BDB AP A Coruña 6197/2009
Fecha: 16 de abril de 2009
Órgano: Audiencia Provincial de A Coruña
Sala: Sala de lo Civil, Sección 5
Ponente: JULIO TASENDE CALVO
Sentencia: 146 / 2009
Recurso: 524 / 2008
Rollo: 524 / 2008
Resumen:
Divorcio. Pensión compensatoria: jurisprudencia: no ha sido acreditada la situación de desequilibrio en perjuicio del demandante. Uso de la vivienda familiar: la vivienda litigiosa propiedad de la esposa y poseída actualmente por ella no puede considerarse domicilio o vivienda conyugal, ya que nunca lo ha sido y la que servía a este fin fue vendida por su dueña. Desestimación.

En A CORUÑA, a dieciséis de Abril de dos mil nueve.

En el recurso de apelación civil número 524/08 interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia num. 10 de A Coruña, en Juicio de Divorcio num. 877/07, sobre "Divorcio", seguido entre partes: Como APELANTE: DON Millán , representada por la Procuradora Sra. Pernas y como APELADA: DOÑA Natalia , representada por el Procurador Sr. Painceira Cortizo.- Siendo Ponente el Ilmo. Sr. DON JULIO TASENDE CALVO.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de A Coruña, con fecha 12 de mayo de 2008, se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice como sigue:

"Que debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio formado por Doña Natalia y Don Millán con los efectos inherentes a este procedimiento pudiendo vivir separados, cesando la presunción de paternidad y quedando revocados cuantos consentimientos y poderes se hubiesen otorgado las partes entre sí, sin posibilidad de vincular bienes privativos del otro en el ejercicio de la potestad doméstica, quedando disuelta la sociedad de gananciales y rechazando las pretensiones de pensión compensatoria y de atribución en uso de la vivienda privativa.

Cada parte pagará sus costas procesales siendo las comunes por mitad"

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso de apelación por el demandante, que le fue admitido en ambos efectos, y remitidas las actuaciones a este Tribunal, y realizado el trámite oportuno se señaló para deliberar la Sala el día 14 de abril de 2009, fecha en la que tuvo lugar.

TERCERO.- En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones y formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución recurrida, y

PRIMERO.- El primer motivo del recurso, interpuesto por el demandante contra la sentencia de divorcio dictada en primera instancia, pretende que se reconozca el derecho del esposo a una pensión compensatoria de 200 euros mensuales, que le niega la resolución apelada al apreciar la inexistencia de desequilibrio económico en perjuicio del actor como consecuencia de la ruptura matrimonial, teniendo en cuenta que durante el largo tiempo transcurrido desde la separación de hecho no se ha solicitado la pensión, y que el posible desequilibrio es consecuencia de la capacidad patrimonial de la demandada previa al matrimonio.

Como ya tenemos señalado en nuestras Sentencias de 14 de enero, 10 de febrero y 26 de mayo de 2005, 23 de febrero y 10 de octubre de 2006, y 15 de febrero y 12 de julio de 2007, entre otras, la pensión regulada en los arts. 97 y siguientes del Código Civil tiene un carácter estrictamente compensatorio o reparador del desequilibrio patrimonial ocasionado por la separación o el divorcio en la posición económica de uno de los cónyuges respecto a la conservada por el otro, en relación con la que ambos venían disfrutando durante el matrimonio, que tiende específicamente a evitar que la ruptura o cesación de la vida conyugal suponga para uno de los esposos un descenso en el nivel de vida efectivamente disfrutado en el transcurso de esa relación, y compensar así a quien, debido a la actividad de dedicación a la familia desplegada durante el matrimonio, no ha podido mantener u obtener una independencia económica basada en recursos o ingresos propios y autónomos, así como las expectativas de bienestar económico que la situación matrimonial pudiera haber ido creando en el cónyuge solicitante, con base en las condiciones de índole material bajo las que se hubiera desarrollado y conformado la vida conyugal, por lo que no debe entenderse como un derecho de nivelación o de indiscriminada igualación patrimonial, derivado del mero hecho de contraer matrimonio y que se actualiza al tiempo de producirse la separación o el divorcio. Y esto con independencia de la situación de necesidad mayor o menor del acreedor, dada la naturaleza esencialmente no alimenticia de la misma. En consecuencia, el derecho a percibir esta pensión descansa en dos presupuestos o requisitos objetivos esenciales: a) la existencia de un claro desequilibrio patrimonial entre los esposos; y b) que esta situación económica desventajosa para uno de los cónyuges sea consecuencia directa y esté vinculada causalmente al hecho de la separación o divorcio, y no a cualesquiera otras circunstancias, preexistentes al matrimonio y ajenas o sobrevenidas a la crisis matrimonial.

También la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado que la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradora, para la que no hay que probar la existencia de necesidad en el cónyuge demandante, pero sí que ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que tiene su consorte, sin que se trate de equiparar económicamente los patrimonios, porque no busca la paridad o igualdad absoluta entre ellos (SS TS 10 febrero y 28 abril 2005).

Teniendo en cuenta, además, que no es la declaración de separación o divorcio como tal, sino el cese de la convivencia conyugal, lo que ha de generar el desequilibrio entre los esposos, éste es el momento que habrá de contemplarse para valorar la existencia de dicha situación sin perjuicio de considerar también otras circunstancias posteriores, vigentes al tiempo de decretarse la separación, siempre que tengan su origen o causa directa en la crisis conyugal. En definitiva, lo decisivo es que se produzca una clara relación de causalidad entre el desequilibrio alegado y la ruptura de la convivencia, haciendo un examen comparativo con la posición económica disfrutada por los cónyuges antes y durante el período de normalidad matrimonial, debiendo, en cualquier caso, manifestarse o mantenerse dicho estado de desigualdad patrimonial al tiempo de plantearse la demanda de separación.

En el caso de autos, la sentencia recurrida toma acertadamente en consideración, para no apreciar la situación de desequilibrio en perjuicio del demandante, que durante el largo tiempo transcurrido desde el año 2003, en el que se produjo la separación de hecho entre los litigantes, hasta el año 2007, en el que se interpuso la presente demanda, el actor apelante no ha reclamado ningún tipo de prestación económica, alimenticia o compensatoria, de su consorte. Además, aún computada la renta que percibe la demandada por el alquiler de una de las dos viviendas de su propiedad, sus ingresos apenas superan en 100 euros mensuales los del recurrente, por lo que, de acogerse las pretensiones de la demanda, el desequilibrio se produciría en perjuicio de la esposa. Pero, en cualquier caso y como bien aprecia la resolución apelada, el posible desequilibrio económico que pudiera haber entre las partes no es consecuencia de la separación conyugal sino de la capacidad patrimonial de la demandada previa al matrimonio, ya que tanto las dos viviendas de las que la demandada es actualmente dueña como la que constituyó el domicilio familiar, posteriormente vendida, fueron adquiridas por la esposa con carácter privativo y con dinero propio de la misma, según reconocimiento expreso del apelante en el título correspondiente. Por ello, y dado que no se justifica el origen ni la causa de los ingresos registrados en la cuenta de la demandada a los que se refiere el recurso, y que la cuestión relativa a la validez de la compraventa de la vivienda conyugal por supuesta falta de consentimiento del esposo es ajena al presente juicio, no es posible apreciar la existencia del desequilibrio económico alegado en el momento de la ruptura matrimonial ni su conexión causal con ella, de manera que tampoco cabe estimar que el matrimonio y su posterior ruptura hayan tenido influencia alguna en la situación patrimonial de los cónyuges o en las expectativas económicas del apelante, que no se ha visto privado de una posición de independencia material autónoma de su consorte o condicionado económicamente a consecuencia del vínculo matrimonial. Y aún cuando pudiera entenderse que sus ingresos son inferiores a los de la apelada, esta circunstancia por sí sola no le haría acreedora del derecho controvertido, dada la naturaleza estrictamente compensatoria de la pensión reclamada, que no tiene, como ya se ha dicho, una finalidad alimenticia, en orden a la plena satisfacción de las necesidades del acreedor, o de igualación económica entre los esposos, sino la de evitar que, tras el cese de la convivencia y por efecto de éste, se produzca para uno de los cónyuges y en relación con el otro esa situación de desequilibrio patrimonial. Por consiguiente, el motivo del recurso debe ser desestimado.

SEGUNDO.- El segundo motivo del recurso impugna la no atribución al actor apelante del uso de una de las viviendas que posee actualmente la demandada, ya que la que constituyó el domicilio conyugal, adquirida por la esposa antes del matrimonio, fue vendida por ésta en el año 2004.

El art. 96 del CC regula el uso de la vivienda familiar en situaciones de crisis matrimonial, determinando cual de los cónyuges ha de seguir utilizando dicha vivienda tras la nulidad, separación o divorcio, como efecto derivado de la sentencia correspondiente, con una finalidad de protección de la familia y de los hijos en particular. Por "vivienda familiar" hay que entender aquella en la que los cónyuges cumplen su deber de convivencia y de atención a los descendientes, y comparten las responsabilidades domésticas (art. 68 CC ). En consecuencia, la norma no puede ser aplicada a otras viviendas de los cónyuges, de naturaleza ganancial o privativa, que no tengan la expresada condición ni satisfagan esos estrictos fines de convivencia familiar.

En el presente caso, según aprecia también la sentencia apelada sin que sobre estos hechos exista controversia, la vivienda litigiosa propiedad de la esposa y poseída actualmente por ella no puede considerarse domicilio o vivienda conyugal, ya que nunca lo ha sido y la que servía a este fin fue vendida por su dueña en el año 2004, por lo que en la cuestión relativa a la atribución del uso discutido resulta inaplicable el art. 96 del CC , expresamente invocado por el actor como fundamento de su pretensión, que carece de título alguno. En consecuencia, el motivo de apelación merece ser desestimado.

TERCERO.- La desestimación del recurso determina la imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante (arts. 394.1 y 398.1 L.E.C .).

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Millán contra la sentencia recaída en el juicio de divorcio nº 877/07, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 10 de A Coruña , debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, condenando a la parte apelante al pago de las costas de esta alzada.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.