BDB AP Cáceres 1150/2003
Fecha: 30 de enero de 2003
Órgano: Audiencia Provincial de Cáceres
Sala: Sala de lo Civil-Penal, Sección 1
Ponente: ANTONIO MARIA GONZALEZ FLORIANO
Sentencia: 17 / 2003
Recurso: no disponible
Rollo: 25 / 2003
Resumen:
Separación matrimonial. Se discute la atribución del uso de las dos viviendas del matrimonio.

En la Ciudad de Cáceres a treinta de enero de dos mil tres.

Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de apelación al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio de Separación Matrimonial contenciosa núm. 238/02, del Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Cáceres, siendo parte apelante, la demandante DOÑA A.C.S., representada en la instancia por la Procuradora de los Tribunales Sra. Collado Díaz y defendida por el Letrado Sr. Fuentes Pérez; y como parte apelada, el demandado DON C.L.B., representado en la instancia por la Procuradora de los Tribunales Sra. Muñoz García y defendido por el Letrado Sr. Expósito Rubio; siendo parte el MINISTERIO FISCAL.

Antecedentes de Hecho

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 4 de Cáceres, en los autos de Juicio de Separación Matrimonial núm. 238/02, con fecha 19 de noviembre de 2002, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que debo decretar la separación legal de los cónyuges D. C.L.B. y Dª A.C.S., con los efectos legales inherentes a tal separación, asimismo procede acordar las siguientes medidas:

a) La patria potestad sobre la hija menor será compartida, atribuyéndose la guarda y custodia a la madre.

b) El padre podrá visitar a la hija y tenerla en su compañía, los fines de semanas alternos y la mitad de vacaciones.

c) El uso domiciliario de la calle XXX núm. 9, se atribuye a la esposa.

d) El uso domiciliario de la XXX ( c/ XXX) se atribuye al esposo

e) El esposo deberá contribuir en concepto de pensión alimenticia a favor de sus hijos en la cantidad mensual de 780, pagaderos por anticipado dentro de los primeros 5 días de cada mes en la cuenta que la esposa designe, para la hija menor y en la que los hijos mayores designen para ellos

f) El Sr. L. deberá asimismo abonar en concepto de pensión compensatoria a favor de la esposa la cantidad de 300 € mensuales, pagaderos por anticipado en la cuenta que la esposa designe

g) Los pagos del préstamo se realizarán en la misma forma que venían haciéndose

Ello sin imposición expresa en costas. Así por esta mi sentencia"

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución y por la parte demandante se solicitó la preparación del recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- Admitido que fue la preparación del recurso por el Juzgado, se emplazó a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artº 457,3 de la L.E.C., por término veinte días para la formalización del recurso de apelación conforme a las normas prevenidas en los arts. 458 y ss. de la misma Ley procesal.

CUARTO.- Formalizado, en tiempo y forma, el recurso de apelación por la representación de la parte demandante, se tuvo por interpuesto y de conformidad con lo establecido en el artº 461 de la L.E.C. se emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable.

QUINTO.- Presentado escrito de oposición al recurso por la representación del apelado y por el Ministerio Fiscal, si bien éste último añadió que procedía introducir en sentencia la necesidad de actualizar anualmente las cantidades en función del I.P.C.; el Juzgado de instancia remitió los autos originales a esta Audiencia Provincial, que por turno de reparto correspondió a esta Sección Primera, incoándose el correspondiente Rollo de Sala, turnándose de ponencia y no habiéndose propuesto prueba por ninguna de las partes, ni considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló para DELIBERACIÓN Y FALLO el día 29 de enero de 2003 quedando los autos para dictar sentencia en el plazo marcado en el artº 465.1 de la L.E.C.

SEXTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON ANTONIO MARIA GONZALEZ FLORIANO.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Frente a la Sentencia de fecha 19 de Noviembre de 2.002, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de los de Cáceres en los autos de Separación Matrimonial seguidos con el número 238/2.002, conforme a la cual se decreta la separación legal de los cónyuges, D. C.L.B. y Dª. A.C.S., con los efectos legales inherentes a tal separación, y se acuerdan las Medidas Definitivas que se relacionan en el Fallo de la misma, se alza la parte apelante -demandante, Dª. A.C.S.- alegando, básicamente y en esencia, como único motivo del Recurso, error en la valoración de las pruebas en el que habría incurrido el Juzgado a quo y que habría conducido a la decisión adoptada en la Sentencia dictada respecto de la adopción de determinadas Medidas Definitivas -a las que, seguidamente, se hará referencia de manera separada e individualizada-, postulando que se acuerden las interesadas en el Escrito de Demanda, si bien limitando el importe de la Pensión Compensatoria a 884 euros mensuales. En sentido inverso, la parte apelada -demandado, D. C.L.B.- se ha opuesto al Recurso de Apelación interpuesto, interesando su desestimación y la confirmación de la Sentencia recurrida, en tanto que el Ministerio Fiscal se ha opuesto igualmente al Recurso, si bien solicitando que se introduzca en Sentencia la necesidad de actualizar anualmente las cantidades en función del Indice de Precios al Consumo.

SEGUNDO.- Las dos primeras Alegaciones del Escrito de Interposición del Recurso -omitiendo la Primera, que se refiere a una premisa o antecedente inicial- inciden sobre las Medidas de naturaleza económica establecidas en la Sentencia recurrida, viniendo a aducir la parte apelante que se habría incurrido en error al fijar los importe correspondientes a los conceptos de Pensión Compensatoria y Alimentos a favor de los hijos habidos en el matrimonio, que estima insuficientes atendidos los ingresos económicos del demandado y las necesidades de los beneficiarios de las referidas prestaciones. Con carácter general y, en orden a las Medidas de naturaleza económica que, de ordinario, se establecen en las Resoluciones Judiciales Matrimoniales, interesa destacar que las mismas suelen alcanzar a tres conceptos que son absolutamente distintos: contribución para el sostenimiento de las cargas del matrimonio, pensión de alimentos a favor de los hijos y pensión compensatoria a favor del cónyuge a quien la separación o el divorcio ocasiona un desequilibrio económico en relación con la posición del otro. Estos tres conceptos ostentan una naturaleza diferente y no deben confundirse en la medida en que responden a necesidades singulares, propias y diferenciadas, de modo que los criterios para fijar las correspondientes cantidades respecto de unos u otros divergen porque su fundamento es distinto.

Ha de indicarse, también con carácter general, que la circunstancia de que, entre las partes contendientes, existan posturas contrapuestas o contradictoras en orden a la cuestión litigiosa que, en concreto, se suscite no supone necesariamente un impedimento insuperable para que aquella cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción objetivamente razonada; de manera que, si la prueba practicada en el Procedimiento se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión razonable y correcta -como, en lo esencial, ha acontecido en este caso-, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración. Ciertamente, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de Enero, la misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio o de la Vista (incluyéndose, evidentemente, la fase probatoria), el Organo Jurisdiccional de Segunda Instancia puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas que se practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas pruebas se han valorado o no correctamente, mas no debe olvidarse que la actividad valorativa del Organo Jurisdiccional se configura como esencialmente objetiva, lo que no sucede con la de las partes que, por lo general y hasta con una cierta lógica, aparece con tintes parciales y subjetivos.

Podemos afirmar, además, que, en lo sustancial, la prueba practicada en el Procedimiento no sólo se ha valorado acertadamente por el Juzgado a quo, sino que también se han aplicado correctamente las normas generales sobre la carga de la prueba conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De esta manera, el apartado 1 del expresado precepto establece que, cuando al tiempo de dictar Sentencia o Resolución semejante, el Tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones; normas sobre la carga de la prueba que se concretan en los dos apartados siguientes del mismo artículo al disponer que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la Demanda y de la Reconvención, y que incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

En las dos Medidas Definitivas de carácter económico -que ahora se analizan-, es decir, Pensión Compensatoria a favor de la esposa y Pensión de Alimentos a favor de los hijos habidos en el matrimonio, subyace, con el máximo rigor, una única controversia litigiosa que viene constituida por el distinto criterio con el que las partes actora y demandada computan los ingresos líquidos del demandado, obligado a satisfacer ambas prestaciones; y, en el sentido expresado, esta Sala ha de discrepar necesariamente de la tesis de la parte actora apelante que fija unos ingresos líquidos que no se corresponden con los que resultan de la ponderada valoración de los documentos incorporados a los autos, singularmente aquellos que certifican los haberes percibidos por el demandado de los Centros donde desempeña sus ocupaciones laborales y la copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2.001, que permite aseverar que esos ingresos líquidos (es decir, la cantidad resultante de detraer a los ingresos brutos los gastos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional y obligaciones financieras asumidas por el demandado) se aproximan a la cifra que sostiene la propia parte demandada y que ha asumido como debidamente acreditada tanto el Juez a quo como el Ministerio Fiscal. Si ello es así -como lo es, según consta documentalmente acreditado-, esta Sala ha de compartir el criterio del Juzgado a quo y estimar ponderadas, equitativas y, consecuentemente, justas las cantidades fijadas por los dos conceptos de referencia, al obedecer su señalamiento a una correcta apreciación de la prueba practicada.

Respecto de la Pensión Compensatoria y, conforme dispone el artículo 97 del Código Civil, tiene derecho a esta Pensión el cónyuge a quien la separación o el divorcio le hubiera producido un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. Así pues, son dos los requisitos exigidos para que proceda el establecimiento de Pensión Compensatoria: por una parte, que la separación matrimonial o el divorcio causen un desequilibrio económico a uno de los cónyuges en relación con la posición del otro, y, por otra, que ese desequilibrio suponga un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. Estos presupuestos deben examinarse teniendo en cuenta el estado económico del matrimonio en el momento en que se produce la separación o el divorcio, para así discernir si, a partir de ese momento y como consecuencia de la ruptura de la convivencia conyugal, uno de los cónyuges experimenta un empeoramiento en su situación patrimonial, determinante del desequilibrio al que se refiere el artículo 97 del Código Civil. Debe significarse, asimismo, que para evaluar la posición patrimonial de cada uno de los cónyuges ha de atenderse a su capacidad económica actual, dejando al margen otros conceptos que, aun siendo patrimoniales, no afectan a la procedencia o improcedencia de adoptar esta medida, como aquellos factores que únicamente habrían de tenerse en cuenta en el momento en el que eventualmente se liquidara el régimen económico matrimonial. Finalmente, no es lo mismo evaluar la capacidad económica de uno y otro de los cónyuges con objeto de fijar, por ejemplo, el importe de la Pensión de alimentos a favor de hijos habidos en el matrimonio, que esa misma ponderación para decidir sobre la procedencia de establecer una Pensión Compensatoria a favor de uno de los cónyuges.

Con estas consideraciones preliminares, ha de indicarse que no existe controversia entre las partes en orden a la procedencia de fijar, a favor de la actora, la cantidad correspondiente en concepto de Pensión Compensatoria, estribando la divergencia en la cuantía de la misma. Pues bien, admitiendo -como ya hemos indicado- el importe de los ingresos netos del actor contemplados en la Sentencia recurrida conforme se ha acreditado documentalmente, no cabe duda de que fijar el importe de tal pensión en 300 euros mensuales resulta absolutamente adecuado. Pero es que, además, no puede sino calificarse cuando menos de significativo el hecho de que, en la Demanda, se interesara, por este concepto, la cantidad de 1.500 euros mensuales y, en el Escrito de Interposición del Recurso de Apelación, se redujera este importe de forma notable (hasta 884 euros), diciéndose que esa diferencia lo es "en coherencia con las pruebas habidas en el Proceso ()", lo que supone, en una exégesis lógica, admitir que el cálculo realizado por la parte actora apelante sobre los ingresos del actor era incorrecto. Además, aun cuando la Sentencia apelada no ha limitado en el tiempo la obligación de satisfacer la Pensión Compensatoria, esta Sala entiende que, sin desconocer la dedicación a la familia llevada a cabo por la demandante durante el matrimonio, su edad y su cualificación profesional (en el acto del Juicio se reconoció que tenía el título de Auxiliar de Clínica) permiten adivinar un más que probable acceso a la actividad laboral.

Ha de advertirse, finalmente (y ello también incide sobre cualquier medida de índole económica), que -como resulta notorio- en la práctica generalidad de los casos, cuando se produce la ruptura de la convivencia conyugal, la situación económica de los cónyuges necesariamente ha de variar en relación con la que se gozaba vigente el matrimonio y normalmente se modifica hasta el extremo de que resulta más que difícil, sino imposible, que ambos cónyuges queden en la misma posición o situación económica, pero esta circunstancia afecta de hecho a ambos cónyuges y no sólo a uno de ellos.

TERCERO.- Respecto del importe de la Pensión Alimenticia señalada a favor de los hijos habidos en el matrimonio (260 euros mensuales), poco más cabría añadir después de las consideraciones expuestas en el Fundamento Jurídico anterior respecto de la capacidad económica actual del demandado, sino es para significar que los parámetros que orientan esta Medida son dos: por un lado, la capacidad económica de quien viene obligado a prestar los Alimentos y, por otro, las necesidades de quien o quienes han de recibirlos, sin olvidar -ciertamente- que, en caso de que los beneficiarios sean los hijos, la obligación de alimentarlos (alimentos en sentido jurídico) corresponde a ambos progenitores. En este caso, la cantidad fijada en concepto de alimentos para cada uno de los hijos habidos en el matrimonio, objetivamente considerada, resulta ponderada a los ingresos netos del demandado, y asimismo resulta adecuada a las necesidades actuales de los hijos y, por tanto, suficiente para subvenir a las mismas, no apreciándose que el Juez a quo hubiera incurrido en error de tipo alguno en la valoración de las pruebas a los efectos del señalamiento de la expresada cantidad.

CUARTO.- En relación con las dos medidas económicas examinadas (Pensión Compensatoria a favor de la actora y Pensión de Alimentos a favor de los hijos habidos en el matrimonio), el Recurso ha de ser estimado en el particular referente a que la Sentencia recurrida omite la correspondiente cláusula de actualización de las cantidades fijadas por tales conceptos, de modo que procede incluir la previsión comprensiva de que tales cantidades se actualizarán, anualmente, con efectos desde el día uno de Enero de cada año, de conformidad con la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo o su equivalente establecido por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya.

QUINTO.- La parte apelante impugna, asimismo, el régimen de visitas y estancias de la hija menor, I.L.C., fijado a favor de su padre en la Sentencia recurrida, alegando que el mismo no podría desarrollarse por más de siete días consecutivos, sin que se ofrezcan -a juicio de este Tribunal- argumentos sólidos para justificar la modificación que se postula. El régimen de visitas que fija la Sentencia dictada (es decir, fines de semana alternos y mitad de vacaciones) ha sido aceptado por la menor que cuenta con edad suficiente (quince años) para discernir, con suficiente criterio, sobre este extremo, aceptación que ha sido valorada acertadamente por el Juzgado a quo para establecerlo en los periodos indicados. Pero es que, además, en absoluto se advierte la existencia de motivos o circunstancias algunos que aconsejaran su modificación en el sentido interesado, sino que, por el contrario, tal modificación -injustificada, insistimos- tampoco redundaría en el interés y bienestar de la menor, que es el parámetro esencial que debe presidir este tipo de decisiones, de modo que el régimen de visitas y estancias de la hija menor de edad con su padre, fijado en la Sentencia, debe mantenerse.

SEXTO.- Sobre la Medida relativa a la atribución del uso de las viviendas sitas en Cáceres y en Alcántara, convendría indicar, con carácter previo, que el artículo 96 del Código Civil se refiere, exclusivamente, a la adjudicación del uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario existentes en ella, que, conforme al indicado precepto y en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, ha de hacerse a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden. En este caso, la vivienda familiar es la de Cáceres, situada en la Calle XXX, número 9, única sobre la que había de pronunciarse la Sentencia conforme al precepto anteriormente referido respecto a la adjudicación de su uso y disfrute, donde el Código Civil establece normas concretas y específicas al efecto. Que se atribuya el uso de la vivienda sita en Alcántara -que no constituye el domicilio familiar- al cónyuge demandado supone una decisión equitativa y adecuada, sin que estimemos necesario -al no ser el domicilio u hogar familiar- el que la Sentencia hubiera de decir que el uso de la misma se atribuye también a los hijos, uso que, por lo demás, en momento alguno ha negado ni impedido el demandado, sino más bien lo contrario.

La pretensión de la parte apelante referente a que la vivienda sita en Alcántara se divida en dos pisos, a fin de que uno de ellos lo utilice la actora y el otro el demandado, no tiene encaje dentro de las Medidas que contemplan los artículos 91 y siguientes del Código Civil, carece de necesidad desde el momento en que la vivienda familiar se ha adjudicado a la actora y podría ser, finalmente, una fuente de conflictos. Por lo demás, las cuestiones que, sobre este extremo, aduce la parte apelante afectan, en rigor, más que a la adopción de Medidas Patrimoniales derivadas de la Separación Conyugal, a la Liquidación del Régimen Económico Matrimonial, sede ésta última donde, por tanto, habrán de dilucidarse y decidirse.

SEPTIMO.- Razonamientos idénticos merece la pretensión que se articula en orden a la distribución del mobiliario existente en la vivienda sita en Alcántara, en el sentido de que el artículo 96 del Código Civil sólo se refiere a la atribución del uso de los objetos de uso ordinario existentes en la vivienda familiar -los cuales, al igual que dicha vivienda, se han adjudicado a la demandante-, de modo que la distribución de los que hubiera en la vivienda de Alcántara habrá de quedar deferida al momento de la liquidación del Régimen Económico Matrimonial.

OCTAVO.- La última de la impugnaciones de los pronunciamientos de la Sentencia recurrida afecta a la Medida relativa al pago de los préstamos de la sociedad de gananciales, sobre los que la expresada Resolución establece que se realizarán en la misma forma que venían haciéndose, es decir, los abonará el demandado. Ello viene a significar que el demandado ha asumido el abono de todas las cantidades que constituyen "cargas del matrimonio", lo que, lógicamente y con criterio acertado, ha sido tenido en cuanta en el momento de fijar los importes cuantitativos de las Medidas Económicas anteriormente referidas. No existe razón alguna -y menos aún con apoyo legal- que autorice a solicitar que esos pagos los afronte el demandado a nombre de los dos progenitores, aun cuando afecte a bienes gananciales, porque desde el momento en que se decreta judicialmente la separación de los cónyuges concluye o se disuelve, por ministerio de la ley, el régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales (artículo 95 del Código Civil, en relación con el artículo 1.392.3 del mismo Texto Legal) y, en consecuencia, los desembolsos efectuados por el demandado, una vez disuelto el régimen económico matrimonial, habrán de tenerse en cuenta en el momento de su liquidación, momento en el cual y en todo caso habrá de discutirse y resolverse la cuestión ahora planteada.

NOVENO.- Por tanto y, en virtud de las consideraciones que anteceden, procede la estimación parcial del Recurso de Apelación interpuesto y, en su consecuencia, la revocación, también parcial, de la Sentencia que constituye su objeto en los términos que, a continuación, se indicarán.

DECIMO.- Estimándose parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto y, de conformidad con lo establecido en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede efectuar pronunciamiento especial en orden a la imposición de las costas de esta alzada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española, pronunciamos el siguiente:

Fallo

Que, estimando parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal de Dª. A.C.S. contra la Sentencia de fecha diecinueve de Noviembre de dos mil dos, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de los de Cáceres en los autos de Juicio de Separación Matrimonial seguidos con el número 238/2.002, del que dimana este Rollo, debemos REVOCAR y REVOCAMOS parcialmente la indicada Resolución en el único sentido y particular de adicionar o incluir la previsión comprensiva de que las cantidades fijadas en concepto de Pensión Compensatoria a favor de la demandante y de Pensión de Alimentos a favor de los hijos habidos en el matrimonio se actualizarán, anualmente, con efectos desde el día uno de Enero de cada año, de conformidad con la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo o su equivalente establecido por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya, CONFIRMANDO la expresada Sentencia en el resto de sus pronunciamientos; todo ello sin hacer pronunciamiento especial en orden a la imposición de las costas de esta alzada.

En su momento, devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente sentencia, para ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Dada, leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la autoriza, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Certifico.
Seguidamente se dedujo testimonio para el rollo de Sala. Certifico.