
Recurso: no disponible
Rollo: 1000 / 1999
Resumen:
Recurso contra sentencia que acuerda la separación matrimonial en relación a varias de las medidas definitivas fijadas. Uso de atribución de vivienda conyugal: no se pueden efectuar pronunciamientos sobre aquellas viviendas que no ostentan el carácter de domicilio familiar (segundas viviendas o de vacaciones). Caso de segunda vivienda que no tenga calidad de vivienda familiar el pago del préstamo hipotecario que la grava no debe incluirse en el concepto de carga matrimonio. Pensión alimenticia hijos. Pensión compensatoria debe probarse que se produce un desequilibrio fáctico consistente en que se produzca un desequilibrio económico en un cónyuge en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio(art. 97 C. Civil). Pensión compensatoria es una medida de naturaleza reparadora, tendente a equilibrar en lo posible el descenso del nivel de vida que puedan ocasionar separación o divorcio.

En la ciudad de Barcelona, a cinco de junio de dos mil.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimoctava de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de separación, número 92/98, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Terrassa, a instancia de D. R.B.C., representada por la Procuradora Dª. Mª del Carmen Ribas Buyo y dirigida por la Letrada Dª Montserrat Genescá, contra D. I.M.M., representado por la Procuradora Dª Marta Trillas Morera, y dirigido por la Letrada Dª. Mª. Mercé mira Cortadellas, con intervención del Ministerio Fiscal; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y demandada, contra la Sentencia dictada en los mismos el día 18 de mayo de 1999, por la Sra. Juez del expresado Juzgado.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimando la demanda de separación interpuesta por la procuradora Dª María Soledad Marín Orte en nombre y representación de Dª R.B.C. contra D. I.M.M. representado por el procurador D. Jaime Izquierdo Colomer, decreto la separación matrimonial de ambos cónyuges, con todos los efectos legales inherentes y en especial los siguientes:.- -Los cónyuges podrán señalar libremente su domicilio.- -Se revocan todos los poderes y consentimientos que los cónyuges se hayan otorgado entre sí.- - El hijo menor de edad del matrimonio S.M.B. quedará bajo la guarda y custodia de su madre, siendo la patria potestad compartida por ambos progenitores. Con el fin de facilitar la relación del menor con su padre se establece el régimen de visitas recogido en el fundamento de derecho cuarto, que operará en defecto de acuerdo entre partes.- - El uso y disfrute del domicilio conyugal sito en la calle XXX n°- 20, 1°- 1ª de Terrassa, así como los muebles y enseres del mismo se atribuye a la esposa. Pudiendo retirar el esposo previo inventario las ropas y efectos personales que se encuentren dicha vivienda. No se efectúa ningún pronunciamiento sobre la vivienda sita en XXX.- - Se establece la cantidad de cien mil pesetas mensuales (100.000.- ptas.) a satisfacer por el esposo en concepto de alimentos para cada uno de sus tres hijos. Dicha cantidad será abonada de conformidad con lo establecido en el fundamento de derecho sexto.- - No se establece cantidad alguna en concepto de contribución del esposo a las cargas del matrimonio.- - No se establece cantidad alguna en concepto de pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil a favor de la esposa. No se efectúa ningún pronunciamiento sobre la compensación prevenida en el artículo 23 de la Compilación del derecho civil de Cataluña.- - Se decreta la disolución del régimen económico matrimonial, cuya liquidación se llevará a cabo en ejecución de sentencia, si alguno de los cónyuges lo solicitase.- Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas.- Una vez firme la presente sentencia, se remitirá testimonio de la misma al Registro Civil correspondiente a Santa Coloma de Cervelló, para que se haga la oportuna anotación marginal en el asiento correspondiente al matrimonio de los cónyuges. Asimismo, una vez firme la presente se remitirá testimonio de la misma a los autos de medidas provisionales e incidente de oposición de los mismos".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpusieron recursos de apelación por la parte actora y demandada, y admitidos los mismos en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas, y con intervención del Ministerio Fiscal, se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día veinticuatro de mayo del año en curso, con el resultado que obra en la precedente diligencia.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia.

VISTO, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Margarita Noblejas Negrillo.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Cuatro son los pronunciamientos de la sentencia recurrida objeto de impugnación por la parte demandante: primero, el relativo al uso de la vivienda conocida como XXX, aparte de la de Terrassa atribuida a la misma y de los hijos que con ella conviven, pues entiende que puesto que ambas casas eran utilizadas por el matrimonio deben atribuirse al cónyuge en cuya compañía quedan los hijos; subsidiariamente, es decir, caso de que no se entienda que ello es procedente, solicita le sea atribuida al menos en los periodos vacacionales; segundo, el referente a los gastos médicos ocasionados por S., la hija mayor que padece anorexia, reclamando un pronunciamiento por el que se atribuya al padre la satisfacción de los mismos; tercero, reclama el pago a ella de la mitad de la cuota del préstamo hipotecario que grava la vivienda XXX, y cuarto, estima que puesto que es la misma la que tiene que cuidar a S., con lo que ello ha de afectar al desempeño de su trabajo, reclama el pago de una pensión compensatoria de 100.000 pts, máxime cuando el desequilibrio económico de las partes manifiesta que es evidente. El demandado por su parte impugna el pronunciamiento relativo al uso de la vivienda de Terrassa porque se hace directamente a la esposa, solicitando que en lugar de ello se atribuya a los hijos en los términos del párrafo primero del art. 96 CC, y en cuanto a la pensión alimenticia de éstos, impugna la de S., pues está trabando, la de B., pues está terminando sus estudios de ingeniería y puede trabajar, solicitando en otro caso se le conceda hasta los 23 años (actualmente tiene 22) y en cantidad no superior a 25.000 pts, y finalmente en cuanto a S.M.B., aún menor de edad, estima que no puede satisfacer más de 50.000 pts.

SEGUNDO.- Por lo que se refiere al primer extremo, hemos de partir de que nos encontramos ante un procedimiento que se rige por las normas del CC, no por el Codi de Familia, ya que la demanda originadora del mismo se interpuso el 9-3-98. Sentada esta premisa es aplicable la doctrina según la cual en sede de los procesos matrimoniales no es dable efectuar pronunciamientos referidos a la atribución del uso de la vivienda que no ostenta el carácter de domicilio familiar --en el caso ambas partes están conformes en la atribución de la vivienda de Terrassa a la esposa y la de XXX al demandado por lo que implícitamente están reconociendo que el domicilio familiar es el primero-- al que se refiere el art. 96 Cc, por lo que ningún pronunciamiento cabe hacer al respecto tal y como resuelve la sentencia impugnada.

Otro tanto cabe manifestar respecto al pago de la cuota del préstamo hipotecario que grava dicha vivienda por ser efecto colateral a dicha consecuencia y porque, como señala aquélla resolución la misma no tiene el concepto de carga. Efectivamente aún cuando el CC no especifica cuales son las denominadas "cargas del matrimonio", como tales hemos de entender todos aquéllos gastos que se produzcan durante el matrimonio en beneficio de la sociedad conyugal, a los que el art. 1318 CC afecta a los bienes de las mismas, al expresar que los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas del matrimonio; de ahí que, cuando estemos ante un préstamo hipotecario constituido para la adquisición de la vivienda conyugal por ambos cónyuges, como este grava directamente la propiedad, debe ser soportado por ambos cónyuges, pues lo contrario implicaría una situación de enriquecimiento injusto en beneficio de uno de ellos. Por el contrario, cuando no se trate de una vivienda conyugal sino de una segunda vivienda que no tenga aquella cualidad, el pago del préstamo hipotecario que grave la misma no debe incluirse en el concepto de carga del matrimonio, debiendo regirse las obligaciones de las partes por el título constitutivo de la obligación asumida por las mismas que consecuentemente conlleva la posibilidad de exigirse su cumplimiento respectivo, en su caso, por medio del proceso declarativo que corresponda, lo que nos lleva a que sin más, siendo éste el supuesto de autos debamos desestimar el motivo que se examina.

TERCERO.- En cuanto al pronunciamiento relativo a la pensión alimenticia de los hijos hemos de distinguir entre los tres. Por lo que se refiere a S. nos encontramos con que ciertamente constan en autos (fol. 653 y 694) dos informes de fecha 18-2-99 y de 15-3-99 respectivamente en los que se manifiesta que la misma padece anorexia nerviosa lo que según esos mismos informes médicos, psicológico el primero y psiquiátrico el segundo, le impiden que acuda al Juzgado. Pues bien, no habiéndose valorado en este procedimiento esta circunstancia, no obstante haberlo solicitado así el demandado, por medio de un informe realizado por un especialista imparcial, y resultando en el rollo que S., que hoy cuenta con 25 años, ha realizado trabajos remunerados desde el año 1997 en los que tuvo una base de cotización de entre 45.036 pts y 123.000 pts según los meses, y muy fundamentalmente, que está dada de alta en la Seguridad Social desde el 1-2-2000, sin que conste la baja laboral, la consecuencia no ha de ser otra que la de estimar que la misma ha entrado en el mercado laboral lo que excluye cualquier reclamación de pensión alimenticia.

Por lo que se refiere a B., tenemos que el mismo ha efectuado distintos trabajos esporádicos en los veranos de 1997,1998 y 1999, en total 97 días, por lo que difícilmente podemos entender que el mismo ha entrado en el mercado laboral, y si ello es así, estando estudiando en la actualidad, cabe la aplicación del art. 93 del CC, si bien en cuanto a la cuantía de la pensión la fijamos en 75.000 pts/mes teniendo naturalmente en cuenta los ingresos de uno y otro cónyuge en la actualidad. Y finalmente, en cuanto a S.M.B., único hijo menor, estimamos que la suma de 100.000 pts es plenamente ajustada al principio de proporcionalidad establecido en el art. 146 CC Tales sumas se han determinado teniendo en cuenta que la demandante no consta que perciba más de 172.944 pts/mes tal y como abajo se dirá, y el demandado, que tenía un trabajo fijo, era administrador y apoderado de la empresa para la que trabajaba y de la que también era cotitular, dejó dicho trabajo voluntariamente según certificó la misma (fol 656), habiendo percibido por la venta de las acciones de la misma una cantidad de 23.000.000 pts, los derechos de una póliza de seguro con 5.522.500 pts de valor de rescate, y un plan de pensiones con valor a 18-12-98 de 972.844 pts.

CUARTO.- Por lo que se refiere a la pensión compensatoria, esta Sala ha tenido numerosas ocasiones de pronunciarse al respecto de que para que la pensión compensatoria pueda concederse, es preciso que se pruebe adecuadamente el soporte fáctico descrito en el párrafo primero del art. 97 CC, consistente en que se produzca un desequilibrio económico en un cónyuge en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio; se determina pues, sobre un doble elemento comparativo, por un lado, de carácter temporal (empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio), y por otro, de índole subjetiva (status económico inferior al del cónyuge contra el que se dirige la pretensión), exigiéndose así la combinación de ambas condiciones comparativas para que pueda surgir en el ámbito legal y consiguiente reconocimiento judicial.

En cuanto al alcance y contenido de ese derecho, se configura como un derecho relativo, condicional, y sobre todo limitado en el tiempo. Relativo y circunstancial por cuanto depende de la situación personal, familiar, laboral y social del beneficiario; condicional, ya que una modificación de las concretas circunstancias concurrentes al momento de su concesión o reconocimiento puede determinar su modificación o supresión -arts. 100 y 101 CC-, y, además, limitado en cuanto al tiempo de duración por cuanto su legítima finalidad no es otra que paliar el desequilibrio económico producido a uno de los cónyuges por la crisis del matrimonio, separación o divorcio, colocándole en una situación de igualdad de oportunidades a la que habría tenido de no haber mediado el vínculo matrimonial, no pudiéndose admitir con carácter general e indiscriminado la concepción de dicha pensión como una especie de pensión vitalicia, a virtud de la cual el beneficiario tendría un derecho de tal naturaleza frente al otro.

Por otra parte, hemos de insistir en que es la pensión compensatoria una medida de naturaleza reparadora, tendente a equilibrar en lo posible el descenso que la separación o el divorcio puedan ocasionar en el nivel de vida de uno de los cónyuges en relación con el que conserve el otro, por lo que para la constatación de si se produce o no desequilibrio económico y consecuentemente si nace el derecho a la pensión ha de estarse, básicamente, al tiempo en que se produjo la crisis convivencial, sin que las circunstancias sobrevenidas o las alteraciones posteriores en la fortuna de uno y otro de los cónyuges, otorguen el derecho a la misma si no lo hubo en aquél momento.

En el caso de autos, del examen de las pruebas practicadas con verdadera eficacia, nos encontramos por una parte con que en el año 1997, año inmediatamente anterior a la ruptura de la convivencia matrimonial, las partes declararon a Hacienda una base imponible de 4.965.872 pts y 1.504.478 pts respectivamente demandado y demandante, lo que nos da un promedio de 413.822 y 125.373 pts/mes, aunque la segunda en prueba de confesión reconoció ingresos por 172.944 pts/mes. Tales circunstancias nos llevan a estimar el evidente desequilibrio económico producido, fijando su concreta cuantía en 50.000 pts, aunque limitada a un periodo de 5 años de duración, dado que durante el matrimonio siempre efectuó un trabajo remunerado en la guardería de la que es cotitular.

QUINTO.- Finalmente, en cuanto al recurso formulado por el demandado, habiendo quedado resuelto el segundo motivo, tan sólo vamos a referirnos al primero de ellos en el sentido de su estimación en virtud de lo dispuesto en el art. 96 CC.

SEXTO.- Dada la resolución que se adopta, no procede especial mención de las costas causadas en esta alzada, máxime ante la profunda subjetividad y tensionalidad que implican las cuestiones derivadas de crisis matrimoniales.

Fallo

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de DÑA. R.B.C., así como por la de D. I.M.M., contra la sentencia de fecha 18-5-99, dictada por el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de los de Terrassa, debemos revocar y revocamos la expresada resolución únicamente en el sentido de que declaramos no haber lugar a pensión alimenticia para S. y la de B. será de 75.000 ha lugar a la pensión compensatoria para la primera que se fija en 50.000 pts por un periodo de 5 años, y la vivienda de Terrassa se atribuye a los hijos de las partes y a la esposa por haber quedado en compañía de la misma confirmando los demás extremos, ello sin hacer especial mención de las costas causadas en esta alzada.