BDB AP Barcelona 39008/2002
Fecha: 20 de noviembre de 2002
Órgano: Audiencia Provincial de Barcelona
Sala: Sala de lo Civil, Sección 12
Ponente: JOSE PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Sentencia: no disponible
Recurso: 527 / 2002
Rollo: 527 / 2002
Resumen:
Separación matrimonial. Cuantías de las pensiones de alimentos en beneficio de la hija menor que ha quedado conviviendo habitualmente con la madre, y de la compensatoria.

En la ciudad de Barcelona, a veinte de noviembre dos mil dos.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Duodécima de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Separación matrimonial contenciosa disp 5ª, número 231/2000 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 4 Vid, a instancia de D/Dª. Ana , contra D/Dª. Everardo ; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la demandada contra la Sentencia dictada en los mismos el día 31 de enero de 2002, por el/la Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que debo declarar y declaro la SEPARACIÓN del matrimonio formado por don Everardo y doña Ana , estableciendo las siguientes medidas: 1) La separación definitiva de los cónyuges litigantes. 2) La atribución de la guarda y custodia de la hija menor, Julieta , a la madre, doña Ana , teniendo ambos progenitores la patria potestad que será compartida. 3) La atribución del uso de la vivienda familiar situada en la ciudad de Vic, CALLE000 número NUM000 , y de los objetos de uso ordinario en ella, corresponden a la progenitora custodia de la hija común.- 4) El inventario del mobiliario y ajuar doméstico, pudiendo retirar don Everardo los objeto de su uso personal, si aun no lo hubiere verificado. 5) El régimen de visitas, comunicaciones y estancias se ejercitara por el padre con relación a la hija menor Julieta : los fines de semana alternos desde el viernes a las 19 horas hasta las 21 horas del domingo, estando obligado el padre a recoger y a retornar a la hija en el domicilio materno. Las vacaciones escolares de Navidad: desde la salida del último día del curso escolar hasta el día 30 de diciembre a las 21 horas cuándo el día de Navidad corresponda a un año par, corresponderá a la madre; y, desde este día y hora hasta el día anterior al inicio nuevamente del colegio a las 21 horas estará en compañía del padre. Los años en que Navidad corresponda a un año impar, será a la inversa del descrito régimen. Durante las vacaciones escolares de Semana Santa, los años pares la hija estará compañía del padre y los impares con la madre. Por último durante las vacaciones de verano, los años pares corresponderá el disfrute de la totalidad del mes de julio a la hija en compañía de la madre y durante el mes de agosto con su padre, y los años impares será a la inversa.- 6) Por el capítulo de la contribución a las cargas alimenticias de la hija sujeta a patria potestad, don Everardo deberá abonar a su cónyuge, por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes, la cantidad mensual de SETENTA MIL PESETAS - cuatrocientos- veinte euros con setenta y un céntimos de euros- (70.000.-pesetas, 420'71.-euros); suma que será anualmente actualizada según las variaciones que experimente el Indice de Precios al Consumo publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya. En cuanto a los gastos extraordinarios de carácter educativo o médico, serán sufragados por mitad entre ambos progenitores previa puesta en común y aprobación para afrontar dicha partida económica.- 7) El reconocimiento para doña Ana del derecho a una pensión compensatoria en la suma de CINCUENTA MIL PESETAS - trescientos euros con cincuenta y un céntimos de euros- (50.000.-pesetas, 300'51-euros) con una limitación temporal de cinco años a contar desde la fecha de la presente sentencia. A dicha suma dineraria le será de aplicación la arriba expresada actualización anual según el IPC. 8) Como garantía de abono de las prestaciones dinerarias establecidas en los apartados precedentes, en caso de incumplimiento del obligado, se adoptarán las medidas de aseguramiento pertinentes pudiendo inclusive incurrir en responsabilidad penal.- 9) No procede fijar una compensación económica por razón del trabajo del artículo 41 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña intereseda por la parte actora. 10) Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los esposos hubiera otorgado al otro.- Todo ello sin hacer especial condena en las costas causadas en la tramitación de la presente causa.".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora y la demandada mediante su escrito motivado; dándose traslado a la contraria; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 19 de septiembre de 2002.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales. Salvo el plazo para dictar sentencia.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. Jose PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se admiten los Fundamentos de Derecho de la Sentencia apelada, salvo en lo que se dirá.

PRIMERO.- Las dos partes recurren en apelación la sentencia de primera instancia que ha decretado la separación matrimonial de los litigantes, circunscribiendo sus respectivas pretensiones revocatorias a las medidas reguladoras de los efectos.

La representación de la esposa solicita: a) que se incrementen las cuantías de las pensiones compensatoria y alimenticia; b) que los efectos de las mismas se retrotraigan a la fecha de interposición de la demanda; c) que se suprima la limitación temporal de la pensión compensatoria; d) qué se le reconozca el derecho a percibir indemnización del artículo 41 del Código de Familia de Cataluña y e) que se amplíe el derecho de uso del domicilio familiar a la totalidad de la edificación en él que está ubicado, incluyendo los bajos de la casa. La representación del esposo interesa: a) que sea rebajada la cuantía de las pensión de la hija a 300 al mes; y b) que se establezca un límite temporal máximo de dos años para la pensión compensatoria.

SEGUNDO.- El primer motivo de impugnación de la sentencia por la esposa, se refiere a las cuantías de las pensiones de alimentos en benefició de la hija menor, Julieta , nacida el 17.12.1995, que ha quedado conviviendo habitualmente con la madre, y de la compensatoria.

Del análisis de las pruebas practicadas es de considerar que las cifras de 70.000 ptas, como contribución paterna a los alimentos de la hija, y de 50.000 ptas, como pensión compensatoria, son apropiadas y proporcionales a las necesidades de la niña, al desequilibrio económico resultante y a los medios económicos de ambos progenitores.

De lo actuado resulta que el marido es partícipe de la mercantil AUTOTRACTOR MATIES GRAU SL., (con un 3'4 y de MJM. 2002 CCP, (con un 33 %), ambas empresas de carácter familiar, creadas por el padre del demandado, y en fase de consolidación, tal como se deriva de la prueba pericial practicada por BDO Auditoria, (folios 264 a 270). De tal informe se puede extraer, efectivamente, la conclusión que sostiene la representación de la esposa de que los ingresos netos del marido son superiores a las 600.000 ptas mensuales, mas ello no significa que las cuantías de las prestaciones económicas deban ser incrementadas, puesto que ni la obligación de alimentos para con los hijos, ni la pensión compensatoria pueden ser concretadas en base a 'una participación- porcentual en las ganancias o volumen de negocio del obligado a prestarlas, sino que han de contemplar esencialmente las necesidades de los beneficiarios, y el nivel de vida de la familia.

En este sentido, se trata de una familia media, en la que tanto el esposo como la esposa han venido trabajando durante la convivencia, sin ningún tipo de lujos ni gastos de carácter extraordinarios, que vienen dando a la hija una educación también de tipo medio, pues asiste a un colegio, el Sagrat Cor, en el que paga unas cuotas de 13.000 ptas al mes. Las empresas en las que participa el demandado, si bien tienen una buena rentabilidad, ésta está basada en el trabajo directo de las personas del entorno familiar que las integran. En consecuencia, las cuantías, fijadas en 70.000 ptas para la niña y 50.000 ptas para la esposa, son proporcionadas y suficientes, en especial si se tiene en consideración que ha sido atribuido al núcleo familiar de la madre el usó de la vivienda familiar, que es propiedad exclusiva del esposo, (que tiene que atender el préstamo que la grava), lo que representa una retribución indirecta importante en beneficio de la esposa.

La pretensión accesoria de la actora recurrente de que se retrotraiga la fecha de los efectos de las prestaciones económicas a la de la interposición de la demanda, tampoco puede ser acogida. A este respecto es de considerar que en los litigios de familia el orden legal prevé la implantación de medidas provisionales para regular los efectos de la crisis conyugal, en tanto se completa el enjuiciamiento en los autos principales. Mientras no se pronuncia sentencia en los mismos, rigen las medidas adoptadas con tal carácter, tal como establece el artículo 106 del Código Civil, que expresamente se refiere a que las medidas de la sentencia sustituirán a las provisionales. En consecuencia, en virtud del principio de especialidad, no rige lo dispuesto en el artículo 148 del C. Civil que se invoca como infringido. La eficacia de las medidas establecidas en la sentencia han de referirse, en todo caso, a la de la resolución de primera instancia que puso fin al proceso principal en el primer grado jurisdiccional.

TERCERO.- La segunda de las medidas que es impugnada por ambas partes es la pensión compensatoria reconocida a la esposa. La actora solicita que se establezca por tiempo indefinido y el demandado que se reduzca el término extintivo que ha sido previsto en cinco años. En consecuencia es necesario analizar en primer lugar su procedencia, para enjuiciar después si la sujeción a un término extintivo resulta procedente.

El artículo 84 del Código de Familia, aplicable al caso de autos por ostentar ambos cónyuges la vecindad civil catalana, prevé la constitución de una pensión compensatoria cuando la separación o el divorcio generen un desequilibrio económico en la posición de uno de los cónyuges tras la ruptura de la convivencia. Tal prestación ha sido reconocida a la esposa, puesto que la misma carecía en el momento en el qué sé produjo el cese de la convivencia de todo tipo de ingresos, dependiendo económicamente del marido puesto que con la crisis de la relación conyugal se produjo el natural cese de la misma en la empresa familiar en la que había venido prestando sus servicios. Durante la convivencia se ha venido dedicando prioritariamente al cuidado de la familia y, en especial, de la hija común, de muy corta edad, lo que le impedía la realización de actividades laborales con carácter pleno.

El criterio de la sentencia de primera instancia debe ser mantenido, por cuanto no se ha aportado prueba alguna por el recurrente de que la esposa cuente con medios propios de vida ni vaya a obtenerlos con carácter inmediato. La cuantía de la prestación es correcta y sujeta a los parámetros de proporcionalidad que impone la ley.

En cuanto al límite temporal que impugna la actora que interesa que se establezca con carácter indefinido, es cierto que en el momento de enjuiciarse la realidad económica actual, la esposa no dispone de trabajo ni rentas, pero se puede presumir que con la adquisición por la hija de un cierto grado de suficiencia, tras la incorporación normalizada al colegio, la necesidad de dedicación a la misma por parte de la madre varíe y le permita realizar actividades laborales. Consta en autos su preparación profesional al haber desempeñado su trabajo como administrativa para la empresa familiar del demandado, así como su joven edad, nació el 22.6.1968 y cuenta por ello con 34 años de edad, por lo que es acertado que se prevea un plazo prudencial para que se produzca su plena incorporación a las actividades productivas.

Es de considerar en el ámbito normativo, que las dudas e interpretaciones contradictorias que ha suscitado la cuestión de la temporalidad de la pensión en el Código Civil, se han visto clarificadas por el artículo 86.d) del Código de Familia de Cataluña. Si bien se ha reiterado por la doctrina que no se trata de una regla general y que el presupuesto legal se refiere a casos excepcionales, concurren en el caso de autos los requisitos esenciales para la constitución del derecho con esta modalidad, puesto que la sentencia ha analizado que existe petición de parte al respecto, ha atendido a la escasa duración de la convivencia conyugal, la previsible minoración de su dedicación futura a la familia, sus conocimientos y experiencia profesionales y, en especial, la joven edad de la recurrente, por lo que los razonamientos de la juzgadora de instancia al fijar un término extintivo a la prestación, son plenamente compartidos por la Sala.

Lo anterior no es obstáculo para que proceda acoger parcialmente la pretensión del esposo, y fijar el plazo extintivo en dos años desde la fecha de la resolución de primera instancia, puesto que las circunstancias que concurren aconsejan que la prestación sea proporcional a la persistencia de la necesidad de la efectiva dedicación a la familia, a la previsible subsistencia del desequilibrio económico sólo mientras la actora accede a las actividades productivas y a la disposición de medios propios, puesto que esta prestación ha de ser enjuiciada de forma conjunta con la relativa a la indemnización del artículo 41 del Código de Familia, que se analiza en el fundamento siguiente.

CUARTO.- Impugna la esposa también, como se ha dicho, la denegación de la indemnización por desequilibrio patrimonial, al haberse incrementado el patrimonio del esposo de forma importante, en relación con el de la esposa, por causa de la dedicación de la misma al trabajo para la casa y el negocio familiar sin retribución o con remuneración insuficiente.

El artículo 41 del Código de Familia de Cataluña, conceptúa este derecho a ser indemnizado como concreción del principio jurídico que sanciona el enriquecimiento injustificado de una persona a costa de la otra sin que existe causa lícita que justifique tal incremento patrimonial.

En el caso de autos el razonamiento de la sentencia que se impugna, respecto a este extremo, no puede ser compartido por la Sala. La realidad patrimonial que queda tras la separación de los cónyuges es netamente favorable al esposo, que es propietario exclusivo del edificio en el que está instalado el domicilio familiar, con los bajos del mismo que utiliza como almacén y garaje, y es titular de un porcentaje muy relevante de la empresa familiar, en la que se han invertido parte de las ganancias obtenidas por ambos cónyuges durante el tiempo en el que ha perdurado la convivencia. La esposa; además, ha trabajado a media jornada para dicho negocio, dedicando el importe de sus retribuciones a la atención de los gastos de la familia, con lo que ha propiciado que el marido aumentase su capacidad de ahorro e inversión, con la pérdida de oportunidades laborales para la actora, que ha de comenzar de nuevo su vida profesional.

Para fijar la cuantía de la prestación, junto con la valoración patrimonial, tanto del inmueble como de las participaciones societarias, se han de ponderar otros hechos, como la corta duración de la convivencia, y la atribución a la esposa del uso del domicilio familiar que, aun cuando sea de carácter coyuntural mientras la hija no alcance suficiencia económica y conviva con la misma, representa una partida económica de gran importancia.

En consecuencia y, tras ponderar los criterios de equidad a los que se refiere el texto legal, procede reconocer el derecho de la esposa a ser indemnizada en la cuantía de 18.000 , que deberá pagar el demandado en los tres plazos que se concretan en la parte dispositiva.

QUINTO.- El último de los motivos de apelación de la esposa se refiere a la extensión del derecho que le ha sido reconocido al uso del domicilio familiar.

La previsión legal del artículo 83 del Código de Familia es la de que, en ausencia de acuerdo, la vivienda y su ajuar y equipamiento, sea atribuida al cónyuge que el que queden los hijos. Así ha sido interpretado en el caso de autos, en el que se ha procedido a reconocer a la actora este derecho.

La pretensión de que se declare que tal derecho comprende también la planta baja de la vivienda no puede ser acogida, puesto que no se ha acreditado que forme parte esencial de los elementos que integran la vivienda familiar, ni tampoco la necesidad de ocupación de este espacio. El hecho de que en la planta baja radique el depósito de gasoil de la calefacción o las conducciones de los suministros de agua y energía eléctrica, determinan que deba ostentar un derecho de servidumbre a su favor para el acceso a los mismos, con el sólo objeto de atender a su mantenimiento, pero no a que se le confiera el uso exclusivo de la planta baja, que ha venido siendo utilizada, incluso con anterioridad al matrimonio, como almacén de la empresa familiar del esposo.

SEXTO.- La estimación parcial de ambos recursos de apelación implica que no proceda especial declaración sobre las costas de la alzada, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que, estimando parcialmente los recursos de apelación interpuestos por DOÑA Ana y por DON Everardo , partes actora y demandada respectivamente, contra la Sentencia de fecha 31 de enero de 2002, del Juzgado de Primera Instancia nº CUATRO de VIC, en los autos 231/2000, sobre SEPARACION MATRIMONIAL, en el que ha intervenido el MINISTERIO FISCAL en defensa de los intereses del menor, revocamos la misma respecto a los únicos pronunciamientos relativos al término extintivo de la pensión compensatoria, que se fija en dos años desde la fecha de la sentencia de primera instancia, y en cuanto a la indemnización por desequilibrio patrimonial consecuente con la liquidación del régimen económico, que se fija en 18.000 €, condenando al demandado a pagarlos a la esposa en tres plazos de 6.000 € cada uno de ellos, los días cinco de enero de 2003, 2004 y 2005, mediante ingresos en la cuenta bancaria que la esposa designe, cuya cantidad devengará, a partir de la fecha de la sentencia de primera instancia, el interés legal más dos puntos, respecto a la cantidad que reste por liquidar; y debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS la sentencia de primera instancia, en todos los restantes pronunciamientos. Sin hacer especial declaración sobre las costas de la alzada.

Una vez que alcance firmeza esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma, para su cumplimiento, y para que proceda a remitir el correspondiente despacho al Registro Civil, para la anotación de la presente sentencia en la inscripción del matrimonio correspondiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Barcelona, a 29 Noviembre 2002. En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.