BDB AP Alicante 14474/2006
Fecha: 29 de marzo de 2006
Órgano: Audiencia Provincial de Alicante
Sala: Sala de lo Civil, Sección 5
Ponente: JOSE LUIS UBEDA MULERO
Sentencia: 153 / 2006
Recurso: 572 / 2005
Rollo: 572 / 2005
Resumen:
Se solicitaba la declaración de nulidad de contratos celebrados con la mercantil demandada sobre derecho de superficie y arrendamiento de industria, así como la indemnización de perjuicios correspondiente a tal declaración. El objeto del contrato consistía esencialmente en la construcción por la demandada en terrenos de las actoras de una estación de servicio de combustibles y posterior cesión de su explotación a éstas, a las que suministraría sus productos en exclusiva. Se estima la nulidad pero no así la concesión de una indemnización.

En la ciudad de Alicante, a veintinueve de Marzo de dos mil seis.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados antes citados y EN NOMBRE DE S.M. EL REY ha dictado la siguiente SENTENCIA Nº 153

En el recurso de apelación interpuesto por Maneser S.L. y Manestasur S.L. , representadas por la Procuradora Sra. Pastor Berenguer y dirigidas por la Letrada Sra. Marín Corral , frente a la parte apelada B.P. Oil España S.A. representada por la Procuradora Sra. De Miguel Fernández y dirigida por el Letrado Sr. Lobato Lavin , contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Alicante , habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Luis Úbeda Mulero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número Nueve de Alicante , en los autos de juicio ordinario número 1354/03 , se dictó en fecha once de Mayo de dos mil cinco, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos autos interpuesta por Maneser S.L. y Manestasur S.L., representados por el Procurador Sra. Pastor Berenguer y asistidos del letrado Sra., Marín Corral, contra BP OIL ESPAÑA S.A. representado por el procurador Sra. Maria Paz de Miguel y asistidos del letrado Sr. Lobato, debo declarar la nulidad de la escritura pública de constitución de derecho de superficie y del contrato de arrendamiento de industria y suministro en exclusiva, sin reintegración de contraprestación económica a ninguna de las partes.

Todo ello con la condena en costas de este proceso según fundamento de derecho segundo. "

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada , habiéndose tramitado el mismo por escrito en el Juzgado de procedencia, en la forma introducida por la Ley 1/2000 , elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente Rollo de apelación nº.572-B/05, señalándose para votación y fallo el pasado día veintiocho de Marzo de dos mil seis.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda que inició el procedimiento de juicio ordinario seguido ante el Juzgado, cuantificada por la parte actora en 531.895,58 euros, se solicitaba la declaración de nulidad de contratos celebrados con la mercantil demandada sobre derecho de superficie y arrendamiento de industria, así como la indemnización de perjuicios correspondiente a tal declaración. El objeto del contrato consistía esencialmente en la construcción por la demandada en terrenos de las actoras de una estación de servicio de combustibles y posterior cesión de su explotación a éstas, a las que suministraría sus productos en exclusiva. No habiéndose opuesto a la causa de nulidad la demandada, la sentencia estima parcialmente la demanda en tal punto y la rechaza en cuanto a la concesión de indemnización, siendo recurrida por tal causa por las demandantes.

SEGUNDO.- El primero de los motivos del recurso hace referencia a la procedencia de la indemnización por entender que la nulidad contractual es únicamente imputable a la demandada, que le impuso un contrato de adhesión a sabiendas de su nulidad, cuya causa no descubrieron las actoras hasta mucho después, alegaciones que no pueden aceptarse. La causa de la nulidad, según se refleja en la sentencia de primera instancia, fue la de incumplirse por las partes la normativa de la Comunidad Económica Europea en la materia, contenida en el Reglamento 2790/1999, de 29 de diciembre CEE y el art. 81 del Tratado de la misma Comunidad, sobre régimen jurídico de los contratos de venta en exclusiva, normativa que a la fecha de celebración de los contratos, 14 de junio de 2001, podía y debía ser conocida por ambas partes, por lo que a ambas debe imputarse la responsabilidad que da lugar a la aplicación del art. 1306.1.ª del Código Civil , a cuyo tenor ninguna podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro le hubiera ofrecido. Tampoco puede admitirse la existencia de un contrato de adhesión, dado el tenor de los negociados entre las partes, al no constar imposición alguna, sin que tal carácter pueda desprenderse del hecho de que la empresa demandada pueda considerarse superior en recursos y actividad a las actoras, pues la desigualdad entre las partes, que por otra parte es normal en la generalidad de los casos, no determina por sí sola la existencia de abuso de posición dominante. Por lo que respecta al descubrimiento alegado por las ahora recurrentes de la causa de nulidad de los contratos, posterior a su celebración, tampoco resulta esencial para el acogimiento de su tesis pues con una mínima diligencia y asesoramiento adecuados podrían haberla advertido antes de su efectiva celebración, debiendo tenerse en cuenta al efecto el objeto social de ambas, según el art. 3 .º de sus respectivos estatutos sociales, del que debe presumirse una mínima especialización y conocimiento en asuntos como los que son objeto de los contratos litigiosos.

TERCERO.- Si bien lo anteriormente razonado es suficiente para la desestimación del recurso, ésta también procedería por no poder acogerse favorablemente los otros dos motivos referidos a la indemnización resultante de la nulidad: de una parte, no puede confundirse la cuantificación de la demanda efectuada por las actoras a requerimiento judicial a efectos de determinar la corrección del procedimiento de juicio ordinario iniciado, obligatoria con arreglo a lo establecido en los arts. 253 y 254 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el importe de la indemnización, sin más, pues para que tal importe opere como tal debe ser objeto de prueba cumplida, de manera que el hecho de que se señale una cuantía a efectos litigiosos no implica por sí solo que se deba tener por probada a efectos indemnizatorios. Por otra parte, no se encuentra concepto en el que pueda ampararse la pretensión actora: las sentencias que cita TS, 540/2000, de 2 de junio; TJCE 2001/327, de 20 de septiembre lo único que establecen al respecto es la posibilidad de reclamar indemnización por incumplimientos contractuales con arreglo a nuestra legislación nacional; es decir, no añaden nada a nuestra regulación civil ni eximen a los posibles interesados de demostrar los daños y perjuicios que puedan haber sufrido. En el presente supuesto, éstos no pueden derivarse de un estudio teórico y realizado con carácter general, que no demuestra ni el perjuicio real sufrido por las sociedades demandantes, ni beneficio alguno para la demandada que deba considerarse como enriquecimiento injusto; al respecto es clara la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que el resarcimiento de daños y perjuicios no va ineludiblemente ligado al incumplimiento contractual, sino que es preciso demostrar además la existencia real de aquellos (Ss TS 8.07.1952, 21.10.1957 y 20.12.1960). Tampoco cabe apreciar la existencia del lucro cesante que se alegó por las actoras en la audiencia previa, pues para su aprobación ha de acreditarse con rigor su realidad o existencia pues el lucro no puede ser dudoso o incierto, de ahí que se deban rechazar las ganancias contingentes o fundadas en meras esperanzas o expectativas sin sustento real [AP Alicante (5ª), S 7.07.2004 , que recoge los requisitos y doctrina del TS en sentencia de 29.12.2000 ].

CUARTO.- En consecuencia con lo expuesto, procede la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia de instancia, con el pronunciamiento sobre costas que se deriva de la aplicación de los artículos 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTOS además de los citados los preceptos de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Maneser, S.L. y Manestasur, S.L. contra la sentencia dictada con fecha 11 de mayo de 2005 en el procedimiento de juicio ordinario n.º 1354/03 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Alicante, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a las apelantes.

Notifíquese esta resolución conforme a lo establecido en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4 y 212.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y, en su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, interesando acuse de recibo, acompañado de certificación literal de la presente a los oportunos efectos, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así por esta nuestra sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Iltmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fé.-