Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección de los menores desamparados y de la adopción (Cataluña).

Sumario:

El presente Decreto se dicta en desarrollo de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción. Esta Ley respondió, básicamente, a la necesidad de proporcionar una protección al menor, especialmente cuando se encuentra en una situación de desamparo. Hasta ese momento, la protección de los menores desamparados estaba regulada por la Ley 11/1985, de 13 de junio, de protección de menores. La Ley 37/1991 deroga expresamente el título VI de la mencionada Ley 11/1985, relativo a la tutela de menores por derecho o por inadecuado ejercicio de la patria potestad o del derecho de guarda y educación.

Posteriormente, la Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de la infancia y de la adolescencia y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, supuso, no sólo la modificación de determinados artículos de la Ley 37/1991, sino la adición de nuevos. En este sentido, se establece la posibilidad de que pueda ser adoptado el menor que esté sometido a la medida de acogidas simple por los que lo pretenden adoptar, cuando no sea previsible el retorno de aquel a su familia, y no sólo el que se encuentre en situación de acogida preadoptiva. También la mencionada Ley 8/1995 incorpora en el capítulo II de la Ley 37/1991, mediante su disposición adicional séptima, apartado 5, una Sección quinta con el título Adopción internacional.

Finalmente, el Acuerdo de 21 de septiembre de 1995 del Pleno del Parlamento de Cataluña estableció la redacción armónica de la Ley de atención y protección de los menores y los adolescentes y modificó la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción.

La Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, en su disposición final primera, faculta al Gobierno de la Generalidad y a sus consejeros competentes por razón de la materia, en lo que corresponda, para dictar las disposiciones reglamentarias para el despliegue de esta Ley.

Por otra parte, determinados artículos de la Ley contienen mandatos específicos de despliegue reglamentario, algunos de los cuales ya se materializaron en el Decreto 337/1995, de 28 de diciembre, sobre la acreditación y el funcionamiento de las instituciones colaboradoras de integración familiar y de las entidades colaboradoras de adopción internacional, y en el Decreto 313/1996, de 17 de septiembre, por el que se determina la capacidad sancionadora en el ámbito de atención y protección a la infancia y la adolescencia.

Con el presente Reglamento, por tanto, se cumplen los mandatos de la Ley 37/1991 con el ejercicio de las facultades otorgadas por la disposición final primera.

En cuanto al aspecto estructural de este Reglamento, hemos de decir que lo integran cuatro títulos. El primero de éstos, dividido en cuatro capítulos, comienza con unas disposiciones comunes y pasa, a continuación, a establecer el procedimiento para la asunción de funciones tutelares, el ejercicio de la tutela y la guarda administrativa.

El segundo título, ordenado en tres capítulos, establece una cuidadosa clasificación de los centros de atención a la infancia, entre centros de acogida y centros residenciales de atención educativa, los cuales pueden se propios o colaboradores. Este título tiene el marco normativo dado por el Decreto legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el cual se aprobó la refundición de las Leyes 12/1983, de 14 de julio, 26/1985, de 27 de diciembre, y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asistencial y servicios sociales y del Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del sistema catalán de servicios sociales.

Un tercer título, llamado de forma genérica del procedimiento de la acogida familiar, incluye en primer lugar la acogida simple en familia y el proceso de selección de la persona o familia, así como el Registro de Familias para la Acogida Simple. Después prevé la acogida preadoptiva y para la Adopción. Un tercer capítulo de este tercer título son disposiciones comunes a la acogida simple en familia y a la acogida preadoptiva.

El cuarto y último título del presente Reglamento está dedicado a la adopción internacional que, como ya hemos dicho anteriormente, se incorporó a la Ley 37/1991, mediante un #a31b">artículo 31 bis, previsto en la Ley 8/1995.

Por tanto, a propuesta de la consejera de Justicia, consultada la sectorial de infancia del Consejo General de Servicios Sociales, de acuerdo con el dictamen preceptivo emitido por la Comisión Jurídica Asesora y de acuerdo con el Gobierno de la Generalidad, decreto:

Artículo Unico.

Se aprueba el Reglamento de protección de los menores desamparados y de la adopción.

DISPOSICIÓN FINAL.

Este Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOGC, a excepción de los títulos III y IV, que entrarán en vigor el día 3 de junio de 1997.

 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES DESAMPARADOS Y DE LA ADOPCIÓN

TÍTULO I.
NORMAS GENERALES.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES COMUNES.

Artículo 1.

La Dirección General de Atención a la Infancia tiene atribuidas, dentro del ámbito territorial de Cataluña, el ejercicio de las competencias sobre protección de los menores desamparados y sobre la adopción que otorga la Ley 37/1991, de 30 de diciembre.

Artículo 2.

1. La Dirección General de Atención a la Infancia ejerce las funciones tutelares de los menores en situación de desamparo y la guarda de los menores en los términos establecidos en la legislación civil catalana.

2. La representación de los menores desamparados es ejercida por la Dirección General de Atención a la Infancia mediante el Subdirector general de Atención a la Infancia dentro del ámbito territorial de Barcelona, y de los Jefes de Atención a la Infancia en los ámbitos territoriales de Girona, Lleida y Tarragona.

Artículo 3.

La competencia territorial, a los efectos de asistencia y protección de la infancia y la adolescencia, vendrá determinada por el lugar de residencia de los padres, o del padre o de la madre que tengan la guarda del menor, o por el lugar de residencia de los representantes legales o guardadores del menor.

Cuando la competencia territorial no se pueda determinar de acuerdo con lo que establece el párrafo anterior, se determinará inicialmente por el lugar donde se encuentre el menor, sin perjuicio de su reintegración ulterior al lugar de residencia de los familiares que puedan hacerse cargo de él o al organismo de protección competente del lugar en que el menor tenga establecidas sus relaciones familiares y sociales.

Artículo 4.

Al menor extranjero que se encuentre en Cataluña en situación de desamparo, se le aplicará la legislación civil catalana sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción, y la Dirección General de Atención a la Infancia acordará las medidas de protección adecuadas en interés del menor. Se tendrán en cuenta, en su caso, las disposiciones en relación a los menores extranjeros contenidas en la Ley Órganica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y las libertades de los extranjeros en España y en las normas reglamentarias que la desarrollan.

En los casos de adopción de menores originarios del extranjero, en los supuestos del párrafo anterior, se aplicarán, cuando sea posible, las disposiciones generales del artículo 13 bis sobre adopción internacional de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de menores vigente en Cataluña.

Artículo 5.

La Dirección General de Atención a la Infancia adoptará las medidas convenientes para conseguir la protección efectiva de los menores desamparados, contando con la ayuda y colaboración de las entidades públicas y privadas, relacionadas con la infancia y la adolescencia, debidamente autorizadas. La Dirección General de Atención a la Infancia coordinará las actuaciones pertinentes a efectos de conseguir la eficiencia y eficacia necesarias.

Artículo 6.

Cualquier persona, especialmente los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales, que tengan conocimiento de una situación de desamparo o de una en la que sea previsible la situación de desamparo de un futuro recién nacido, lo comunicará de forma inmediata a la Dirección General de Atención a la Infancia, a fin de efectuar la oportuna coordinación con la red sanitaria y de servicios sociales, en su caso, y poder adoptar las medidas procedentes para hacer efectiva su protección.

Artículo 7.

La Dirección General de Atención a la Infancia promoverá las actuaciones legales necesarias en defensa de los derechos e intereses de los menores respecto de los cuales tenga asumida funciones tutelares.

CAPÍTULO II.
PROCEDIMIENTO PARA LA ASUNCIÓN DE FUNCIONES TUTELARES.

Artículo 8.

Cuando la Dirección General de Atención a la Infancia tenga conocimiento de la situación de desamparo en la que se encuentre o pueda encontrarse un menor, se incoará el expediente oportuno, de acuerdo con lo que se dispone en los artículos siguientes.

Artículo 9.

1. Los equipos técnicos competentes valorarán razonadamente la existencia de factores de riesgo social que justifiquen la apreciación de la situación de desamparo y, si es necesario, propondrán esta declaración.

2. Se considerará que existen factores de alto riesgo social cuando en relación al menor se dé la concurrencia de indicios de los supuestos siguientes, por parte de sus padres, tutores o guardadores:

  1. Que el menor sea abandonado por parte de las personas a las cuales corresponde por Ley ejercer las funciones de guarda.

  2. Que se haya producido negligencia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, higiénicas, de salud o educativas del menor.

  3. Que los padres, tutores o guardadores o las personas que convivan o estén relacionadas directamente con el menor sufran una enfermedad mental que repercuta negativamente sobre él.

  4. Que los padres, tutores o guardadores o las personas que convivan o estén relacionadas con el menor sean drogodependientes y repercuta negativamente sobre él.

  5. Que se haya suministrado al menor sustancias psicotrópicas o de cualquier otra sustancia tóxica sin causa médica justificada.

  6. Que se hayan infligido al menor maltratos físicos o psíquicos, abusos sexuales, explotación u otros maltratamientos de naturaleza análoga.

  7. Que no hayan vínculos afectivos o estos tengan muchas carencias, por incumplimiento de los deberes de protección por parte de los padres, tutores o guardadores y que están establecidos por la Ley para la guarda de los menores.

  8. Que se induzca al menor a la mendicidad delincuencia o prostitución.

  9. Que se dé cualquier desatención o imprudencia que atente contra la integridad física o psíquica del menor.

  10. Que se dé una desescolarización reiterada o continuada.

  11. Cuando se aprecien objetivamente otros factores que imposibiliten el desarrollo integral del menor.

Artículo 10.

Para apreciar la procedencia de la declaración de la situación de desamparo se solicitarán los informes sociales, médicos, psicológicos, pedagógicos o policiales, si es necesario, y también de las posibilidades de atención de la propia familia o familia extensa o, en su caso, ajena.

El órgano competente para declarar mediante resolución el desamparo es la directora general de Atención a la Infancia.

Cuando el desamparo haga necesaria la separación del menor de su núcleo familiar, será necesario indicar el plan de mejora a seguir para favorecer su retorno a la familia, siempre que sea posible. Esos mismos informes se podrán solicitar para apreciar cualquier cambio de medida.

Artículo 11.

Los equipos técnicos, en su intervención durante el proceso de estudio y evaluación, deben escuchar al menor de más de doce años y a los que tengan la patria potestad o guarda del menor, siempre que sea posible.

También escucharán al menor de menos de doce años si tiene suficiente conocimiento.

Los equipos técnicos podrán solicitar información a otras personas que puedan aportar datos sobre la situación del menor y de su familia o guardadores.

Por otro lado, cuando sea posible, completarán los datos personales y la documentación relativa al menor y a su familia que sean relevantes para el expediente y toda la información y certificados que aporten los interesados. Todos estos datos y documentos se aportarán al expediente administrativo del menor.

Artículo 12.

Los padres o guardadores del menor podrán comparecer ante los equipos técnicos y aportar los informes para un mejor conocimiento de los hechos y circunstancias relevantes para el expediente. En este caso, se hará constar documentalmente las manifestaciones de los padres o guardadores. Los informes o documentos aportados deberán unirse al expediente.

Artículo 13.

Para proponer la medida de protección adecuada para la atención y el desarrollo integral del menor, se analizará y estudiará su situación de riesgo, y su realidad personal, social y familiar. El análisis se llevará a cabo en el propio medio natural del menor, o bien en los centros de acogida o en las familias acogedoras. El análisis de la situación de riesgo comportará la evaluación razonada del estado físico, psicológico, afectivo, educativo y sociofamiliar del menor.

Artículo 14.

Los equipos técnicos priorizarán la medida de protección de atención a la propia familia cuando se prevea que la situación de desamparo, puede ser modificable mediante la acción de las intervenciones técnicas adecuadas.

Artículo 15.

En la propuesta técnica de medida de protección se especificará razonadamente y de forma clara y concisa:

  1. El plan de mejora.

  2. El alcance de la medida, con la previsión de su duración y de la forma en que se ha de ejercer.

  3. Cuales serán los objetivos concretos a alcanzar y por los cuales se propone la medida.

Artículo 16.

Una vez completada la información necesaria a la que se refieren los artículos anteriores, los equipos técnicos deben elaborar de forma razonada la propuesta técnica que, con la validación previa de las unidades a las que corresponda de la Dirección General de Atención al Menor, ha de ser elevada a la directora general de Atención al Menor, que debe dictar la correspondiente resolución. Cuando la propuesta sea de adopción de alguna medida que comporte la separación del menor de su núcleo familiar, será preceptivo el informe previo del Comité Técnico de Evaluación de Declaraciones de Desamparo. También es preceptivo este informe en las propuestas de cambio de medida que comporten dicha separación y en las revisiones que la mantengan.

CAPÍTULO III.
DEL EJERCICIO DE LA TUTELA.

Artículo 17.

La Dirección General de Atención a la Infancia ejercerá las funciones tutelares mediante los órganos citados en el capítulo I, en las condiciones específicas previstas en la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares.

Artículo 18.

Las medidas de protección adoptadas podrán ser revisadas y modificadas en cualquier momento, en función de su evolución.

Artículo 19.

Cuando el menor tutelado disponga de bienes propios, la Dirección General de Atención a la Infancia actuará conforme a las disposiciones de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela e instituciones tutelares.

En caso, que fuera necesario y cuando las circunstancias lo aconsejen, se podrá promover el nombramiento judicial de un administrador patrimonial.

CAPÍTULO IV.
DE LA GUARDA ADMINISTRATIVA.

SECCIÓN I. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA GUARDA.

Artículo 20.

En los casos previstos en el artículo 9 de la Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de protección de los menores desamparados y de la adopción, los padres o guardadores de un menor podrán solicitar a la Dirección General de Atención a la Infancia que asuma la guarda temporal.

Esta solicitud se podrá formular ante los servicios sociales de atención primaria, que deberán canalizarlo mediante los servicios sociales especializados de atención a la infancia y adolescencia del territorio donde resida la familia, o directamente a estos últimos.

Artículo 21.

Una vez formulada la solicitud, se iniciará el expediente correspondiente, donde constará la información acreditativa de las circunstancias de fuerza mayor concurrentes, el plan de mejora a seguir para favorecer el retorno del menor a su familia, y que se ha escuchado al menor de más de 12 años y al menor de menos de 12 años si tiene suficiente conocimiento. Los servicios técnicos correspondientes valorarán la solicitud y la documentación que consta en el expediente y se elevará la propuesta de medida que, previa validación del servicio correspondiente y con el asesoramiento de los servicios jurídicos, será resuelta por la directora general de Atención a la Infancia, que designará en la misma resolución, el recurso familiar o residencial pertinente y acordará la constitución de la guarda.

Artículo 22.

Cuando la solicitud se haya formulado ante los servicios sociales especializados de atención a la infancia y adolescencia, éstos la deberán valorar con las formalidades y requisitos previstos en el artículo anterior y la deberán remitir con el informe propuesta correspondiente, a la Dirección General de Atención a la Infancia, que resolverá de acuerdo con lo que disponer el artículo precedente.

SECCIÓN II. DEL EJERCICIO DE LA GUARDA.

Artículo 23.

La Dirección General de Atención a la Infancia, mientras tenga la guarda temporal de un menor, dispondrá que sea atendido mediante acogida simple en familia o acogida simple en institución.

Artículo 24.

El director del centro residencial o las personas que acojan al menor, ejercerán la guarda, bajo la vigilancia de la Dirección General de Atención a la Infancia, a la que deberán facilitar información periódica, semestralmente como mínimo, sobre la situación y atención al menor, sin perjuicio del seguimiento que efectúen los servicios correspondientes.

Artículo 25.

La guarda temporal del menor cesará a solicitud de los padres, del tutor o de los guardadores, cuando estén en situación adecuada para hacerse responsables de él.

 

TÍTULO II.
CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

CAPÍTULO I.
NORMAS GENERALES.

Artículo 26.

La acogida en centros de atención a la infancia se acordará en los casos establecidos por la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de protección de los menores desamparados y de la adopción.

Artículo 27.

La acogida en centros de atención a la infancia se realizará en centros de régimen abierto, donde las únicas limitaciones de entrada y salida de los menores acogidos estarán marcadas por sus necesidades educativas y de protección, de acuerdo con las normas generales de funcionamiento.

Artículo 28.

Las normas generales de funcionamiento de cada centro estarán recogidas en su reglamento de régimen interior, que deberá ser aprobado por el titular de la Dirección General de Atención a la Infancia.

Artículo 29.

Los centros de atención a la infancia se clasifican en centros de acogida y centros residenciales de acción educativa, y pueden ser propios o colaboradores.

Artículo 30.

Son centros propios aquellos cuya dirección y gestión corresponde a la Dirección General de Atención a la Infancia.

Son centros colaboradores los que pertenecen a otras entidades públicas o privadas, sin ánimo de lucro, con las que la Dirección General de Atención a la Infancia haya establecido acuerdos de colaboración mediante convenio.

Artículo 31.

Los centros de atención a la infancia contarán con un proyecto marco aprobado por la Dirección General de Atención a la Infancia, validado por ella y basado en los principios de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, de protección de los menores desamparados y de la adopción.

Artículo 32.

Los centros de atención a la infancia deberán estar inscritos en la Sección de servicios y establecimientos de atención a la infancia y la adolescencia del Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales.

Artículo 33.

La guarda del menor se confiará al director del centro, mediante la resolución administrativa correspondiente por la cual se adopta la medida de protección.

Artículo 34.

Los centros contarán con personal educativo suficiente, formado por educadores sociales de ambos sexos, que deberán tener capacitación profesional adecuada, según las disposiciones de este reglamento.

CAPÍTULO II.
DE LOS CENTROS DE ACOGIDA.

Artículo 35.

Los centros de acogida son servicios residenciales de estancia limitada y que tienen por objeto:

  1. Dar respuesta inmediata y transitoria de acogida a cualquier menor que esté en situación de alto riesgo y que debe ser separado de su núcleo familiar, y ejercer la función substitutoria temporal de la familia.

  2. Realizar la observación y el diagnóstico de la situación de los menores atendidos y de sus familias para elaborar la correspondiente propuesta de medida.

Artículo 36.

Estos centros deben disponer de:

  1. Un equipo educativo formado por educadores sociales que realicen la atención directa.

Cada menor contará con un educador como figura referencial durante su permanencia en el centro de acogida que será su educador-tutor. Este será el responsable del plan de trabajo individualizado del menor, recogiendo, integrando y aportando la observación propia y la del resto del equipo educativo al equipo técnico interdisciplinar:

  1. Un equipo técnico interdisciplinar formado por: asistente social o diplomado de trabajo social, psicólogo, pedagogo, médico y el educador-tutor. Este equipo tiene la función de recoger toda la información del caso, examinar, explorar y valorar las circunstancias, situación y necesidades de los menores para emitir un informe diagnóstico interdisciplinar que posibilite la elaboración de la propuesta de medida más adecuada. La exploración diagnóstica unidisciplinar de cada profesional y la observación del educador-tutor, deberá globalizarse e integrarse en el trabajo interdisciplinar.

Artículo 37.

Los centros de acogida podrán clasificarse en función de las franjas de edad de los niños que se atienden, de la manera siguiente:

  1. Centros de acogida de adolescentes: de 12 a 18 años, con la posibilidad de flexibilizar las franjas de edad en los casos de grupos de hermanos. Dadas las características de este período evolutivo y de estos centros, no siempre serán mixtos.

  2. Centros de acogida de niños pequeños: de 0 a 12 años, con flexibilidad en casos de grupos de hermanos. Dadas las características específicas de la primera infancia, se deberán establecer diferentes módulos por niveles de edad.

  3. Centros de acogida verticales: son aquellos que acogen menores de franjas de edad diversas.

Artículo 38.

La permanencia en estos centros estará limitada en el tiempo a la duración de la realización del análisis de la situación de riesgos del menor, del estudio diagnóstico y de la elaboración de la propuesta de medida de protección.

CAPÍTULO III.
DE LOS CENTROS RESIDENCIALES DE ACCIÓN EDUCATIVA.

Artículo 39.

Los centros residenciales de acción educativa son aquellas instituciones donde residen temporalmente los menores a los que se les aplica la medida de acogida simple en institución, de acuerdo con la propuesta de medida que conste en el informe previo de los equipos técnicos competentes.

Artículo 40.

Estos centros serán preferentemente mixtos y las plantillas de educadores estarán formadas por profesionales de ambos sexos.

Artículo 41.

La organización de los centros se llevará a cabo de manera que reproduzca, tanto como sea posible, las condiciones de vida de un familia, para permitir al menor un crecimiento armónico y estable. Los grupos de convivencia serán reducidos y cada menor tendrá un educador tutor de referencia.

Artículo 42.

Los centros residenciales de acción educativa realizarán el proyecto educativo individualizado del menor, en un plazo no superior a cuarenta y cinco días posteriores al ingreso del menor en el centro. En este proyecto figurarán los objetivos educativos que se pretenden alcanzar con el menor, de acuerdo con su estudio diagnóstico y las estrategias de intervención a utilizar. Las actuaciones anteriores serán debidamente coordinadas con las que efectúen los otros equipos profesionales con la familia del menor.

El proyecto educativo individualizado preverá los sistemas de evaluación de la acción educativa y de la evolución del menor, de manera que se puedan revisar los objetivos propuestos en función de sus evolución.

Artículo 43.

Los centros residenciales de acción educativa podrán clasificarse en función de las franjas de edad consideradas, de la manera siguiente:

  1. Centros para menores de primera infancia: menores de 0 a 3 años.

  2. Centros para menores y preadolescentes: menores entre 4 y 12 años.

  3. Centros para menores adolescentes: menores entre 13 y 16 años.

  4. Centros para jóvenes de 16 a 18 años.

  5. Centros verticales: son aquellos centros que acogen a menores de franjas de edad muy diversas, en atención especialmente a la problemática que presentan las acogidas institucionales de grupos de hermanos.

  6. Pisos asistidos.

  7. Hogares funcionales.

Artículo 44.

Los centros para jóvenes entre 16 a 18 años, podrán utilizar otros recursos asistenciales más autónomos, donde se pueda preparar con más intensidad el programa de desinternamiento y autonomía del menor para su próximo desinternamiento.

Artículo 45.

Los pisos asistidos son viviendas que ofrecen un servicio de carácter asistencial y educativo para jóvenes entre 16 a 18 años, para los cuales se considera necesario iniciar un proceso de desinternamiento gradual para conseguir la mayoría de edad con la capacidad suficiente para obtener la integración social.

Artículo 46.

Estos pisos asistidos contarán con el personal cualificado formado por educadores sociales, que podrán tener soporte externo de otros educadores y, si es necesario, el de otros profesionales especializados.

Artículo 47.

Se podrán crear, promover o concertar centros residenciales de acción educativa específicos destinados a atender a niños que no puedan ser adecuadamente integrados en los otros centros porque requieran tratamientos y atenciones muy especializadas.

Artículo 48.

Los hogares funcionales son servicios que consisten en acogidas simples de niños o de adolescentes hasta un máximo de ocho menores. Este número se podrá superar en el caso de grupos de hermanos.

Artículo 49.

Los hogares funcionales serán regidos por una persona o familia acogedora debidamente validada y contarán con el soporte de un educador social.

Artículo 50.

Se podrán utilizar centros residenciales de acción educativa con sistemas de educación intensiva para menores de 12 a 18 años que requieran estos métodos educativos para avanzar en el proceso educativo.

 

TÍTULO III.
DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR Y DE LA ADOPCIÓN.

CAPÍTULO I.
DEL ACOGIMIENTO SIMPLE EN FAMILIA.

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 51.

La propuesta de medida del acogimiento simple para una persona o familia hecha por los equipos técnicos deberá tener en cuenta y valorar los aspectos siguientes:

  1. Las necesidades y circunstancias del menor y un proyecto de actuación educativa específico para éste.

  2. La posibilidad de retornar a menor a su familia biológica y, en su caso, una previsión temporalidad.

  3. El plan de mejora que se debe seguir para favorecer su retorno a la familia biológica, siempre que sea posible. El plan deberá incluir el régimen de visitas aconsejable.

Artículo 52.

1. La medida de acogimiento simple por una persona o familia será acordada por la Dirección General de Atención a la Infancia, con audiencia previa de los padres, del tutor, del guardador o de los familiares que hayan convivido con el menor, si están identificados y localizados.

2. En la misma resolución que acuerde la medida se podrá constituir el acogimiento simple en interés al menor si ya se cuenta con una persona o familia propuesta para tal fin.

Artículo 53.

1. Una vez constituido el acogimiento, su evolución será revisada por la Dirección General de Atención a la Infancia, como mínimo cada seis meses, y se hará constar la valoración de la medida en informe escrito; todo esto sin perjuicio de las facultades que, según los artículos 6 y 11 de la Ley, corresponden al ministerio fiscal.

2. Si transcurrido el tiempo de duración del acogimiento, resulta aconsejable mantener al menor separado de su hogar o entorno familiar, los equipos técnicos podrán proponer la prórroga de la medida y, en su caso, la resolución que la acuerde se adoptará siguiendo el mismo procedimiento establecido por los artículos 51 y 52 de este Reglamento.

3. La Dirección General de Atención a la Infancia, directamente o a través de las entidades colaboradoras de integración familiar, asesorará y dará el apoyo técnico necesario al menor y a la familia que lo acoge, para el buen desarrollo del acogimiento.

Artículo 54.

1. El acogimiento simple se puede constituir en la familia extensa del menor o en familia ajena.

2. A efectos de este Reglamento, se entenderá como familia extensa aquella en que existe una relación de parentesco por consaguinidad o por afinidad entre el menor y la persona acogedora, o los miembros de la familia acogedora. El acogimiento en familia ajena se constituirá con personas o familias que no tengan ninguna relación de parentesco con el menor.

Artículo 55.

Se procurará que los hermanos sean acogidos por una misma familia o persona. En caso de que sean separados, deberá facilitarse la relación entre ellos.

SECCIÓN II. ACOGIMIENTO SIMPLE EN FAMILIA EXTENSA.

Artículo 56.

El acogimiento en familia extensa tendrá preferencia respecto del acogimiento en familia ajena, siempre que concurran las circunstancias establecidas en el artículo siguiente.

Artículo 57.

La elección de los familiares se hará teniendo en cuenta, en todo caso, que aquellos que quieran acoger al menor haya mostrado suficiente interés por el bienestar de éste, que haya vínculo afectivo, que tengan la capacidad de preservarlo de las condiciones que generaran la situación de desamparo, y una adecuada aptitud educadora. Así mismo, será necesario que haya oposición al acogimiento familiar por parte de las personas en el domicilio de los acogedores.

SECCIÓN III. ACOGIMIENTO SIMPLE EN FAMILIA AJENA.

Artículo 58.

1. La persona o personas que se ofrezcan para acoger a un menor tendrán que presentar la solicitud a la Dirección General de Atención a la Infancia, en el cual deberán constar los datos personales y familiares y su voluntad de acoger en forma simple a uno o más menores.

2. El solicitante o solicitantes de acogimiento tendrán que adjuntar a la solicitud la documentación siguiente:

  1. Certificado de antecedentes penales.

  2. Informe médico de salud física y psíquica relacionado con la posibilidad de prestar una adecuada atención al menor.

  3. Certificado de empadronamiento en el cual consten todas las personas que viven en el domicilio.

Artículo 59.

Sólo se resolverán favorablemente los ofrecimientos de las familias o personas que tengan residencia habitual fuera de Cataluña cuando quede suficientemente garantizado que es posible cumplir el régimen de visitas con la familia biológica, en su caso, y hacer el seguimiento general de la medida.

Artículo 60.

1. El proceso de valoración de la familia o persona que se ofrezca para coger a un menor se hará de acuerdo con lo que establecen los artículos siguientes. La duración de todo el procedimiento no ha de exceder de seis meses. Si, transcurrido este plazo, la persona titular de la Dirección General de Atención a la Infancia no ha resuelto, la solicitud de entenderá desestimada, pero el vencimiento de dicho plazo no exime a la Administración de la obligación de resolver.

2. Los solicitantes pueden aducir, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

Artículo 61.

Las circunstancias que se tendrán en cuenta para la valoración de las personas o las familias para el acogimiento simple son las siguientes:

  1. Características personales:

  2. Circunstancias socioeconómicas:

  3. Capacidad educativa y entorno familiar directo que pueda apoyar la tarea educativa.

  4. Otras circunstancias:

Artículo 62.

1. El proceso de estudio y valoración de la persona o familia que se ofrece para acoger incluirá un mínimo de dos entrevistas, de las cuales al menos una será efectuada por un diplomado en trabajo social y otra por un psicólogo del equipo técnico competente. Se efectuará una visita domiciliaria y también se podrán incluir cuestionarios y pruebas psicométricas.

2. Dentro del proceso de selección, habrá unas sesiones informativas que se establecerán a este efecto, consistentes en un vertiente teórica sobre las características fundamentales del acogimiento simple en familia con participación de profesionales relacionados con la infancia y la educación, y una vertiente más práctica que incluirá la aportación de personas o familias que hayan vivido esta experiencia.

3. Debe quedar constancia de la asistencia de los solicitantes a estas sesiones y a las entrevistas.

4. Cada miembro del equipo técnico elaborará los informes de cada fase del proceso y un informe final respecto a las circunstancias que concurren en la persona o familia solicitante.

5. El informe favorable del equipo técnico competente debe incluir una valoración sobre las características del menor o menores susceptibles de ser acogidos por cada persona o familia.

Artículo 63.

Una vez seleccionada un apersona o familia como acogedora y antes de constituir un acogimiento simple, tendrán que asistir a las sesiones de formación que para tal fin se establezcan.

Artículo 64.

1. La Asignación de un menor en acogida a un apersona o familia determinada se hará siempre en interés de éste y a partir de sus necesidades y con valoración conjunta de los siguientes criterios:

  1. La proximidad de los lugares de residencia de los núcleos familiares para facilitar la vinculación del menor con su familia biológica cuando haya previsión de retorno.

  2. Los núcleos familiares con hijos respecto de los que no tienen.

  3. La menor edad del menor a acoger respecto de los hijos propios de la persona o de la familia acogedora.

  4. La disponibilidad para aceptar grupos de hermanos.

  5. Las parejas matrimoniales y parejas de hombre y mujer unidos de forma estable respecto de las personas individuales.

2. En los casos de igualdad de valoración, se respetará el orden cronológico de la solicitud.

3. La aceptación de la acogida por parte de la persona o familia acogedora constará por escrito.

Artículo 65.

El acogimiento simple se extingue en los supuestos siguientes:

CAPÍTULO II.
DEL ACOGIMIENTO PREADOPTIVO Y DE LA ADOPCIÓN.

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 66.

La propuesta de medida de acogimiento preadoptivo hecha por los equipos técnicos deberá tener en cuenta y valorar la concurrencia del supuesto que prevé el artículo 13.1 de la Ley 37/1991, y los aspectos siguientes:

  1. Las necesidades y circunstancias del menor.

  2. Las circunstancias de la familia de origen.

Artículo 67.

1. Una vez se haya instruido el procedimiento, con audiencia del menor de 12 años si tiene suficiente conocimiento y habiendo obtenido el consentimiento del mayor de 12 años, inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá en conocimiento de los padres o tutores que no estén privados de la patria potestad o removidos del cargo tutelar para que, en el plazo de 30 días, presten su asentimiento a la medida de acogimiento preadoptivo.

2. En el caso de que los padres o tutores que no estén privados de potestad o removidos de su cargo titular disintieran, citados no comparecieran en el plazo previsto o no hubiera podido conocer su paradero, la Dirección General de Atención a la Infancia solicitará al juez que acuerde la medida de acogimiento. A esta solicitud se deberá adjuntar el expediente y los informes técnicos emitidos.

SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES DE ADOPCIÓN.

Artículo 68.

1. La familia o persona que quiera adoptar a un menor deberá dirigirse a la Dirección General de Atención a la Infancia mediante una solicitud, en la que deberá hacer constar los datos personales y su voluntad de adoptar a un menor.

2. A esta solicitud se adjuntará la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos legales para adoptar establecidos en el artículo 18 de la Ley 37/1991, y la que, de acuerdo con el artículo siguiente, es necesaria para llevar a cabo el estudio y la valoración de los solicitantes de adopción.

3. Si falta la acreditación de los requisitos citados, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días, corrija el defecto o adjunte los documentos preceptivos, con la indicación de que, si no lo hace así, se le tendrá por desistida de su solicitud, que se archivará sin más trámite.

Artículo 69.

Para permitir la valoración, la persona o personas solicitantes tendrán que aportar la documentación siguiente:

Artículo 70.

El proceso de estudio y valoración de la persona que se ofrecen para adoptar a un menor tanto de Cataluña como de otra comunidad autónoma o del extranjero se llevará a cabo por la Dirección General de Atención a la Infancia. La finalidad de este proceso es determinar la idoneidad de la persona o familia que quiere adoptar para garantizar la cobertura de las necesidades del menor y el cumplimiento de las obligaciones establecidas legalmente, y, específicamente, pretende garantizar que la persona o familia pueda ofrecer al menor la estabilidad, el cuidado y el respeto a sus señas de identidad que permitan su desarrollo integral.

Artículo 71.

Las circunstancias que tendrán en cuenta los equipos técnicos competentes para la valoración de las personas que solicitan la adopción son:

1. En relación con las circunstancias personales de los solicitantes:

  1. Equilibrio personal adecuado.

  2. Estabilidad en la relación de pareja.

  3. Salud física y psíquica que permita la atención al menor.

  4. Flexibilidad de actitudes y adaptabilidad a la nueva situación que plantea la adopción.

  5. Motivación para ejercer funciones parentales que incluyan cubrir las necesidades y faltas de un menor susceptible de adopción.

  6. Motivaciones para la adopción compartida, en el caso de pareja.

2. En relación con las circunstancias familiares y sociales: que el entorno relacional sea favorable y adecuado a la integración del menor adoptado.

3. En relación con las circunstancias socioeconómicas:

  1. Situación económica que permita la atención del menor.

  2. Vivienda en condiciones adecuadas.

4. En relación con la aptitud educadora:

  1. Capacidad de cubrir las necesidades educativas o de desarrollo de un menor.

  2. Que el entorno familiar pueda apoyar en la tarea educativa.

5. En relación con el menor:

  1. No escoger el sexo de manera excluyente.

  2. Aceptación de la herencia biológica del menor y aceptación y respeto a la historia, identidad y cultura del menor.

  3. Aceptación de la relación del menor con su familia biológica, en su caso.

Artículo 72.

1. El proceso de estudio y valoración de la persona o familia que solicita adoptar comprende sesiones informativas y formativas así como un mínimo de dos entrevistas, al menos una efectuada por un trabajador social y una por un psicólogo del equipo técnico competente. Se efectuará una visita domiciliaria y también, con la finalidad de conseguir la máxima objetividad en la valoración, se podrán incluir cuestionarios y pruebas psicométricas.

2. La duración del proceso se fija en ocho meses. Si transcurrido este plazo no se ha resuelto, la solicitud se considerará desestimada, pero el vencimiento de dicho plazo no exime a la Administración de la obligación de resolver.

Artículo 73.

Cada miembro del equipo técnico elaborará los informes de cada fase del proceso y un informe final, respecto de las circunstancias que concurren en la persona o pareja solicitante, que se pronunciará también sobre las características del menor o menores que la persona o pareja puede adoptar.

Artículo 74.

1. Los solicitantes podrán aducir durante el proceso las alegaciones que estimen convenientes y aportar documentos u otros elementos de juicio.

2. Todo el expediente y la propuesta de resolución y el resultado de la audiencia correspondiente serán sometidos a informe preceptivo del Comité técnico de evaluación.

Artículo 75.

1. La asignación del menor a una pareja o persona que quiere adoptar se hará siempre en interés del menor y a partir de sus necesidades, de acuerdo con los criterios de preferencia siguientes:

  1. Se dará prioridad a los cónyuges o pareja de hombre y mujer unidos de forma estable respecto de las personas individuales.

  2. Se tendrá en cuenta la distancia generacional.

  3. Se dará prioridad al hecho de que el adoptado sea más pequeño que el hijo menor de los adoptantes y se lleven al menos un año.

2. En igualdad de idoneidad, se respetará el orden cronológico de la solicitud.

Artículo 76.

1. Una vez iniciado el acogimiento preadoptivo y emitido el informe técnico sobre la integración del menor en la familia preadoptiva, se formulará la propuesta previa con la que se dará inicio al procedimiento judicial de adopción.

2. La Dirección General de Atención a la Infancia, con informe previo de los equipos técnicos competentes que justifique la concurrencia de las circunstancias del artículo 13 de la Ley 37/1991, así como la idoneidad de la familia que acoge, podrá proponer que se proceda a la tramitación de la adopción del menor que se encuentre bajo medida de acogimiento simple en familia, en interés de éste.

CAPÍTULO III.
DISPOSICIONES COMUNES AL ACOGIMIENTO SIMPLE EN FAMILIA Y AL ACOGIMIENTO PREADOPTIVO Y LA ADOPCIÓN.

Artículo 77.

1. El proceso de estudio y valoración deberá garantizar la igualdad de tratamiento y de aplicación de los criterios a todos los solicitantes.

2. En cualquier momento, los solicitantes pueden desistir del procedimiento.

3. En los casos de sucesivos acogimientos o adopciones, el proceso de estudio y valoración consistirá únicamente en la actualización de lo emitido anteriormente.

Artículo 78.

1. En el proceso de estudio y valoración de familias para el acogimiento simple o preadoptivo que desarrolla la Dirección General de Atención a la Infancia, podrán intervenir las instituciones o entidades colaboradoras acreditadas por dicha Dirección General.

2. La Dirección General de Atención a la Infancia, mediante sus servicios, efectuará la supervisión adecuada de esta intervención externa.

Artículo 79.

Los técnicos que intervienen en el proceso de estudio y valoración, así como el Comité técnico de evaluación, pueden requerir la información y documentación complementaria que sea necesaria para emitir sus informes.

Artículo 80.

La valoración de personas o familias que se ofrecen para el acogimiento o la adopción de menores con especiales dificultades de integración tendrá carácter preferente y se adaptarán los criterios de asignación a las circunstancias específicas de estos menores.

Artículo 81.

1. La resolución que declare la valoración positiva de la aptitud educadora, de la situación familiar y de otras circunstancias dará lugar a su inscripción en el registro de familias correspondiente, a efectos de garantizar los principios de prioridad e igualdad.

2. Si, teniendo en cuenta las circunstancias anteriores, la persona o familia no han sido seleccionadas, podrán hacer una nueva solicitud cuando se acredite el cambio de las circunstancias que motivaron la resolución desestimatoria.

Artículo 82.

1. Los equipos técnicos competentes son los que proponen la asignación de un menor a una determinada persona o familia. Esta propuesta será notificada a la persona o familia seleccionada, que, por escrito, aceptará o no al menor asignado.

2. El menor será asignado ala persona o familia acogedora o adoptante inscritos en el registro correspondiente; la asignación se hará siempre en interés del menor y a partir de sus necesidades y particularidades.

Artículo 83.

1. Se crea, en la demarcación territorial de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, el Registro de familias para el acogimiento simple, que contendrá dos Secciónes:

2. Se crea un único Registro de familias para el acogimiento preadoptivo, que tendrá dos Secciónes:

3. Se facilitará sólo información de las inscripciones a las personas interesadas, al ministerio fiscal y a la autoridad judicial competente.

Artículo 84.

Las condiciones de las familias o personas acogedoras inscritas en el registro correspondiente estarán sujetas a informes de actualización si han transcurrido tres años desde la resolución que dio lugar a la inscripción, con la finalidad de comprobar si subsisten las circunstancias que motivaron la selección.

Artículo 85.

1. El asentamiento en el registro correspondiente se cerrará cuando concurra uno o más de los supuestos siguientes:

2. El registro de familias para el acogimiento simple incluirá la información sobre si los acogedores lo pueden ser de más de un acogimiento simultáneo o sucesivo.

Artículo 86.

Las incidencias que afecten el estado del expediente de selección, se deberán apuntar en el Registro.

 

TÍTULO IV.
DE LA TRAMITACIÓN DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL.

Artículo 87.

1. La Dirección General de Atención a la Infancia y las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI) informarán sobre la tramitación necesaria para proceder a la adopción internacional y sobre los requisitos específicos que piden los diferentes países.

2. Las familias o personas con residencia habitual en Cataluña que quieran adoptar a un menor desamparado extranjero residente en un país extranjero deberán formular la solicitud de la declaración de idoneidad ante la Dirección General de Atención a la Infancia.

3. La solicitud se formulará para un país concreto. No obstante, a petición de la persona interesada, y en atención a su viabilidad o dificultades existentes o sobrevenidas, los solicitantes podrán reorientar la solicitud hacia otro país. En el caso de que ya se haya tramitado el expediente al país previamente solicitado, se notificará a aquel país. Si los países solicitantes no exigen que haya una única petición, se podrán tramitar simultáneamente dos solicitudes.

Artículo 88.

1. La obtención de la declaración de idoneidad es requisito previo para la tramitación del expediente de adopción internacional.

2. El estudio y la valoración para la declaración de idoneidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios y el procedimiento establecidos para el acogimiento preadoptivo.

3. Este estudio y valoración se efectuará teniendo presente, además de las circunstancias de los solicitantes, los requisitos y las circunstancias que concurran en el país al que se formulará la petición de adopción. En caso de cambio del país solicitado, el estudio y la valoración de la idoneidad se adaptará, en su caso, a las del nuevo país, en el plazo máximo de un mes.

Artículo 89.

1. La tramitación del expediente de adopción se hará según el procedimiento establecido por el Convenio de la Haya, si el país de origen del menor lo ha ratificado.

2. En defecto de aplicabilidad del Convenio, la tramitación del expediente de adopción internacional la efectuará la Dirección General de Atención a la Infancia o, en su caso, la ECAI acreditada o las mismas personas interesadas, sin que en este caso puedan intervenir mediadores.

Artículo 90.

En los casos del apartado 2 del artículo anterior, el certificado de idoneidad y los informes de valoración de la familia o persona solicitante serán enviados por la Dirección General de Atención a la Infancia al organismo competente del país de origen del menor, o a su representación diplomática, directamente o mediante la ECAI habilitada para actuar en el país correspondiente, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas de obtener copias.

Artículo 91.

1. Los adoptantes o, en su caso, la ECAI deberán comunicar a la Dirección General de Atención a la Infancia la asignación y entrega del menor por parte de la autoridad competente del país de origen.

2. En los casos en que el país de origen pida el seguimiento de la situación del menor, los adoptantes deberán colaborar en la actuación.

Artículo 92.

La Dirección General de Atención a la Infancia, directamente o mediante las ECAI, informará a los adoptantes de la tramitación del reconocimiento o, en su caso, de la constitución de la adopción de los menores extranjeros.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.

1. Cuando se trate del reconocimiento de una adopción constituido en el extranjero sin la intervención de la Dirección General de Atención a la Infancia, esta entidad, a petición de la autoridad judicial competente, procederá al estudio y la valoración de la persona o personas adoptantes, para determinar si reúnen las condiciones necesarias de idoneidad para procurar el desarrollo integral del menor y una adecuada aptitud educadora.

2. Se procederá de la misma manera cuando se haya pronunciado una medida equiparable al acogimiento preadoptivo del menor.

3. Si la valoración es favorable, se entregará el certificado de idoneidad a la autoridad judicial a los efectos de lo que establece el artículo 9.5 del Código Civil, y si la valoración no es favorable, se comunicará a la autoridad judicial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

1. Cuando el número de solicitudes de acogimiento preadoptivo de menores de Cataluña tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia, inscritas en la sección primera del Registro previsto en el artículo 83.2 de este Reglamento, sea al menos tres veces superior al número de acogimientos constituidos inscritos en la sección segunda del mismo Registro durante el año natural anterior, la persona titular del Departamento de Justicia podrá determinar la suspensión transitoria de los procesos de valoración, con la finalidad de evitar que se desvirtúe el proceso de valoración por el transcurso del tiempo.

2. En el momento en que el número de solicitudes inscritas en la sección primera del registro previsto en el artículo 83.2 de este Reglamento sea inferior al triple de los acogimientos constituidos durante el año natural anterior, se reiniciarán los procesos de valoración siguiendo el orden cronológico de las solicitudes presentadas pendientes de valoración.

3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, los procesos de valoración de solicitudes de adopción de menores con características especiales por razón de la edad, problemas de salud o discapacidades y grupos de hermanos no se interrumpirán.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.

1. Se crea el Comité de Atención a los Acogimientos Familiares y a las Adopciones, con la finalidad de coordinar, velar, asesorar y potenciar una política global de adopciones y, de acogidas familiares, que tendrá las funciones siguientes:

  1. Informar de las propuestas de disposiciones que se presenten en esta materia o formularías.

  2. Proponer las actuaciones que permitan una actuación coordinada y favorecedora del trabajo con entidades colaboradoras.

  3. Valorar anualmente el proceso de selección de familias y realizar propuestas de funcionamiento.

  4. Analizarlos datos anuales de solicitudes de adopción y acogimiento y también de situación.

  5. Proponer y favorecerla realización de estudios y evaluaciones globales sobre los acogimientos y-sobre los criterios que se utilizan en estos procesos.

2. El Comité de Atención a los Acogimientos Familiares y a las Adopciones está compuesto por la persona titular del Departamento de Justicia, la persona titular de la Dirección General de Atención a la Infancia, tres profesionales de prestigio, relacionados con la adopción y los acogimientos nombrados por la persona titular del Departamento de Justicia, y un representante designado por cada uno de los consejos de colegios oficiales catalanes de psicólogos, de diplomados en trabajo social y asistentes sociales y de pedagogos.

3. El Comité de Atención a los Acogimientos Familiares y a las Adopciones podrá proponer la creación de grupos de trabajo para temas específicos, en los que podrán tomar parte otros profesionales en los que no concurra la condición de vocales del Comité. Estos grupos serán creados por orden de la persona titular del Departamento de Justicia, para temas concretos y por un tiempo determinado.

4. El Comité de Atención a los Acogimientos Familiares y a las Adopciones se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, una vez cada cuatro meses y, extraordinariamente, siempre que lo convoque el presidente a iniciativa propia o a propuesta de un mínimo de tres miembros.

5. La persona titular del Departamento de Justicia presidirá el Comité y podrá ser substituido por la persona titular de la Dirección General de Atención a la Infancia. Un funcionario del Departamento de Justicia ejercerá de secretario y tendrá el apoyo administrativo de este Departamento.

6. La asistencia a las reuniones dará derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan.

7. Por orden de la persona titular del Departamento de Justicia se regulará el régimen de funcionamiento de este Comité.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.

1. Se crea el Comité Técnico de Evaluación con las funciones siguientes:

  1. Informar respectivamente de las propuestas de resolución sobre la idoneidad de las personas o parejas que deseen adoptar.

  2. Informar de los contenidos del proceso de estudio y valoración.

2. Estará compuesto por la persona titular de la Dirección General de Atención a la Infancia, dos funcionarios con responsabilidad en el ámbito de adopciones, y en el ámbito de la asesoría jurídica, hasta tres representantes de las instituciones y entidades colaboradoras en este ámbito, y hasta tres profesionales de prestigio en el ámbito de la adopción.

Podrá recibir asesoramiento exterior y el apoyo administrativo de la Dirección General de Atención a la Infancia.

3. La asistencia alas reuniones dará derecho a percibir dietas.

4. Cada dos años se revisará la composición y se podrán renovar los nombramientos.

5. Por orden de la persona titular del Departamento de Justicia se regulará el régimen de funcionamiento de este Comité y se nombrarán los miembros del Comité.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.

Por orden de la persona titular del Departamento de Justicia se regularán la organización y el procedimiento de los registros de familias o personas, para el acogimiento simple y para el acogimiento preadoptivo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA.

1. Contra todas las resoluciones que se dicten en la tramitación de los procedimientos regulados en el presente Reglamento, o contra la falta de resolución en los términos que se establecen, se puede interponer recurso en vía jurisdiccional civil, con aplicación de las normas de la jurisdicción voluntaria, previa reclamación administrativa ante la persona titular del Departamento de Justicia en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución. Esta reclamación administrativa previa no es necesaria en las impugnaciones de las resoluciones de desamparo y de declaración de la asunción de las funciones tutelares por ministerio de la Ley.

2. En los procedimientos regulados por los títulos III y IV de este Reglamento, se dará audiencia a las personas interesadas y vista del expediente, excepto de aquellos datos relativos a la idoneidad o que afecten a la intimidad de las familias biológicas o acogedoras de los menores.

3. La falta de resolución por parte de la Administración en los plazos que se fijan en este Reglamento tiene efectos desestimatorios y abre las vías de impugnación establecidas en el apartado 1 de esta disposición.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.

1. Se crea el Comité Técnico de Evaluación de Declaraciones de Desamparo, como órgano colegiado consultivo de la Administración de la Generalidad en materia de protección de menores desamparados, adscrito a la Dirección General de Atención al Menor, con las siguientes funciones:

  1. Emitir informe de las propuestas de resolución sobre la declaración de la situación de desamparo de los menores en situación de alto riesgo social, que a la vez propongan la adopción de una medida que comporte la separación de los menores de su núcleo familiar.

  2. Emitir informe de las propuesta de resolución de cambio de medida, si la medida propuesta comporta la separación del menor de su entorno familiar.

  3. Emitir informe de las propuestas de resolución de mantenimiento de la medida aplicada, que haya comportado la separación del núcleo familiar, pasados seis meses desde la adopción de esta medida y cada vez que transcurra este período, excepto en los casos de acogida preadoptiva sin oposición, o acordada judicialmente.

  4. Informar de los contenidos de los procesos de estudio y valoración para la adopción de medidas que comporten la separación del menor desamparado de su núcleo familiar.

2. Los informes que emite el Comité en cumplimiento de las funciones establecidas en el apartado 1 de esta disposición son preceptivos y no vinculantes, y con carácter general deben ser previos a la resolución que corresponda. No obstante, pueden ser posteriores a la resolución en los casos de urgencia en la adopción de la medida.

3. El Comité debe emitir el correspondiente informe en el plazo máximo de un mes a contar desde la entrada en la Dirección General de Atención al Menor del informe propuesta del equipo técnico. El plazo se puede ampliar hasta dos meses en los casos en que la complejidad del supuesto planteado sea suficiente y fundamentada.

4. En los supuestos de resoluciones adoptadas con carácter urgente, el informe del Comité debe emitirse en el mes inmediatamente posterior a la resolución correspondiente. Si el informe emitido por el Comité fuera de improcedencia de la medida adoptada, la directora general de Atención al Menor debe dictar una nueva resolución que mantendrá o dejará sin efecto la medida.

5. El Comité está formado por la persona titular de la Dirección General de Atención al Menor; dos funcionarios con responsabilidad en el ámbito de protección de menores y uno en el ámbito de asesoría jurídica; hasta dos expertos designados por las instituciones y entidades colaboradoras en este ámbito; un experto designado por la Federación de Municipios de Cataluña y otro experto designado por la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas; y hasta tres profesionales de prestigio en el ámbito de la protección de menores.

6. La Dirección General de Atención al Menor debe dar el apoyo técnico y administrativo al Comité, que también puede ser de asesoramiento exterior en situaciones y casos de especial dificultad o condiciones que así lo requieran, en relación con la conflictividad social o familiar del menor susceptible de declaración de desamparo.

7. La asistencia a reuniones da derecho a recibir las dietas que se aprueben por acuerdo del Gobierno de la Generalidad.

8. Cada dos años debe revisarse la composición y se pueden renovar los nombramientos.

9. El régimen de funcionamiento de este Comité y el nombramiento de sus miembros se regula por orden de la persona titular del Departamento de Justicia.

Notas:
Disposición adicional séptima:
Añadido por Decreto 62/2001, de 20 de febrero, de modificación parcial del Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección de menores desamparados y de la adopción (DOGC. núm. 3337, de fecha 28 de febrero de 2001).
Artículo 16:
Redacción según Decreto 62/2001, de 20 de febrero, de modificación parcial del Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección de menores desamparados y de la adopción (DOGC. núm. 3337, de fecha 28 de febrero de 2001).
Títulos III (artículos 51 a 86) y IV; Disposiciones adicional primera, adicional segunda, adicional tercera, adicional cuarta, adicional quinta y adicional sexta:
Redacción según Decreto 127/1997, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 2/1997, de 7 de enero, de aprobación del Reglamento de protección de los menores desamparados y de la adopción (DOGC. núm. 2402, de 30 de mayo de 1997).
Disposición final;
Redacción según Decreto 22/1997, de 30 de enero, por el que se modifica la disposición final del Decreto 2/1997, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de protección de los menores desamparados y de la adopción (DOGC. núm. 2321, de 31 de enero de 1997).
Ficha:
Núm. BOENo disponible
Fecha de publicaciónNo disponible
ÓrganoComunidad Autónoma de Cataluña
Núm. disposición2
Fecha de aprobación7 de enero de 1997
RangoDecreto (Autonómico)
MateriaDerechos Territoriales (Normas Vigentes)
Fecha de entrada en vigor2 de febrero de 1997
Otras Disposiciones a las que hace referencia esta Norma:
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. (Redacción vigente hasta el 1 de febrero de 2000)
Publicación en el BOE núm. 158, de 3 de julio de 1985
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y los adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción.
Publicación en el BOE núm. 207, de 30 de agosto de 1995
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la Tutela e Instituciones Tutelares.
Publicación en el BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1992
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores desamparados y de la adopción.
Publicación en el BOE núm. 45, de 21 de febrero de 1992
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Ley 11/1985, de 13 de junio, de Protección de Menores. (Redacción vigente hasta el 23 de junio de 2002)
Publicación en el BOE núm. 185, de 3 de agosto de 1985
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la fusión de las leyes 12/1983, de 14 de julio, 26/1985, de 27 de diciembre, y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asistencia y servicios sociales. (Redacción vigente hasta el 1 de enero de 2008)
Código Civil
Publicación en el BOE núm. 206, de 25 de julio de 1889
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Decreto 337/1995, 28 de diciembre, sobre la acreditación y el funcionamiento de las instituciones colaboradoras de integración familiar y de las entidades colaboradoras de adopción internacional.