BDB AP Alicante 10033/2005
Fecha: 25 de febrero de 2005
Órgano: Audiencia Provincial de Alicante
Sala: Sala de lo Civil, Sección 8
Ponente: ENRIQUE GARCIA-CHAMON CERVERA
Sentencia: 95 / 2005
Recurso: 120 / 2004
Rollo: 120 / 2004
Resumen:
Contrato de abanderamiento en estación de combustible. Cesión de derecho de superficie y comisión en exclusiva.

En la ciudad de Alicante, a veinticinco de febrero de dos mil cinco.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 415/03, sobre nulidad y resolución de contrato, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia Núm. 6 de Alicante, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte actora-reconvenida, Don Juan Antonio y "Gasolinera del Merca, S.L.", representada por el Procurador Don Juan Carlos Olcina Fernández, con la dirección del Letrado Don Francisco Rivilla Molero; y como apelada, la parte demandada-reconviniente, "Mercados Centrales de Abastecimientos de Alicante, S.A." ("Mercalicante, S.A."), representada por el Procurador Don José Córdoba Almela con la dirección del Letrado Don Luis Corno Caparrós.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 415/03 del Juzgado de Primera Instancia Núm. 6 de Alicante, se dictó Sentencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " Que desestimo la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Olcina Fernández en nombre y representación de D. Juan Antonio y Gasolinera del Merca S.L. imponiéndole las costas procesales causadas.

Que estimando la acción resolutoria deducida vía reconvencional en relación a la compraventa declaro resuelto el contrato celebrado entre Mercalicante S.A. y la mercantil Gasolinera del Merca S.L. el día 18 de diciembre de 2000 y en consecuencia, el derecho de la actora reconvencional de recuperar las instalaciones haciendo suyas las cantidades entregadas hasta la fecha y sin entrar a conocer de la acción resolutoria respecto del contrato de cesión del derecho de superficie al apreciarse, de oficio litispedencia, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en vía reconvencional".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte actora; y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la parte demandada que presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 120-112/04, en el que se acordó devolver las actuaciones al Juzgado de instancia para acreditar el pago de la tasa por la parte apelante. Una vez subsanada la referida omisión, se señaló para la deliberación, votación y fallo el día de la fecha, en el que ha tenido lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el primer motivo del recurso de apelación se denuncia la vulneración de lo establecido en los artículos 1.265 y 1.266 del Código civil y de la jurisprudencia que los interpreta así como error en la apreciación de la prueba.

Alega la parte recurrente que el motivo principal que le impulsó a la celebración de los contratos de cesión del derecho de superficie de fecha 30 de junio de 2000 y de compraventa de instalaciones de gasolinera de 18 de diciembre de 2000 fue la expectativa de negocio que representaba la inminente puesta en práctica del Proyecto SIME/MP (mercado virtual de productos agroalimentarios) en las instalaciones de la demandada, según le comentó el entonces representante de ésta, lo cual provocaría un importante aumento de las operaciones comerciales y, consiguientemente, una mayor afluencia de vehículos de transporte que necesitarían repostar combustible en la gasolinera objeto de esos contratos. Al no llegar a aplicarse aquel proyecto cuya puesta en práctica constituyó el motivo de la celebración de los dos contratos, su consentimiento estuvo viciado por error lo que fundamenta la pretensión de anulación de ambos contratos deducida en la demanda.

En relación con los móviles internos, subjetivos, que llevan a las partes a contratar, no son nunca tomados en cuenta en aras a la seguridad del tráfico; sólo se tienen en consideración los motivos incorporados a la causa del negocio. Así, en la STS de 21 de junio de 1978 se expresa: "Que al estudiar el error en el consentimiento la doctrina jurisprudencial ha fijado pautas de valoración, que cabe sintetizar así: Primero.- Habiendo de atenderse a la base negocial, el error anulatorio recaerá sobre las condiciones o cualidades de la cosa que constituyan la causa principal o determinante del contrato, y por ello el simple error sobre los motivos que decidieron a los sujetos a celebrar el contrato no origina efecto alguno (sentencia de 31 de septiembre de 1973), pues aunque haya que partir de un criterio subjetivo de esencialidad, la justificación del carácter esencial del error habrá de hacerse en relación con el objeto y cualidades especialmente tenidas en cuenta en el caso concreto (sentencia de 14 de junio de 1943). Segundo.- El reconocimiento del error sustancial con trascendencia anulatoria del negocio tiene un sentido excepcional muy acusado, ya que fundamentalmente lo decisivo para la existencia y eficacia del negocio jurídico es, que se declare una voluntad y que lo declarado se ajuste realmente a lo querido, sin que los motivos que hayan decidido a las partes a celebrarlo puedan ejercer influencia alguna, por regla general, sobre la validez del acto (sentencias de 14 de junio de 1943, 7 de febrero de 1958, 5 de marzo de 1962, 30 de septiembre de 1963 y 28 de febrero de 1974). Tercero.- Los principios de responsabilidad y de protección de la "bona fides" y a la seguridad del comercio jurídico, no consisten que sea invocado para anular la declaración de un error evitable con normal diligencia (sentencias de 23 de mayo de 1935), 14 de junio de 1963, 9 de marzo de 1951, 16 de diciembre de 1953, 26 de noviembre de 1956, 5 de marzo, 6 de abril y 8 de mayo de 1962 21 de mayo de 1963, 11 de marzo de 1964, 23 de marzo de l968, 14 de mayo y 8 de junio de 1968 y 7 de abril de 1976." Por otro lado, en la STS de 9 de abril de 1980 se profundiza en la irrelevancia del error en el motivo del contrato al decir: "Y por último, no obsta a lo expuesto que el artículo 1266, con matiz subjetivista, se refiere a las condiciones de la cosa que principalmente diesen motivo a celebrar el contrato, ya que para que esas condiciones hubieran de ser relevantes respecto de la validez del contrato debieron incorporarse al acto jurídico, saliendo de su esfera interna de simple razones particulares de los recurrentes sin virtualidad jurídica frente al otro contratante para integrarse en la cosa e incorporarse a la declaración de voluntad contractual, lo que tampoco aconteció en el supuesto litigioso; por cuyas razones ha de decaer también el cuarto y último de los motivos de este recurso, en el que al amparo del artículo 1692, número uno, de la Ley de Enjuiciamiento Civil se acusa interpretación errónea del artículo 1366 del Código Civil".

En nuestro caso, no puede elevarse la falta de puesta en práctica del proyecto "SIME/MP" en las instalaciones de "Mercalicante, S.A." ni el incumplimiento de las expectativas de beneficios en la explotación de la gasolinera que se representaba mentalmente la parte actora cuando suscribió los dos contratos a la categoría de error-vicio y, todo ello, en atención a las siguientes razones:

En primer lugar, el error en los motivos que inspiró a la parte actora a la celebración de los contratos es irrelevante pues en ningún momento se reseñaron en su clausulado como elementos determinantes para la prestación del consentimiento. Nunca se incorporó expresamente la ejecución de ese proyecto como causa de los contratos sino, a lo sumo, quedó exclusivamente en la voluntad interna de los actores sin ninguna proyección externa.

En segundo lugar, durante la relación contractual no consta que el superficiario ni la compradora hubiesen requerido en algún momento, de manera expresa, la inmediata puesta en práctica del proyecto "SIME/MP" en el sentido de que resultaba indispensable para continuar explotando el negocio de la gasolinera.

En tercer lugar, la actora alegó que "Repsol Comercial" realizó un estudio de viabilidad en el que se tenía en cuenta la puesta en práctica del proyecto "SIME/MP" como elemento determinante para firmar el contrato de comisión en exclusiva aportado como documento número 6 de la demanda. Sin embargo, la parte actora no ha aportado el supuesto estudio de viabilidad cuando le resultaba fácil su acceso y disponibilidad, por lo que su no incorporación a los autos sólo a ella debe de perjudicar según dispone el artículo 217.6 LEC. En todo caso, en el contrato de comisión en exclusiva no existe la más mínima referencia al proyecto aludido.

En cuarto lugar, cuando se suscribieron los dos contratos, el proyecto "SIME/MP" no era más que eso, un proyecto que aún no tenía aplicación práctica por lo que la parte actora debía asumir el riesgo comercial de que definitivamente aquel proyecto se cancelara o no tuviera el resultado esperado. En definitiva, no hay que confundir el error-vicio con el riesgo que lleva consigo el inicio de cualquier actividad empresarial por muy excelentes expectativas de beneficio que lleve aparejadas.

SEGUNDO.- En el segundo motivo del recurso de apelación se denuncia el error en la aplicación del artículo 400 de la LEC en relación con los artículos 827.3 del mismo cuerpo legal y 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque. Con este motivo, la parte apelante quiere poner de manifiesto que la falta de oposición de la nulidad del contrato de compraventa en el previo Juicio Ejecutivo número 464/02 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Alicante no le impedía alegar la nulidad del contrato en este proceso posterior.

El significado que la Juzgadora de instancia atribuye al argumento de la falta de oposición de la nulidad contractual por la concurrencia del error-vicio en el proceso anterior no es el que indica el apelante. Es un argumento que contribuye a desestimar la concurrencia de ese vicio del consentimiento (se dice expresamente "A mayor abundamiento") en la medida en que resulta incomprensible que la actora alegue que fue determinante para la prestación del consentimiento la puesta en práctica del proyecto "SIME/MP" y, sin embargo, no haga la más mínima referencia a esa cuestión ni extrajudicialmente al comunicarse con la demandada o con terceros ni en el proceso en el que se le está reclamando el abono de los pagarés emitidos como consecuencia de la compraventa. Precisamente, esa falta de oposición de la nulidad contractual por concurrencia de error cuando pudo hacerlo la ahora actora en el anterior Juicio Ejecutivo puede servir como un elemento probatorio más de la poca influencia que el desarrollo y puesta en práctica del proyecto tuvo para la celebración de los contratos litigiosos.

TERCERO.- En el tercer motivo del recurso de apelación se denuncia error en la aplicación del artículo 1.124 del Código civil y demás concordantes, así como la jurisprudencia que lo interpreta.

La obligación que se dice incumplida es la contenida en la estipulación séptima del contrato de cesión del derecho de superficie celebrado el día 30 de junio de 2000 que reza así: "Que a instancia de MERCALICANTE, S.A. se podrá realizar el suministro eléctrico de forma directa, sin coste alguno para la superficiaria, repercutiendo únicamente el coste del mismo, siempre que el coste de dicho suministro le resultare más favorable al arrendatario, que contratándolo directamente con la compañía eléctrica."

Del tenor de esa cláusula contractual inferimos que: 1.-) el suministro eléctrico directo por parte de la entidad demandada es potestativo, no imperativo; 2.-) el referido suministro directo no es gratuito sino que es oneroso al poder repercutir su coste.

En relación con el suministro de energía eléctrica a la gasolinera, son hechos acreditados los siguientes: 1.-) desde el inicio de la relación contractual, la gasolinera recibió el suministro eléctrico directamente de la entidad demandada; 2.-) el superficiario no abonó ninguna suma por ese concepto ni tampoco consta que se le requiriera el pago; 3.-) por razones técnicas, la gasolinera debe tener su propio e individual suministro de energía eléctrica (informe de "Iberdrola" aportado como documento número 25 de la demanda); 4.-) la nueva Gerencia de "Mercalicante, S.A." requirió al superficiario en reiteradas ocasiones para que regularizara el suministro de energía eléctrica directamente con "Iberdrola"; 5.-) la ejecución de la obra que exigía "Iberdrola" era excesivamente costosa para la actora; 6.-) ante la falta de contratación directa e individual del suministro de electricidad por parte de los responsables de la gasolinera, "Mercalicante, S.A." decidió cortar el suministro que la gasolinera obtenía de la red de esa entidad.

Ningún incumplimiento es imputable a "Mercalicante, S.A." porque: 1.-) técnicamente estaba obligado el superficiario a contratar el suministro individual y directo con la empresa operadora; 2.-) ningún derecho había adquirido el superficiario para que "Mercalicante, S.A." le siguiera suministrando energía eléctrica por el simple hecho de que durante aproximadamente dos años esa situación se hubiera mantenido sin abonar contraprestación alguna pues ya se ha dicho que ese suministro era potestativo; 3.-) del clausulado de ambos contratos no existe obligación alguna por parte de "Mercalicante, S.A." de facilitar a los titulares de la gasolinera una conexión directa con la empresa suministradora de energía eléctrica; 4.-) el corte del suministro no se llevó de manera repentina sino que sucedió tras varios requerimientos y al no dar ninguna respuesta satisfactoria el superficiario.

En definitiva, al no imputarse a "Mercalicante, S.A." el incumplimiento de ninguna obligación contenida en el contrato de superficie, no puede prosperar la pretensión de resolución del contrato al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.124 que articuló subsidiariamente la parte actora en la demanda principal.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1, en relación con el artículo 398.1, ambos, de la LEC, al desestimarse el recurso de apelación procede imponer las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

PARTE DISPOSITIVA

Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Alicante de fecha treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución, imponiendo a la parte apelante las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.