BDB JM 14818/2007
Fecha: 13 de abril de 2007
Órgano: Juzgado de lo Mercantil
Sala: No disponible, Sección 1
Ponente: NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO
Auto: no disponible
Recurso: 84 / 2007
Rollo: 84 / 2007
Resumen:
Aprobación de concurso voluntario de Delphi. La solicitud se basa en la insolvencia inminente de la sociedad. Analisis de la doctrina y normativa sobre cierre de empresas y deslocalización. Resolución del Parlamento Europeo sobre la reestructuración de la industria europea de 17 de febrero de 2000, y la Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el cierre de empresas después de la concesión de ayuda financiera por la Unión Europea de 6 de marzo de 2003.

En Cádiz, a trece de abril de dos mil siete

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª Clara García-Agulló Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPAÑA, S.L. (DASE), se ha presentado demanda ante este Juzgado con fecha 20 de marzo de 2007 , en la que solicita la declaración de concurso voluntario de su representada por insolvencia inminente, con base en los hechos y fundamentos de derecho que en la misma constan, acompañada de la documentación que obra en las actuaciones.

SEGUNDO.- Por providencia de 20 de marzo de 2007, se ha requerido a la solicitante para que conforme al art. 13.2 LC , en el plazo de cinco días, subsanara los defectos apreciados, y en concreto, en cuanto a la relación de bienes y derechos y a la lista de acreedores aportadas, para que se ajustaran a las previsiones del art. 6.2 apartados 3º y 4º de la Ley Concursal (LC ), al haber sido aportados documentos contables referidos al activo y pasivo, respectivamente, que no reunían los requisitos mencionados en dichos preceptos. En la primera , para que se incluyeran los bienes y derechos con las demás circunstancias del art. 6.2 apartado 3º , es decir, naturaleza, lugar en que se encuentran, datos de identificación registral en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas, y estimación del valor real actual, así como, los gravámenes, trabas y cargas que les afecten con indicación de su naturaleza y datos de identificación (menciones todas ellas que habían sido omitidas en la relación presentada). Respecto de la lista de acreedores, para que se ajustara y comprendiera las circunstancias del artículo 6.2 apartado 4º LC , al no constar por orden alfabético, ni identificar suficientemente los acreedores (sino sólo agrupados de forma genérica), debiéndose hacer constar respecto de cada uno de ellos, el domicilio, la cuantía concreta y fecha de vencimiento de los créditos, las garantías personales o reales constituidas, y si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente su crédito, deberá identificarse el procedimiento correspondiente y el estado de las actuaciones, como preceptúa el citado art. 6.2.4º LC . Asimismo se requirió al solicitante para que, conforme al art. 144 LEC, aportara la traducción de los documentos 4, y 5 , relativos respectivamente, a la presentación por las sociedades DELPHI AUTOMOTIVE SISTEMS HOLDINGS Inc. y DELPHI CORPORATION de solicitud del procedimiento concursal denominado "Chapter 11" en EEUU, y del documento 6 denominado "Notice of Bankrutcy Case Filing" consistente en resolución judicial teniendo por presentada la solicitud.

Con fecha 28 de marzo de 2007, y dentro del plazo concedido, la parte solicitante del concurso, ha presentado la documentación requerida.

TERCERO.- Por providencia de 29 de marzo de 2007, de conformidad con el art. 14.2 LC , se acordó requerir a la solicitante para que complementara la acreditación de la insolvencia, completando la información aportada sobre los siguientes extremos:

1º Si en el procedimiento de insolvencia "Chapter 11" de la entidad DELPHI AUTOMOTIVE SISTEMS HOLDINGS Inc. (único socio y matriz de la solicitante), y en su caso, en el de la sociedad DELPHI CORPORATION , matriz de aquélla, que se siguen en EEUU, se ha adoptado alguna resolución referente a la solicitante, como parece desprenderse de los hechos expuestos en la solicitud (relativos al plan de reestructuración o "transformation plan" de marzo de 2006), y en concreto respecto de la consideración como no estratégicas de todas las líneas de negocio que opera la solicitante DASE, requiriéndole para que se aportara la justificación documental pertinente, debiendo igualmente informar sobre el estado de dichos procedimientos.

2º Para que aportara el Plan de Mejoras elaborado por Ernst & Young, que según manifiesta la solicitante, sólo pudo cumplirse parcialmente.

3º Para ampliación de la información relativa a los trabajadores de alta en la empresa, y en concreto al Plan de Desvinculaciones que acompañó al ERE de 2005, y sobre el cumplimiento del mismo. Y respecto de los créditos laborales que figuran en la lista de acreedores, se requirió a la solicitante para que indicara si los créditos están vencidos, o en su caso, fecha de vencimiento, es decir, periodo al que corresponden dichos créditos salariales.

4º Para que informara sobre las ayudas públicas que menciona en la solicitud, y que dice haber optado no percibir en el mes de marzo.

5º Para que informara sobre las causas por las que según manifiesta el solicitante en la Memoria (y en el informe de KPMG), se están recibiendo menos requerimientos de rodamientos de Ford, que es el principal cliente de la planta U1, así como respecto de la renovación de los contratos con dicha empresa, y causas, en su caso, de la falta de renovación, y si consta la firma de algún documento, debiendo aportarlo.

La solicitante del concurso presentó escrito con fecha 3 de abril, aportando documentación.

CUARTO.- Por providencia de 4 de abril de 2007, estimando necesaria la ampliación de la información para decidir sobre la solicitud de declaración de concurso, se requirió a la solicitante de concurso, para que ampliara la misma en lo referente a los siguientes extremos:

- En relación con la documentación aportada relativa al procedimiento Chapter 11 seguido en EEUU, para que informara si la parte del Plan de Transformación relativa al cierre o venta de las unidades no estratégicas, ha de contar, para ser efectiva, con la aprobación en todo caso por el Tribunal de Bancarrota de EEUU, o si puede ser implementada con anterioridad.

- En qué forma ha comenzado a implementarse el citado Plan, y en concreto, si ha sido acordado el cierre de alguna otra planta.

- Sobre el desarrollo de los mismos trabajos de la sociedad en otras plantas, y si está previsto igualmente el cierre de las mismas, o en su caso, si se ha acordado su venta.

- Sobre el sistema de adjudicación de contratos entre las diferentes plantas, y sobre la toma de decisiones relativas a las condiciones en cada una de ellas (precios de venta, costes, inversiones...), que determinen la elección de una u otra.

- Sobre el poder de decisión o dirección efectiva de la sociedad, y en su caso, sobre la dependencia de la matriz para la toma de decisiones, es decir, el margen de comportamiento autónomo de la solicitante.

- Sobre la imposibilidad de obtener financiación externa.

Asimismo, de conformidad con los arts. 231 y 144 LEC , se requirió al solicitante para que aportara la traducción de las cuentas de la matriz del Grupo, DELPHI CORPORATION, aportadas como documentos 30, 31 y 32 con la solicitud.

En el día de la fecha se ha presentado escrito completando la documentación requerida respecto de la acreditación de la insolvencia, quedando pendiente la traducción de las cuentas, que la solicitante manifiesta haber encargado a una empresa especializada, comprometiéndose a presentarla a la mayor brevedad.

QUINTO.- Se afirma en la solicitud que el deudor tiene su domicilio en Puerto Real, lugar en el que se encuentra el centro de sus intereses principales, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz; habiendo presentado la solicitud el Administrador Único de la sociedad, acompañando acta de la Junta General de nombramiento, y acuerdo de dicho administrador para instar del Juzgado la declaración de concurso de la sociedad.

SEXTO.- Se alega en la solicitud y en la memoria de la historia económica y jurídica, que el deudor se encuentra en estado de insolvencia inminente, y que prevé que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones, y que concurren manifestaciones externas de la situación de insolvencia inminente, como son, (i) la escasez de recursos que hacen prever que a mediado de abril la compañía no podrá afrontar regular y puntualmente sus obligaciones corrientes, (ii) la sobre estructura de costes de la sociedad, (iii) la pérdida de negocios importantes que no han sido sustituidos, y (iv) la consideración de las actividades de la sociedad como no estratégicas, que junto con las pérdidas continuadas, y el nulo interés en el mercado por la adquisición de la misma, hacen que el socio único no pueda justificar más ante el Tribunal que conoce del Chapter 11 en los EEUU y ante sus acreedores, la continuidad del apoyo financiero a la compañía.

Se alega que la certeza de los hechos anteriores se demuestra con los documentos que acompaña con la solicitud y memoria, y en concreto se acompaña informe de la auditora KPMG.

En el escrito presentado en el día de la fecha en cumplimiento del último requerimiento, la sociedad solicitante expone que, actualizadas las previsiones y dado el estado de tesorería, se ha constatado que a primeros del mes de mayo, no podrá hacer frente puntualmente a sus obligaciones de pago.

SEPTIMO.- De la documentación aportada se deduce que el pasivo inicial del deudor es superior al millón de euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme a los artículos 8 y 10 de la Ley Concursal (LC ), es competente para declarar y tramitar el presente concurso el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, con jurisdicción en toda la provincia (art. 86 bis LOPJ ), por ser el lugar donde se encuentra el centro de los intereses principales de la sociedad solicitante, definido legalmente como "el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses" (art. 10.1 párrafo 2º LC ). A estos efectos, la Ley Concursal, en el mismo precepto, presume que en caso del deudor persona jurídica, el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. En el presente caso, según se desprende de la documentación aportada, y en concreto, de la certificación del Registro Mercantil de Cádiz acompañada como documento 2 con la solicitud, la sociedad solicitante se constituyó y tiene su domicilio en Puerto Real, siendo su objeto social "actividades industriales y comerciales, relativas a la confección, fabricación, almacenamiento y venta de equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos para toda clase de vehículos terrestres, marítimos, aéreos e industriales".

Se trata de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, siendo su socio único DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS HOLDING INCORPORATED (DASHI), con domicilio en Troy-Michigan. Pertenece a un grupo de empresas, siendo filial al 100% del socio único, que a su vez se encuentra inmerso en el proceso concursal denominado "Chapter 11" en los EEUU, y bajo la supervisión del Tribunal Federal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York. Asimismo, el socio único y matriz de DASHI, la compañía mercantil norteamericana DELPHI CORPORATION, está inmersa en el mismo proceso concursal, junto con otras sociedades del grupo (doc. 4, 5 y 6 de la solicitud y traducciones aportadas).

A efectos de competencia, podríamos plantearnos la incidencia que pueda tener el sometimiento al Chapter 11 en EEUU de la matriz de la solicitante y de la matriz del grupo.

Uno de los procesos concursales previstos en la Compilación de Leyes Concursales (Bankruptcy Code) de EEUU, es el mencionado Capítulo 11 (Chapter 11), que consiste en un procedimiento para la reorganización de los asuntos financieros de un deudor, normalmente una empresa, mediante un plan propuesto para la aprobación tanto de los acreedores como del Juez. Ahora bien, el sometimiento a este procedimiento, en el caso de empresas multinacionales, de la sociedad matriz, no afecta en sede de competencia, a las filiales que tengan su domicilio fuera de EEUU, como ocurre con la solicitante del concurso, ya que tratándose de una sociedad con personalidad jurídica propia, constituida con arreglo a la legislación española, ha de someterse a la misma (art. 200 LC ), resultando competente para conocer de la solicitud de declaración de concurso este Juzgado, como se ha dicho, al tener la sociedad, el centro de sus intereses principales en la provincia de Cádiz (art. 10.1 LC ). Como consta en el Plan de Transformación presentado ante el Tribunal de EEUU por DELPHI CORPORATION (matriz del grupo) y aportado como documento 3.b., y en el documento 2.b, referente al procedimiento de Chapter 11, aportados ambos en cumplimiento del requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007, "las filiales no estadounidenses de Delphi que no estaban incluidas en las presentaciones, siguen desarrollando sus operaciones comerciales sin la supervisión del Tribunal y no están sujetas a los requisitos del Código de Insolvencia".

SEGUNDO.- La reforma concursal operada en nuestro ordenamiento por la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio , complementada con las previsiones de la Ley Orgánica 8/2003 para la Reforma Concursal, de la misma fecha, ambas en vigor desde el pasado 1 de septiembre de 2004, persigue como objetivo actualizar la legislación concursal, que adolecía de notables deficiencias, según la Exposición de Motivos de la Ley Concursal (LC), habiendo optado el legislador por los principios de unidad legal, de disciplina y de sistema, de forma que el concurso de acreedores, se aplica a todas las situaciones de insolvencia - provisional y definitiva- y a todos los deudores -comerciantes y no comerciantes-, superándose la dispersión normativa anterior, y la diversidad de procedimientos -quiebra, concurso de acreedores, suspensión de pagos y, quita y espera-.

El concurso de acreedores se puede definir como un procedimiento judicial (que precisa de la declaración del juez), que tiene por finalidad esencial (aunque no única) la satisfacción de una pluralidad de acreedores, en los casos de insolvencia del deudor común, sin distinguir entre insolvencia provisional o definitiva, ni entre deudores comerciantes o no comerciantes; produciéndose de dicha declaración de concurso importantes efectos tanto en la esfera personal como patrimonial del deudor, así como sobre los acreedores, los contratos y los actos perjudiciales para la masa activa. La Ley Concursal lo configura además como un procedimiento de reestructuración empresarial, que persigue no sólo el interés de los acreedores sino también la satisfacción de un interés público, cual es la estabilidad en el empleo y continuidad de las empresas, por lo que en principio, y como regla general, la declaración de concurso no interrumpe la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 44 LC ), fomentándose la consecución de un convenio como solución normal del concurso, para permitir dicha continuidad empresarial.

PULGAR EZQUERRA lo define como "un proceso judicial en el que confluye una pluralidad de intereses afectados por la crisis económica de un deudor que, teniendo una pluralidad de acreedores, se encuentra inmerso en una situación económica de insuficiencia patrimonial que no le permite cumplir sus obligaciones frente a todos los acreedores".

En este sentido, los arts. 1 y 2 LC , con arreglo a los cuales, procede la declaración de concurso respecto de cualquier deudor, sea persona física o jurídica, que se encuentre en estado de insolvencia, por no poder cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. El art. 22 distingue entre concurso voluntario y necesario, siendo voluntario, como regla general, cuando la primera de las solicitudes ha sido presentada por el deudor, y necesario en los demás casos. Si la solicitud de declaración de concurso la formula el deudor, conforme al art. 2.3 LC , debe justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que puede ser actual o inminente.

En cuanto al presupuesto subjetivo, el citado art. 1.1 LC señala que "la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica". En el presente caso, como se ha expuesto, se trata de una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal constituida con arreglo a la legislación española y domiciliada en España, si bien, se integra en una multinacional, perteneciendo a un grupo de empresas. Podríamos plantearnos respecto del presupuesto subjetivo si las filiales pueden ser declaradas en concurso conforme a la Ley Concursal española.

El dato determinante conforme al art. 1.1 LC , para la atribución de la denominada por el profesor ROJO "capacidad concursal", es la personalidad jurídica careciendo de aquélla, las entidades que carezcan de personalidad jurídica. Por tanto, se trata de determinar si una filial, a pesar de la dependencia de la matriz del grupo, posee dicha personalidad jurídica. La respuesta ha de ser afirmativa. De una parte, las sociedades mercantiles, y entre ellas, las de responsabilidad limitada, en cuanto que tienen personalidad jurídica, pueden ser declaradas en concurso de acreedores. Conforme al art. 11 LSRL , la sociedad de responsabilidad limitada ha de constituirse mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, adquiriendo personalidad jurídica con la inscripción. En el presente caso, la sociedad solicitante consta inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz (doc. 2 de la solicitud), y de conformidad con el art. 11 LSRL tiene personalidad jurídica, y por tanto, capacidad para ser declarada en concurso. Por otra parte, aun tratándose de una filial, en cuanto que las filiales (a diferencia de las sucursales) gozan de personalidad jurídica, pueden ser declaradas en concurso.

En orden a la legitimación para instar la declaración de concurso, en caso de deudor persona jurídica corresponde, ex art. 3 LC , al órgano de administración o liquidación, habiendo sido presentada en este caso por el Administrador Único de la sociedad, D. Braulio , habiéndose aportado el acta de nombramiento en Junta General de fecha 21 de febrero de 2007 (doc. 21 de la solicitud), cuyo nombramiento figura inscrito en el Registro Mercantil (doc. 2 de la solicitud), acompañándose igualmente el acuerdo del administrador de presentar la solicitud de concurso como documento nº 23, consistente en acta notarial.

Asimismo reúne los requisitos de capacidad procesal y postulación (arts. 3 y 184.2 LC ).

TERCERO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Concursal , en el mismo día o, si no fuera posible, en el siguiente hábil al de su presentación, el Juez examinará la solicitud del concurso y, si la estimare completa, proveerá conforme a los artículos 14 ó 15 . En el presente caso, se requirió al deudor para que procediera a subsanar los defectos apreciados en la relación de bienes y derechos y en la lista de acreedores, lo que efectuó mediante escrito presentado dentro de plazo.

Del examen de la solicitud y documentación acompañada, se colige que la misma cumple las condiciones legalmente exigidas, y se han acompañado los documentos que se expresan en el art. 6 LC (a salvo de la traducción de las cuentas de la matriz del grupo aportadas como documentos 30, 31 y 32).

Habiendo sido presentada la solicitud por el deudor, conforme al artículo 14 , el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores, si de la documentación aportada, apreciada en su conjunto, resulta la existencia de algunos de los hechos previstos en el artículo 2.4 , u otros que acrediten la insolvencia alegada por el deudor. En otro caso, conforme al apartado 2º del art. 14 LC , de estimarla insuficiente, podrá requerir al deudor que complemente la acreditación de la insolvencia, lo que se efectuó en este caso, habiendo sido aportada la documentación requerida. Tan sólo queda pendiente la traducción de las cuentas de la matriz del Grupo, DELPHI CORPORATION, que le fue requerida conforme al art. 144 LEC , y que el deudor ha manifestado que aportará a la mayor brevedad, si bien, ello no afecta al dictado de la presente resolución, aun cuando se considera necesaria su aportación a los efectos del art. 6.3.4º LC .

El deudor alega que se encuentra en estado de insolvencia inminente, aduciendo que prevé que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. En el informe de KPMG acompañado con la solicitud, se hace constar en las conclusiones que en la segunda quincena de marzo de 2007 (pag. 95 del informe), y en función de las previsiones de tesorería, podría producirse un sobreseimiento generalizado de las obligaciones de pago. Por su parte, en la solicitud se hace constar la previsible incapacidad para atender regular y puntualmente las obligaciones a partir de mediados de abril de 2007 (documento nº 22 de la solicitud, consistente en carta remitida por el administrador al socio único). Y en la documentación aportada en el día de la fecha, en cumplimiento del requerimiento efectuado por providencia de 4 de abril de 2007, la sociedad solicitante expone que, actualizadas las previsiones y dado el estado de tesorería, se ha constatado que a primeros del mes de mayo, no podrá hacer frente puntualmente a sus obligaciones de pago.

Como manifestaciones externas de la situación de insolvencia inminente, la sociedad solicitante alega en la solicitud: (i) la escasez de recursos que en atención al estado actual de tesorería y las previsiones a corto plazo, hacen prever que de forma inminente la compañía no podrá afrontar regular y puntualmente sus obligaciones corrientes; (ii) la sobre estructura de costes de la sociedad, que dificulta la generación de negocio ante la imposibilidad de ofrecer condiciones de mercado competitivas, que, por el contrario, sí son ofrecidas por la competencia; (iii) la dificultad o, en ocasiones, la imposibilidad de renovación o sustitución de negocios ya existentes, y la acusada, cada vez, de manera más notable, pérdida de negocios muy importantes que no han sido sustituidos, y (iv) la consideración de las actividades de la sociedad como no estratégicas, que junto con las pérdidas continuadas, y el nulo interés en el mercado por la adquisición de la misma, hacen que el socio único no pueda justificar más ante el Tribunal que conoce del Chapter 11 en los EEUU y ante sus acreedores, la continuidad del apoyo financiero a la compañía, sin el que DASE, en las actuales circunstancias, no podrá mantener la actividad.

En el presente caso, la cuestión sin duda más compleja, dadas las circunstancias de la sociedad, y su pertenencia a una multinacional, radica en la acreditación del presupuesto objetivo del concurso, la insolvencia, que se alega inminente.

Según el Diccionario, es insolvente el que no tiene con qué pagar. La LC configura la insolvencia como un estado, y la define diciendo que se encuentra en dicho estado "el deudor que no pueda cumplir regularmente sus obligaciones exigibles" (art. 2.2 LC ). A. ROJO la define como "la imposibilidad de cumplir de modo normal las obligaciones a medida de que venzan y sean exigibles por los acreedores". La configuración de la insolvencia como un estado significa que debe referirse a un periodo de tiempo determinado que cree estado, y no a un retraso momentáneo. El estado de insolvencia inminente se define en el art. 2.3 in fine LC , conforme al cual "se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones exigibles". En la delimitación del contenido objetivo de la insolvencia inminente (que tiene su precedente en el art. 18 de la InsolvenzOrdnung alemana de 1994 ), debemos partir del dato de que se trata de una situación de futuro, de forma que el deudor todavía no ha incumplido puntualmente sus obligaciones exigibles, pero es previsible que ello vaya a acontecer, de forma que el incumplimiento de las obligaciones aún no debe de haberse producido, ya que en otro caso la insolvencia sería actual y no inminente; teniendo el deudor obligación de solicitar el concurso en el primer caso (art. 5 LC ), mientras que si la insolvencia es inminente no tiene dicho deber legal.

Con carácter previo al análisis de las causas de la insolvencia alegada, han de exponerse determinados antecedentes que constan en la solicitud, y en los que la solicitante fundamenta la situación actual.

En primer lugar, la entidad solicitante DASE, hace constar que tiene una estructura operativa con muy elevados costes de producción, que junto con la caída progresiva de ventas (como consecuencia de la falta de competitividad de las plantas), han llevado a la sociedad a acumular pérdidas de manera reiterada en los últimos ejercicios. Ello determinó que en 2005 se diseñara con la ayuda de la compañía Ernst & Young, un plan de viabilidad (acompañado como documento nº 5 con la contestación al requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007), en el que se recogían las medidas tendentes a corregir las deficiencias operativas de la compañía, para lo que se adaptaron tres líneas de actuación que consistían: (i) acciones orientadas a la reducción de costes laborales, tramitándose en 2005 un Expediente de Regulación de Empleo, en el que se incluía un Plan Industrial (documentación aportada en contestación al requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007), que se vio afectado por la declaración de quiebra del socio único en EEUU, sometido al Chapter 11, que elaboró un Plan de Reestructuración o Transformation Plan, que ha afectado decisivamente al futuro de DASE; (ii) acciones tendentes a mejorar la imagen de la compañía; y (iii) obtener financiación, buscando apoyos del socio único (del que recibió a 31 de octubre de 2006 una financiación neta de 152,2 millones de euros) y de las Administraciones Públicas, y en concreto, una subvención concedida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, que la compañía ha decidido no percibir, debido a la situación en que se encuentra (documentación aportada en contestación al requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007). Con dichas medidas se consiguió incrementar las ventas en un 7% en 2005 y un 9% en 2006.

En segundo lugar, en octubre de 2005, la matriz de DASE, la compañía DASHI, y la matriz del grupo DELPHI CORPORATION, iniciaron en EEUU junto con varias filiales, el procedimiento concursal denominado Chapter 11.

En tercer lugar, la solicitante hace constar que las pérdidas continuaron acumulándose a mayor ritmo durante 2006, de forma que a 31 de octubre de dicho año, la solicitante se encontraba en causa legal de disolución conforme al art. 104 LSRL, situación que se vio agravada por la denuncia del contrato denominado "Intercompany Financing Arrangement" (Acuerdo de Financiación Intercompañía) en noviembre de 2006 . Se trata de un sistema centralizado de tesorería, que DASE suscribió el 13 de octubre de 2004, con otras dos compañías del grupo (DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.A. y DELPHI DIESEL SYSTEMS, S.L.), del que participaba también en su condición de entidad financiera el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., y que tenía como objetivo optimizar la tesorería generada por las tres compañías, y el aprovechamiento de las respectivas sinergias; si bien las pérdidas generadas por DASE, le llevaron a utilizar dicho acuerdo como un sistema de financiación, lo que determinó que DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.A. remitiera carta de 10 de noviembre de 2006 (doc. 8 de la solicitud), exponiendo su decisión de finalizar el acuerdo de tesorería centralizada, y el Consejo de Administración de la compañía celebró una reunión el 17 de noviembre de 2006 (doc. 9 de la solicitud), constatando la situación de pérdidas y la causa de disolución, y acordó ponerlo en conocimiento del socio único, que con fecha 13 de diciembre de 2006 acordó: (i) otorgar financiación a DASE por importe de 46.000.000 euros, asumiendo la posición deudora de DASE en el sistema centralizado de tesorería, convirtiendo el crédito a su favor en participativo (doc. 15), y otorgándosele un préstamo ordinario por la cantidad sobrante hasta los 46.000.000 euros, una vez abonada la deuda con el sistema centralizado (doc. 11 de la solicitud); (ii) remitir una carta a DASE y a DELPHI PACKARD ESPAÑA, S.A., en virtud de la cual se acordaba que DASE quedara excluida del sistema centralizado de tesorería con fecha 18 de diciembre de 2006 (doc. 12 de la solicitud), y con fecha 13 de diciembre de 2006 se suscribió un acuerdo entre todas las compañías participantes de extinción parcial del contrato de financiación intercompañías (doc. 13 y 14). De esta forma, la solicitante manifiesta que quedó restaurado el equilibrio patrimonial de la solicitante, si bien, dependería de los resultados de su propia actividad.

Por otra parte, en el seno del procedimiento concursal seguido en EEUU, se elaboró un plan de reestructuración (Transformation Plan), que preveía desinvertir en líneas de negocio no estratégicas, entre las que se encontraban las denominadas "steering" y "chasis", que son desarrolladas en las plantas de Puerto Real; y que en el proceso concursal se tramita el procedimiento de negociación para la venta, habiéndose designado a la entidad Platinum Equity como el más apto para hacer una oferta (stalking horse), si bien en la oferta inicialmente planteada no se contemplaba la adquisición de DASE.

Por carta de 20 de febrero de 2007 remitida por el socio único de la entidad a DASE, se autorizaba al Consejo de Administración de dicha sociedad a "iniciar un cierre ordenado de las actividades de producción de Cádiz en la forma disponible más eficiente en el coste" (doc. nº 16 de la solicitud), lo que motivó la decisión del administrador único de presentar la solicitud de concurso ( doc. 23 de la solicitud). Los motivos para el cierre esgrimidos por DASHI (socio único y matriz de la solicitante) son: (i) por la imposibilidad del socio único de la sociedad de aportar más fondos como consecuencia de la situación de quiebra que se encuentra en EEUU (Chapter 11); (ii) que las líneas de negocio de Chasis y Steering que desarrolla la actividad han sido actividades generadoras de continuadas pérdidas y consideradas como no estratégicas; (iii) que la sociedad no se ha podido incluir en la venta de la división de Steering de Delphi; y (iv) que no existe ninguna justificación para seguir financiando actividades no estratégicas que solo generan pérdidas y respecto de las que no existe un interés comercial.

Llegados a este punto, la cuestión que puede plantearse es la de si pudiéramos encontrarnos ante el supuesto frecuente de deslocalización de empresas, y si en dichos casos, resulta factible la declaración de concurso, puesto que la decisión de cierre forma parte de la reestructuración empresarial de la matriz, incluyéndose en el "Transformation Plan", como parte de la reorganización de la matriz. Como se recoge en el Diseño del Plan de Transformación de Delphi (aportado como documento 3.b en contestación al requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007), en su página 1, la matriz del grupo estima que dicho plan permitirá a la compañía ser competitiva en el mercado global, y entre las medidas se identifican "líneas de productos no básicos que no encajan en la trama estratégica de la compañía y que se buscará vender o reducir". Dichas líneas de productos no básicas incluyen "Sistemas de Frenos y Chasis, Catalizadores, Cabinas y Paneles de Instrumentos, Módulos de Puertas y Cerraduras, Dinámica de Marcha, Rozamientos de Dirección y Ruedas". Según añade el Plan, se "trata de vender o reducir aproximadamente un tercio de sus plantas globales de fabricación como parte del plan de transformación" (pag. 6 del Plan).

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Alcance y Efectos de la deslocalización de empresas", de 29 de enero de 2004 (DOCE 25.11.2004), define la deslocalización, como el "fenómeno que consiste en el cese, total o parcial, de una actividad, seguido de su reapertura en el extranjero mediante una inversión directa. En la Unión Europea podríamos distinguir dos tipos de deslocalización, a saber:

interna: transferencia, total o parcial, de la actividad a otros estado miembro;

externa: transferencia, total o parcial, de la actividad a países no miembros."

En el presente caso, la solicitante manifiesta que las líneas de negocio que opera DASE en el centro de trabajo de Puerto Real, han sido consideradas como no estratégicas (non core) o no esenciales en el Plan de Transformación, de forma que ha de procederse a su venta o al cierre, y están dentro del proceso de desinversión (pág. 16 de la Memoria explicativa del Concurso aportada como doc. 3 de la solicitud, y documentación acompañada con escrito presentado en cumplimiento del requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007).

Por otra parte, el sistema de adjudicación de contratos entre las diversas filiales es el que se detalla en la página 38 del informe de KPMG (aportado como doc. 3.c. con la solicitud).

En concreto en la Memoria del concurso (doc. 3 de la solicitud), al explicar la evolución de los negocios de DASE en el periodo 2004-2006, que se compone de tres plantas, la 40 (centro de producción de suspensiones), la 41 (división del negocio de Direcciones o Steering de Delphi, organizadas en tres líneas de producción: palieres, direcciones de piñón y cremallera, y columnas de dirección asistida), y la U1 (que comprende dos líneas automáticas de fabricación y montaje de rodamientos traseros en sus versiones estándar y ABS), se expone:

Respecto de la planta 40, que sus ventas se encuentran muy localizadas en los clientes General Motor y Grupo Delphi (aproximadamente 78% de ventas), y que ha experimentado una caída de las ventas entre 2004 y 2006 del 38,7% como consecuencia, de la terminación de determinado negocios con BMW y la disminución de los volúmenes contratados y precios medios de venta de negocios con GM y grupo Delphi.

Respeto de la planta 41, la cifra de ventas entre 2004-2006 muestra una caída del 24,7%, y al igual que sucede en la planta 4º existe una fuerte dependencia de GM y Delphi (74% de las ventas en 2006), y las ventas a dichos clientes han disminuido, en relación con GM, por la disminución de la línea de negocio R&P por la pérdida del negocio S4300 a favor de la competencia y la reducción del volumen y precio medio de venta del negocio de semiejes (halfshafts); y en relación con Delphi, la caída de ventas se concentra en la líneas de negocio de EPS, por el reemplazo de determinados negocios que vencieron en 2005 y 2006 que no fueron obtenidos por la planta de Puerto Real (debe entenderse que se asignaron a otras plantas del grupo).

Respecto de la planta U1, las ventas han aumentado en el periodo 2004-2006 en aproximadamente 18,3 millones de euros, como consecuencia del aumento de ventas a su principal cliente, Ford, que representa el 80% de la planta. No obstante, se hace constar en la Memoria que la continuidad del contrato con Ford para la fabricación de rodamientos es incierta, y a contestación del requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007 para que ampliara la información, DASE ha manifestado que el contrato continúa vigente, pero que de forma oficiosa ha tenido conocimiento de que al parecer Ford (que venía solicitando una rebaja del precio) habría contratado condiciones más competitivas con otra compañía.

La doctrina económica define la deslocalización como el comportamiento económico de una empresa que, movida por los mejores costos de producción (y entre ellos particularmente los salariales), deja de producir una gama de productos en un país para producirla en otro u otros, de forma que la deslocalización comprendería dos fenómenos: (i) las transferencias, por inversión directa de todo o parte del aparato productivo de la empresa con el propósito de reimportar luego a menos costo los bienes producidos y (ii) los supuestos de contrata y subcontrata internacional de bienes o servicios que suponen transferencia de actividad sin inversión, pues en ellos lo que hace el comitente es contratar con una empresa situada en otro país, la realización de una obra o servicio que antes realizaba por sí misma.

E incluso doctrinalmente se habla de deslocalización indirecta de empresas, es decir, desaparición de las mismas por incapacidad para competir con otras empresas, de forma que el cambio no es consecuencia de una decisión empresarial sino de una incapacidad para subsistir, bien sea como empresa, bien sea como sector territorializado. Se trata de una verdadera deslocalización de la actividad empresarial más que de deslocalización de empresas en sentido jurídico.

Sobre cierre de empresas y deslocalización, cabe mencionar igualmente la Resolución del Parlamento Europeo sobre la reestructuración de la industria europea, con especial atención al cierre de la fábrica Goodyear en Italia y a los problemas de ABB-Alstom, de 17 de febrero de 2000, y la Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el cierre de empresas después de la concesión de ayuda financiera por la Unión Europea de 6 de marzo de 2003

El catedrático de Derecho del Trabajo PEREZ DE LOS COBOS ("Problemas Laborales de la deslocalización de empresas", en Actualidad laboral, nº 03- 1ª quincena de febrero de 2006), señala dos grandes estrategias empresariales en materia de deslocalización: (i) evitar el cierre mediante la renegociación de las condiciones de trabajo aplicables a la empresa y medidas de mejora de la productividad, y (ii) cierre de la empresa mediante el expediente de regulación de empleo o el concurso de acreedores. Este autor por tanto, admite la vía del concurso en los supuestos de cierre de la empresa como instrumento de deslocalización, tesis que comparto, siempre evidentemente que concurra el presupuesto objetivo del concurso.

Por tanto, aun cuando en el presente caso pudiera estarse ante un supuesto de deslocalización, caso de estar desarrollándose las actividades en otras plantas (extremo sobre el que se le requirió información a la solicitante por providencia de 4 de abril de 2007), ello no excluiría la posibilidad de declaración de concurso de la sociedad, por lo que ha de analizarse a continuación si concurre el presupuesto objetivo del concurso, en este caso, la insolvencia inminente.

Para analizar si la solicitante se encuentra en situación de insolvencia inminente, se ha de partir de la evolución financiera de la sociedad en el periodo comprendido entre 2004 y 2006, según los datos que constan en la Memoria explicativa del concurso (documento 3 de la solicitud), y en el informe de la compañía KPMG (doc. 3.c de la solicitud). La cifra de negocios de DASE en dicho periodo ha seguido una tendencia descendente, habiendo disminuido en 2005 en aproximadamente 12,5 millones de euros, y en el cierre provisional de 2006 ascendió a 220,7 millones de euros, que supone 38,6 millones de euros inferior a la del ejercicio 2005, es decir en los tres últimos ejercicios, la cifra de negocios de la sociedad ha descendido en 51,2 millones de euros. Por el contrario, el consumo de materiales, al haber aumentado el precio, se ha incrementado, habiendo pasado de un 55% en 2003 al 59% en 2006. Estos factores han erosionado el margen bruto de la sociedad que ha pasado de 117,6 millones de euros (43% sobre la cifra de negocios) a 76,1 millones de euros en octubre de 2006 (41% sobre la cifra de negocios). Y en el cierre provisional de 2006, el margen bruto ascendió aproximadamente a 89,6 millones de euros, es decir, que según dichos datos, en los últimos tres años, la sociedad habría perdido 28 millones de margen bruto. Como consecuencia del ERE de 2005, la plantilla se redujo entre finales de 2005 y octubre de 2006, en aproximadamente 150 personas. Sin embargo esta reducción no ha seguido el mismo decrecimiento que la cifra de negocios, por lo que el gasto de personal sobre la cifra de negocio se ha incrementado, pasando a representar un 33% de la cifra de negocio en 2006. Es decir, que del 41% del margen bruto, un 33% se destina a los gastos de personal, y el 8% restante a otros gastos de explotación. Estos gastos suponían a 31 de octubre de 2006, un 13% de las ventas de la sociedad, lo que determina que la sociedad pierda, por los que es la operación de su negocio (resultado operativo o EBITDA), un 5,3% de la cifra de negocio, y acumulaba a octubre de 2006, unas pérdidas operativas de 9,9 millones de euros; siendo el análisis similar en el cierre provisional de 2006, siendo el resultado operativo o EBITDA generado en 2006 negativo en aproximadamente 12,6 millones, que representa el 5,7% de la cifra de negocios. Si además se añade a las pérdidas operativas el efecto de las amortizaciones, las pérdidas de explotación ascendían a 31 de octubre de 2006, a unos 26,8 millones de euros, y en el cierre provisional de 2006, a 32,9 millones de euros, aproximadamente. Y las pérdidas de explotación acumuladas de los tres últimos ejercicios suponen un importe aproximado de 58,4 millones de euros. Las pérdidas de actividades ordinarias ascendían, a octubre de 2006, a 32,7 millones de euros, y en el cierre provisional de 2006, a 40,2 millones de euros. Durante los tres últimos ejercicios DASE acumula unas pérdidas de las actividades ordinarias de 72,7 millones de euros.

En el ejercicio 2007, se ha continuado con la tendencia descendente de los negocios, habiendo descendido las previsiones de ventas. En la Memoria se recoge como última previsión (una vez conocidas las ventas reales de febrero), de unas ventas totales en el periodo febrero-junio de 55,9 millones de euros (inferior a la previsión del informe de KPMG y a la previsión una vez conocidas las ventas reales de enero). Según refleja la contabilidad, la sociedad presenta fondos propios negativos desde el año 2003, situación que se ha visto agravada en 2005 y 2006. En el cierre provisional de 2006, los fondos propios negativos ascienden aproximadamente a 132,5 millones de euros. En 2005 se concedieron préstamos participativos por sociedades del grupo para evitar incurrir en causa de disolución por pérdidas. No obstante, a 31 de octubre de 2006, las pérdidas de dicho ejercicio que ascendían a 25,2 millones de euros, minoraban el patrimonio contable hasta 8,8 millones de euros, inferior al 50% del capital social (que es de 20.100.220,20 euros), incurriendo nuevamente en causa de disolución, si bien para evitarlo, el socio único, como se ha expuesto, procedió en diciembre de 2006, a restablecer el equilibrio. De esta forma, entre el 31 de diciembre de 2005 y el 31 de octubre de 2006, el endeudamiento neto con empresas del grupo ha pasado de 129,5 millones de euros aproximadamente a 152,2 millones de euros.

En cuanto a las previsiones para 2007, según la solicitante, determinan la inminencia de la insolvencia, de forma que se produciría un sobreseimiento generalizado a primero de mayo próximo, según consta en el escrito presentado en el día de la fecha, dado el estado de tesorería. Conforme a las citadas previsiones, la contracción del negocio estimada por la finalización de contratos e imposibilidad de su renovación o sustitución, provocará un estrechamiento del margen bruto en 18,2 millones de euros con respecto a 2006, siendo insuficiente para absorber los costes de producción de las diferentes plantas, estimando que el margen de producción en 2007 será negativo en 4,9 millones de euros aproximadamente. Los costes de estructura no podrán ser absorbidos, con lo que se agravará la posición de margen de contribución negativo hasta los 20,6 millones de euros a 31 de diciembre de 2007 (pag. 85 del informe de KPMG aportado como doc. 3c. de la solicitud). Posiblemente la sociedad para la fecha señalada podría verse incursa nuevamente en causa de disolución por pérdidas, según consta en la Memoria. En el informe de KPMG, respecto de las proyecciones de tesorería, se hace constar una previsión de flujos de caja negativos de 20,3 millones en apenas dos meses y medio de 2007, sin que la inyección de fondos proporcionada por la matriz por importe de 20,8 millones sea suficiente, requiriendo necesidades adicionales, que el citado informe fija en la segunda quincena de marzo de 2007, de forma que entre la segunda quincena de abril y mayo, la insolvencia pasaría a ser actual.

En el escrito presentado en cumplimiento del requerimiento efectuado por providencia de 4 de abril de 2007, se hace constar que el estado de tesorería y las últimas previsiones indican que a primeros del mes de mayo, la sociedad no podrá hacer frente puntualmente a sus obligaciones de pago. Dichas previsiones incluyen el diferimiento hasta el mes de junio de los intereses ya vencidos debidos a las compañías del grupo, así como un cierto nivel de pagos anticipados a proveedores para evitar detener el proceso productivo, y que les han sido exigidos a raíz de la presentación de la solicitud de concurso. Se acompaña un gráfico con las previsiones de caja para 2007, en el que consta una caja inicial para mayo de 2,67 millones de euros, un consumo de caja de - 7,20 millones de euros (ya que la deuda inicial es de -175,74 millones y la final, de -182,943 euros), por lo que la caja final en mayo será de -4,52 millones de euros.

Partiendo de los datos mencionados, podemos colegir que la sociedad se encuentra en situación de insolvencia inminente de conformidad con el art. 2.3 LC , ya que resulta previsible que la sociedad en el mes de mayo, no pueda cumplir "regular y puntualmente", con sus obligaciones exigibles. En la lista de acreedores, consta un pasivo de 246.243.993,12 euros, que incluye, fundamentalmente, los créditos laborales, los de sociedades del grupo, y créditos de proveedores. Las deudas son de vencimiento próximo, e incluso algunas de ellas están vencidas a la fecha del presente auto. Respecto de los créditos laborales la solicitante manifiesta en el escrito presentado en cumplimiento del requerimiento de fecha 29 de marzo de 2007, que se han producido 29 extinciones de contratos de trabajo con fecha 31 de marzo de 2007, y que han sido abonadas las nóminas que vencían a finales de de marzo. En cualquier caso, habrán continuado devengándose los créditos laborables. Respecto de los créditos de proveedores, algunos tiene un vencimiento anterior a la fecha del Auto, si bien la solicitante, como se ha expuesto, en escrito presentado en el día de la fecha ha manifestado, que con posterioridad a la presentación de la lista de acreedores, han sido abonados créditos a proveedores, y que incluso, han debido hacerse pagos anticipados para impedir la interrupción del proceso productivo. Respecto de los créditos con otras sociedades del grupo, por un elevado importe, no son los idóneos para justificar la situación de insolvencia, y menos con el carácter de inminente, si bien, dadas las previsiones de tesorería para el mes de mayo, y los créditos (laborales y a proveedores) de próximo vencimiento, puede colegirse la inminencia de la insolvencia, como se ha expuesto.

Restan por analizar las causas alegadas de la insolvencia, a efectos de determinar si la misma puede evitarse o paliarse de alguna forma. Entre dichas causas, algunas son de origen, digamos externo, es decir, dependen de factores ajenos a la empresa, y otros podemos entender que dependen de factores, en cierta forma, internos o, relacionados con la propia sociedad o, con el grupo. Entre las primeras, pueden mencionarse los cambios estructurales en la industria de automoción, las políticas de reducción de precios de venta por los fabricantes de automóviles, las dificultades de atraer negocios por el estancamiento de la demanda en Europa y EEUU, y el entorno competitivo de los principales competidores externos de DASE, y el incremento de costes de las materias primas y de gastos de personal.

Ahora bien, una de las principales causas de la insolvencia se deriva precisamente de la circunstancia de que la sociedad, como ha quedado patente en la exposición de la evolución de los negocios, depende financieramente de la matriz. Así consta en la página 25 de la Memoria donde se dice que "la sociedad depende financieramente del grupo Delphi para mantener sus negocios operativos". El problema es que se ha manifestado la imposibilidad del socio único de seguir aportando fondos, al encontrarse incurso, al igual que la matriz del grupo, en el proceso concursal denominado Chapter 11 en EEUU y, haberse acordado en el Plan de Reestructuración o Transformation Plan, la decisión de desinvertir en todas las líneas de negocio que opera la sociedad. Y en concreto, respecto de la Planta 41, se ha excluido del proceso de venta de la División de Steering de Delplhi, al no haber manifestado el comprador (Platinum Equity) interés en el centro de Puerto Real, a lo que además habría que añadir la ausencia de rentabilidad de la planta 40, en la que el margen de producción ha sido negativo durante los últimos ejercicios, y la anunciada pérdida del principal negocio de la planta U1 (rodamientos para Ford) a favor de la competencia.

A efectos de clarificar esta causa de insolvencia se van a exponer a continuación de forma breve unas notas sobre el mencionado procedimiento Chapter 11.

En el "Bankruptcy Code" de EEUU están regulados todos los procedimientos concursales que el sistema norteamericano pone a disposición de los interesados para la solución de las crisis económico-financieras tanto de las personas físicas como jurídicas, y entre ellos, se regula el procedimiento de reorganización conocido como Chapter 11 o Capítulo 11 (del Título 11 del Código de los EEUU o Ley de Quiebras), que es frecuentemente identificado como capítulo de la reorganización, cuya mecánica permite que el deudor continúe con la operación normal de la empresa aún durante el periodo en que la empresa se encuentra sujeta a este proceso concursal. En cuanto al tipo de deudor (aunque suele ser utilizado por grandes empresas), se aplica tanto a personas físicas como jurídicas, siempre que tengan su residencia, domicilio, centro de operaciones o bienes en EEUU; y en cuanto al presupuesto objetivo, cuando sea solicitada por el deudor, la sola petición constituye una causa automática de apertura del procedimiento. A grandes rasgos, pueden identificarse dos fases en el procedimiento, una primera de apertura, que en el caso de presentación por el deudor (como ha ocurrido con la matriz de la solicitante, y es el supuesto que expondremos), deberá aportar determinada documentación relativa al activo y al pasivo. El deudor continuará manteniendo la posesión, gestión y administración de sus bienes pudiendo continuar un desarrollo normal de sus negocios. Esta forma de operar es lo que se llama "debtor-in-possesion", es decir, deudor en posesión (excepcionalmente puede designarse un "trustee" o curador). El efecto principal de la apertura del procedimiento es la cesación automática de todos los cobros, con paralización de acciones judiciales y administrativas contra el deudor, incluidos embargos, y el órgano judicial de oficio deberá constituir un comité de acreedores y uno de accionistas. La segunda fase es de reorganización, y es necesario que el deudor presente un plan de reorganización (Transformation Plan), que constituye el centro de gravedad del proceso, que ha de tener un contenido obligatorio, que ha de ser homologado por el Tribunal ("confirmation"), y otro voluntario. El Plan debe contener disposiciones en dos direcciones, de un lado, para solucionar el cumplimiento de pago de los pasivos, y de otra, para lograr la conservación de la empresa a través de la "Reorganización". El Plan se somete a su aprobación en dos fases, una primera por los grupos de acreedores y accionistas, y una segunda por el juez; si bien, para la homologación por el juez no es precisa la aprobación por parte de todos los grupos afectados.

En el presente caso, se ha acreditado la presentación por la matriz de la solicitante y por la matriz del grupo (así como por diversas filiales) de la solicitud de apertura de Chapter 11, y la apertura del procedimiento (doc. 4, 5 y 6 de la solicitud y traducciones aportadas), y en la documentación aportada en cumplimiento del requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007, consta que aún no se ha sometido a aprobación, lo que no impide que el Plan pueda comenzar a implementarse.

La solicitante manifiesta que el socio único, por estar sometido a este procedimiento, no puede aportar más fondos. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que nos encontramos con una sociedad de responsabilidad limitada y que las relaciones o dependencia con la sociedad matriz, y su posible responsabilidad en la generación o agravación de la insolvencia, podrán ser tenidas en cuenta, en su caso, en sede de calificación, pero no en sede de declaración de concurso. Tanto estas cuestiones, como otras relativas, por ejemplo, a la resolución del contrato de financiación intercompañía, no pueden ser tomadas en consideración a efectos de la declaración de concurso. Por otra parte, ya se ha indicado, que aunque se tratara de un supuesto de deslocalización de empresas, ello no impide la aplicación de la normativa concursal a una empresa constituida en España, aunque pertenezca a una multinacional.

Por último, resta por examinar la cuestión de la ayuda pública que le fue concedida a la solicitante y que debía percibir en el mes de marzo (documentación aportada en cumplimiento del requerimiento efectuado por providencia de 29 de marzo de 2007), si bien alega, que dadas las circunstancias, y no cumpliendo las condiciones, ha optado por no percibirla. Evidentemente, no puede entrar a enjuiciarse en esta resolución sobre el cumplimiento de las condiciones de la subvención. En cualquier caso, atendiendo a su importe (4,26 millones de euros), y atendiendo a las previsiones que constan en el informe de KPMG, podría concluirse que de haberse percibido, se hubiera podido retrasar si acaso la inminencia de la insolvencia, pero con los datos obrantes en las actuaciones, y según la alegada pérdida de contratos e imposibilidad de sustitución o renovación, parece que no hubiera sido suficiente para paliar la situación financiera de la sociedad. Y en el mismo sentido, respecto de la posibilidad de financiación externa, la solicitante, en contestación al requerimiento efectuado por providencia de 4 de abril de 2007, ha señalado que han contactado con diversas entidades bancarias que han rechazado prestarle financiación por la situación de pérdidas.

Por todo lo expuesto, se ha de colegir que la sociedad se encuentra en situación de insolvencia inminente, resultando procedente la declaración de CONCURSO VOLUNTARIO del deudor, la entidad mercantil DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPAÑA, S.L. (DASE).

CUARTO.- El procedimiento aplicable es el ordinario, conforme a los artículos 183 y siguientes de la Ley Concursal , por no concurrir los presupuestos previstos en el art. 190 LC para la aplicación del procedimiento abreviado, ya que, el pasivo inicial estimado supera el millón de euros (en concreto 246.243.993,12 euros).

El procedimiento concursal se desarrolla en dos fases, una fase común, que a su vez puede desembocar, bien en una fase de convenio, o bien en una fase de liquidación. Como excepción a la regla general, no se abre la fase de convenio, en los casos de aprobación de una propuesta anticipada de convenio, que se produce en la misma tramitación de la fase común. La fase común se abre con el Auto de declaración de concurso, y comprende las actuaciones previstas en los cuatro primeros títulos de la Ley (art. 21.2 LC), relativos, respectivamente, a la declaración de concurso, a la administración concursal, a los efectos de la declaración de concurso, y al informe de la administración concursal y de la determinación de las masas activa y pasiva del concurso. La fase común finaliza dentro de los quince días siguientes a la expiración del plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores sin que se hayan presentado impugnaciones o, de haberse presentado, a la fecha en que se pongan de manifiesto en Secretaría los textos definitivos de dichos documentos (art. 98 LC ). El juez, dictará auto poniendo fin a la fase común, y decretando la apertura de la fase de convenio (art. 111 LC ), o de la fase de liquidación (art. 142.2 LC ), según proceda; y con apertura en ambos casos de la Sección Quinta. No obstante, debe tenerse en cuenta, que hay ocasiones, en que a pesar de haberse iniciado la fase de convenio, procederá la apertura de la fase de liquidación, en los casos en que no se presente propuesta de convenio, o no sea admitida ninguna, o no se acepte en Junta de Acreedores, o se rechace el convenio por resolución judicial firme, o se declare judicialmente la nulidad del convenio o el incumplimiento del mismo (art. 143 LC ), y en los casos en que el deudor conozca la imposibilidad de cumplir lo comprometido (art. 142.3 LC ).

QUINTO.- Declarado el concurso a solicitud del deudor, corresponde, según lo establecido en el artículo 16, ordenar la formación de la Sección Primera que se encabezará con la solicitud, y que comprende conforme al art. 183.1º LC , "lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso".

SEXTO.- Al amparo de lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la Ley Concursal, procede la formación de la Sección Segunda , que conforme al art. 183.2º comprenderá "todo lo relativo a la administración concursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales".

La administración concursal estará integrada por los siguientes miembros (art. 27.1 LC ): 1º. Un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo; 2º. Un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados, con una experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo; 3º. Un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o con privilegio general, que no esté garantizado. El Juez procederá al nombramiento tan pronto como le conste la existencia de acreedores en quienes concurran esas condiciones.

En el presente concurso, la Administración concursal estará integrada por D. Fernando (abogado, auditor de cuentas y titulado mercantil), en su condición de abogado con experiencia profesional de más de cinco años de ejercicio efectivo; y la compañía PRICE WATERHOUSE COOPERS, en su condición de auditora de cuentas con una experiencia profesional de más de cinco años de ejercicio efectivo.

En cuanto al administrador concursal acreedor, tan pronto conste la existencia de acreedores titulares de créditos ordinarios o con privilegio general no garantizado, se procederá a su nombramiento (art. 27.1.3º LC ).

Procede comunicar el nombramiento a los designados haciéndoles saber que en el plazo de cinco días siguientes al recibo de la comunicación deberán comparecer ante este Juzgado y manifestar su aceptación o no del cargo. Siendo la auditora una persona jurídica, deberá proceder conforme prevé el art. 27.1 párrafo 2º .

SEPTIMO.- Conforme al artículo 40.1 LC , en caso de concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores judiciales mediante su autorización o conformidad. No obstante, el apartado 3º del art. 40 LC , permite al juez acordar la suspensión en caso de concurso voluntario, motivando el acuerdo, señalando los riesgos que se pretenden evitar y las ventajas que se quieren obtener. En cualquier caso, durante la fase de liquidación, la situación del concursado, será la de suspensión de las facultades de administración y disposición (art. 145 LC).

En el presente caso, no hay razones que justifiquen la suspensión de dichas facultades, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de la gestión empresarial, la pertenencia a un grupo de empresas y la continuidad de la actividad empresarial, ya que como se señala en la solicitud, los procesos de producción siguen en marcha. Por tanto, se estima procedente para el interés del concurso, el régimen de intervención de las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio del deudor.

Por aplicación del art. 48.1 LC , se mantienen los órganos de la persona jurídica deudora.

Conforme al art. 42 LC , el deudor tiene el deber de comparecer personalmente ante el Juez del concurso y ante la administración judicial cuantas veces sea requerido y el de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso. Cuando el deudor sea persona jurídica estos deberes incumben a sus administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Estos deberes alcanzan también a los apoderados del deudor y a quienes lo hayan sido dentro de dicho periodo.

En cuanto a los efectos de la declaración de concurso, serán los previstos en el Título III, entre los que ha de destacarse, el contenido en el art. 44 LC, que en su apartado 1º establece que "la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor", constituyendo el cese (previsto en el apartado 4º) la excepción, ya que la Ley Concursal pretende favorecer la continuidad de las empresas. Precisamente dicho principio va íntimamente relacionado con la apuesta del legislador concursal favorable al convenio como solución del procedimiento concursal, de forma que el procedimiento que regula la LC se decanta a favor del principio de continuación de la actividad del deudor, de donde se colige que el convenio es la solución normal del concurso, en beneficio, como señala la Exposición de Motivos, de los acreedores, del concursado, de los trabajadores y de otros interesados.

Es decir, la Ley Concursal en cierta forma configura el concurso de acreedores como un procedimiento de reestructuración empresarial (aunque su finalidad primordial lógicamente sea la satisfacción de los acreedores), y no sólo favorece el convenio, sino que en la regulación de éste, y en concreto en el contenido de la propuesta de convenio (art. 100 LC ), permite que además de contener proposiciones de quita y/o espera, se incluyan proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o de determinadas unidades productivas, a favor de una persona natural o jurídica determinada; debiendo incluir las proposiciones necesariamente en dicho caso, la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los términos expresados en la propuesta; debiendo ser oídos los representantes de los trabajadores. Y es más, en los casos de liquidación, también el legislador concursal ha intentado favorecer la continuidad de las empresa, y entre las reglas legales supletorias establecidas en el art. 149 LC, recoge como la primera de ellas, la enajenación como un todo del conjunto de establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor, salvo que el juez, previo informe de la administración concursal, estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división y realización aislada; debiendo dictarse estas resoluciones previa audiencia, por plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores. Y en la misma regulación de los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o de suspensión o extinción colectiva de las relaciones de trabajo en que sea empleador el concursado (art. 64 LC ), se intenta favorecer con su adopción la viabilidad futura de la empresa y del empleo (apartados 3º, 4º y 5º del art. 64 LC ), y asimismo prevé que en el caso de empresas de más de 50 trabajadores, se acompañe con la solicitud de medidas, un plan que contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y el empleo (art. 64.5 LC ).

OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 20.1.5º y 84 de la Ley , dentro del plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones acordadas en el auto, los acreedores del concursado comunicarán a la administración concursal la existencia de sus créditos en la forma, circunstancias y con la documentación señalada por el Juzgado. La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores. Constando la existencia de acreedores en el extranjero, la administración concursal deberá informarles sin demora, con las circunstancias y en la forma prevista en los arts. 214 y 219 LC .

NOVENO.- Procede dar publicidad a la declaración de concurso en la forma y con las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 .

DECIMO.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley Concursal el presente Auto producirá sus efectos de inmediato, abrirá la fase común de tramitación del concurso y será ejecutivo aunque no sea firme. Asimismo, conforme al art. 21.3, declarado el concurso se ordenará la formación de las Secciones segunda (como ya se ha expuesto), tercera y cuarta, que se encabezarán con testimonio de este Auto.

UNDECIMO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 55.2 y 56.1 y 2 de la LC, procede la suspensión de las ejecuciones singulares en trámite, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. En cuanto a los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso, conforme al art. 51 LC , continuarán hasta la firmeza de la sentencia. No obstante, se acumularán aquellos que, siendo competencia del juez del concurso según lo previsto en el art. 8, se estén tramitando en primera instancia y respecto de los que el Juez del Concurso estime que su resolución tiene trascendencia sustancial para la formación del inventario o de la lista de acreedores, a solicitud de la administración concursal o de cualquier parte interesada. En el presente caso, no consta reclamación judicial de los créditos ni apremios administrativos, si bien se acuerda librar oficios a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y ponerlo en conocimiento de los Juzgados Decanos de Cádiz y Puerto Real.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

1. SE DECLARA EL CONCURSO VOLUNTARIO de la entidad mercantil DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ESPAÑA, S.L. (DASE), con domicilio en Polígono Industrial El Trocadero, s/n de Puerto Real (Cádiz), representada en los presentes autos por la Procuradora de los Tribunales Dª Clara García-Agulló Fernández, con quien se entenderán las sucesivas actuaciones; siendo competente este Juzgado para declarar y tramitar el concurso.

2. Ábrase la fase común de tramitación del concurso y fórmense las Secciones primera a cuarta, ordenándose en cuantas piezas sean necesarias o convenientes. La Sección primera se encabezará con la solicitud, y las Secciones segunda a cuarta, se encabezarán con testimonio de este Auto.

3. Atendido el carácter voluntario del concurso, el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre los bienes, derechos y obligaciones de su patrimonio que hayan de integrarse en el concurso quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención del administrador concursal mediante su autorización o conformidad.

4. El deudor deberá comparecer personalmente ante este Juzgado y ante la administración concursal cuantas veces sea requerido así como colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso. Tratándose de persona jurídica, estos deberes incumben a sus administradores o liquidadores y a quienes hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. Estos deberes alcanzan también a los apoderados del deudor y a quienes lo hayan sido dentro de dicho periodo.

5. La administración concursal estará integrada por D. Fernando , en su condición de abogado con experiencia profesional de más de cinco años de ejercicio efectivo; y la compañía PRICE WATERHOUSE COOPERS, en su condición de auditora de cuentas, con una experiencia profesional de más de cinco años de ejercicio efectivo.

En cuanto al administrador concursal acreedor, tan pronto conste la existencia de acreedores titulares de créditos ordinarios o con privilegio general no garantizado, se procederá a su nombramiento (art. 27.1.3º LC ).

Comuníquese el nombramiento a los designados haciéndoles saber que en el plazo de cinco días siguientes al recibo de la comunicación deberán comparecer ante este Juzgado y manifestar su aceptación o no del cargo. Siendo la auditora una persona jurídica, deberá proceder conforme prevé el art. 27.1 párrafo 2º .

6. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21. 1. 5º y 85 de la Ley Concursal llámense a todos los acreedores del deudor para que en el plazo de un mes a contar desde la última de las publicaciones acordadas en este auto comuniquen a la administración judicial la existencia de sus créditos, por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, que se presentará en este Juzgado y en el que se expresará el nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda y caso de invocarse un privilegio especial, los bienes y derechos a que afecte y, en su caso, datos registrales, todo ello acompañado de los originales o copia auténtica del título o de los documentos relativos al crédito. La administración concursal realizará sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores. Constando la existencia de acreedores en el extranjero, la administración concursal deberá informarles sin demora, con las circunstancias y en la forma prevista en los arts. 214 y 219 LC .

7. Hágase pública la presente declaración de concurso por medio de edictos que se insertarán con la mayor urgencia en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario de Cádiz, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley Concursal . Los oficios con los edictos serán entregados al procurador del solicitante del concurso, quien deberá remitirlos de inmediato a los medios de publicidad correspondientes (art. 23.3 LC ).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Concursal , expídase mandamiento al Registro Mercantil de Cádiz, para la anotación preventiva de la declaración del concurso con lo acordado respecto de las facultades de administración y disposición del concursado y el nombre de los administradores; y al Registro de la Propiedad nº 2 de El Puerto de Santa María, para la anotación preventiva en los folios correspondientes a las fincas registrales de la que es titular la sociedad (nº 24.694, 11.494, 11.495, 11.496, 11.497 y 9.083) de lo acordado sobre las facultades de administración y disposición del deudor con expresión de su fecha y el nombramiento de los administradores. Entréguense al procurador del solicitante del concurso dichos mandamientos. Una vez firme este auto líbrese mandamiento para conversión de la anotación preventiva en inscripción.

8. Comuníquese la presente declaración de concurso interesando la suspensión de los apremios y ejecuciones que se encontraren en tramitación, a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, y a los Decanatos de los Juzgados de Cádiz y Puerto Real, para que procedan conforme a lo dispuesto en los arts. 55 LC y 56 LC, anulando, en su caso, las actuaciones practicadas con posterioridad a dicha declaración y comunicando a este Juzgado haberlo verificado, o, en otro caso, exponiendo las razones para no hacerlo. En el oficio remisorio especifíquense, si procede, las ejecuciones que se encuentren en trámite. En cuanto a los juicios declarativos en que el deudor sea parte y que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso, conforme al art. 51 LC , continuarán hasta la firmeza de la sentencia, salvo que por este Juzgado se acuerde la acumulación.

9.- Constando la existencia de trabajadores, póngase en conocimiento del Comité de Empresa y del FOGASA.

10.- Los legitimados conforme a la Ley Concursal para personarse en el procedimiento deben hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 184.6 LC .

Notifíquese esta resolución a las partes personadas. Este Auto producirá de inmediato los efectos previstos en la Ley Concursal para la declaración de concurso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.2 de la Ley Concursal , contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE REPOSICIÓN por medio de escrito presentado en este Juzgado, no obstante lo cual se llevará a efecto lo acordado, en plazo de CINCO DÍAS, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso (arts. 197 LC y 452 LECn).

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Dª Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz. Doy fe.

La Magistrado-Juez El Secretario Judicial