BDB JM 21238/2009
Fecha: 13 de abril de 2009
Órgano: Juzgado de lo Mercantil
Sala: No disponible, Sección 1
Ponente: ENRIQUE SANJUAN MUÑOZ
Auto: no disponible
Recurso: 526 / 2009
Rollo: 526 / 2009
Resumen:
Solictud de concurso voluntario. Competencia territoral del Juzgado de lo Mercantil de Málaga al tratarse de una sociedad que tiene su domicilio social en Málaga y su principal actividad en dicha provincia. Insolvencia de la sociedad. Procede la intervención de dicha sociedad así como el nombramiento de administradores concursales. Llamamiento de los acreedores. Inscripción en el Registro Mercantil. Efectos de la declaración del concurso.

En Málaga a 13 de abril de 2009

Vistos por mí, Enrique Sanjuán y Muñoz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, los autos de CONCURSO VOLUNTARIO registrados con el número 526 del año 2009, a instancias de GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE MARBELLA SL inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 2519, libro 1432, folio 39, hoja MA 41467, representada por la procurador Sra Chacón Aguilar y defendida por el letrado Sr. Sánchez González, vengo a resolver conforme a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

UNICO: En fecha de 26 de febrero de 2009 se presentó solicitud de concurso voluntario de la citada sociedad por los administradores de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Este juzgado es competente para conocer de la referida solicitud de conformidad a lo previsto en los artículos 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial , en relación al artículo 10 de la Ley 22/2003, de 9 de julio , al tratarse de una sociedad que tiene su domicilio social en Málaga y su principal actividad en dicha provincia.

SEGUNDO: Sin duda alguna el punto crucial a determinar en la presente solicitud es el presupuesto subjetivo del concurso en tanto queda acreditado, con la documental presentada la situación de insolvencia de la sociedad y por ello el presupuesto objetivo partiendo de una sociedad sin actividad, que depende de expectativas de derechos de crédito que parten del Ayuntamiento de Marbella y con una cuantiosa deuda , cercana a los veinte millones de euros, gravadas con embargos y fruto de múltiples reclamaciones judiciales contra la sociedad misma. Este es , también, el elemento del que debemos partir pues la propia solicitante reconoce que se trata de una sociedad cien por cien de participación pública, que en su día se constituyó por otras sociedades y en donde, tal y como se ha acreditado, existen indicios serios de responsabilidad criminal que están siendo investigados en los juzgados de Marbella.

En el análisis del objeto de la sociedad y de los Estatutos de la misma aparece como sociedad puramente mercantil con objeto mercantil sin relación alguna con servicios públicos. Su consideración de pública parte de que se afirma y acredita la titularidad de la participación exclusiva del Ayuntamiento de Marbella y la conformación del Consejo de Administración por autoridades de dicho Ayuntamiento. Las deudas son privadas y alguna de ellas acreditada en cuanto a servicios de la misma por sentencias o autos condenatorios y ejecutorios respecto de la citada sociedad. Existe , sin embargo, confusión absoluta entre lo que es la sociedad y la actividad realizada por la misma en virtud de la cual ha existido y se genera la deuda pues parece más un instrumento utilizado por el citado Ayuntamiento con el que- así ha sido reconocido en alguna de las sentencias aportadas- se ha venido sorteando la normativa pública de contratación.

El artículo 1.3 de la Ley Concursal recoge que " no podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público". Se trata , sin duda, de una excepción planteada por el legislador que pretende evitar que los mismos puedan ser declarados en concurso de acreedores precisamente por los mecanismos paraconcursales que pueden servir al salvamento y por los intereses públicos o el orden público que pudiera resultar afectado.

Tomando en consideración la Ley 6/1997 de 14 abril 1997 (Organización de la Administración Central del Estado ) podemos configurar el marco de definiciones necesarias para los distintos supuestos:

a)La organización territorial está formada por todos los órganos de las administraciones públicas según sus respectivas normas y con personalidad jurídica única bien estén descentralizados o desconcentrados.

b)Hablamos de organismos públicos ( artículos 1 y 41 LOFAGE) en la definición dada por el citado precepto: son las Entidades de Derecho público que desarrollan actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta. El artículo 2.3 del mismo texto nos dice que los Organismos públicos previstos en el tít. III de esta ley tienen por objeto la realización de actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración General del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a través de otro Organismo público, al Ministerio competente por razón de la materia, a través del órgano que en cada caso se determine. El artículo 43 de la norma recoge las diferentes definiciones: Los Organismos públicos se clasifican en: a) Organismos autónomos. b) Entidades públicas empresariales. c) Agencias Estatales, que se regirán por su normativa específica y, supletoriamente, por esta Ley.

c)El artículo 2 de la Ley 47/2003 de 26 noviembre 2003 (Ley General Presupuestaria ) nos define quienes conforman el sector público estatal incluyendo a La Administración General del Estado, Los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado, Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella, Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros y entidades mancomunados, Las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Las fundaciones del sector público estatal, definidas en la Ley de Fundaciones, Las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas en los párrafos b) y c) de este apartado, Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren los arts. 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando uno o varios de los sujetos enumerados en este artículo hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se haya comprometido, en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado.

d)La Ley 33/2003 de 3 noviembre 2003 (Patrimonio de las Administraciones Públicas ) nos define las sociedades mercantiles estatales a efectos del patrimonio del Estado. En su artículo 166 . c) nos dice que las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, integran el sector público estatal, sea superior al 50 por ciento. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a las entidades integradas en el sector público estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas. Las sociedades mercantiles que, sin tener la naturaleza de sociedades mercantiles estatales, se encuentren en el supuesto previsto en el art. 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o sus organismos públicos. Las sociedades mercantiles estatales, con forma de sociedad anónima, cuyo capital sea en su totalidad de titularidad, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos, se regirán por el presente título y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y de contratación.

e)El artículo 2.2 de la Ley 30/1992 de 26 noviembre 1992 (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ,señala que "las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación"

f)A efectos locales la Ley 7/1985 de 2 abril 1985 (Reguladora de Bases de Régimen Local ) nos dice que el Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los servicios públicos atribuidos a las mismas podrán prestarse en gestión directa o indirecta. La Gestión directa podrá realizarse por la propia entidad local, por un organismo autónomo local, por entidad pública empresarial local o por sociedad mercantil local con titularidad pública. Y por Gestión indirecta mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público. En ningún caso podrá realizarse por sociedad mercantil de capital exclusivamente local cuando se refiera a servicios públicos que impliquen el ejercicio de autoridad. En el mismo sentido podremos verlo en el Texto Refundido 781/1986.

A partir de lo anterior no podrán ser declarados en concurso las entidades instrumentales dependientes de las administraciones territoriales que con carácter heterogéneo han venido desarrollándose y que hace referencia a las entidades jurídico-públicas de forma diferente a las entidades jurídico-privadas. En materia local, por tanto, la entidad instrumental local y entidad pública empresarial no podría ser declarada en concurso , es decir aquellas que tienen personificación jurídico-pública , pero si aquellas que tienen personificación jurídico-privada.

Este es, precisamente el presente caso en donde se trata de una sociedad mercantil ( Sociedad Limitada) con un objeto social privado sin intervención pública o de servicio público o de ejercicio de autoridad cuya característica esencial es la plena participación pública que no le quita la naturaleza privada. Sustraer a la misma del derecho privado cuando concurre en el mercado , no aplicándole la normativa concursal, supone un privilegio contrario a los más elementales principios y normas sobre la competencia.

Es por ello que su naturaleza queda también cubierta en tanto a las reclamaciones realizadas por los acreedores y que no pueden abstraerse de la par conditio creditorum en base a dichos principios en función de criterios delimitadores del pago al margen de la norma concursal. No es posible que el Ayuntamiento fije criterios de pago respecto de una sociedad al margen de la propia sociedad y tampoco que los pagos se sustancien sobre embargos en una carrera por conseguir la preferencia o privilegio al margen de dicho principio.

La responsabilidad que pudiera devenir del Ayuntamiento en cuanto al sistema de abonos aprobado por el pleno del mismo queda al margen de esa concurrencia paritaria concursal. Activo y pasivo deben quedar delimitados conforme a las reglas concursales en virtud de los principios de universalidad que la norma establece.

La situación de la entidad se ha acreditado con la presentación de la documentación legal de la misma.

Todo lo anterior nos lleva a entender que la sociedad solicitante se encuentra efectivamente en causa de declaración de CONCURSO.

El concurso ha de ser declarado como VOLUNTARIO, al haberlo solicitado la propia entidad de conformidad a lo previsto en el artículo 22 de la LC , al no constar ningún dato referido a su calificación como necesario.

TERCERO: De conformidad al articulo 21.1.2º y al artículo 40 de la LC procede acordar la intervención de dicha sociedad conservando el deudor las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio y sujeto por tanto a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad en la forma prevista en la Ley Concursal.

CUARTO: Procede, en virtud de lo previsto en el citado apartado segundo del artículo 21.1 LC nombrar administradores concursales de conformidad a los artículos 27 y siguientes.

Respecto de las facultades de los Administradores concursales procede estar a lo dispuesto en la Ley concursal respecto de la intervención y conforme se ha reseñado en referencia al artículo 40 y concordantes de la LC, sin que proceda en este momento ninguna atribución individual más que las legalmente establecidas.

QUINTO: De conformidad igualmente al artículo 21 de la LC procede:

Llamar a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde su publicación en BOE de conformidad a la nueva redacción del precepto por RDL 3/2009 -.

Ordenar la publicidad de esta declaración y del CONCURSO VOLUNTARIO conforme a lo previsto en el artículo 21.1.6º y artículo 23 LC , que será obligatoriamente en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO y en EDICTOS DE ESTE JUZGADO, con el contenido que preceptúa el propio precepto citado respecto de los datos suficientes para identificar el proceso y las formas de personarse en él.

Ordenar igualmente la publicidad registral a la que se refiere el artículo 24 de la LC y en virtud de ello:

Mandar inscribir en el Registro Mercantil la Declaración de Concurso en intervención de las facultades administrativas y de disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales, a cuyos efectos se librarán los mandamientos oportunos.

Mandar inscribir en los registros públicos de bienes o derechos del deudor, mediante anotación preventiva en el folio correspondiente a cada uno de ellos, la declaración de concurso en intervención, así como el nombramiento de los administradores concursales.

Ordenar la formación de las secciones primera, segunda, tercera y cuarta debiendo encabezar estas tres últimas con testimonio de este auto.

Notificar a las partes que hayan comparecido este auto.

SEXTO: Procede igualmente llamar a los administradores concursales por el medio más rápido posible realizando un llamamiento a través de vía telefónica con los datos existentes en el listado e igualmente por burofax con acuse de recibo a los efectos de que:

1º. Comparezcan ante este juzgado para manifestar si aceptan o no el encargo debiendo manifestar la existencia de alguna causa de recusación y con la advertencia de que si no comparecen o no aceptase el cargo, se procederá de inmediato a un nuevo nombramiento y de no existir justa causa no se le podrá designar administrador en los procedimientos concursales que pudieran seguirse en este partido durante un plazo de tres años dando cuenta igualmente al respectivo Colegio y a Registro público existente de conformidad al artículo 198 LC . En dicha aceptación y de conformidad a lo previsto en el artículo 31 de la LC deberán señalar un despacho u oficina para el ejercicio de su cargo en alguna localidad del ámbito de competencia territorial del juzgado.

2º. Una vez comparecidos y aceptados en el cargo igualmente procede que realicen sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio constan en el concurso, informándoles de la declaración de éste y del deber de comunicar sus créditos en la forma establecida en el artículo 85 de la LC .

3º. Advirtiéndoles que el plazo para la presentación del informe de los administradores concursales previsto en los artículos 74 y siguientes de la LC comenzará a correr desde la fecha en que se produzca la aceptación.

4º. Que se ha procedido a la intervención respecto del deudor por solicitud de CONCURSO VOLUNTARIO que ha sido declarado.

SÉPTIMO: La declaración de concurso conlleva, conforme a la ley concursal, una serie de efectos automáticos respecto de los acreedores regulados en los artículos 49 y siguientes de la misma. Entre estos efectos procede señalar:

Que de conformidad al artículo 50 en relación al artículo 8 LC los jueces del orden civil y del orden social ante quienes se interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso se abstendrán de conocer, previniendo a las partes que usen de su derecho ante el juez del concurso.

Los jueces y tribunales de los órdenes contencioso-administrativo, social o penal ante los que se ejerciten, con posterioridad a la declaración del concurso, acciones que pudieran tener trascendencia para el patrimonio del deudor emplazarán a la administración concursal y la tendrán como parte en defensa de la masa, si se personase.

No podrán, conforme al artículo 55 LC , iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor, con las excepciones que mandata el citado artículo.

Las actuaciones que, respecto de las ejecuciones y apremios, se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.

Procederá la paralización de ejecuciones de garantías reales en los términos señalados en el artículo 56 LC .

De conformidad a todo ello procede remitir notificación a los diferentes Juzgados y Tribunales (Civiles, Contencioso- administrativos y sociales) a los efectos de hacerles saber la declaración de concurso, lo que se hará a través del Decanato de los Juzgados de Málaga.

OCTAVO: Procede igualmente hacer los legales apercibimientos al concursado de conformidad a lo previsto en la Ley Concursal específicamente en cuanto a el ejercicio de sus facultades.

De conformidad a lo anterior, vengo a decidir.

PARTE DISPOSITIVA

Que admitiendo a trámite la solicitud de CONCURSO VOLUNTARIO, declaro en Concurso a GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE MARBELLA SL inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, tomo 2519, libro 1432, folio 39, hoja MA 41467, representada por la procurador Sra Chacón Aguilar y defendida por el letrado Sr. Sánchez González, haciendo constar que la sociedad NO ha solicitado inicialmente la liquidación y conforme a lo señalado y declarado:

Primero: Acuerdo la Intervención de la citada Sociedad, conservando el deudor las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio y sujeto por tanto a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad en la forma prevista en la Ley Concursal. Esta situación quedará sujeta, no obstante, a lo previsto en el citado artículo 40 LC.

Segundo: Decido nombrar como administradores concursales con facultad de Intervención de la administración y disposición del deudor respecto de su patrimonio a:

1. De entre la lista de abogados / as remitida por el Colegio de Abogados a este juzgado a D. Humberto , abogado.

2. De entre las listas de Titulados Mercantiles, Economistas y Auditores remitida a este juzgado a D. Urbano , Economista ( Titulado Mercantil).

3. De entre los acreedores: LOMAS DEL CERILLAR SL, quien deberá en plazo designar representante y profesional en la forma prevista en los artículos 27 y ss LC de entre los profesionales recogidos en la lista remitida por los Colegios Profesionales de Málaga cuando la colegiación resulte obligatoria o de la lista realizada y remitida a través de Decanato

Respecto de las facultades de los Administradores concursales procede estar a lo dispuesto en la Ley concursal respecto de la intervención y conforme se ha reseñado en referencia al artículo 40 y concordantes de la LC, sin que proceda en este momento ninguna atribución individual más que las legalmente establecidas.

Llámense a los administradores concursales por el medio más rápido posible realizando un llamamiento a través de vía telefónica con los datos existentes en el listado e igualmente por burofax con acuse de recibo a los efectos de que:

1º. Comparezcan ante este juzgado en el plazo de cinco días para manifestar si aceptan o no el encargo debiendo manifestar la existencia de alguna causa de recusación y con la advertencia de que si no comparecen o no aceptase el cargo, se procederá de inmediato a un nuevo nombramiento y de no existir justa causa no se le podrá designar administrador en los procedimientos concursales que pudieran seguirse en este partido durante un plazo de tres años dando cuenta igualmente al respectivo Colegio y a Registro público existente de conformidad al artículo 198 LC . En dicha aceptación, que se realizará ante este juzgado, deberán señalar un despacho u oficina para el ejercicio de su cargo en alguna localidad del ámbito de competencia territorial del juzgado.

2º. Una vez comparecidos y aceptados en el cargo igualmente procede que realicen sin demora una comunicación individualizada a cada uno de los acreedores cuya identidad y domicilio constan en el concurso, informándoles de la declaración de éste y del deber de comunicar sus créditos en la forma establecida en el artículo 85 de la LC .

3º. Advirtiéndoles que el plazo para la presentación del informe de los administradores concursales previsto en los artículos 74 y siguientes de la LC a correr desde la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos.

4º. Que se ha procedido a la intervención respecto del deudor por solicitud de CONCURSO VOLUNTARIO que ha sido declarado.

Tercero: Ordenar la publicidad de esta declaración y del CONCURSO VOLUNTARIO conforme a lo previsto en el artículo 21.1.6º y artículo 23 LC , que será obligatoriamente en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO y en EDICTOS DEL JUZGADO, con el contenido que preceptúa el propio precepto citado respecto de los datos suficientes para identificar el proceso y las formas de personarse en él.

Cuarto: Ordeno igualmente la publicidad registral a la que se refiere el artículo 24 de la LC y en virtud de ello:

Mandar inscribir en el Registro Mercantil de Málaga la Declaración de Concurso Voluntario en intervención de las facultades administrativas y de disposición, así como el nombramiento e identidad de los administradores concursales, a cuyos efectos se librarán los mandamientos oportunos. De conformidad a lo previsto en el artículo 24 de la Ley Concursal el juez acordará expedir y entregar al procurador del solicitante del concurso los mandamientos necesarios para la práctica inmediata de los asientos registrales previstos en dicho artículo. El artículo 320 del Reglamento del Registro Mercantil señala al respecto que deberán inscribirse los autos de declaración , entre otros, del concurso voluntario o necesario, a cuyos efectos se librará mandamiento inmediato sin necesidad de esperar a la aceptación de los cargos o al nombramiento de representante del tercer administrador.

Mandar inscribir en los registros públicos de bienes o derechos del deudor, mediante anotación preventiva en el folio correspondiente a cada uno de ellos, la declaración de concurso en intervención, así como el nombramiento e identidad de los administradores concursales.

Una vez firme este auto líbrense mandamientos para la conversión de la anotación preventiva en inscripción a los respectivos registros.

Quinto: Fórmense las secciones primera, segunda, tercera y cuarta de conformidad al artículo 183 LC, debiendo encabezar estas tres últimas con testimonio de este auto.

Sexto: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21. 1. 5º , 85 y 191 de la Ley Concursal procede llamar a todos los acreedores del deudor para que en el plazo de UN MES a contar desde la publicación en BOE comuniquen a la administración judicial la existencia de sus créditos, por escrito firmado por el acreedor, por cualquier otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos, que se presentará en este Juzgado y en el que se expresará el nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, concepto, cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda y caso de invocarse un privilegio especial, los bienes y derechos a que afecte y, en su caso, datos registrales, todo ello acompañado de los originales o copia auténtica del título o de los documentos relativos al crédito.

Procede hacer saber y ordenar lo siguiente:

Se hace saber igualmente que en todas las secciones de este concurso serán reconocidos como parte, sin necesidad de comparecencia en forma, el deudor y los administradores concursales.

Los legitimados conforme a la Ley Concursal para personarse en el procedimiento deben hacerlo por medio de procurador y asistidos de letrado.

Se hace saber que los trabajadores podrán comparecer en la forma prevista en la Ley de Procedimiento Laboral, incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos y de las Administraciones públicas en la normativa procesal específica.

Se hace saber al deudor que deberá comparecer personalmente ante este Juzgado y ante la administración concursal cuantas veces sea requerido así como colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso bajo prevención de que de no hacerlo le parará el perjuicio a que haya lugar en derecho.

En el presente caso el deber incumbe a los administradores o liquidadores de la persona jurídica, o a quienes hayan desempeñado el cargo en los dos años anteriores.

Se hace saber al concursado la limitación a que queda sujeto de conformidad al artículo 54 de la LC en el ejercicio de sus acciones, debiendo comunicar a la administración concursal cuantos procedimientos existan pendientes.

Se hace saber al concursado que de conformidad a lo previsto en el artículo 44 de la Ley Concursal la intervención conlleva, en tanto conste la aceptación de los administradores concursales, que el deudor podrá realizar los actos propios del giro o tráfico de la empresa que sean imprescindibles para la continuación de su actividad, siempre que se ajusten a las condiciones normales del mercado y con las prohibiciones y necesarias autorizaciones que el citado precepto establece.

Se hace saber que los acreedores no comparecidos en forma podrán solicitar, de conformidad al artículo 185 LC , del juzgado el examen de aquellos documentos o informes que consten en autos sobre sus respectivos créditos, acudiendo para ello a la secretaría del juzgado personalmente o por medio de letrado o procurador que los representen, quienes para dicho trámite no estarán obligados a personarse.

Notifíquese el presente auto a las partes comparecidas.

Notifíquese igualmente el presente auto al Fondo de Garantía Salarial a los efectos previstos en el artículo 184.1 de la LC .

Notifíquese igualmente al Ministerio Fiscal a los efectos previstos respecto de la sección sexta, de abrirse en su caso, y de lo dispuesto los artículos 4 y 189 la LC , la declaración del presente concurso.

Expídanse los mandamientos, oficios, exhortos y notificaciones conforme a lo ordenado.

Entréguense los mandamientos, notificaciones, publicaciones y exhortos oportunos al procurador del solicitante a los efectos de que realice las actuaciones pertinentes conforme se ordena en el presente auto, haciéndole saber que deberá acreditar conforme a los artículos 172.2 , 168.2 y 176 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 y la Disposición Final quinta el cumplimiento de los mismos en el plazo de cinco días.

Remítanse las correspondientes notificaciones al Registro Público del Ministerio de Justicia que se dictaren en el presente procedimiento de conformidad al artículo 198 LC .

Remítase copia de esta declaración con atento al Decanato de Málaga y Marbella a fin de poner en conocimiento de los diferentes juzgados y tribunales de su territorio y del lugar donde se localizan las urbanizaciones, la declaración del presente Concurso Voluntario, e interesando la suspensión de las ejecuciones que se encontraren en tramitación en los citados órganos, anulando, en su caso, las actuaciones practicadas con posterioridad a dicha declaración y comunicando a este Juzgado haberlo verificado, o , en otro caso, exponiendo las razones para no hacerlo. En el oficio remisorio, especifíquense, si procede, las ejecuciones que se encuentren en trámite.

Llévese testimonio de esta resolución a los procedimientos pendientes contra la concursada o iniciados por ella que consten en este juzgado.

Notifíquese el presente auto a los juzgados en donde inicialmente se han hecho constar procedimientos pendientes en que sea parte el concursado y hágase constar igualmente en los procedimientos que pudiera haber abiertos en este juzgado.

El presente auto producirá sus efectos de inmediato, abrirá la fase común de tramitación del concurso, que comprenderá las actuaciones previstas en los cuatro primeros títulos de la Ley concursal y que será ejecutivo aunque no sea firme

Llévese testimonio de la presente resolución a los procedimientos de este juzgado en que esté demandado o sea demandante el concursado.

Se hace saber a los interesados que de conformidad a los artículos 184 y 185 de la LC deberán personarse en la sección primera y presentar su crédito en la sección cuarta, haciéndoles saber que deberán hacerlo en sendos escritos diferentes. De presentarse un solo escrito en el que conste el crédito se entenderá que sólo notifican o insinúan el mismo. Incorporese la presente a los mandamientos y oficios para su inscripción y publicación.

Líbrese atento oficio al JUZGADO MERCANTIL 2 DE MÁLAGA, a los efectos de notificarle el auto de declaración de concurso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.2 de la Ley Concursal contra este auto cabe interponer recurso de reposición ante este mismo Juzgado en el plazo de cinco días, sin perjuicio de lo cual será ejecutivo.

Así por esta mi resolución lo pronuncio, mando y firmo.

MAGISTRADO.

DILIGENCIA. Seguidamente se cumple lo mandado. DOY FE. La Secretaria.