BDB AP Huesca 17561/2007
Fecha: 27 de marzo de 2007
Órgano: Audiencia Provincial de Huesca
Sala: Sala de lo Civil, Sección 1
Ponente: JOSE TOMAS GARCIA CASTILLO
Sentencia: 83 / 2007
Recurso: 75 / 2007
Rollo: 75 / 2007
Resumen:
Impugnación de laudo arbitral de consumo. Falta de competencia por tratarse de cuestiones relativas al servicio universal, materia excluida de la libre disposición. Sin perjuicio de las factultades de la Administración relativas al cumplimiento de las obligaciones de servicio público, ello no es obstáculo para que un usuario pueda someter a una Junta Arbitral la procedencia de suministrar el acceso a la red de telefonía fija.

En Huesca, a veintisiete de marzo del año dos mil siete.

En nombre del Rey, la Audiencia Provincial de Huesca ha visto el procedimiento sobre acción de anulación de laudo arbitral registrado como Rollo de Sala número 75/2007, el cual fue interpuesto por Telefónica de España S.A.U., quien ha actuado representada por la Procuradora doña Teresa Ortega Navasa y defendida por el Letrado don Fernando Baringo Giner, contra el laudo arbitral dictado el 18 de junio de 2001 por la JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE ARAGÓN en expediente número 116/01-JA, seguido por irregularidad en cambio de línea telefónica, y en el que Roberto ha sido también parte, no habiendo comparecido en debida forma en esta alzada. Actúa como Ponente de esta Sentencia el Magistrado don JOSÉ TOMÁS GARCÍA CASTILLO , quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La parte dispositiva del indicado laudo es del siguiente tenor literal: "En consecuencia debemos estimar y estimamos la reclamación planteada, y por ello ordenamos a la demandada, reponga la línea existente con anterioridad a su sustitución por el actual sistema en el más breve plazo que técnicamente sea posible y que en ningún caso excederá del 31 de Marzo de 2002. Dicho laudo ha sido adoptado por UNANIMIDAD".

SEGUNDO: Contra el anterior laudo, la demandada inicial Telefónica de España S.A.U. formuló demanda ante la Audiencia Provincial de Zaragoza ejerciendo acción de anulación, en cuya súplica solicitó que se acuerde la nulidad del expresado laudo. La Sección Cuarta de la citada Audiencia, tras requerir a la Junta Arbitral para que aportara la documentación pertinente, dio traslado de la reclamación a Roberto para que la contestara y formulara los medios de prueba de que intentara valerse, en cuyo trámite dicha parte presentó escrito formulando la excepción de incompetencia de jurisdicción e impugnando la pretensión deducida de contrario.

TERCERO: Seguidamente, y dado que ninguna de las partes solicitó vista, la Sala señaló día para deliberación, votación y fallo, si bien, tras oir al Ministerio Fiscal, dictó Auto de fecha 30 de abril de 2002 acordando la incompetencia territorial de dicho Tribunal a favor de la Audiencia Provincial de Huesca, a la cual fueron remitidas las presentes actuaciones mediante Providencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 22 de febrero de 2007 .

CUARTO: Personada ante este Tribunal la parte impugnante del laudo, y una vez transcurrido el término del emplazamiento, se señaló para el día de hoy la deliberación, votación y fallo de la presente acción de anulación, sin que se haya celebrado vista pública dado que ninguna de las partes lo solicitó en su momento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La parte impugnante considera, con apoyo en el art. 45.4 de la Ley 36/1988 de Arbitraje -por la que debe sustanciarse el presente proceso conforme a la Disposición Transitoria Unica de la hoy vigente Ley 60/2003 de Arbitraje -, que la Junta Arbitral de Consumo carecía de competencia para dictar el laudo hoy impugnado al tratarse de una materia que ha sido expresamente atribuida al Ministerio de Ciencia y Tecnología por el art. 35.2 de la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones , norma en vigor al momento de dictarse el laudo. Dichas alegaciones no pueden ser aceptadas. Como se señala en la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería de 19 de febrero de 2004 , en la que también se examinaba una reclamación planteada ante la Junta Arbitral de Consumo y referida al cumplimiento de las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones, alegándose asimismo la falta de competencia de la Junta Arbitral con base en el art. 45.4 de la Ley de 1988 , "el art. 2° de la Ley de Arbitraje indica cuáles son las materias que no pueden ser objeto de arbitraje, entre las cuales no tiene encaje alguno la cuestión aquí debatida, la cual, por el contrario, sí entra dentro de aquellas que pueden ser sometidas a arbitraje, genéricamente contempladas en el art. 1° de la Ley de Arbitraje , tratándose de una cuestión que afecta a una materia de libre disposición de las partes que en este caso han sometido tal cuestión al arbitraje, como luego veremos. Creemos que ello es así por cuanto, con independencia de que, conforme establece la Ley General de Telecomunicaciones de 24 de abril de 1998 , corresponda al Ministerio de Ciencia y Tecnología el control y ejercicio de las facultades relativas a las obligaciones de servicio público relativo a la prestación de servicios y explotación de red de telecomunicaciones y, que por tanto, dicha materia no pueda ser objeto de arbitraje por estar fuera de la disponibilidad de las partes, a ello no es obstáculo que un determinado usuario y Telefónica de España, SUA, sometan a una Junta Arbitral su discrepancia en orden a la procedencia o no de que ésta deba proceder a suministrar al particular interesado el acceso a la red de telefonía fija, cuestión ésta que en modo alguno puede considerarse que, conforme a lo establecido en el art. 45-4 de la Ley de Arbitraje , no pueda ser objeto de arbitraje". Dicha argumentación es perfectamente aplicable al caso que aquí nos ocupa, en que la discrepancia proviene de la sustitución de una línea telefónica tradicional por el sistema de telefonía rural de acceso celular, conocido como tecnología TRAC.

En el mismo sentido, la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos de 12 de diciembre de 2003 , ante la que también se había alegado el art. 35.2 de la Ley General de Telecomunicaciones , considera que "el artículo comentado no excluye expresamente la posibilidad de acudir a la vía arbitral para resolver las controversias entre las partes, sino que lo que hace es remitirse a un determinado departamento ministerial para asumir el control y ejercicio de las facultades de la administración que se citan en dicho precepto, departamento ministerial que no es el que normalmente tiene encomendado el ejercicio de las facultades administrativas establecidas en la Ley, que es el Ministerio de Fomento -véase al efecto el artículo 67 y la disposición final segunda -, y cuya cita en dicho precepto tiene, pues, la finalidad de extraer de las competencias de este último departamento, las que allí se recogen para confiarlas a otro diferente, pero que en sí el precepto no establece una exclusión absoluta de la posibilidad de acudir a la vía arbitral". Añadía la referida Sentencia que, por otra parte, "ha de notarse que el artículo 54 de la entonces vigente Ley General de Telecomunicaciones faculta a los operadores de telecomunicaciones y a los usuarios a someter las controversias que les enfrenten al conocimiento de las Juntas Arbitrales de Consumo sin limitación alguna y que sólo en defecto del sometimiento a las mismas, sin que se prevea la excepción que quiere ver la recurrente, se remite a un proceso administrativo para resolver las controversias con posterior control ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Es decir, la vía administrativa sólo se prevé, sin excepción alguna, como algo subsidiario al sometimiento a la Junta Arbitral, por lo que carece de sentido entender que para alguna materia, sin pronunciamiento expreso, claro y patente de la Ley, se haya impedido acudir a la vía arbitral. Del mismo modo, el Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio , por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicación, después de establecer, en el artículo 7 , entre otras, la obligación que tienen los titulares de licencia de telecomunicaciones de garantizar el acceso a los servicios de todos los usuarios que lo soliciten, y de determinar -artículo 12 - el derecho que tienen todos los ciudadanos en todo el territorio nacional de conectarse a la red telefónica pública fija y acceder a la prestación del servicio telefónico fijo -supuesto de autos-, lo que hace es reiterar, en el artículo 61, el procedimiento de solución de conflictos que se deja expuesta en la Ley entre operadora y usuarios, es decir, se prevé acudir primeramente a las Juntas Arbitrales, sin excepción alguna, y sólo si las mismas no son utilizables, se acude a un procedimiento administrativo distinto, sin excepción de ninguna clase". Concluye la citada resolución que "ha de añadirse que la no atribución de la resolución de conflictos a las Juntas Arbitrales carece de todo apoyo, no sólo de tipo legal o reglamentario, sino de todo respaldo lógico, pues la materia de que se trate esa sumisión carece de sentido que quede excluida de la resolución arbitral, ya que no se adivina la razón que apoyaría tal tesis, ya que se trata de cuestiones que no parece que puedan afectar al orden público o afecten a terceros, sino que se trata de la prestación de servicios de tipo patrimonial, por más que las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de la sociedad puedan hacer más necesaria su prestación adecuada a la generalidad de los particulares".

SEGUNDO: Se alega asimismo por la parte impugnante que la imposición de obligaciones de servicio universal no debe discriminar una tecnología determinada y que la llamada tecnología TRAC, a la que el laudo impugnado achaca limitaciones de servicio por menor calidad en comunicaciones y menor rapidez en el acceso a Internet, cumple las condiciones exigidas para la prestación del servicio telefónico fijo disponible para el público. No es extraño, observamos, que la parte no se apoye en esta ocasión en ninguno de los submotivos de anulación del art. 45 de la antigua Ley de Arbitraje , ya que, como se señala en la Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra de 24 de junio de 2002 , dictada en la misma línea que las otras dos que antes se han mencionado, "por lo que se refiere a la alegación de la parte impugnante relativa a que la tecnología Trac reúne las prestaciones mínimas exigidas en la actualidad para la prestación de servicio telefónico, hemos de señalar que tal cuestión afecta al fondo del asunto, aspecto en el que no podemos entrar en el presente procedimiento, teniendo en cuenta que el laudo arbitral solo puede anularse por alguno de los casos contemplados en el art. 45 de la Ley de Arbitraje , siendo todos ellos ajenos al fondo del asunto y de carácter esencialmente formal, no siendo propio de un recurso de anulación de un laudo arbitral el examen del fondo del asunto en modo alguno, lo que es contrario a las características y naturaleza propias del referido recurso de anulación. En definitiva, no podría sostenerse, en modo alguno, la anulación pretendida con fundamento en razones afectantes al fondo del asunto, en el que no le es dable, siquiera, entrar a este órgano judicial". El Tribunal que ahora resuelve, por su parte, también tiene declarado al respecto en Sentencias de 22 de febrero de 2000, de 7 de mayo de 2002, de 24 de julio de 2002 y de 11 de marzo de 2005 que, tanto en la Ley 36/1988 ya derogada como en la vigente Ley 60/2003 , el acierto de fondo de un laudo no se encuentra entre los motivos por los que puede ser anulado, pues ya se señala en la Exposición de Motivos de la nueva Ley que "se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros". La acción de anulación, por todo lo expuesto, debe ser rechazada en su integridad.

TERCERO: Procede asimismo condenar a la parte impugnante al pago de las costas causadas en este proceso conforme al principio del vencimiento objetivo contemplado con carácter general en el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Desestimar la acción de anulación formulada por Telefónica de España S.A.U. contra el laudo arbitral dictado el día 18 de junio de 2001 por la JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO DE ARAGÓN en expediente número 116/01-JA, así como imponer a dicha parte impugnante las costas causadas en este procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, ordenamos y firmamos.