BDB AP Madrid 15801/2004
Fecha: 5 de octubre de 2004
Órgano: Audiencia Provincial de Madrid
Sala: Sala de lo Civil, Sección 21
Ponente: RAMON BELO GONZALEZ
Sentencia: 356 / 2004
Recurso: 765 / 2002
Rollo: 765 / 2002
Resumen:
Derecho real de superficie, construcción de gasolinera. El superficiario adquiere el derecho a poder edificar en el suelo subsuelo y vuelo de la parcela ya reseñada haciendo suya la propiedad de lo construido, si bien con una propiedad "ad tempus", pues se extingue al extinguirse el derecho de superficie. Momento en el que el dueño del suelo hará suya la propiedad de lo edificado sin que deba pagar indemnización alguna al superficiario, que, a su exclusiva costa, ha pagado la construcción del edificio. De este modo la adquisición del dominio de lo edificado por el "dominus soli" es automática, sin necesidad de que el superficiario haga la previa entrega de lo construido. Lo construido o edificado en base a este derecho real de superficie es una gasolinera de la que la persona jurídica como superficiaria se convierte en dueña o propietaria durante 25 años. La jurisprudencia entiende que entre los "gravámenes de naturaleza análoga" a los que se refiere el artículo 1.655 del Código Civil se encuentra el derecho real de superficie.

En Madrid, a cinco de octubre de 2004.

La Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de juicio Ordinario número 424/2001, sobre gasolineras, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 18 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como apelante- demandante-reconvenido Estació Torremirona de Salt s.l., y de otra, como apelante-demandado- reconviniente Totalfinaelf España s.a.

VISTO, siendo Magistrado Ponente ILMO. SR. D. RAMÓN BELO GONZÁLEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

La sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 18 de Madrid, en fecha 27 de marzo de 2002, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que desestimando tanto la demanda formulada por el Procurador ROBERTO SASTRE MOYANO, en nombre y representación de ESTACIO TORREMIRONA DE SALT, S.L., contra TOTALFINA ESPAÑA, S.A.U., a quien representa el Procurador GUILLERMO GARCIA SAN MIGUEL HOOVER, como la reconvención por esta última formulada, debo absolver y absuelvo a los respectivos demandados de las pretensiones contra ellos deducidas, condenando a los demandantes en las costas causadas por las demandas principal y reconvencional."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante y demandado, admitido en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la parte apelada, quién se opuso en tiempo y forma. Elevándose los autos junto con oficio ante esta Sección, para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de ocho de junio de 2004, se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 4 de octubre de 2004.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l., confirmando la parte dispositiva de la sentencia apelada en cuanto desestima totalmente la demanda con absolución del demandado y se estima en parte el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada- reconviniente, la persona jurídica denominada Totalfinaelf España s.a. con revocación del pronunciamiento de la parte dispositiva de la sentencia apelada que desestima totalmente la reconvención para, en su lugar, estimarla en parte. Rechazándose, eso si, todo lo que se dice en los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Datos de interés para la resolución de la controversia.

Mediante escritura pública otorgada el día 18 de mayo de 1964, que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil, se constituyó la persona jurídica denominada "Petrolífera Española Total s.a.", que cambió su denominación social por la de "Total España s.a." mediante escritura pública otorgada el día 28 de abril de 1969, que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil, y, mediante escritura pública de fusión por absorción otorgada el día 25 de enero de 2000, que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil, absorbió a la persona jurídica denominada "Fina Ibérica s.a.", al tiempo que cambiaba su denominación social por la de "Totalfina España s.a.", que cambió su denominación social por la de "Totalfinaelf España s.a." mediante escritura pública otorgada el día 5 de julio de 2001 que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

La finca urbana consistente en la parcela de terreno identificada como F-1 situada en el término municipal de Salt (provincia de Girona) en el sector industrial Torre Mirona de mil quinientos cuarenta coma setecientos cinco metros cuadrados de superficie, que linda al norte, sur y oeste con viales de la urbanización y al este con los hermanos Alfonso , fue comprada, mediante escritura pública otorgada el día 30 de agosto de 1995, por la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l., a cambio de un precio de 30.000.000 de pesetas.

Se trata de una parcela vacia sin construcción alguna en la misma.

En la escritura pública otorgada el día 30 de agosto de 1995, la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l., como dueña y propietaria de la finca urbana ya descrita, constituyó sobre la misma el derecho real de superficie a favor de la persona jurídica denominada Fina Ibérica s.a., con carácter temporal o por tiempo limitado durante 25 años, a cambio de un precio de 40.000.000 de pesetas.

En base a este derecho real de superficie, en su variedad urbana, el superficiario (Fina Ibérica s.a.) adquiere el derecho a poder edificar en el suelo subsuelo y vuelo de la parcela ya reseñada haciendo suya la propiedad de lo construído, si bien con una propiedad "ad tempus", pues se extingue al extinguirse el derecho de superficie, es decir al transcurrir los 25 años pactados. Momento en el que el dueño del suelo (Estació Torremirona de Salt s.l.) hará suya la propiedad de lo edificado sin que deba pagar indemnización alguna al superficiario, que, a su exclusiva costa, ha pagado la construcción del edificio, siendo la adquisión del dominio de lo edificado por el "dominus soli" automática, sin necesidad de que el superficiario haga la previa entrega de lo construído.

Lo construido o edificado en base a este derecho real de superficie es una gasolinera de la que la persona jurídica denominada Fina Ibérica s.a. (como superficiaria) se convierte en dueña o propietaria durante 25 años.

El derecho real de superficie fue inscrito en el Registro de la Propiedad.

La jurisprudencia entiende que entre los "grávamenes de naturaleza análoga" a los que se refiere el artículo 1.655 del Código Civil se encuentra el derecho real de superficie (sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1981).

En otra escritura pública otorgada el mismo día 30 de agosto de 1995 la persona jurídica denominada Fina Ibérica s.a., en su condición de superficiario, que deviene dueño o propietario de la gasolinera a construir durante 25 años, la cede en arrendamiento (tanto sus elementos materiales como la industria a desarrollar en la misma) a la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l. (arrendataria) a cambio del pago de una renta arrendaticia de una peseta de litro de combustible adquirido para su reventa en la gasolinera, pactándose un plazo de duración de diez años prorrogables automáticamente hasta agotar los 25 años de duración del derecho de superficie (no se prorrogará de mediar mutuo acuerdo entre las partes).

Como complemento de este contrato de arrendamiento, entre las mismas partes contratantes, en la misma fecha de 30 de agosto de 1995 y sometidos a su mismo plazo de duración, se suscribieron los cinco siguientes negocios jurídicos:

1º. De compra exclusiva de carburante, en base al cual el arrendador, como proveedor, se obliga a suministrar carburante a la gasolinera y el arrendatario, como revendedor, se obliga a adquirir carburante exclusivamente a ese proveedor-arrendador sin revender al público de la estación de servicio carburante comprado a otros proveedores distintos.

2º. De compra exclusiva de lubricantes , en base al cual el arrendador, como proveedor, se obliga a suministrar lubricantes a la gasolinera y el arrendatario, como revendedor, se obliga a adquirir lubricantes exclusivamente a ese proveedor-arrendador sin revender al público de la estación de servicio lubricantes comprados a otros proveedores distintos.

3º. De cesión de explotación de la tienda.

4º. De cesión de explotación del tunel de lavado.

5º. De cesión de explotación de equipos informáticos.

Todos estos negocios jurídicos complementarios se documentan en unos "anexos" al contrato de arrendamiento.

Fina Ibérica s.a. como superficiario, titular del derecho real de superficie constituído a su favor el día 30 de agosto de 1995, construyó a su costa la gasolinera de la que devino dueño o propietario y, una vez acabada la construcción e iniciar el arrendatario (Estació Torremirona de Salt s.l.) y su explotación (el día 1 de abril de 1997), se suscribió un nuevo contrato de arrendamiento el día 10 de junio de 1997 entre la persona jurídica denominada Fina Ibérica s.a., como arrendador, y a persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l., como arrendataria, siendo su objeto la explotación de la gasolinera, al que se añadieron los anexos de compra exclusiva de carburante, compra exclusiva de lubricantes, de cesión de explotación de la tienda de conveniencia "En Casa", de cesión de explotación del túnel de lavado y de cesión de explotación de equipos informáticos.

El nuevo contrato con sus anexos reproduce los términos esenciales del sustituído.

Al principio de la cláusula primera del anexo número 2 (compraventa de carburante) al contrato de arrendamiento de 10 de junio de 1997 se dice que: "... se obliga a la compra de ... carburantes (gasolinas y gasoleos) ... y que se estiman para la duración del presente contrato en la cantidad siguiente: 50.000.000 de litros..."

El día 19 de junio de 1998 se suscribe un anexo 7 al contrato de arrendamiento que tiene por objeto modificar los términos de ese contrato de arrendamiento y así se cambia la cláusula primera del anexo número 2 en el sentido de: "... y que se estiman para la duración del presente contrato en la cantidad de 55.000.000 de litros". Y, "como contraprestación al aumento de la adquisición de carburante por parte del cliente, Fina Ibérica s.a. se obliga a pagar al cliente, en el momento de la firma del presente documento, la cantidad de 20.000.000 de pesetas más el i.v.a que corresponda" (cláusula 2ª); Si el cliente no adquiriera la totalidad de litros previstos en la cláusula primera del presente anexo deberá indemnizar al suministrador de la siguiente manera: A) Si el cliente no adquiere la totalidad de 50.000.000 de litros deberá indemnizar al suministrador con el pago de la suma que resulte de multiplicar 0'30 pesetas (30 céntimos) por cada litro que en ese momento falte para completar la cantidad de 50.000.000 de litros; En este supuesto, la indemnización por los 5.000.000 de litros restantes conforme a lo pactado en la cláusula siguiente. B) Si el cliente no adquiere los 5.000.000 de litros restantes, añadidos a los 50.000.000 de litros previstos inicialmente en el contrato de cesión de explotación, deberá indemnizar al suministrador con el pago de la cantidad que resulte de multiplicar 4 pesetas por cada litro que falte para completar la cantidad de los 5.000.000 de litros referidos. El valor de las cantidades que resulten de los anteriores apartados a) y b) deberán actualizarse en el momento que se devenguen, para lo que se tomará como referencia el tipo de interés Mibor + 1'5 % a un año vigente en el momento en que sea efectivo el devengo" (cláusula 3ª).

Ese mismo día 19 de junio de 1998, la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l. hipotecó un bien de su propiedad en garantía de un crédito de 20.000.000 de pesetas a favor de la persona jurídica denominada Fina Ibérica s.a.

TERCERO.- I. El día 22 de mayo de 2001 la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l. presentó demanda contra Totalfina España s.a. en la que ejercita la acción de declaración de nulidad del derecho real de superficie, del arrendamiento y de todos sus anexos con las consecuencias jurídicas propias de la nulidad. Considerando que ese entramado de relaciones jurídicas forman un todo respecto del que no cabe un análisis por separado de cada una de las singulares relaciones que lo integran. Incardinándose, las causas o motivos de nulidad, por un lado, en la legislación comunitaria y, por otro lado, en el Código Civil español. Respecto de la legislación comunitaria, la violación de la prohibición de establecer un plazo superior a 10 años para los contratos de estación de servicio con cláusula de compra exclusiva de carburante y lubricante (habiéndose pactado un plazo de 25 años) y la imposición por el proveedor al revendedor de un precio de venta al público del carburante. Y, en cuanto al Código Civil, la inexistencia de un precio determinado o haberse dejado la fijación del precio al arbitrio de una de las partes contratantes, el proveedor.

II. El día 21 de julio de 2001 la persona jurídica denominada Totalfinaelf España s.a. formuló reconvención en la que ejercita las dos siguientes acciones:

1ª El arrendador ejercita, contra el arrendatario, la acción resolutoria de la relación arrendaticia nacida del contrato de arrendamiento y de las relaciones jurídicas complementarias nacidas de los anexos por incumplimiento de las obligaciones contractuales. Basándose en dos incumplimientos obligacionales. A saber: En primer lugar el compromiso de consumo mínimo pactado y en segundo lugar el pago de la renta arrendaticia pactada.

Reseñándose, como consecuencias de la prosperabilidad de la acción resolutoria de la relación arrendaticia, las tres siguientes:

Cese del demandado en su condición de arrendatario de la estación de servicio y entrega de la posesión de esta al demandante.

Indemnización de los daños y perjuicios derivada del incumplimiento contractual.

Resolución del préstamo de 19 de junio de 1998.

2ª de las acciones: El acreedor ejercita, contra el deudor, la acción de cobro de lo adeudado (4.810.642 pesetas). Siendo las deudas que se reclaman las siguientes:

1.708.118 pesetas factura número 90746865 emitida el 2 de marzo de 2001 con vencimiento el 27 de marzo de 2001.

516.000 pesetas factura número 90746867 emitida el 2 de marzo de 2001 con vencimiento el 27 de marzo de 2001.

4.882.304 pesetas factura número 90746869 emitida el 2 de marzo de 2001 con vencimiento el 27 de marzo de 2001.

CUARTO.- Apelación del demandante.

Respecto de la pretensión deducida en la demanda se descuelga el Juzgador de instancia con una falta de jurisdicción que acoge de oficio en la sentencia apelada, por ser una cuestión que afecta a la competencia, ante lo que entiende que debe ser resuelta por un órgano administrativo como lo es el mal denominado "Tribunal" de Defensa de la Competencia.

Para descartar semejante decisión, basta con acudir a las dos sentencias de la Sala Primera del tribunal Supremo y las múltiples y variadas sentencias de las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Primera Instancia no sólo citadas por las partes sino también aportadas a los autos, en las que, conociendo de pleitos similares, cuando no idénticos, los resuelven tras previo estudio que, no cabe duda, es difícil y complejo, sin que en ninguna de ellas se acuda a una falta de jurisdicción.

El demandado, además de no oponer la falta de jurisdicción en su contestación a la demanda, ni siquiera ha defendido su acogimiento a la apelación, a pesar de beneficiarle.

La cuestión no es nueva para éste Tribunal, ya que, en otro pleito similar al presente, en el mismo Juzgado y por el mismo Magistrado, se dictó sentencia en los mismos términos que la presente, lo que dio origen, tras la oportuna apelación, a la sentencia de ésta Sección Vigesimoprimera de 20 de enero de 2004 de la que fué ponente la Ilma. Sra. Doña ROSA MARÍA CARRASCO LÓPEZ y en cuyo fundamento de derecho quinto se expone el criterio de la Sala. A continuación reproducimos literalmente parte de ese fundamento de derecho quinto: "La cuestión que se suscita dado lo razonado por el Juez ha sido reiteradamente resuelto tanto por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo como por el Tribunal Supremo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades en sentencia de 28 de febrero de 1991 en relación con la aplicación del artículo 85 del Tratado CE a contratos celebrados entre dos empresas de un mismo Estado miembro, y otro es la de 14 de julio de 1995 resolviendo el carácter imperativo de las normas comunitarias, y su aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno, y su aplicación por los órganos jurisdiccionales, dispuso que en los procesos en los que se discuten derechos y obligaciones civiles regulados en los artículos 85, 86 y 90 del Tratado, deben ser aplicados "aunque la parte litigante interesada en su aplicación no los haya invocado, en el supuesto de que su Derecho nacional le permita dicha aplicación", supuesto que en materia de competencia es permitido por nuestro Derecho; en el mismo sentido el Tribunal Constitucional en sentencia de 25 de marzo de 1996 declaró que "... que no puede privarse a los Tribunales nacionales de la facultad de interpretar tanto las normas internas como las comunitarias, pues, como de aplicación directa entre nosotros (art. 189.2 Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea) (LCEur. 1986/8) les corresponde su selección e interpretación (art. 117.3 CE) aún sin perjuicio de las competencias que al efecto ostenten las instancias jurisdiccionales comunitarias; igualmente el Tribunal Supremo ha declarado como el Derecho comunitario es aplicable en España, y corresponde a la jurisdicción civil cuando la materia lo sea, así en sentencia de fecha 24 de junio de 2002 y entre otras la de fecha 2 de junio de 2000 en la que fue ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán, quien en el fundamento quinto al indicar qué derecho era aplicable refirió la aplicación del Derecho Comunitario, así en primer lugar el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957), artículos 85 y 87, el derecho comunitario derivado como son los Reglamentos número 17/62/CEE de 21 de febrero de 1.962, que fue el primero de aplicación de los artículos 85 y 86, Reglamento número 19/65/CEE de 2 de marzo de 1965, Reglamento número 1984/1983/CEE de la Comisión de 22 de junio de 1983 relativo a la aplicación del apartado 3º del artículo 85 del Trato de Roma referido a determinadas categorías de acuerdos en exclusiva. E igualmente es aplicable el Reglamento de 1999. En la sentencia antes indicada se dice que el Juez nacional es competente para aplicar el derecho comunitario, pero es más, en relación con la cuestión litigiosa en la que se está instando la declaración de nulidad de pleno derecho de un contrato por incompatibilidad con el derecho comunitario, "... Entre las consecuencias, en lo que respecta al Derecho civil, que puede tener una infracción de dicha prohibicion, una sola está prevista expresamente en el apartado 2 del artículo 85, a saber, la nulidad del acuerdo. Corresponde al Derecho nacional definir las otras consecuencias que lleva consigo una infracción del artículo 85 del Tratado, tales como la obligación de reparar el perjuicio causado a un tercero o una posible obligación de contratar..", "la competencia del Juez nacional, cuando se trata de decidir si un determinado contrato disfruta o no de una exención global, fue confirmada por el Tribunal De Justicia en su sentencia de 3 de febrero de 1976...". El razonamiento del Juez contenido en el fundamento tercero en cuanto a no ser competente para resolver es contrario a toda la normativa comunitaria, que regula el tema de la competencia en relación con las estaciones de servicio, y contraria a las resoluciones no sólo del Tribunal de las Comunidades Económicas Europeas, sino del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo español. La consecuencia de lo razonado anteriormente es que el Juez civil es el competente para resolver si los contratos en materia de hidrocarburos, estaciones de servicio, son o no ajustados a la normativa europea, y por ende si son o no nulos.

QUINTO.- Apelación del demandante.

No existe un concepto "legal" de contratos unidos, vinculados o conexos, debiendo entenderse que están vinculados cuando varios sujetos celebran dos o más contratos distintos que representan una estrecha vinculación funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o finalidad global que los informa (debe existir un nexo funcional), vinculación que es o puede ser jurídicamente relevante.

Los contratos vinculados son autónomos (no pierden su autonomía por predicarse de ellos su carácter de vinculados). De ahí que, en principio y como regla general, la eficacia jurídica de cada contrato se agota en si mismo, si que quepa la comunicabilidad de las consecuencias jurídicas de uno de los contratos vinculados en el otro.

En el presente caso nos encontramos ante negocios jurídicos autónomos, así el que da lugar al derecho real de superficie, por un lado, y el de arrendamiento con sus anexos, por otro lado. Cada una con su causa perfectamente válida eficaz y distinta. En el artículo 1274 del Código Civil se define la causa de los contratos. Pues bien, para la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l. la causa del negocio jurídico de constitución del derecho real de superficie (la razón por la que lo cede durante 25 años) es el cobro de los 40.000.000 de pesetas (téngase en cuenta que el precio de la compra del solar solo ascencía a 30 millones de pesetas, es decir que, con lo que cobraba por el derecho de superficie, pagaba el precio de compra del solar, el i.v.a. y aún le quedaba un resto, amen de adquirir la propiedad de la gasolinera construída por el superficiario al cabo de 25 años y sin pagar nada por ello). Y en el negocio jurídico de arrendamiento la causa (la razón por la que paga la renta arrendaticia) es la cesión del uso y disfrute de la gasolinera por su propietario, que no es otro que Totalfina España s.a.. Teniendo cada uno de los negocios jurídicos recogidos en los anexos del arrendamiento su propia y genuina causa. Así en los de compraventa en exclusiva de carburantes y lubricantes la causa (la razón por la que el revendedor paga el precio) es la entrega por el proveedor del carburante y lubricante comprado.

En consecuencia el derecho real de superficie es inatacable sin que la nulidad del arrendamiento o de alguno de los negocios de los anexos se pudiera extender al mismo.

La primera cuestión que se plantea es la de si debemos, sin más, proceder a la desestimación de la demanda, ya que, en esta, se solicita la nulidad de las relaciones jurídicas como en todo, lo que no procede. No vemos inconveniente en, manteniendo la validez y eficacia del derecho real de superficie, plantearnos la nulidad del resto de las relaciones jurídicas, preservando eso si el interés económico del actor en contra del cual no podríamos pronunciarnos. Así no cabe ni plantearnos, bajo la subsistencia del derecho real de superficie, la nulidad de la relación arrendaticia, ya que ello sería extraordinariamente perjudicial para el demandante y beneficioso para el demandado. Lo que si podemos plantearnos, subsistente el derecho real de superficie y la relación arrendaticia, es la nulidad de los negocios de compraventa en exclusiva de carburante y lubricante.

SEXTO.- Apelación del demandante.

El demandante, desde su primitivo escrito de demanda, siempre y en todo momento ha basado su solicitud de nulidad en la violación o inobservancia del Reglamento número 1984/1983/CEE de la Comisión de 22 de junio de 1983. Pero, de forma sorprendente, después de practicarse las pruebas, introduce, al exponer sus conclusiones finales, el posible quebrantamiento del nuevo Reglamento número 2790/1999/CEE de la Comisión de 22 de diciembre de 1999, en lo que respecto a su derecho transitorio (acomodación de los viejos contratos al nuevo Reglamento). Lo que no es de recibo, ya que constituye un cambio de la causa de pedir un momento procesal manifiestamente inoportuno para ello. En consecuencia, debemos proceder el análisis en base al Reglamento número 1984/1983/CEE de la Comisión de 22 de junio de 1983.

El demandante, durante cuatro hojas de su escrito de demanda (folios 36, 37 y 38), insiste machaconamente en su condición de revendidos rechazando el que se le puede considerar un comisionista. Habiendo el demandado, en todo momento, reconocido esa condición de revendedor. De ahí que no sea de recibo que el actor, en su escrito de interposición del recurso de apelación, insinúe su posible condición de comisionista (sin una explicación clara de la consecuencia jurídica que a ello anuda). Ha de estarse al planteamiento inicial de ambas partes (el demandante es un revendedor del que el demandado es su proveedor) sobre el que discurrió el pleito en la primera instancia.

Duración superior a 10 años.

Nos encontramos ante un contrato de estación de servicio con cláusula de compra exclusiva de carburantes y combustibles (lubricantes) en el que es proveedor (se obliga a suministrar carburante y combustible -lubricantes- a la estación de servicio a cambio del cobro del precio) la persona jurídica denominada Totalfinaelf España s.a. y revendedor (se obliga a adquirir carburante y combustible -lubricantes- "exclusivamente" a ese proveedor sin revender al público en la estación de servicio carburante y combustible -lubricantes- comprado a otros proveedores distintos de la otra parte contratante) la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l., como arrendataria de la estación de servicio.

De entrada el contrato está incurso en la prohibición del número 1 del artículo 85 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, que acarrea la sanción de nulidad de pleno derecho (número 2 de este artículo 85). Pero el número 3 del artículo 85 permite que se declare inaplicable la prohibición del número 1 a algunos contratos. Y, precisamente, se ha declarado exento de la prohibición al contrato de estación de servicio con cláusula de compra exclusiva de carburantes y combustibles, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el Reglamento número 1984/1983/CEE de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3º del artículo 85 del tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva.

Es cierto que en la letra c del artículo 12 del Reglamento se prohibe "el acuerdo celebrado por una duración indeterminada o por más de diez años". Pero también lo es que, a esta prohibición temporal, se le establece una excepción en el apartado 2 de este artículo 12 al decir que: "No obstante lo dispuesto en la letra c .., cuando el acuerdo se refiera a una estación de servicio que el proveedor haya arrendado al revendedor... se le podrán imponer al revendedor las obligaciones de compra exclusiva ... durante todo el periodo durante el cual explote efectivamente la estación de servicio".

Y esta excepción a la prohibición temporal de los 10 años, es la que concurre en el presente caso. En efecto, la persona jurídica denominada Totalfinaelf España s.a., como dueña de la estación de servicio (por mor del derecho real de superficie) es la arrendadora y la proveedora. Luego el pacto de venta en exclusiva de 25 años es válida y eficaz (plazo de duración de la relación arrendaticia).

Aunque por lo dicho carezca de relevancia práctica, lo que no puede sostenerse es que el plazo no sea de 25 años sino de 10 prorrogables (téngase en cuenta que sólo el mutuo acuerdo de las dos partes impide la prórroga).

Imposición de precio de reventa al público.

El día 28 de enero de 2000 Fina Ibérica s.a. remitió un fax a Estació Torremirona de Salt s.l. en el que le decía: "Rogamos tomen nota de los precios recomendados para carburanres que entran en vigor a partir de las cero horas del día 28 de enero de 2000." (folio 671: doc. nº 36 de los compañados con la demanda).

No se trata de una imposición sino de una simple recomendación.

En el considerando 8 del Reglamento número 1984/1983/CEE de la Comisión de 22 de junio de 1983 se lee: "... las demás disposiciones restrictivas de la competencia y, en particular, las que limiten la libertad del revendedor de fijar los precios ... de reventa ... no pueden quedar eximidas con arreglo al presente Reglamento". De ahí que la imposición, por el proveedor al revendedor, de un precio de reventa está incursa en la prohibición del número 1 del artículo 85 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, lo que acarrea la nulidad de pleno derecho. Pero a la imposición del precio de reventa no se equipara la mera recomendación.

SEPTIMO.- Apelación del demandante.

El artículo 1445 del Código Civil dice que el precio de la compraventa debe ser "cierto" en dinero o signo que lo represente. Pero no obliga a que cuantitativamente se determine en el momento de la celebración del contrato (así los artículos 1.447 y 1.448 del Código Civil contemplar supuestos en los que el precio no está fijado al perfeccionarse el contrato y ello no obsta a que se tenga por cierto). El Código Civil lo que no permite es que haya necesidad de un nuevo acuerdo posterior para fijarlo (pues entonces no se entendería perfeccionada la compraventa con anterioridad) ni que su señalamiento se deje al arbitrio de uno de los contratantes (artículo 1.449 del Código Civil). En cambio, autoriza a éstos para que pacten en el contrato de compraventa el procedimiento o la formula mediante la cual el precio se determinará posteriormente sin influencia posible de sus voluntades. En este caso el precio no es determinado, pero si determinable, hasta entonces (de lo que son ejemplos los supuestos contemplados en los artículos 1.447 y 1.448 del Código Civil). Y, tratándose de un contrato de compraventa en su modalidad de contrato de suministro, la aplicación de la fórmula pactada para fijar el precio puede dar lugar a precios que sean cuantitativamente diferentes a lo largo de la relación contractual en atención de la fecha en la que se haga el suministro.

En la cláusula 3ª del contrato de compravente en exclusiva de carburantes se pactó que: "Fina suministrará los citados tipos de carburantes al precio de su tarifa y que resulten de los precios de mercado, entendiéndose estos como comprendidos entre el más bajo y el más alto, ambos inclusive, practicados en el mercado". Tras lo cual se establecían una serie de descuentos que, en principio eran de 5'80 pesetas litro en gasoleos y de 6'30 pesetas litro en gasolinas (la cláusula 4ª del contrato de compraventa en exclusiva de lubricantes indicaba que: "Fina suministrara los lubricantes al precio de su tarifa de venta al público vigente con los siguientes descuentos ...."). Pero, desde el inicio de la relación contractual, esas cláusulas de fijación del precio se fueron concretando, de tal manera que, acudiendo a las tres gasolineras más cercanas a la de Torremirona de Salt se obtenía el precio de mercado (de venta al público) del carburante (lo que resulta de muy fácil comprobación para el arrendatario de la gasolinera, pues le bastaba con pasar por delante de esas tres gasolineras y observar las columnas de precios de venta al público exhibidas en ellas). Y, sobre ese precio medio de mercado, se aplican los descuentos, con lo que se obtiene el precio de compra. No es un precio determinado pero si determinable aplicando la fórmula pactada por las partes, la cual dará lugar a precios distintos según la fecha en la que se haga el pedido. No se deja el señalamiento del precio al arbitrio de una de las partes contratantes, el proveedor. En absoluto. El precio de compra dependerá del mercado (media del precio de venta al público) y de los descuentos pactados que se les aplica.

En conclusión el precio pactado es "cierto" que es lo que exige el Código Civil.

OCTAVO.- Apelación del demandado-reconviniente.

Respecto de la acción resolutoria de la relación arrendaticia nacida del contrato de arrendamiento y de las relaciones jurídicas complementarias nacidas de los anexos, debe recordarse la doctrina jurisprudencial de que no procede la aplicación del art. 1124 del C.c., por no entrar en juego su reglamentación, cuando en el contrato existe "pacto de lex commissoria", es decir, cuando hay cláusula establecida por las partes que regula y condiciona el ejercicio de la resolución, y si se dispone que el incumplimiento de la prestación funcione como condición resolutoria, entonces la resolución se produce automáticamente, por aplicación del art. 1091 del Código civil, y no por la "facultad" de resolver que otorga el referido art. 1124 del C.c. (sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de abril de 1990, R.J. Ar. 2694; 8 de febrero de 980, R.J. Ar. 933; 30 de marzo de 1976, R.J. Ar. 1477; 4 de mayo de 1972, R.J. Ar.2127; 24 de febrero de 1966, R.J. Ar. 1533; 8 de mayo de 1965, R.J. Ar. 2519; 23 de noviembre de 1964, R.J. Ar. 5453; 19 de diciembre de 1956, R.J. Ar. Año 1957 nº 194; 20 de febrero de 1950, R.J. Ar. 550; 19 de diciembre de 1946, R.J. Ar. 1411; 1 de mayo de 1946, R.J. Ar. 558).

En el número 1 letra A de la cláusula novena del contrato de arrendamiento se pactó la siguiente: "Resolución del contrato y vencimiento anticipado del mismo. A/ Resolución por incumplimiento imputable al arrendatario. Fina tendrá derecho a resolver el presente contrato, dando el mismo por vencido, mediante comunicación por escrito, al arrendatario, que surtirá efecto de inmediato, a partir de la notificación fehaciente cuando concurra alguna de las siguientes causas: 1. Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente contrato, así como de sus anexos.

Respecto del compromiso de consumo mínimo, se pactó en la cláusula primera del contrato de compraventa de carburante de 10 de junio de 1997 (anexo número 2) que: "A falta de acuerdo entre las dos partes, el cliente se obliga a comprar a Fina las siguientes cantidades mínimas: a) Primer año de funcionamiento de la Estación de Servicio 3.500.000 litros b) Segundo año de funcionamiento ... 4.500.000 litros c) A partir del tercer año de funcionamiento ... 5.000.000 litros". Añadiéndose, en la cláusula séptima, que: "En caso de falta grave cometida por el cliente en el cumplimiento del presente contrato, Fina podrá resolverlo notificándolo al cliente por escrito, sin perjuicio de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Serán consideradas como faltas graves entre otras: ... Si el volumen suministrado durante el año, fuera inferior al 80% de los objetivos fijados para el mismo, de acuerdo a la cláusula primera del presente contrato".

En cuanto al pago de la renta arrendaticia, se pactó, en el número 2 de la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento, lo siguiente: "Obligaciones del arrendatario. El arrendatario asume las siguientes obligaciones: Abonar durante la vigencia del presente contrato el precio o canon del arrendamiento previsto en la cláusula quinta para toda la duración del mismo". Y, en la cláusula quinta, que: "El canon de arrendamiento previsto en el punto 2º de la cláusula cuarta será de una peseta litro pagaderas por mensualidades; Dicho precio será revisable de acuerdo con las variaciones del I.P.C.".

Compromiso de consumo mínimo.

La parte demandada-reconviniente alega, con extraordinaria claridad, en su escrito de interposición del recurso de apelación, que la apertura de la estación de servicio tuvo lugar el día 1 de abril de 1997 y durante el primer año (1 de abril de 1997 a 31 de marzo de 1998) sólo se compraron 1.678.000 litros, es decir el 47'5%; durante el segundo año (1 de abril de 1998 a 31 de marzo de 1999) sólo se compraron 3.033.000 de litros, es decir el 67'5%; y durante el tercero (1 de abril de 1999 a 31 de marzo de 2000) y el cuarto (1 de abril de 2000 a 31 de marzo de 2001) año se compró menos del 80%.

Pero en su escrito de reconvención no sólo brillaba por su ausencia esa claridad, sino que no se hacía referencia a los consumos o compras anuales, que son los únicos que, de no alcanzarse el número pactado, pueden dar origen a la resolución contractual, y tan sólo se refería al consumo durante el tiempo total de vigencia de la relación contractual, en base a lo cual y por si solo no puede dar lugar a la resolución contractual.

Se alega por el demandante-reconvenido que el mínimo fijado es a falta de acuerdo de las partes; Y hubo, cada año, acuerdo verbal de las partes de que el mínimo de adquisición fuera el que procede en función de lo que se vende en la gasolinera. Así se desprende de que durante la vigencia de la relación contractual nada se dijo por el proveedor. Pero lo cierto es que ese acuerdo verbal no quedó probado (le incumbe la carga de la prueba al demandante-reconvenido que lo invoca). Y no puede deducirse de la ausencia de protesta alguna por el proveedor durante la vigencia de la relación contractual.

Al principio de la cláusula primera del anexo número 2 (compraventa de carburante) al contrato de arrendamiento de 10 de junio de 1997 se dice que: "..... se obliga a la compra de ... carburantes (gasolinas y gasoleos) ... y que se estiman para la duración del presente contrato en la cantidad siguiente: 50.000.000 de litros ..". Pues bien si lo ponemos en relación con la duración del contrato y los mínimos consumos pactados anualmente comprobamos que el resultado no es exacto. En efecto si consideramos que la duración es de 25 años, con los mínimos anuales (1º año: 3.500.000 litros; 2 año: 4.500.000 litros; y a partir del 3 año en adelante 5.000.000 de litros) resultarían más (mucho más) de los 50.000.000 de litros y si dividieramos los 50.000.000 de litros por 25 años resultaría una cantidad de litros muy inferior a la pactada para cada año. Si, por el contrario, consideramos la duración de 10 años, para que resultaran 50.000.000 de litros, tendrán que ser 5.000.000 de litros por cada año, pero al haberse pactado para el primer año 3.500.000 litros y para el segundo año 4.500.000 litros ya no daría ese resultado global. A lo que habría que añadir el aumento del mínimo de 50.000.000 de litros a 55.000.000 de libros el día 19 de junio de 1998 al suscribirse el anexo número 7 al contrato de arrendamiento, con el establecimiento de unas cláusulas penales para el supuesto de no cumplir ese mínimo de los 55.000.000 de pesetas, sin hacer referencia alguna a los mínimos anuales que no se acomoda a la nueva suma.

Pues bien, la profunda discordancia entre el escrito de reconvención y el del recurso de apelación y sobre todo entre el consumo mínimo pactado para toda la duración de la relación contractual y los mínimos anuales, que serían los únicos que podrían dar lugar a una resolución anticipada de la relación contractual, aconseja no acudir a la sanción más drástica para la relación jurídico nacida del contrato, cual es su resolución.

Pago de la renta arrendaticia.

En concepto de renta arrendaticia devengada durante el año 2000, el arrendatario adeudaba al arrendador 4.882.304 pesetas.

Pero antes de la presentación de la demanda el 22 de mayo de 2001 y de formularse la reconvención 21 de julio de 2001, el arrendatario, el día 21 de marzo de 2001, hizo entrega, al arrendador, de un cheque por importe de 2.295.780 pesetas emitido el mismo día 21 de marzo de 2001 a nombre de Totalfina España s.a., que ésta hizo efectivo. Con lo que se redujo la cantidad adeudada por impago de rentas arrendaticias a 2.586.524 pesetas con anterioridad al inicio de este proceso, en el que no puede prosperar la acción resolutoria por el impago de los 2.295.780 pesetas.

Tampoco puede prosperar por el impago del resto (2.586.524) ya que, con anterioridad al inicio de este proceso, ese crédito, del arrendador contra el arrendatario, fue compensado con un crédito que el arrendatario tenía contra el arrendador por importe de 2.586.524 pesetas, a que asciende el precio pagado por el arrendatario por las obras de reparación realizadas en la gasolinera y que eran de cargo de arrendador (dentro del Código Civil el concepto de la compensación nos lo proporciona el artículo 1.195, los requisitos se establecen en el 1.196 y el efecto extintivo de las deudas en el 1.202; Respecto de este último, debe tenerse en cuenta que el efecto extintivo de la compensación se produce de forma automática o "ipso iure" desde el momento en que "extrajudicialmente" concurren, en los créditos recíprocos, los requisitos necesarios para ello -sentencias del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 1917; 7 de junio de 1983; 20 de junio de 1986-, aún cuando luego sea necesaria que sea ejercitada por el sujeto interesado o invocada en el proceso en que desee hacerse valer, pero, en este caso, sus efectos se retrotraen al momento de coexistencia de los créditos con sus requisitos legales). No se discute por el reconviniente que las obras de reparación realizadas en la gasolinera sean de cuenta y cargo del arrendador. Y ello porque en la cláusula tercera apartado cuarto del contrato de arrendamiento se establece como obligación de la parte arrendadora la de: "Realizar las reparaciones necesarias para conservar a la industria en adecuado estado de explotación y de servir para el uso a que ha sido destinada". Pero lo que argumenta el reconviniente es que, como arrendador, no está obligado a pagar las facturas de reparación abonadas por el arrendatario sino que es el arrendatario el que le tiene que comunicar la necesidad de la reparación y ya se encargará de repararla. Lo que, en el presente caso, no es de recibo, ya que, dadas las relaciones de tirantez entre las partes, no resultaría impensable una tardanza en la reparación de una avería por el arrendador que impidiera el normal funcionamiento de la estación de servicio con evidente perjuicio para el arrendatario, quien logicamente ningún interés tendrá en andar pagando reparación de la gasolinera que no son de su cargo.

III. La desestimación de la acción resolutoria de la relación arrendaticia ya convierte en estéril el análisis de las consecuencias solicitadas para el caso de que hubiera prosperado esa acción resolutoria.

En el escrito de reconvención se deducía una pretensión subsidiaria, para el supuesto de no prosperar la acción resolutoria, consistente en mantener la segunda de las consecuencias de la resolución de la relación arrendaticia, es decir la indemnización de los daños y perjuicios por la ganancia dejada de obtener por el arrendador durante los años de contrato, consistente en el precio de la diferencia de litros consumidos por el arrendatario y los que debería de haber consumido de cumplir el contrato en sus propios términos. Pero lo cierto es que esta pretensión de carácter subsidiario ya no se ha reiterado en el recurso de apelación, por lo que, al parecer, ya no se mantiene. Y, en cualquier caso, por lo de ahora, y sin perjuicio de lo que suceda al acabar la duración de la relación arrendaticia, se confunden lo que son meras expectativas de beneficios económicos con daños reales y efectivos.

Por último, conviene dejar clara constancia que la resolución de lo que ambas denominan "préstamo" (dificilmente de lo pactado el día 19 de junio de 1998, y que se convirtió en el anexo número 7 del contrato de arrendamiento, pueda predicarse la naturaleza jurídica de un préstamo, al que se refiere, con carácter general, el artículo 1.740 del Código Civil) se plantea como una consecuencia accesoria de la resolución de la relación arrendaticia. Y así se dice que, la resolución de este denominado préstamo, provendría de ser un mero anexo del contrato de arrendamiento, por lo que la resolución del principal conlleva la del accesorio, y de la imposibilidad de cumplirse, por el prestatario, al dejar de explotar la gasolinera. Interesándose, a continuación, una indemnización a cuantificar en la fase de ejecución de sentencia, aplicando los criterios que se han pactado en la cláusula tercera del denominado préstamo.

NOVENO.- Apelación del demandado-reconviniente.

La acción que la persona jurídica denominada Totalfinaelf España s.a., como acreedora, ejercita, contra la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l., como deudora, de cobro de lo adeudado (4.810.642 pesetas).

La factura de 4.882.304 pesetas de la que se reclaman 2.586.524 pesetas impagadas se corresponde a la renta arrendaticia adeudada durante el año 2000. La acción de cobro no puede prosperar por las mismas razones que ya expusimos para rechazar la acción resolutoria por impago de renta arrendaticia (la compensación con el crédito derivado de la reparación de los desperfectos de la gasolinera).

Quedan otros dos créditos reclamados por el arrendador al arrendatario, el de 1.708.118 pesetas y el de 516.000 pesetas, lo que hacen un total de 2.224.118 pesetas. Y, frente a la reclamación de estos créditos, la postura del reconvenido siempre ha sido, extrajudicial y judicialmente, oponer la compensación de crédito liquido. Postura que dispensa al reconviniente de la prueba de su crédito. Nada tiene que acreditar; Al oponer la compensación se reconoce el crédito que se pretende compensar.

El primero de los créditos que el reconvenido quiere compensar asciende a 235.809 pesetas, importe del coste por el consumo de energía eléctrica pagado por el arrendatario y que era de cargo del arrendador. Compensación que no puede ser admitida ya que, al iniciarse este proceso (el día 22 de mayo de 2001), este crédito que se pretende compensar, ya estaba extinguido por pago. En efecto, al folio 1939 consta la prueba fehaciente del pago hecho el día 12 de marzo de 2001 por la persona jurídica denominada Totalfina España s.a. a favor de la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l. de las 235.809 pesetas que le debía.

En cuanto al segundo y último de los créditos que se quiere compensar, es de reseñar que, el día 19 de julio de 1999, a la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l. se le comunica el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación por el Ministerio de Economía y Hacienda, Agencia Tributaria de Girona, al objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios por el impuesto sobre el valor añadido del 3º y 4º trimestre del ejercicio de 1995, lo que dio origen a la incoación de un expediente, en el que la Agencia Tributaria practicó una liquidación definitiva de la que resultó una deuda tributaria de 22.004.048 pesetas, habiéndose interpuesto recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya para lo que ha tenido que constituir un aval bancario y los gastos derivados de ese aval bancario ascienden a 4.770.129 pesetas. Pues bien, son estos 4.770.129 pesetas los que se quieren compensar. Y ello porque se alega, por el demandante-reconvenido, que la razón de esa liquidación definitiva derivada de no haber otorgado el superficiario la escritura pública de obra nueva, a lo que se comprometía en el negocio jurídico de constitución del derecho real de superficie. Pero no procede la compensación interesada ya que el deudor tributario es la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l., a la que se le practica la liquidación definitiva y la que tiene que recurrir y constituir el aval, sin que el importe de éste pueda repercutirselo a la persona jurídica denominada Totalfinaelf España s.a..

En consecuencia, procede condenar a la persona jurídica denominada Estació Torremirona de Salt s.l. a pagar 2.224.118 pesetas. Suma de dinero que, al no haberse solicitado en la reconvención los intereses de demora (de los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil), sólo devengaran desde la fecha de esta sentencia, por ser cuando por primera vez se hace una condena al pago, y hasta su completo abono, el interés punitivo o sancionado del artículo 576 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

DECIMO.- Costas.

Las costas ocasionadas en la primera instancia relativas a la demanda se imponen a la parte demandante, al desestimarse totalmente la demanda y no presentar el caso serias dudas de hecho o de derecho (número 1 del artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). Téngase en cuenta que estas costas ya se imponían al actor en la sentencia dictada a la primera instancia, no siendo uno de los motivos del recurso de apelación del demandante el que, manteniéndose el pronunciamiento desestimatorio de la demanda, no se le impusieran las costas.

Las costas ocasionadas en la primera instancia relativas a la reconvención deberán ser abonadas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad, al estimarse parcialmente la reconvención y no haber méritos para imponerlas a una de las partes por haber litigado con temeridad (número 2 del artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

A pesar de desestimarse todas las pretensiones deducidas por el demandante en su recurso de apelación, las costas ocasionadas en esta segunda instancia referidas al recurso de apelación del demandante no se imponen a la parte apelante-demandante, debiendo cada parte abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, porque el caso, que constituye el objeto de este recurso presenta serias dudas de derecho (número 1 del artículo 394 por remisión del número 1 del artículo 398 ambos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil). Siendo la propia sentencia apelada la que origina esas serias dudas de derecho al acoger una falta de jurisdicción en su fundamentación jurídica que ha sido correctamente atacada por el apelante-demandante.

Las costas ocasionadas en esta segunda instancia referidas al recurso de apelación del demandado-reconviniente deberán ser abonadas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad, al estimarse en parte el recurso de apelación (número 2 del artículo 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando totalmente el recurso de apelación interpuesto por la persona jurídica denominada Estació Torrmirona de Salt s.l. y estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la persona jurídica denominada Totalfinaelf España s.a. contra la sentencia dictada el día 27 de marzo de 2002 por el Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid en el juicio ordinario número 424/2001 del que ambas apelaciones proceden, debemos confirmar y confirmamos el pronunciamiento que desestima totalmente la demanda presentada por Estació Torremirona de Salt s.l. con absolución de Totalfinaelf España s.a. e imposición de las costas ocasionadas en la primera instancia relativas a la demanda a Estació Torremirona de Salt s.l. e igualmente debemos revocar y revocamos el pronunciamiento que desestima totalmente la reconvención y, en su lugar, estimando parcialmente la reconvención deducida por Totalfinaelf España s.a. debemos condenar y condenamos a Estació Torremirona de Salt s.l. a pagarle 2.224.118 pesetas que devengarán, desde la fecha de esta sentencia hasta su completo abono, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, absolviendo al reconvenido Estació Torremirona de Salt s.l. del resto de las pretensiones contra él deducidas, debiendo cada parte abonar las costas ocasionadas en la primera instancia referidas a la reconvención causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Las costas ocasionadas en esta segunda instancia, tanto las relativas al recurso de apelación del demandante como las referidas al recurso de apelación del demandado-reconviniente, deberán ser abonadas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Al notificarse la presente sentencia indíquesele a las partes que contra la misma podrá interponerse recurso extraordinario por infracción procesal y de casación, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, los cuales deberán prepararse presentando un escrito ante esta Sección Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, dentro del plazo de cinco días computados desde el siguiente a aquel en que se le notifique esta resolución.

De no presentarse, en el plazo de los cinco días, escrito preparatorio del recurso de casación o extraordinario por infracción procesal, por alguna de las partes litigantes, la presente sentencia deviene firme y se devolverán los autos originales, con certificación de esta sentencia, al Juzgado de Primera Instancia número 18 de Madrid, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.