BDB JM 27005/2005
Fecha: 11 de mayo de 2005
Órgano: Juzgado de lo Mercantil
Sala: No disponible, Sección 1
Ponente: EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI
Auto: 164 / 2005
Recurso: 217 / 2005
Rollo: 217 / 2005
Resumen:
Solicitud acumulada de concurso de varios deudores. En realidad existe solidaridad en la condena. La solidaridad no supone confusión de patrimonios. Se inadmite la solicitud.

En BILBAO (BIZKAIA), a once de mayo de dos mil cinco

HECHOS

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª ROSA ALDAY MENDIZABAL, en nombre y representación de VITAL SYSTEM S.L. se presentó solicitud de CONCURSO NECESARIO de sus deudores, D. Constantino , D. Abelardo , D. Juan Alberto y KING SYSTEMS S.L. el trece de abril de dos mil cinco, que tuvo entrada en este juzgado el siguiente día catorce.

SEGUNDO.- Por providencia de dieciocho de abril se acordó requerir al actor para que subsanara en el término de cinco días la omisión de justificación sobre la eventual confusión de patrimonios de aquellos y la existencia de otros acreedores

TERCERO.- Dentro de dicho plazo el solicitante ha presentado escrito indicando que tal causa es la condena solidaria del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Getxo (Bizkaia), que condenaba a todos los deudores respecto de los que solicita el concurso, y en cuanto a los acreedores citando dos procedimientos de 1998 y 1999 seguidos ante los Juzgados de 1ª Instancia nº 4 de Bilbao y nº 2 de Barakaldo (Bizkaia).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La solicitud acumulada de concurso de varios deudores

El art. 3.5 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC) permite al acreedor instar la declaración judicial conjunta de varios de sus deudores, cuando exista confusión de patrimonios entre éstos, o siendo personas jurídicas, formen parte del mismo grupo, con identidad sustancial de sus miembros y unidad en la toma de decisiones.

El actor no explicaba en su solicitud la razón por la que solicitaba la declaración conjunta de tres personas físicas y una jurídica, por lo que en providencia se reclamó se aclarara. Al verificarlo dice el solicitante que la razón de tal confusión es la declaración que hace la sentencia de 23 de septiembre de 2.000, recaída en procedimiento de menor cuantía instado por la solicitante frente a los que hoy pretende sean declarados en concurso, sentencia que acompañaba en su solicitud como uno de los documentos que justificaban el crédito que ostenta y la situación de insolvencia de los deudores.

Efectivamente dicha sentencia condena a KING SYSTEMS S.L. por incumplimiento de contrato a abonar cierta cantidad, y al mismo tiempo declara la responsabilidad solidaria de sus tres administradores sociales, por incumplimiento de sus obligaciones al estar dicha sociedad incursa en causa disolución sin que se adoptaran las medidas que dispone el ordenamiento jurídico como obligatorias para los administradores sociales.

Hay en consecuencia, solidaridad en la condena. Pero tal solidaridad no supone, en modo alguno, confusión de patrimonios. La confusión de éstos supone imposibilidad de distinguir quien sea el titular de derecho u obligaciones en cada caso, pues el principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1.911 del Código Civil (CCv) queda desdibujado al no conocerse si los elementos que integran el patrimonio pertenecen a ese deudor supuestamente insolvente o a otro que se encuentra en la misma situación. Por lo tanto, algo que nada tiene que ver con la clase de obligación a la que se refieren los arts. 1.137 y ss del Código Civil.

La posibilidad de confusión en el patrimonio de personas físicas o jurídicas o entre unas y otra ha sido recogida en algunas sentencias (STS 21 de mayo 2002, RJ 2002/478, 17 diciembre 2002, RJ 10751), de manera que no es posibilidad extraña en la jurisprudencia.

Además la confusión patrimonial se reconoce legalmente por el art. 285 del Código de Comercio (Ccom), al regular la responsabilidad de los factores mercantiles, para el caso de que su patrimonio pueda confundirse con el de su principal. Supone, en consecuencia, vinculación patrimonial, identidad sustancial, mientras que la solidaridad pasiva, como la que recoge la sentencia, trae consigo un trato indiferenciado frente al acreedor sin perjuicio de la relación interna (art. 1.145 CCv).

Si un acreedor se encuentra ante la imposibilidad de distinguir los patrimonios de sus deudores, ya sea de manera total o parcial pero relevante, de modo que encuentra el obstáculo al perseguirlos de tal falta de definición en la titularidad de elementos patrimoniales sobre los que hacer efectiva su pretensión, puede, según la LC, solicitar el concurso de todos ellos si concurren los presupuestos legales. De lo contrario, es decir, si el patrimonio de cada uno de ellos es distinto y no hay confusión, no puede instar el concurso de todos sus deudores, al carecer de legitimación legal para reclamarlo.

El demandante narra como ha intentado hacer efectivo el pronunciamiento judicial en una ejecutoria en la que no ha habido bienes disponibles sobre el que hacerlo efectivo. Pero no explica en qué forma existe confusión de patrimonios entre tres personas cuyo único lazo en común es que fueron administradores de una sociedad y condenados solidariamente a responder de deudas sociales. La sola existencia de la condena solidaria no constituye una causa de confusión patrimonial, pues no hay ningún dato o indicio que contribuya a tal convicción.

Por último sólo resta añadir que aunque el acreedor nada alegaba, el Juzgado dio término para subsanar esta omisión, que se ha verificado, y que ni con la solicitud ni ulteriormente se ha propuesto prueba para tratar de acreditar este extremo, como autoriza el art. 7.2 de la LC.

SEGUNDO.- Sobre la existencia de una pluralidad de acreedores

Requerida también la parte instante para que manifieste la existencia de otros acreedores, se limita a indicar que conoce, a través de dos edictos publicados en el año 1.999, que hubo dos procedimientos de ejecución contra los hoy concursados. Tales procedimientos, sin embargo, constan archivados desde hace seis años, por lo que falta el presupuesto preciso para que pueda entenderse procedente un procedimiento concursal.

El concurso instado es inadmisible al faltar el requisito de pluralidad de acreedores (STS 9 de enero de 1984, RAJ 1984/342, AAP Madrid 19 de septiembre de 1993, Ar. 1993/1674, AAP Sevilla 26 de enero de 1996, Ar. AC 1996/179, SAP Barcelona de 19 de octubre de 1.995, Ar. Civil 2123, SAP Sevilla de 25 de octubre de 1995, Ar. Civil 1995/1880, AAP Badajoz de 15 de noviembre de 1.995, Ar. Civil 1995/2238, SAP Ávila de 11 de abril 1.997, Ar. Civil 1997/708).

Tras la LC queda proclamado ese principio no sólo en la Exposición de Motivos, que indica que la finalidad de todo concurso es alcanzar un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, sino de numerosos preceptos de los que se deriva esa exigencia, como el art. 2.1, al exigir un "deudor común" a varios acreedores, art. 3 que menciona a los acreedores en plural, el 4 que habla de "pluralidad de acreedores", el 6.2º que exige en el concurso voluntario la obligación de presentar una "relación de acreedores, por orden alfabético...", el 15 al prevenir la sucesiva petición de concursos por acreedores del mismo deudor, 19.3 que ordena el llamamiento a otros acreedores interesados cuando el inicial no comparezca en la vista de oposición o no se ratifique en la solicitud, el 21.1.5º en el llamamiento a los "acreedores", el 49 y 76 que ordena la formación de la masa pasiva con una pluralidad de los mismos, o el 75.2.2º que hace otro tanto para la elaboración de una "lista de acreedores" por la administración concursal.

En todo caso, y aún cuando no concurra este requisito, la LC no ha derogado el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor que deriva del art. 1.911 CCv, según el cual el deudor responde de sus obligaciones con todos su bienes, presentes y futuros, de manera que el hoy solicitante puede seguir indagando sobre eventuales nuevos elementos patrimoniales en el procedimiento de ejecución que tramita en el Juzgado de Getxo.

TERCERO.- Inutilidad de un procedimiento concursal en este caso

Con tales circunstancias lo procedente es acordar la inadmisión de la solicitud. Al respecto conviene reiterar los argumentos utilizados por este mismo Juzgado en auto de tres de diciembre de 2.004, donde se indicaba que "pese a todo podría argumentarse que el sistema que estatuye la Ley Concursal no obliga al acreedor a demostrar la existencia de una pluralidad de acreedores, ya que el art. 2 sólo dispone que ha de indicarse la concurrencia del presupuesto objetivo, la insolvencia, y el art. 7 las exigencias precisas para que se pueda instar el concurso necesario, entre las que no se encuentra tal indicación.

El sistema que se ha ideado en la LC para la declaración del concurso necesario en el art. 15 y 19 permitiría al deudor concurrir y oponer que no existe pluralidad de acreedores. Podría argumenta que efectivamente hay persecución de su patrimonio, pero sólo por el solicitante y no por terceros, de modo que no tendría sentido acometer el procedimiento concursal.

Tal sistema, sin embargo, se sustenta en que el deudor se oponga. Pero si no comparece, o si lo hace y no se opone, o si se allana, habría que declarar de modo forzoso el concurso, pese a que no conste la existencia de la pluralidad de acreedores que hemos visto en el anterior fundamento que es precisa para que un procedimiento de la naturaleza del concursal pueda tener sentido.

No puede depender por ello la declaración de concurso de la actividad que despliegue el deudor. El Juzgado que conocerá del concurso debe constatar, al menos de modo indiciario, la existencia de tal pluralidad.

En cuanto al acreedor, sin duda puede tratar de acreditar este extremo. Por ello el art. 7.2 de la Ley Concursal le autoriza a proponer en la solicitud de concurso necesario los medios de prueba que considere precisos para acreditar los hechos en los que la fundamenta. El incidente puede servir, en consecuencia, también para demostrar la pluralidad de acreedores precisa.

Sin embargo esa prueba planteada se supedita a la existencia de oposición (art. 18.1 LC) del deudor. Sin aquella el Juzgado está obligado a declarar el concurso, sin analizar siquiera los medios de prueba que se propusieron. Pero lo que es más importante, en este caso el solicitante manifiesta que "no le consta" si existen otros acreedores, de manera que sencillamente no se puede intentar probar lo que desconoce. La prueba tiene que servir para acreditar una afirmación, no para indagar sobre la existencia o no de un presupuesto del concurso (...).

Tampoco tiene sentido que se pretenda iniciar el procedimiento concursal para el ejercicio de algunas de las acciones de reintegración a las que se refiere la Ley Concursal en los arts. 71 y ss., puesto que idénticas posibilidades se abren al acreedor para verificarlo a través del ejercicio de las acciones prevista en el CCv para los actos realizados en fraude de acreedores (art. 1.291-3º), o por medio de las acciones revocatoria o pauliana (art. 1.111).

Estas acciones pueden ejercitarse por cualquier acreedor cuando tiene constancia de la insuficiencia del patrimonio actual de su deudor para responder de la deuda. Puede tratar en consecuencia de reintegrar al patrimonio del mismo aquellos bienes que hayan sido transmitidos en fraude de sus derechos o con una voluntad defraudatoria o de insolventarse, en vía civil o incluso, en los casos de mayor gravedad, a través de las acciones penales que regulan el alzamiento de bienes (art. 257 Código Penal, CP) o cualquiera otra de las insolvencias punibles.

Por otro lado la finalidad esencial del concurso es alcanzar un acuerdo con el deudor para establecer un plan de pagos, que se facilita mediante quitas y/o esperas, de manera que si no se alcanza, se procede a la liquidación ordenada de su patrimonio. Pero esa misma finalidad, si existe un solo acreedor, puede lograrse mediante un pacto con el ejecutado, perfectamente admisible conforme al art. 1.255 del CCv, de manera que es innecesario el concurso para facilitarlo.

Y si se argumenta que un solo acreedor puede tener varios créditos, que den lugar a distintos procedimientos de ejecución, que quiere ordenar en uno sólo, puede oponerse que la LEC admite la posibilidad de acumulación de ejecuciones seguidas entre un mismo acreedor y un mismos deudor (art. 555) y que, en todo caso, si es el único acreedor no habrá problema alguno para que sus distintos créditos sean satisfechos por el orden que proceda, pues ningún perjuicio puede padecer por ello, al irlos cobrando de modo sucesivo sin que terceros se interpongan.

En definitiva, es el acreedor que persigue bienes de su deudor y que constata la insuficiencia de su patrimonio quien debe alegar la existencia de otros acreedores que también lo están haciendo, para que el Juzgado pueda apreciar la concurrencia del presupuesto subjetivo del concurso que constituye la pluralidad de acreedores. Sin tal alegación, o sin la constancia a través de cualquier indicio de que hay varios, no puede ser declarado el concurso, porque el deudor sigue teniendo a su disposición el procedimiento de ejecución singular que le permite perseguir la totalidad del patrimonio del deudor y las acciones, civiles y penales, que le autorizan a tratar de reintegrar al mismo aquellos elementos patrimoniales que lo han abandonado indebidamente".

Como sería absurdo y antieconómico poner en marcha el procedimiento concursal, nombrar una administración con tal fin, para que en definitiva se constate la misma situación patrimonial que la que refleja la ejecutoria que el hoy solicitante sigue contra los deudores, es decir, un acreedor y varios deudores sin patrimonio, lo procedente es inadmitir la solicitud ante la imposibilidad de que proceda frente a varios deudores solidarios si no existe confusión de patrimonios y ante la falta de pluralidad de acreedores.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo no admitir la solicitud planteada por la Procuradora de los Tribunales Dª ROSA ALDAY MENDIZABAL, en nombre y representación de VITAL SYSTEM S.L. frente a D. Constantino , D. Abelardo , D. Juan Alberto Y KING SYSTEMS S.L.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de BIZKAIA (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Lo acuerda y firma el MAGISTRADO-JUEZ, doy fe.

EL MAGISTRADO-JUEZ LA SECRETARIO