BDB AP Almería 17452/2006
Fecha: 2 de noviembre de 2006
Órgano: Audiencia Provincial de Almería
Sala: Sala de lo Civil, Sección 3
Ponente: MARIA SOLEDAD JIMENEZ DE CISNEROS CID
Sentencia: 177 / 2006
Recurso: 87 / 2006
Rollo: 87 / 2006
Resumen:
Impugnación de laudo arbitral en reclamación por incumplimiento de prestación de servicio de acceso a Internet. Exclusión de la materia por no ser materia de libre disposición entre las partes (servicio universal): se desestima. Sin perjuicio también del carácter de servicio público del servicio de telecomunicaciones, la prestación del servicio telefónico disponible no dejar de ser una obligación de contenido puramente patrimonial desde el punto de vista del operador que debe prestarla

En la Ciudad de Almería, a 2 de Noviembre de 2006

La Sección 3ª de esta Audiencia Provincial, ha visto en grado de apelación, Rollo número 677/05, sobre RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL entre partes, de una, como recurrente, la entidad "Telefónica de España, S.A.U.", y de otra, como recurrida, Dª Marí Trini representada la primera por la Procurador Dª. Emilia Batlles Paniagua y dirigida por la Letrado Dª. Isabel Martínez Gómez, y la segunda no personada en el presente recurso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procurador Dª. Emilia Batlles Paniagua, en nombre y representación de "Telefónica de España, S.A.U.", se presentó ante esta Audiencia Provincial recurso de anulación contra el laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo, en fecha 1 de Diciembre de 2005, con el nº 6077; siendo partes en el expediente incoado al efecto dicha sociedad y D. Marí Trini .

SEGUNDO.- Turnado el citado recurso, correspondió a la Sección Tercera de esta Audiencia, registrándose con el nº de Rollo 87/06 , y tramitándose conforme a derecho, se señaló para celebración de vista el pasado 24 de Octubre de 2006 asistiendo Telefónica de España y no haciéndolo Marí Trini pese a estar citada en forma, practicándose las pruebas obrantes en Autos ratificándose en su solicitud de Nulidad del Laudo.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dª. SOLEDAD JIMENEZ DE CISNEROS CID

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituye el objeto de la presente resolución el recurso de anulación del laudo dictado en el procedimiento arbitral seguido a instancia de Dª. Marí Trini , y que formula la Procuradora Dª. Emilia Batlles Paniagua, en nombre y representación de "Telefónica de España, S.A.U.", anulación que posibilita el art. 40 , en concordancia con el art. 42 y siguientes de la vigente Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2003 .

El laudo arbitral impugnado estima la reclamación formulada, " declarando que la empresa reclamada debe reanudar la prestación del servicio ADSL mediante aquella solucion tecnica que resulte mas factible sin que ello suponga para la parte reclamante perjuicio económico alguno, es decir, un aumento de precio de cuotas de abono a dicho servicio todo ello en el plazo de mes y medio desde la notificación del Laudo Arbitral"

Frente a dicho laudo, como hemos indicado, se ha interpuesto el recurso de anulación que nos ocupa, sosteniendo la entidad recurrente que la materia que ha sido resuelta en el referido laudo nunca puede ser objeto de arbitraje, siendo el servicio de ADSL un producto comercial fuera de las condiciones técnicas y de suministro a las que los consumidores tienen derecho basándose en el Real Decreto 424/ 2005 por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones electrónicas, el servicio universal y la protección a los usuarios, no estando obligados los diferentes operadores a prestar este servicio al consumidor resida donde resida si este es su deseo no siendo, por tanto, materia disponible para las partes, quedando excluida dicha materia, en consecuencia, en la oferta pública de sometimiento al sistema arbitral de consumo, de fecha 21 de enero de 2003, por tratarse de materia reservada legalmente al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

SEGUNDO.- El núcleo, por tanto, del presente recurso, estriba en determinar si la cuestión sometida a arbitraje y resuelta en el laudo cuya anulación se pretende, es o no materia susceptible de arbitraje.

El art. 2º de la Ley de Arbitraje indica cuales son las materias que no pueden ser objeto de arbitraje, entre las cuales no se encuentra la cuestión ahora debatida, que sí encaja, en cambio, en las genéricamente contempladas en el art. 1 de la citada Ley de Arbitraje .

Como se indicaba en una de las resoluciones de esta Sala con independencia de que, conforme establece la ley General de Telecomunicaciones de 24 de abril de 1998 , corresponda al Ministerio de Ciencia y Tecnología el control y ejercicio de las facultades relativas a las obligaciones de servicio público relativo a la prestación de servicios y explotación de red de telecomunicaciones y, que por tanto, dicha materia no pueda ser objeto de arbitraje por estar fuera de la disponibilidad de las partes, a ello no es obstáculo que un determinado usuario y Telefónica de España, SUA, sometan a una Junta Arbitral su discrepancia en orden a la procedencia o no de que esta deba suministrar al particular interesado el acceso a la red de telefonía fija, cuestión ésta que en modo alguno puede considerarse que, conforme a lo establecido en el art. 41c de la Ley de Arbitraje , no pueda ser objeto de arbitraje." A ello debe añadirse lo preceptuado en el art.38 de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones que establece que los operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas y los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios finales podrán someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las Juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de consumidores y usuarios.

Siguiendo con las en sentencias de esta Sala, tanto la Ley General de Telecomunicaciones como el Reglamento que desarrolla el Título III de dicha Ley, "no se limitan a reconocer el derecho de los usuarios a recibir las prestaciones del llamado servicio universal de telecomunicaciones, cuyo primer contenido consiste en que todos los ciudadanos puedan recibir conexión a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público (artículo 37.1 LGT ), sino que también se establece la obligación de los operadores de proporcionar el servicio; Igualmente el Real Decreto 1736/1998 de 31 de julio que aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicación en lo relativo al servicio público de Telecomunicaciones y a las obligaciones derivadas del carácter de servicio público, después de establecer en el artículo 7 , entre otras la obligación que tienen los titulares de la licencia de telecomunicaciones de garantizar el acceso a los servicios de todos los usuarios que lo soliciten; y de determinar en el artículo 12 el derecho que tienen todos los ciudadanos a conectarse a la red telefónica pública fija o acceder a la prestación del servicio público fijo - supuesto de autos -; en el art. 61 reitera el procedimiento de solución de conflictos entre operadora y usuarios expuesto en la Ley , esto es se prevee acudir primeramente a las Juntas Arbitrales, sin excepción alguna, y solo en defecto de sometimiento a la misma, se acude a un procedimiento administrativo distinto.

La interpretación que realiza el recurrente acerca de la exclusión de servicio ADSL a tenor del Real Decreto 424/2005 , como suministro al que los consumidores tienen derecho es sin duda interesada e inaplicable al caso concreto pues recordemos que la prestación del servicio ADSL de la reclamante es muy anterior a la entrada en vigor de tal reglamento y se prestaba como servicio por la Entidad promovente, y cuyas cuotas venia satisfaciendo con anterioridad.

Ni legal ni reglamentariamente se puede considerar que exista imposibilidad de someter la cuestión objeto de solicitud de arbitraje, la obligación de Telefónica de restablecer un servicio de telefonía ADSL en el domicilio de la reclamante; y lo que además resulta lógico, (sin perjuicio de la posibilidad de que Telefónica pueda excluirla de su oferta pública de sometimiento Arbitral), si tenemos en cuenta que esta materia para nada afecta al orden público o a tercero, pues sin perjuicio también del carácter de servicio público del servicio de telecomunicaciones, la prestación del servicio telefónico disponible no dejar de ser una obligación de contenido puramente patrimonial desde el punto de vista del operador que debe prestarla. Obiter dicta, debe tener en consideración el objeto sometido a arbitraje, que se produjo dentro de las relaciones contractuales entre un usuario y la compañía Telefónica, pues se tratan de cuestiones surgidas por las incidencias de la prestación del servicio telefónico, en este supuesto la negativa a restablecer el servicio interrumpido ocasionalmente, estamos pues ante un problema de cumplimiento contractual derivado de la contratación de una línea telefónica.

En resumidas cuentas, ni ha existido vulneración de lo dispuesto en el art. 6 del R.D. 636/93, de 3 de mayo , por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, ya que los puntos objeto del laudo pueden ser encuadrados en la expresión "ámbito de la oferta" recogida en el art. 6 del mencionado texto legal; ni nos hallamos frente a cuestiones no sometidas a la decisión de los árbitros o no susceptibles de arbitraje, supuestos ambos que conllevarían la anulación del acuerdo a tenor de lo establecido en el art. 41.1 . c) y e

TERCERO.- Por todo ello, estimamos que la materia controvertida puede ser objeto de arbitraje, como así lo entendió el Colegio Arbitral que, por unanimidad, acogió la reclamación presentada por D. Marí Trini maxime cuando se trataba de restablecer un servicio ya existente y por el que el usuario venia satisfaciendo una cuota que se había visto interrumpido por una tormenta y que en otras ocasiones con anterioridad había sido reparado, no procediendo, en consecuencia, la petición de anulación formulada, lo que determina que deban imponerse las costas causadas a la parte impugnante (art. 394 LEC ).

VISTAS las disposiciones citadas y demás de pertinente y general aplicación.

FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de anulación deducido por "Telefónica de España, S.A.U.", contra el Laudo arbitral emitido el 1 de Diciembre de 2005 por la Junta Arbitral de Consumo de la provincia de Almería, en el expediente 6077, imponiendo a la parte impugnante las costas procesales causadas.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia acompañados de certificación literal de la presente resolución a efectos de ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.