BDB AP Madrid 13964/2006
Fecha: 20 de septiembre de 2006
Órgano: Audiencia Provincial de Madrid
Sala: Sala de lo Civil, Sección 11
Ponente: JESUS GAVILAN LOPEZ
Sentencia: 337 / 2006
Recurso: 68 / 2006
Rollo: 68 / 2006
Resumen:
Elevación a público de contrato privado de compraventa tal y como se pactó en convenio regulador de separación. La jurisprudencia distingue tres supuestos: en primer lugar, el convenio como negocio jurídico de derecho de familia; en segundo lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, tanto más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que prevé el art. 90 CC .

En MADRID, a veinte de septiembre de dos mil seis.

La Sección 11 de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID , ha visto en grado de apelación, los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 524 /2005 del JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 4 de MOSTOLES seguido entre partes, de una como apelante D. Bernardo , representado por el Procurador Sra. Oliva Yanes, y de otra, como apelado Dª Yolanda , representada por el Procurador Sr. Peralta de la Torre, sobre acción declarativa de dominio del inmueble.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 4 de MOSTOLES , por el mismo se dictó sentencia con fecha 15 de septiembre de 2005 , cuya parte dispositiva dice: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por la representación de Yolanda debo condenar y condeno a Bernardo a que proceda a la elevación a público del contrato privado de compraventa que se recoge en el convenio de fecha 2 de Diciembre de 2.001 aportado por la parte actora como documento nº 5; absolviéndole de las demás pretensiones formuladas; sin hacer expresa imposición de las costas procesales" . Notificada dicha resolución a las partes, por Bernardo se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria que lo impugnó. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 14 de septiembre de 2006, en que ha tenido lugar lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JESUS GAVILAN LOPEZ.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

La Sala acepta y da por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia de instancia, en los términos de esta resolución.

PRIMERO.- Antecedentes procesales del recurso.- La resolución de instancia estima parcialmente la demanda interpuesta y condena al demandado a otorgar escritura pública del contrato privado de compraventa recogido en el convenio de fecha 2 de Diciembre de 2.001, absolviéndole de las pretensiones articuladas, todo ello en los términos concretos que refleja el antecedente de hecho segundo de esta resolución, que se corresponde con la parte dispositiva de la misma.

El recurso planteado por la representación procesal del demandado, se fundamenta en los siguientes motivos:

1º) Nulidad por inadecuación del procedimiento instado que corresponde a la liquidación de la sociedad ganancial, de acuerdo con el artículo 806 y ss. de la L.E.C.

2º) Indefensión por inadmisión de medios de prueba interesado, en concreto la remisión del exhorto al Juzgado que tramitó la separación en donde no se ratificó el convenio regulador que contenía la liquidación de la sociedad ganancial, sobre la totalidad de los autos tramitados y acta del juicio.

3º) Error en la valoración de la prueba, al no haberse admitido la anterior, por lo que, según se alega, se ha valorado inadecuadamente.

Se solicita la revocación de la sentencia, dictando otra en su lugar por la que se desestime la demanda interpuesta, con imposición de costas a la demandante.

De contrario se interesó la confirmación de la sentencia, de acuerdo, en lo sustancial, con los argumentos expresados en la misma, con imposición de costas a la apelante.

SEGUNDO.- Motivo primero: Sobre la nulidad del procedimiento instado.-

Son hechos básicos acreditados en la presentes actuaciones, la suscripción por ambos cónyuges litigantes de un convenio regulador de separación de fecha 2 de Diciembre de 2001 , en cuya cláusula 4ª se procedía a la liquidación de la sociedad ganancial, adjudicando el único bien existente a la esposa ahora demandante, en concreto la vivienda familiar adquirida constante matrimonio, satisfaciendo en concepto de compensación al esposo demandado la cifra de 600.000 pts., efectivamente cobradas por el mismo, habiendo tomado posesión de la vivienda la esposa y ocupado desde dicha fecha. El Convenio regulador no fue ratificado ante el Juzgado por el demandado en el proceso de separación contenciosa finalmente tramitado, en cuya sentencia firme de 14 de Diciembre de 2.004 , se declara haber liquidado ya las partes la sociedad ganancial.

No existe inadecuación de procedimiento por infracción del artículo 806 de la L.E.C ., como se alega. El artículo citado establece, efectivamente, el procedimiento contencioso a seguir, pero siempre con carácter subsidiario y en defecto de acuerdo de los cónyuges, lo que en el presente caso ya se habría producido como la propia sentencia del procedimiento de separación declaró expresamente en el F.J. 2º y en el Fallo, según testimonio al folio 30 de autos, con los efectos de cosa juzgada, sobre los que no es necesario extenderse. Esa liquidación de la sociedad ganancial determina no la existencia de un contrato de compraventa, sino la efectiva, válida y eficaz adjudicación entre los cónyuges de la vivienda en cuestión., por razón del negocio jurídico libremente establecido por las partes, según consta en el tenor literal del propio acuerdo.

Así, siguiendo la línea jurisprudencial de la sentencia de instancia, la sentencia del T.S. de al Sala 1ª de 22 abril 1997 , pone de manifiesto que en los casos de dichos convenios reguladores , "...Deben, por ello, distinguirse tres supuestos: en primer lugar, el convenio, en principio y en abstracto, es un negocio jurídico de derecho de familia; en segundo lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente queda integrado en la resolución judicial, con toda la eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, tanto más si contiene una parte ajena al contenido mínimo que prevé el art. 90 CC . La S 25 junio 1987 declara expresamente que se atribuye trascendencia normativa a los pactos de regulación de las relaciones económicas entre los cónyuges, para los tiempos posteriores a la separación matrimonial; la S 26 enero 1993 EDJ 1993/509 añade que la aprobación judicial del convenio regulador no despoja a éste del carácter de negocio jurídico que tiene, como manifestación del modo de autorregulación de sus intereses querido por las partes.........Este acuerdo séptimo es válido y eficaz como tal acuerdo, como negocio jurídico bilateral aceptado, firmado y reconocido por ambas partes...... No hay obstáculo a su validez como negocio jurídico, en el que concurrió el consentimiento, el objeto y la causa y no hay ningún motivo de invalidez. No lo hay tampoco para su eficacia, pues si carece de aprobación judicial, ello le ha impedido ser incorporado al proceso y producir eficacia procesal, pero no la pierde como negocio jurídico. ....Así, en virtud de lo dispuesto en el art. 1256 CC las partes deben cumplir el negocio jurídico, concertado según el principio de autonomía de la voluntad que proclama el art. 1255 y está reconocido en las sentencias de esta Sala antes citadas SS 25 junio 1987 y 26 enero 1993 EDJ 1993/509 . Cuyo acuerdo, de naturaleza patrimonial, tiene una interpretación clara, que no deja duda sobre la intención de las partes y debe estarse a su tenor literal, como dispone el art. 1281 CC .".-

La sentencia del T.S. de 23 diciembre 1998 , pone asimismo de manifiesto en cuanto a la posibilidad de compatibilizar los aspectos patrimoniales al margen del proceso de separación, que "...el referido Convenio representa un efectivo negocio, pero de naturaleza mixta, al intervenir en su perfección y consolidación la autoridad judicial, que no desplaza su naturaleza contractual, como parcela de privatización en el Derecho de Familia y no está sujeto a formalidades rigurosas, bastando que contenga los mínimos, que enumera el artículo 90 del Código Civil , siendo predominante la voluntad concorde de los cónyuges, con lo que lo acordado alcanza situación de irrevocabilidad, salvo que se produzca su modificación judicial, cuando legalmente proceda, por lo que, en consecuencia, una vez homologado el Convenio -en otro caso carecería de eficacia procesal-, los aspectos patrimoniales no contemplados en el mismo y que sean compatibles, pueden ser objeto de convenios posteriores, que no precisan aprobación judicial, lo que aquí concurre, al haber fijado de conformidad el pasivo pendiente de liquidación, y ningún precepto impide reclamarlo al otro ex-cónyuge que resulte deudor del mismo.".-

Finalmente, la Sentencia del T.S. Sala 1ª, de 15 febrero 2002 , a modo de resumen, establece que "....Esta Sala comparte la apreciación finalista del documento de 15 de diciembre de 1987 efectuada por la Sentencia recurrida, en el sentido de que el mismo no se generó como propuesta de convenio regulador para presentar en proceso matrimonial, ni quedó supeditado o condicionado en su eficacia a la homologación judicial. Y asimismo comparte la doctrina que recoge en relación con dichos acuerdos, pues los cónyuges, en contemplación de las situaciones de crisis matrimonial (separación, o divorcio), en ejercicio de su autonomía privada (art. 1255 CC ), pueden celebrar convenios sobre cuestiones susceptibles de libre disposición, entre las que se encuentran las económicas o patrimoniales. Estos acuerdos, auténtico negocios jurídicos de derecho de familia (S. 22 abril 1997 EDJ 1997/2156), tienen carácter contractual, por lo que para su validez han de concurrir los requisitos estructurales establecidos por la ley con carácter general (art. 1261 CC ), además del cumplimiento de las formalidades especiales exigidas por la ley con carácter "ad solemnitatem" o "ad sustantiam" para determinados actos de disposición. Se trata de una manifestación del libre ejercicio de la facultad de autorregulación de las relaciones privadas, reconocida por la Jurisprudencia (Sentencias, entre otras, de 26 de enero 1993 EDJ 1993/509, 7 marzo 1995 EDJ 1995/586, 22 abril EDJ 1997/2156 y 19 diciembre 1997 EDJ 1997/8995 y 27 enero EDJ 1998/16 y 21 diciembre 1998 EDJ 1998/30785) y la doctrina registral (Resoluciones de la DGRN de 31 de marzo y 10 noviembre 1995 y 1 septiembre 1998 ), que no está condicionada en su validez y fuerza vinculante Inter-partes a la aprobación y homologación judicial...".-

No obstan la anteriores consideraciones del negocio jurídico referido a la adjudicación de la mencionada vivienda, dentro de las operaciones liquidatorias propias de la sociedad ganancial, como único bien que la integraba, el hecho de no haberse otorgado escritura pública, al amparo del artículo 1.327 del C.C ., pues como establece la doctrina y jurisprudencia del T.S. (SS. de 4 de Diciembre de 1.985,7 de Noviembre de 1.990, 3 de Julio de 1.999 y 20 de Marzo de 2.000) estas operaciones particionales o liquidatorias de la sociedad ganancial disuelta no se incluyen en los supuestos de exigencia de escritura pública del citado precepto, pues el carácter constitutivo o ad solemnitatem del mismo, correctamente interpretado, se refiere exclusivamente a las capitulaciones matrimoniales, es decir, las estipulaciones a través de las cuales los esposos establecen el régimen económico de su matrimonio, modificación o sustitución por otro, más los pactos que tuvieran esa naturaleza capitular, distinta, en consecuencia de la aquí concurrente, por los fundamentos expuestos, sin perjuicio del obligado otorgamiento de escritura pública, que es lo solicitado en el presente caso, en virtud de los artículos 1.279 y 1.280 del C.C.

Tampoco supone obstáculo alguno la circunstancia de que aún no hubiera recaído sentencia firme de separación, a los efectos de tener por disuelta dicha sociedad ganancial, pues el T.S. ha considerado , al amparo del artículo 1.392,3º del C.C ., la posible conclusión efectiva de la sociedad ganancial, sin previa separación judicial, cuando concurre como elemento indispensable una inequívoca voluntad de los cónyuges de poner fin al régimen económico matrimonial, con la separación de hecho (S.TS. de 26 de Abril de 2.000), lo que acontece en el presente caso, donde los cónyuges liquidaron el único bien existente, adjudicándolo a la esposa, recibiendo el esposo una cantidad de compensación, y , además, mediando una efectiva y real separación de hecho, como se ha declarado probado anteriormente. Además, no puede olvidarse que la mencionada sentencia firme declaro expresamente disuelta y liquidada la sociedad ganancial, a partir precisamente del documento suscrito por las partes, lo que impide, por innecesario e improcedente, nuevo procedimiento al respecto.

En consecuencia, sí debe precisar la Sala en la fundamentación de la sentencia de instancia y parte dispositiva de la misma, que esa adjudicación de la vivienda transmitida en su integridad a la esposa no lo es por compraventa sino por liquidación de la propia sociedad ganancial. Ello no determina incongruencia alguna pues la parte en el suplico de la demanda rectora, solicitó expresamente la declaración de la titularidad dominical de dicha vivienda, en base al documento privado suscrito de compraventa y liquidación de la sociedad ganancial, y la condena a elevar a escritura pública el mismo, según consta al folio 18 de autos, pues el principio iura novit curia permite al órgano jurisdiccional, guardando el debido respeto a los hechos, como aquí acontece, emitir su juicio critico y valorativo apropiado, aplicando incluso normas no invocadas por las partes, que en el presente caso calificaron incorrectamente la naturaleza del contrato suscrito, aunque siempre referido a dicha liquidación de la sociedad ganancial, dado que la congruencia no impide aplicar los preceptos legales que se estiman oportunos (SS.TS. de 24 de Febrero de 1.993,3 de Febrero de 1.996 y 30 de Enero de 1.998, entre otras), sin que suponga la más mínima estimación esencial o accesoria de las pretensiones de la parte apelante.

Todo ello hace decaer las alegaciones del primero de los motivos invocados por el apelante.

TERCERO.- Motivo Segundo y Tercero : Indefensión por inadmisión de medios de prueba.-

Se basa en la remisión del exhorto al Juzgado que tramitó la separación en donde no se ratificó el convenio regulador que contenía la liquidación de la sociedad ganancial, sobre la totalidad de los autos tramitados y acta del juicio, como se mencionó anteriormente; esta solicitud ya fue resuelta por esta Sala en resolución consentida y firme de 24 de Marzo del presente año, dando por reproducidos sus fundamentos, que ya han sido referidos anteriormente en el aspecto sustancial de que devienen intrascendentes las alegaciones que las partes hubieran formulado en tal procedimiento de separación, cuando ya existe sentencia firme con los efectos de cosa juzgada, en cuanto a tales pronunciamientos, por lo que la inadmisión de tal prueba tanto en la instancia como en esta alzada fue plenamente ajustada a Derecho, al amparo del artículo 460 de la L.E.C ., sin que se haya producido indefensión alguna, de donde se colige sin solución de continuidad y al hilo del anterior argumento, que no ha existido tampoco error en la valoración de la prueba, por el hecho de no haberse admitido la anterior, como fundamento del motivo final invocado.

Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la desestimación del recurso, confirmando la sentencia apelada, con las precisiones antes reseñadas.

CUARTO.- Costas de esta alzada.-

Se imponen a la parte apelante al haberse desestimado su recurso, de acuerdo con el artículo 398 de la L.E.C.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y pertinente aplicación.

FALLO

Que debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por D. Bernardo contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Móstoles, de fecha 15 de septiembre de 2005 , confirmando dicha resolución, sólo con la precisión en la Fundamentación Jurídica y Fallo de la sentencia consistente en que se proceda a la elevación de escritura pública del contrato privado de fecha 2 de Diciembre de 2.001, aportado como documento nº 5 de la demanda, por el que las partes liquidaron la sociedad ganancial y adjudicaron a la esposa la vivienda en el reseñada, con imposición de costas de esta segunda instancia a la parte apelante. Esta resolución es firme y no admite recurso ordinario ni extraordinario alguno, en virtud del artículo 477 de la L.E.C.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.