BDB AP Granada 11559/2010
Fecha: 15 de enero de 2010
Órgano: Audiencia Provincial de Granada
Sala: Sala de lo Civil, Sección 5
Ponente: KLAUS JOCHEN ALBIEZ DOHRMANN
Sentencia: 8 / 2010
Recurso: 539 / 2009
Rollo: 539 / 2009
Resumen:
Reclamación por impago de servicio de telefonía móvil. No se aporta detalle de cada una de las llamadas realizadas por el usuario, la fecha, hora y duración de éstas. La falta de aportación de este documento causa indefensión al demandado, máxime cuando es una obligación legal que tienen las empresas de telecomunicaciones en sus relaciones con los usuarios.

En la Ciudad de Granada, a quince de enero de dos mil diez.

La Sección Quinta de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 539/09- los autos de Procedimiento Ordinario nº 474/06 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Motril, seguidos en virtud de demanda de Telefónica Móviles de España, S.A., contra D. Luis Antonio .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha 21 de abril de 2009 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda formulada por la Sra. Procuradora Dª Ana Elvira Yáñez Sánchez en nombre y representación de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, frente a D. Luis Antonio , debo condenar y condeno al demandado a abonar a la actora la cantidad de 5.007,39 euros, más el interés legal de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda, incrementada en dos puntos desde la fecha de esta resolución, y al pago de las costas del procedimiento.".

SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la parte Demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a éste Tribunal se siguió el trámite prescrito y se señaló día para la votación y fallo, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. KLAUS JOCHEN ALBIEZ DOHRMANN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El contrato de servicio "movistar", suscrito por las partes, el 9 de abril de 1999, tiene como principal marco legal el Real Decreto 1736/1999, de 31 de julio , por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones. En concreto, en los artículos 52 a 61 del Reglamento se regulan los derechos de los usuarios. De conformidad con lo establecido en el artículo 53, frase primera , se debe estar, en primer lugar, al contrato, que es un contrato con condiciones generales, cuya regulación legal básica es la Ley 7/1998, de 13 de abril. Partiendo de estas premisas legales, hemos de examinar los dos motivos del recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia estimatoria de las pretensiones de la empresa Telefónica Móviles España, SA.

Según el relato del apelante, expuesto principalmente en la contestación de la demanda, el impago del precio de la prestación de servicios realizada durante el período comprendido entre el 18 de julio y el 17 de septiembre de 2001, se debe a que le fue robado el teléfono móvil, o lo extravió, en un viaje, lo cual fue puesto en conocimiento de la empresa telefónica el mismo día en que se percató, en concreto, el 17 de julio del mismo año, pidiendo la baja del mismo. La prueba de esta comunicación y la baja incumbe al usuario en virtud del artículo 217.3 LEC . Aunque en el contrato con condiciones generales se impuso que el cliente podrá resolver en cualquier momento el contrato, comunicándolo por escrito, remitido por correo certificado con una antelación mínima de cinco días (cláusula 19), habrá que estar principalmente a lo dispuesto en el artículo 61.1 del citado Reglamento , que no exige ninguna forma específica de comunicación, teniendo el usuario el plazo de un mes para resolver cualquier otra cuestión que no esté relacionada sobre el funcionamiento, el precio, la facturación y la responsabilidad por daños, ante cualquier oficina comercial del operador -del contenido de este precepto se desprende que la cláusula 19 es gravosa para el usuario-. Para el Juzgador de instancia existen dudas reales de que aquella llamada del día 17 de julio de 2001 se produjera poniendo en conocimiento el robo o el extravío del móvil, atendiendo, sobre todo, a las contradicciones que se pueden apreciar según las manifestaciones del demandado y la debilidad probatoria del testigo. Si en un primer momento, el demandado dijo que le habían robado el móvil, en un momento posterior afirma que puede haberlo extraviado aquel día. El testigo propuesto por el demandado afirma que el demandado fue a una cabina de teléfono, pero no puede saber cuál fue el contenido de la conservación, ni el destinatario de la misma. El propio demandado manifiesta en el anterior procedimiento monitorio que sobre los días 22 o 23 le llamó la operadora para comunicar el elevado consumo de llamadas desde su número del móvil. No consta en los autos que el demandado se haya puesto más en contacto para resolver la cuestión existente en aquel momento, ni haya realizado denuncia alguna. El usuario debe ser responsable y debe cooperar con la empresa de servicios, particularmente en este tipo de relaciones. Debe existir una prueba, directa o indirecta, que asevere convincentemente que el usuario haya puesto en conocimiento la sustracción o el extravío del móvil para que se produzca la baja. No obstante, resulta llamativo que se reclamen sólo por dos meses los servicios prestados, sin que se sepa si desde el 17 de septiembre de 2001 ha dejado de existir la prestación de servicios. Si es así, es que algún conocimiento debería tener la empresa telefónica de la sustracción o del extravío. Como también resulta llamativo que en la primera factura que se reclama se fija la cuota de abono mensual, que, sin embargo, no figura en la segunda factura. En cualquier caso, no existe una prueba que razonablemente pueda demostrar que se produjo el 17 de julio de 2001 la baja.

SEGUNDO.- Se alega también la falta de desglose de las facturas correspondientes a los servicios prestados entre el 18 de julio y el 17 de septiembre de 2001. Sobre el contenido de las facturas nada dice el contrato de servicio "movistar", debiéndose estar a lo establecido en el artículo 57 del citado Reglamento . Precisamente por el tipo de prestaciones y la necesidad de proteger a los usuarios, las facturas deben contener de forma obligatoria y debidamente diferenciados los conceptos de precios que se tarifican por los servicios que se prestan (ap. 1, frase segunda). Los operadores del servicio telefónico disponible al público que tengan la consideración de dominantes o que esté designados para la prestación del servicio universal, deberán suministrar a sus abonados la facturaciones detallada por los servicios que prestan, en los términos establecidos en este Reglamento y en la formativa que sea de aplicación (ap. 2 ). Aunque en las facturas aparecen los principales conceptos facturados (llamadas en España y llamadas provinciales, fijando el número de llamadas, su duración y el precio), no se aporta -por razones que sólo sabe la entidad actora- una exposición detallada de cada una de las llamadas. El usuario tiene derecho a una detallada relación de las llamadas. De lo contrario, no puede saber la duración de cada una de las llamadas, la fecha y hora en que se han realizado. En el caso de autos, esto tiene una importancia mayor habida cuenta el consumo disparatado en duración de las llamadas con respecto a los meses anteriores. De menos de 100 minutos, se pasa en agosto a poco más 200 minutos y en el mes de septiembre a más de 900 minutos. Sólo si el usuario tiene un conocimiento detallado de cada una de las llamadas -que puede y debe proporcionar quien tiene los medios técnicos-, puede impugnar las facturas. La falta detallada de cada una de las llamadas ya fue alegada por el demandado en su contestación de la demanda, por lo que la entidad actora podía haber aportado a lo largo del procedimiento la prueba documental correspondiente. La falta de este documento causa una clara indefensión a la parte demandada, máxime cuando es una obligación legal, al menos genérica, que tienen las empresas de telecomunicaciones en sus relaciones de servicios con los usuarios, no ya sólo por el citado Reglamento, sino también por la LGDCU y el artículo 1258 CC . Discrepamos, pues, de la sentencia de instancia, que, por el contrario, entiende que no es necesaria una factura desglosada cuando aparecen en ella los conceptos básicos, invocando sólo el artículo 1258 CC . Cuando el artículo 57.2 del Reglamento , que dice que la facturación sea detallada, lo exige para proteger al usuario. Esta protección sólo es factible cuando se aporta, junto con la factura, el detalle de cada llamada. El hecho es que en la factura hay una llamada a "ver detalle a continuación". Este otro documento se debe aportar conjuntamente con la factura. Sólo así se logra la protección del usuario y se cumple con la finalidad del artículo 57 del Reglamento .

TERCERO.- De acuerdo con los artículos 394.1 y 398.2 LEC, se deben imponer las costas de la primera instancia a la actora, y en cuanto a las de esta alzada no procede una expresa imposición a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal dispone, el siguiente

FALLO

Que estimando el recurso de apelación, debemos revocar y revocamos la sentencia de instancia, y dictando otra en su lugar, debemos desestimar y desestimamos la demanda, absolviendo al demandado de las pretensiones formuladas contra él, y, todo ello, con expresa imposición de las costas de la primera instancia a la parte actora, y sin una expresa imposición a ninguna de las partes por las causadas en esta alzada.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.