Decreto 58/2002, de 30 de mayo, por el que se desarrollan los Procedimientos Relativos a la Protección de Menores y a la Adopción y se regula el Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia.

Sumario:

PREÁMBULO

1. El presente Decreto regula los procedimientos administrativos en materia de protección de Menores, acogimiento y adopción. Esta regulación aspira a fundir en una única norma la dispersa legislación vigente en la materia.

Desde el punto de vista sustantivo, el marco de este reglamento viene determinado por la legislación civil estatal relativa a la adopción y demás formas de protección de Menores, en la regulación dada por la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En sus aspectos procedimentales, han debido ser tenidas en cuenta la legislación procesal estatal y, fundamentalmente, la legislación básica en materia del Procedimiento Administrativo Común.

2. La aprobación de la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y la Adolescencia, abrió una nueva etapa en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de protección de Menores. Entre las materias objeto de esta Ley, revisten especial trascendencia las medidas destinadas a prevenir que los menores puedan llegar a encontrarse en situación de riesgo o desamparo o a protegerlos cuando, por cualquier circunstancia, se encuentren en alguna de las situaciones enunciadas. Estas disposiciones legales, para su adecuada aplicación, precisaban de un desarrollo reglamentario, que supiese encontrar el equilibrio entre el superior interés del menor y las garantías propias de cualquier actuación administrativa. Con esta finalidad, el Título I del presente Decreto, que se refiere a la protección de Menores, define los conceptos de riesgo, desamparo y guarda, establece un procedimiento único para la adopción de cualquiera de estas medidas de prevención o protección y regula el seguimiento del menor y la cesación de las medidas de protección.

3. El Título II tiene por objeto la declaración de idoneidad, el acogimiento y la adopción. En estas materias se mantienen, mejoradas, las reglas del Decreto 66/1992, de 7 de septiembre, sin perjuicio de que se hayan introducido algunas novedades, fruto de la experiencia de los años transcurridos desde su aprobación y de la necesaria incorporación de la parte dispositiva del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993, ratificado por instrumento de 30 de junio de 1995, de protección del niño y cooperación en materia de adopción internacional.

La actual regulación se caracteriza por separar entre los procedimientos para la declaración de idoneidad y la adopción, con la doble finalidad de facilitar la larga tramitación de estos procedimientos y permitir que sea el órgano administrativo competente en materia de protección de Menores quien realice un control suficiente de los procesos de adopción internacional.

El Título III desarrolla los preceptos de la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia, dedicados a los registros administrativos, adaptando su contenido a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por último, se ha buscado hacer efectivos los principios de eficacia y desconcentración distribuyendo las competencias en la materia entre el consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales y el director general de Acción Social y facilitando la intervención de los servicios sociales comunitarios.

4. Este Decreto desarrolla parcialmente la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia, dictada en ejercicio de la competencia en materia de protección y tutela de menores que atribuye el artículo 24.23 del Estatuto de Autonomía para Cantabria.

En su virtud, en uso de la habilitación contenida en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 30 de mayo de 2002, dispongo

 

TÍTULO PRELIMINAR.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto desarrollar los procedimientos de la competencia del Gobierno de Cantabria relativos a la protección de Menores y a la adopción, así como regular el Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

Sin perjuicio de la protección de los Menores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia, la Administración sólo tramitará las solicitudes de delegación de guarda, declaración de idoneidad, adopción y acogimiento de aquellas personas residentes en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 3. Principios de actuación.

1. El Gobierno de Cantabria actuará de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en el artículo 4 de la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y la Adolescencia.

2. Las personas físicas y jurídicas deberán facilitar a la Administración el desempeño de sus funciones de protección al Menor. Al efecto, deberán suministrar la información que la Administración precise y, en particular, la que sea necesaria para facilitar el seguimiento del menor.

Artículo 4. Relaciones institucionales.

En sus relaciones institucionales, el Gobierno de Cantabria atenderá a:

  1. El principio de colaboración con el Juez.

  2. La supervisión del Ministerio Fiscal, lo que obliga a poner en su conocimiento los nuevos ingresos de menores y las resoluciones administrativas y escritos de formalización relativos a la constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimientos, así como darle cuenta de cualquier novedad de interés en las circunstancias del menor.

  3. El principio de colaboración con el Estado, las demás Comunidades Autónomas, las autoridades extranjeras y las organizaciones internacionales competentes en la materia.

  4. La delegación de determinadas actuaciones en materia de protección de menores en los servicios sociales comunitarios.

 

TÍTULO I.
DE LA PROTECCIÓN DE MENORES.

CAPÍTULO I.
PREVENCIÓN, RIESGO, DESAMPARO Y GUARDA.

SECCIÓN I. PREVENCIÓN.

Artículo 5. Carácter prioritario de la prevención.

En materia de protección de la infancia y la adolescencia, tiene carácter prioritario la prevención de posibles situaciones de desprotección y carencias que menoscaben su adecuado desarrollo integral a través de los diferentes programas y recursos que se arbitren con la dotación presupuestaria necesaria.

SECCIÓN II. RIESGO.

Artículo 6. Concepto de riesgo.

Se considera situación de riesgo aquella que perjudica el desarrollo personal o social de la infancia y adolescencia, aunque no requiera la asunción de la tutela por ministerio de la ley.

Artículo 7. Situación de riesgo.

Se podrá considerar que los menores están en situación de riesgo cuando se encuentren de hecho con una familia que pretenda su adopción prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.

Artículo 8. Declaración administrativa de riesgo.

1. Cuando la Administración tenga conocimiento de que un menor se encuentra en situación de riesgo, lo declarará de manera expresa y tratará de prevenir o reparar dicha situación mediante la adopción de alguna de las medidas siguientes:

  1. Apoyo familiar, dirigido a satisfacer las necesidades básicas del menor que no estén adecuadamente cubiertas, mejorando su medio familiar y manteniéndolo en el mismo.

  2. Prestaciones económicas o en especie, en aquellas situaciones de insuficiencia de recursos del medio familiar.

  3. Ayuda a domicilio, a través de los servicios o prestaciones materiales, formativos o psicosociales.

  4. Intervención técnica dirigida a restablecer y facilitar el adecuado ejercicio de las funciones parentales, promoviendo el desarrollo y bienestar de los menores y la mejora de las relaciones socio-familiares.

2. Las medidas correctoras que puedan acordarse no tienen naturaleza sancionadora, recayendo sobre los padres, tutores o guardadores la responsabilidad de su cumplimiento.

SECCIÓN III. DECLARACIÓN DE DESAMPARO Y ASUNCIÓN AUTOMÁTICA DE TUTELA.

Artículo 9. Concepto de desamparo.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 del Código Civil y a los efectos de este Decreto, se considera que existe situación de desamparo cuando en relación a un menor concurra o se presente alguno de los supuestos siguientes:

  1. Abandono por parte de las personas a quienes corresponde por ley ejercer las funciones de guarda.

  2. Negligencia en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, higiénicas, de salud o educativas.

  3. Enfermedad mental de los padres, tutores o guardadores que repercute negativamente sobre el menor.

  4. Trastornos adictivos de los padres, tutores o guardadores que afecten al menor de manera negativa.

  5. Suministro de sustancias psicotrópicas o tóxicas al menor.

  6. Maltrato físico o psíquico, abuso sexual, explotación u otros maltratos de análoga naturaleza.

  7. Incumplimiento de los deberes de protección o carencia de vínculos afectivos por parte de los padres, tutores o guardadores.

  8. Inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución.

  9. Desatención o imprudencia, atentando contra la integridad física o psíquica del menor.

  10. Desescolarización reiterada o continuada.

  11. Cualquier otro factor que dificulte el desarrollo integral del menor.

Artículo 10. Efectos de la declaración de desamparo.

La declaración de desamparo de un menor implicará la asunción automática de tutela por el Gobierno de Cantabria y la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria, en los términos previstos por el Código Civil.

Artículo 11. Formas de atención al menor.

1. En tanto se mantenga la situación de tutela de un menor, y para asegurar la cobertura de sus necesidades subjetivas junto con su plena asistencia moral y material, se acordará su atención por medio de alguna de las siguientes formas:

  1. Permanecer bajo la guarda de algún miembro de su propia familia, como medida para favorecer su reinserción socio-familiar, por lo que complementariamente podrán acordarse:

    1. Ayudas sociales al menor o su familia.

    2. Apoyo y seguimiento técnico-profesional de la familia.

  2. Atención en centro terapéutico.

  3. Atención en centro residencial.

  4. Promoción del nombramiento judicial de tutor.

  5. Constitución del acogimiento familiar del menor en la modalidad que proceda.

  6. Propuesta de adopción del menor.

  7. Cualquier otra medida aconsejable de carácter asistencial, educativa o terapéutica, en atención a las circunstancias del menor.

2. La medida adoptada se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Artículo 12. Bienes.

1. Si el menor sujeto a tutela tuviese bienes, se elaborará su inventario, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

2. Cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen se promoverá el nombramiento judicial de tutor de los bienes.

Artículo 13. Tutela por terceras personas.

1. La Administración cesará en el ejercicio de la tutela cuando existan personas físicas o jurídicas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con beneficio para el menor.

2. En tanto en cuanto se constituya judicialmente la tutela y siempre que la Administración lo estime conveniente, el futuro tutor se podrá hacer cargo del menor mediante la constitución del acogimiento que corresponda. El acogimiento cesará automáticamente en el momento en que se constituya la tutela.

Artículo 14. Extinción.

La tutela se prolongará hasta que se constituya judicialmente la tutela por las reglas ordinarias o el menor sea adoptado o reintegrado al titular de la patria potestad o la tutela, o, en todo caso, hasta que se emancipe o llegue a la mayoría de edad.

SECCIÓN III. GUARDA.

Artículo 15. Guarda.

1. Se entiende por guarda de un menor la asunción de la obligación, por parte de quien la ejerce de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación y atención integral.

2. La Administración podrá asumir la guarda de menores en los términos previstos por el artículo 172.2 del Código Civil previa petición escrita de los padres o tutores o del juez.

3. La asunción de la guarda a instancia judicial no se tramitará por el procedimiento previsto en este Título.

CAPÍTULO II.
REGLAS COMUNES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PPROTECCIÓN REGULADOS EN ESTE TÍTULO.

Artículo 16. Incoación.

1. Cuando el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia tenga conocimiento de que un menor se encuentra en una posible situación de riesgo o desamparo, o cuando los padres o tutores soliciten la asunción de su guarda, incoará de oficio un procedimiento de protección.

2. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrá abrir un período de información previa. Concluido este período, se dictará el acto de incoación o, por el contrario, y sólo cuando se hubiera verificado que la situación denunciada no justifica la adopción de una medida de protección, se ordenará el archivo de las actuaciones.

3. El acto de incoación del procedimiento deberá ser motivado.

4. En el plazo de diez días, se notificará a los padres, tutores o guardadores la incoación del procedimiento y se les informará del plazo para dictar resolución expresa y de los efectos de la falta de resolución.

Artículo 17. Acumulación.

Para garantizar la celeridad de la actuación administrativa y el principio de economía procesal, se podrán acumular los procedimientos de asunción de la tutela o la guarda al de constitución de un acogimiento.

Artículo 18. Instrucción.

1. En la instrucción del procedimiento, se realizarán cuantas actuaciones resulten necesarias para el mejor esclarecimiento de la situación del menor y se aceptarán los elementos de prueba que propongan los interesados.

2. Es preceptiva la emisión de un informe social sobre la situación del menor y su familia. Además, podrán solicitarse cuantos informes sociales, médicos, psicológicos, policiales o de cualquier naturaleza, resulten necesarios.

3. Cuando las medidas de protección incluyan una ayuda económica, ésta se otorgará aplicando los criterios establecidos para la concesión de estas ayudas y, en su defecto, los criterios generales de las ayudas sociales vigentes en cada momento.

Artículo 19. Trámite de audiencia.

1. Antes de redactar la propuesta de resolución, se deberá oír a los padres, tutores o guardadores y al menor siempre que éste fuere mayor de 12 años.

2. En este trámite se pondrá de manifiesto el procedimiento a los interesados, si bien se retirarán del expediente todos los documentos que resulten necesarios para no revelar datos referentes a la intimidad de las personas y asegurar la reserva de las actuaciones.

Artículo 20. Propuesta.

Las medidas de protección se adoptarán, previa propuesta del órgano colegiado competente, en el que existirá una visión pluridisciplinar de la situación del menor y de su entorno.

Artículo 21. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento, que deberá ser motivada, decidirá todas las cuestiones planteadas y expresamente declarará si el menor se encuentra en situación de riesgo o desamparo, la asunción de la guarda o, por el contrario, ordenará el archivo del expediente.

2. Si se adoptara una medida de protección, la resolución deberá aprobar el correspondiente plan de intervención y/o proyecto educativo que necesariamente fijará los objetivos generales y el plazo máximo de su duración.

3. La declaración de desamparo y la asunción de la guarda deberán establecer, además, la forma de acogimiento que corresponda.

Artículo 22. Plazo y efectos del silencio.

1. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos regulados en la presente Sección es de seis meses.

2. Transcurrido este plazo sin que hubiera sido notificada la resolución expresa, se podrá entender caducado el procedimiento de protección y, en los casos de la petición de guarda, desestimada la solicitud.

Artículo 23. Declaración urgente de desamparo.

1. Cuando la situación de desamparo sea de tal naturaleza que haga precisa la intervención urgente de la Administración, se podrá acordar la inmediata declaración de la tutela por el procedimiento previsto en este artículo.

2. En el acto de iniciación del procedimiento deberá acreditarse la situación de desamparo y la urgencia de la medida de protección.

3. El órgano competente para resolver, sobre la base del acto de iniciación del procedimiento, decidirá la declaración urgente de la tutela o bien la remisión del expediente al órgano instructor para su tramitación por el procedimiento ordinario.

4. En todo caso, una vez asumida la tutela por el procedimiento de urgencia, se realizarán las actuaciones de instrucción del procedimiento ordinario.

Artículo 24. Notificación a los interesados y comunicación al Ministerio Fiscal.

1. La resolución será notificada a los padres, tutores o guardadores siempre que no exista resolución judicial que lo prohíba.

2. Las medidas de protección deberán ser comunicadas al Ministerio Fiscal en el plazo más breve posible, que será de cuarenta y ocho horas para la asunción de la tutela.

3. La asunción de la tutela además será comunicada al Registro Civil.

Artículo 25. Auxilio judicial.

Si los padres, los tutores o los guardadores impidieran la ejecución de la medida de protección acordada, el órgano competente solicitará a la Autoridad Judicial la realización de las actuaciones necesarias para hacerla efectiva.

CAPÍTULO III.
SEGUIMIENTO.

Artículo 26. Seguimiento.

1. Mediante el seguimiento se verificará el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de intervención y/o proyecto educativo y la oportunidad del mantenimiento de la medida de protección.

2. El seguimiento se realizará siempre que se considere necesario y, al menos, cada seis meses.

Artículo 27. Revisión del plan de intervención.

1. El órgano encargado del seguimiento podrá revisar los objetivos o plazos de cumplimiento del plan de intervención, o incluso acordar su prórroga, dando cuenta al Comité de Tutela.

2. Cuando esta revisión suponga la modificación sustancial de los objetivos fijados en el plan de intervención, el Comité de Tutela deberá informar preceptivamente.

Artículo 28. Limitación temporal del plan de intervención en situaciones de riesgo.

1. Tratándose de situaciones de riesgo, no se podrán acordar prórrogas al plan de intervención, salvo que éstas estuvieran expresamente previstas y, en todo caso, por un plazo máximo que no podrá superar el tiempo para el que el citado proyecto fue concebido.

2. Si transcurrido el plazo máximo se considerase que el menor continúa en la situación de riesgo, deberá incoarse un nuevo procedimiento.

Artículo 29. Deber de información.

La Administración informará a los padres, tutores o guardadores sobre la situación y la evolución del menor cuando no exista resolución judicial que lo prohíba.

CAPÍTULO IV.
CESACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Artículo 30. Cesación de las medidas de protección.

1. Con carácter general, las medidas de protección cesarán:

  1. Por mayoría o habilitación de edad.

  2. Por adopción del menor.

  3. Por resolución judicial firme.

  4. Por el transcurso del plazo para el que fueron adoptadas.

  5. Por resolución administrativa, cuando hayan desaparecido las causas que motivaron la adopción de la medida, o el interés del menor lo aconseje.

  6. Cumplimiento del plazo de duración de la medida, previsto en la resolución, siempre que esté garantizado el superior interés del menor.

2. Excepcionalmente, podrán seguir siendo objeto de atención en centros propios o concertados, aquellos jóvenes que hubieran sido objeto de medidas de protección hasta su mayoría de edad, cuando se estime por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que la cesación de esta atención podría obstaculizar la integración social del joven y con su consentimiento escrito.

Artículo 31. Resolución administrativa.

1. Con carácter general, el procedimiento de cesación se iniciará de oficio siempre que resulte conveniente para el interés del menor y se regirá, en lo que proceda, por lo previsto para la adopción de las medidas de protección.

2. Tratándose de guardas asumidas a petición de parte y de acogimientos familiares, el procedimiento de cesación se podrá iniciar también a instancia de los padres o tutores y de los acogedores, respectivamente. Transcurridos tres meses sin que se hubiese dictado resolución, se podrá entender que se extingue la medida de protección.

Artículo 32. Resolución judicial.

1. Será precisa la intervención del órgano judicial para la cesación de la guarda y el acogimiento constituidos judicialmente.

2. La tutela ex lege cesará siempre que se constituya judicialmente otra tutela por las reglas ordinarias o el menor sea adoptado.

3. Igualmente las medidas de protección cesarán siempre que se acuerde por resolución judicial.

4. Dictada la correspondiente resolución judicial, la Administración procederá sin más trámite al archivo del expediente.

Artículo 33. Informe final.

Transcurridos tres meses desde la cesación de la medida de protección, se podrá realizar un informe final sobre la situación del menor.

 

TÍTULO II.
DEL ACOGIMIENTO Y LA ADOPCIÓN.

CAPÍTULO I.
DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE IDONEIDAD.

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES.

Artículo 34. Concepto.

1. Se entiende por idoneidad la adecuación y aptitud de los solicitantes para ejercer los deberes inherentes a la patria potestad, constatadas por la Administración.

2. La declaración administrativa de idoneidad se configura como requisito previo a la adopción, sea ésta nacional o internacional.

3. La validez y eficacia de la declaración de idoneidad queda condicionada a que las personas declaradas idóneas soliciten la adopción en los términos regulados por este Decreto.

Artículo 35. Idoneidad para el acogimiento.

1. Los acogimientos preadoptivos requerirán la previa declaración de idoneidad. No obstante lo anterior, reconocida la idoneidad para adoptar, se presume la del acogimiento con fines preadoptivos.

2. Cuando la Administración lo juzgue necesario, se podrá también requerir la declaración administrativa de idoneidad para los casos de acogimiento familiar y, en particular, para los acogimientos en familia extensa.

Artículo 36. Criterios de valoración.

1. La valoración de la idoneidad de los solicitantes se realizará en función del interés del menor, y, por tanto, se considerarán como no idóneos aquéllos cuyas circunstancias no ofrezcan la suficiente garantía para la adecuada atención al menor.

2. En el proceso de valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

  1. Se procurará que el medio familiar reúna condiciones adecuadas respecto a la salud física y psíquica de sus miembros, así como a su integración social, situación socioeconómica, y, en el caso de cónyuges o personas que convivan maritalmente, relación estable y positiva. También habrán de ser considerados otros factores, como la habitabilidad de la vivienda, la infraestructura de la zona de residencia y la disponibilidad de un tiempo mínimo para su educación.

  2. Se valorará la existencia de motivaciones para el acogimiento o la adopción, la voluntad compartida por ambos, en el caso de ser cónyuges o personas que convivan de hecho, y la aptitud básica para la educación del niño.

  3. Será negativo, en la valoración, el que los solicitantes condicionen la adopción o, en su caso, el acogimiento a las características físicas, el sexo o la procedencia socio-familiar de los menores.

  4. La ocultación o falseamiento de datos relevantes, serán, igualmente, signos negativos en la valoración, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera incurrirse.

  5. Para la adopción, la diferencia máxima de edad entre adoptado y adoptante no superará los cuarenta y cinco años, tomando en consideración en el caso de parejas al miembro de menor edad.

Artículo 37. Duración.

1. La declaración de idoneidad tiene una validez de cinco años.

2. Las personas declaradas idóneas asumen la carga de declarar anualmente, y dentro del mes siguiente al de la fecha de la declaración administrativa de idoneidad, que no han cambiado sus circunstancias y que desean seguir registradas como solicitantes de adopción.

3. El incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior determinará, previa advertencia de la Administración, la caducidad de la declaración de idoneidad.

4. Si transcurren cinco años sin que se hubiera asignado un menor a los solicitantes, previa actualización del expediente, se renovará la declaración de idoneidad, sin pérdida de la antigüedad.

5. En todo caso, antes de la asignación del menor, deberá actualizarse el expediente.

Artículo 38. Suspensión y revocación de la declaración de idoneidad.

1. Se suspenderá o se revocará la idoneidad siempre que aparezcan hechos o circunstancias nuevos que hubieran podido repercutir en su declaración o que, preexistiendo, no fueran conocidos.

2. El acogimiento con fines preadoptivos, la adopción o el nacimiento de un hijo determinarán la suspensión de la declaración de idoneidad por un año. Durante este año no se tramitará la solicitud de adopción. La suspensión por nacimiento de un hijo no afectará al orden de la lista de espera de las adopciones nacionales.

3. Procederá la revocación cuando:

  1. Los hechos o circunstancias a que se refiere el apartado 1 fueran de carácter permanente o se prolongasen durante más de dos años;

  2. Se hubiese obtenido la idoneidad mediante la ocultación o el falseamiento de datos relevantes.

4. En el procedimiento para la revocación o la suspensión se deberá dar audiencia a las personas declaradas idóneas.

SECCIÓN II. IDONEIDAD PARA LA ADOPCIÓN.

Artículo 39. Contenido mínimo.

1.La declaración de idoneidad para la adopción hará mención expresa a los siguientes aspectos:

  1. Identidad de los adoptantes.

  2. Capacidad jurídica para adoptar de acuerdo con el artículo 175 del Código Civil.

  3. Aptitud para adoptar y aptitud para asumir, en su caso, una adopción internacional.

  4. Situación personal, familiar y médica.

  5. Medio social.

  6. Motivos que les animan para adoptar.

  7. Menores que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

2. Si aún no se hubiese presentado la solicitud de adopción, se hará constar expresamente que la eficacia y la validez de la declaración de idoneidad está condicionada a la presentación de dicha solicitud.

SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE IDONEIDAD.

Artículo 40. Solicitud.

1. El procedimiento de declaración de idoneidad se inicia a instancia de parte. Tratándose de adopciones, los solicitantes deberán reunir la capacidad legal prevista en el artículo 175 del Código Civil.

2. La solicitud, que se dirigirá a la Dirección General de Acción Social, se acompañará de los siguientes documentos:

  1. Una fotocopia del DNI y una fotografía de tipo carné de cada solicitante.

  2. Libro de Familia, en el caso de ser cónyuges o documento acreditativo de relación de hecho de análoga afectividad a la marital.

  3. Declaración jurada de la existencia o no de hijos propios o adoptivos o en proceso de adopción.

  4. Declaraciones de la renta y del patrimonio de los solicitantes referentes al último ejercicio económico o, en su defecto, certificado de haberes anuales brutos y relación documentada de bienes patrimoniales.

  5. Certificado de antecedentes penales.

  6. Documento que acredite la cobertura sanitaria de los solicitantes.

  7. Certificado médico de todos los solicitantes, acreditativo de no padecer enfermedades infecto-contagiosas, ni cualquier otra que dificulte el cuidado del menor.

  8. Otros informes o documentos que se estimen pertinentes para el caso.

Artículo 41. Instrucción del procedimiento.

1. Las solicitudes serán valoradas según el orden cronológico de entrada de la solicitud en el registro.

2. En la instrucción del procedimiento, deberán recabarse informes socio-familiares y psico-pedagógicos, donde se detalle el resultado de las pruebas practicadas y la interpretación de las mismas.

3. Se trasladará el expediente a la Comisión de Adopciones, quien emitirá una propuesta en la que necesariamente se concretarán todos los aspectos que deban formar parte de la declaración de idoneidad.

Artículo 42. Propuesta de denegación de la idoneidad.

Si la propuesta fuese la denegación de la declaración de la idoneidad, deberá abrirse un trámite de audiencia.

Artículo 43. Plazo.

El plazo en el que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses. Transcurrido este plazo sin notificación, se podrá entender que la idoneidad ha sido reconocida.

CAPÍTULO II.
ACOGIMIENTO.

SECCIÓN I. CLASES DE ACOGIMIENTO.

Artículo 44. Modalidades de Acogimiento.

1. En razón de su origen, el acogimiento podrá ser administrativo o judicial. Será judicial siempre que los padres o tutores no consientan o se opongan; en los demás casos, el acogimiento será acordado por la Administración.

2. En razón de la naturaleza de los acogedores, el acogimiento podrá ser familiar o residencial.

Artículo 45. Acogimiento familiar.

1. El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

2. De acuerdo con lo que establece el artículo 173 bis del Código Civil, el acogimiento familiar puede adoptar las siguientes modalidades:

  1. Acogimiento familiar simple o temporal.

  2. Acogimiento familiar permanente.

  3. Acogimiento familiar preadoptivo.

Artículo 47. Acogimiento residencial.

1. El acogimiento residencial consiste en alojar al menor en un recurso adecuado a sus características con la finalidad de recibir la atención, educación y formación adecuadas.

2. El acogimiento residencial se realizará en centros propios o colaboradores, donde las únicas limitaciones de entrada y salida de los menores acogidos estarán marcadas por sus necesidades educativas y de protección, de acuerdo con el reglamento de régimen interior.

3. La guarda del menor en acogimiento residencial se ejercerá por el director del centro.

4. Cuando la entidad pública acuerde la acogida residencial de un menor, teniendo en cuenta que es necesario que tenga una experiencia de vida familiar, principalmente en la primera infancia, procurará que el menor permanezca internado durante el menor tiempo posible, salvo que convenga al interés del menor.

5. Si se tratase de un acogimiento residencial en centros de primera acogida, la estancia no podrá durar más de cuarenta y cinco días.

6. Las Instituciones en que sean acogidos los menores facilitarán la relación de éstos con su familia, mientras no se demuestre una incidencia negativa para aquellos.

Artículo 47. Acogimiento provisional.

1. La Administración podrá acordar en interés del menor la constitución de un acogimiento provisional que podrá ser familiar o en un hogar funcional y que subsistirá hasta que se produzca resolución judicial.

2. La Administración deberá presentar el acogimiento familiar provisional al juez de manera inmediata y, en todo caso, en un plazo de 15 días.

SECCIÓN II. ACOGIMIENTO FAMILIAR. SELECCIÓN DE ACOGEDORES.

Artículo 48. Preferencias en la selección de acogedores.

1. Siempre que se consideren personas adecuadas para el acogimiento, se preferirá a parientes o acogedores de hecho y, en general, a aquellas personas vinculadas al menor.

2. En el caso de los acogimientos preadoptivos, será necesario que no exista impedimento de parentesco para la constitución de la adopción, de conformidad con lo establecido en el artículo 175.3 del Código Civil.

3. Cuando los padres o tutores, que hayan prestado su consentimiento al acogimiento, propongan a los acogedores, se entenderá que éstos están vinculados al menor.

Artículo 49. Criterios de selección.

1. Con carácter general, se dará preferencia a los matrimonios o parejas unidas por relación de afectividad análoga a la conyugal, y en el supuesto de que la situación del menor aconseje su incorporación a una familia con otros menores, a los solicitantes que tengan hijos.

2. En el supuesto de niños que superen los 12 meses, grupos de hermanos o menores con especial dificultad, se propondrá a aquellos solicitantes que ofrezcan las mayores posibilidades para la integración y el óptimo desarrollo del menor, en función de su historial y características personales.

3. A igualdad de condiciones entre varios solicitantes, se asignará el menor a la persona o pareja que corresponda de acuerdo con el orden de la lista de espera adecuada al tipo de acogimiento solicitado, que se elaborará sobre los datos contenidos en la Sección de Acogimientos del Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia. A efectos de antigüedad, la fecha de referencia será la de la entrada de la solicitud de inscripción en el Registro.

4. Cuando así lo aconsejen las circunstancias del menor, se podrán tener en cuenta a personas declaradas idóneas de otras Comunidades Autónomas.

5. Como requisito inexcusable será necesario que los acogedores no hayan sido privados de la patria potestad respecto a ningún menor ni se encuentren incursos en causa de privación de aquélla.

SECCIÓN III. CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LOS ACOGIMIENTOS FAMILIARES.

Artículo 50. Procedimiento.

1. Cuando se estime que procede la constitución de un acogimiento familiar, el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia, a propuesta del órgano colegiado competente, iniciará e impulsará de oficio el procedimiento para la asignación del menor a la persona o pareja que resulte más adecuada.

2. Antes de la instrucción del procedimiento, previo informe favorable de los servicios técnicos de la Dirección General de Acción Social, se podrá acordar la constitución de un acogimiento provisional en los términos fijados por el artículo 47.

3. En la instrucción deberán recabarse los informes de cualquier naturaleza que resulten necesarios y así mismo deberá darse audiencia a los padres o al tutor, en la que preceptivamente se les informará de sus derechos y obligaciones y se les requerirá para que, en su caso, firmen el consentimiento al acogimiento.

4. Se deberá oír al menor si éste tuviera más de doce años.

5. El Comité de Tutela elevará al órgano competente la propuesta de acogimiento; la propuesta deberá hacer referencia a los aspectos que formarán parte del documento de formalización del acogimiento.

Artículo 51. Remuneración.

1. Cuando existan circunstancias que así lo aconsejen, el Comité de Tutela podrá proponer la remuneración de los acogimientos.

2. La remuneración de los acogimientos se regulará mediante Orden.

Artículo 52. Plazo.

El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos regulados en la presente Sección será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse que se rechaza la constitución del acogimiento.

Artículo 53. Resolución.

1. Cuando no exista la oposición de los padres o del tutor a que se refiere el artículo 173.3 del Código Civil, en la resolución se constituirá el acogimiento, con expresión de todas las cuestiones que se deriven del expediente.

2. En caso de oposición, se podrá proceder a la constitución de un acogimiento provisional en los términos dispuestos por el artículo 47.

Artículo 54. Documento de formalización del acogimiento.

Para su eficacia, el acogimiento deberá formalizarse en un documento que recogerá los siguientes aspectos:

  1. Los consentimientos necesarios, con indicación de la fecha de la resolución de constitución del acogimiento y la firma de las personas que reciban al menor y de éste si tuviera doce años cumplidos.

  2. Modalidad del acogimiento y duración prevista.

  3. Derechos y deberes de cada una de las partes, en particular:

    1. La periodicidad de las visitas por parte de la familia del menor acogido.

    2. El sistema de cobertura por parte de la entidad pública o de otros responsables civiles de los daños que sufra el menor o de los que pueda causar a terceros.

    3. La asunción de los gastos de manutención, educación y atención sanitaria.

  4. El contenido del seguimiento que se vaya a realizar y el compromiso de colaboración de la familia de acogida.

  5. El carácter remunerado o no del acogimiento, con determinación, en el primer supuesto, de las cantidades en que deban ser compensadas los acogedores, así como, en su caso, las contribuciones que a tal fin deban realizar los padres o tutores del menor.

  6. Si los acogedores actúan con carácter profesionalizado o si el acogimiento se realiza en un hogar funcional se hará constar expresamente.

  7. Cualesquiera otras circunstancias que se estimen beneficiosas para el menor.

Artículo 55. Seguimiento.

1. Para el seguimiento del acogimiento familiar, la Administración podrá solicitar los informes que estime oportunos y recabar cuanta información resulte relevante respecto a la evolución del menor y su familia y del acogimiento.

2. La Administración prestará a los acogedores el apoyo preciso para el ejercicio de sus funciones.

3. En función de la evolución del menor, las condiciones del acogimiento podrán ser revisadas. Cuando esta revisión suponga la modificación del documento de acogimiento se seguirá el procedimiento previsto para su elaboración.

4. Cuando esta revisión suponga la modificación de un acogimiento judicial, se propondrá al juez la revisión del documento de acogida, sin perjuicio de la posible adopción de medidas cautelares por la Administración.

CAPÍTULO III.
ADOPCIÓN NACIONAL.

Artículo 56. Solicitud de adopción.

1. Sólo podrán presentar solicitudes de adopción, las personas que acrediten ser residentes en Cantabria con dos años de antelación a la presentación de la solicitud.

2. La solicitud podrá presentarse en el momento de instar la declaración de idoneidad.

Artículo 57. Inscripción en la Sección de Adopciones.

La inscripción de los solicitantes en la Sección de Adopciones del Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia, que se practicará una vez obtenida la declaración de idoneidad, se configura como presupuesto para su selección como adoptantes.

Artículo 58. Selección de adoptantes.

Si la adopción no fuera precedida de un acogimiento preadoptivo, en la selección de adoptantes se aplicarán los criterios del artículo 49 de este Decreto.

Artículo 59. Renuncia al menor.

En el supuesto de que el adoptante o adoptantes elegidos no acepten al menor propuesto, se procederá, salvo en el caso de menores con características especiales, a revocar la declaración de idoneidad.

Artículo 60. Propuesta de adopción.

1. La propuesta de adopción, que será enviada al Juez competente, expresará especialmente, y sin perjuicio de lo que exija la legislación procesal vigente:

  1. Las condiciones personales, familiares, sociales y económicas del adoptante o adoptantes seleccionados, así como sus relaciones con el adoptando, con detalle de las razones que justifiquen la exclusión de otros interesados.

  2. El domicilio de los padres del menor y, en su caso, el del cónyuge del adoptante, cuando hayan de prestar su consentimiento, según lo dispuesto en el artículo 177 del Código Civil.

  3. Si unos y otros han formalizado su asentimiento ante la Dirección General de Acción Social o en documento auténtico, y que el mismo no ha sido revocado fehacientemente ante dicho órgano antes de la presentación de la propuesta al Juzgado.

2. Junto con la resolución, se podrán remitir al Juez todos los informes emitidos en el proceso de valoración de la idoneidad y de selección del o de los adoptantes, así como cuantos documentos o informes complementarios se entiendan oportunos.

CAPÍTULO IV.
ADOPCIÓN INTERNACIONAL.

Artículo 61. Solicitud de adopción internacional.

1. Quienes deseen adoptar a un menor extranjero, deberán presentar la correspondiente solicitud de adopción internacional. Esta solicitud será objeto de una resolución distinta de la declaración de idoneidad.

2. La solicitud se acompañará de la declaración de idoneidad, en el caso de que ésta hubiera sido ya otorgada.

3. En la solicitud se indicará, en su caso, la Institución colaboradora con la que hubiesen contratado la mediación en el proceso de adopción internacional y el país de origen del menor.

Artículo 62. Requisitos previos.

1. La resolución del procedimiento de adopción internacional requiere que, con carácter previo, los solicitantes hubieran sido declarados idóneos.

2. No obstante lo anterior, la adopción internacional y la declaración de idoneidad podrán solicitarse en el mismo momento.

Artículo 63. Suspensión de procedimientos.

1. Previo informe jurídico, el procedimiento de adopción iniciado para un determinado país podrá suspenderse en interés del menor.

2. Transcurrido un plazo máximo de tres meses, esta suspensión deberá ser levantada o, por el contrario, ratificada mediante una resolución motivada por la que se rechace la solicitud de adopción formulada.

Artículo 64. Obligaciones de los solicitantes.

Los solicitantes o, en su caso, la Institución colaboradora estarán obligados a comunicar a la Dirección General de Acción Social la preasignación de un menor por las autoridades de otro Estado tan pronto la conozcan y, en todo caso, antes de que se formalice la adopción.

Artículo 65. Audiencia a los adoptantes.

Conocida la preasignación, la Administración dará audiencia a los adoptantes quienes deberán manifestar por escrito que aceptan al menor y que conocen sus características.

Artículo 66. Resolución.

1. En la resolución de la solicitud de adopción internacional se indicará si se admite la adopción del menor que hubiera sido preasignado o si, por el contrario, la adopción debe rechazarse.

2. La resolución que rechace la adopción podrá ordenar la apertura de un procedimiento de revocación de la declaración de idoneidad.

3. En todos los supuestos, la resolución deberá hacer mención expresa al menor o menores extranjeros y al país de origen.

Artículo 67. Medidas de protección.

1. En aquellos casos en los que en el Estado de origen del menor no se haya constituido la adopción del mismo sino una medida de protección en favor de los solicitantes, específicamente preordenada a la constitución de la adopción en España, el Gobierno de Cantabria promoverá la constitución de la adopción ante el Juzgado, sin perjuicio de la eventual legitimación activa de los solicitantes.

2. Se procederá del modo establecido en el apartado anterior en los casos en los que la adopción constituida en el Estado de origen del menor en favor de los solicitantes, previamente declarados idóneos, no sea inscribible en el Registro Civil español por no presentar sus efectos la coincidencia exigida con los de la legislación española, pero se hayan prestado los consentimientos precisos para que pueda producirse dicha coincidencia.

Artículo 68. Especialidades.

Las solicitudes de declaración de idoneidad para la adopción de un menor con residencia en otro Estado se ajustarán a lo que, en su caso, exijan las autoridades del Estado de origen del menor, respecto a lo cual se informará a los solicitantes.

CAPÍTULO V.
DISPOSICIONES COMUNES.

Artículo 69. Suspensión de la tramitación administrativa.

Las personas declaradas idóneas podrán solicitar su inclusión en la lista de espera para la adopción nacional y, al tiempo, solicitar la tramitación de la adopción internacional. No obstante lo anterior, la comunicación por los solicitantes de la asignación de un menor extranjero supondrá la suspensión de la solicitud de la adopción nacional, sin pérdida de la antigüedad en la lista de espera de adopciones nacionales. La suspensión se levantará tras la finalización de los trámites de la adopción del menor extranjero.

Artículo 70. Información.

El Gobierno de Cantabria informará a los padres de los países donde las adopciones ofrecen mayores garantías. Así mismo informará de los requisitos que se exigen para determinados países.

Artículo 71. Archivo de expedientes.

1. Además del desistimiento, la caducidad y la renuncia, son causas de terminación de los expedientes de adopción, las siguientes:

  1. Que haya sido constituida judicialmente la adopción.

  2. La revocación o caducidad de la declaración de la idoneidad.

2. Finalizado el procedimiento, se procederá sin más trámite a su archivo.

Artículo 72. Reserva.

1. En la tramitación administrativa de los expedientes de adopción y acogimiento, se deberá evitar que los padres biológicos conozcan la identidad de los adoptantes o acogedores y a la inversa.

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando el interés del menor exija el mantenimiento de los lazos con su familia biológica.

 

TÍTULO III.
DEL REGISTRO DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

CAPÍTULO I.
SECCIONES.

Artículo 73. El Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia.

El Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia está dividido en las siguientes Secciones:

  1. Sección de Menores de Tutela o Guarda.

  2. Sección de Acogimientos.

  3. Sección de Adopciones Nacionales.

  4. Sección de Adopciones Internacionales.

  5. Sección de Menores en Acogimiento Residencial.

Artículo 74. Sección de Menores de Tutela o Guarda.

1. En esta Sección figurarán los menores sujetos a tutela o guarda. La finalidad de esta Sección es contar con el listado de menores que son o hayan sido objeto de medidas de tutela o guarda.

2. Los datos que figurarán son:

  1. Nombre del menor.

  2. Edad.

  3. Nombre de los padres.

  4. Nombre de las personas o instituciones que ejercen la tutela o la guarda de hecho.

  5. Medidas de protección adoptadas, fecha de su adopción y fecha de revisión.

3. El cumplimiento de la mayoría de edad del menor supondrá la cancelación de la inscripción.

Artículo 75. Sección de Acogimientos.

1. En esta Sección figurarán los solicitantes de acogimiento familiar y los acogimientos válidamente constituidos. La finalidad de esta Sección es el archivo y control de los expedientes de solicitantes de acogimientos y de los acogimientos constituidos.

2. En la Sección de Acogimientos se inscribirá, previa valoración de su aptitud educadora, situación familiar y cualquier otro factor que pueda resultar de interés, a la persona o familia dispuesta a acoger en su domicilio a menores en situación de desprotección social, bien a través de un acogimiento familiar simple o temporal, de un acogimiento permanente o de un acogimiento preadoptivo.

3. Datos de carácter personal incluidos en el fichero:

Artículo 76. Sección de Adopciones Nacionales.

1. En la Sección de Adopciones Nacionales se inscribirá a aquéllas personas que, habiendo formalizado la solicitud de adopción nacional, hubieran sido declaradas idóneas.

2. La finalidad de esta Sección es el control de expedientes de solicitantes de adopción declarados idóneos que pasen a inscribirse en la lista de espera.

3. Datos de carácter personal incluidos en el fichero:

Artículo 77. Sección de Adopciones Internacionales.

1. En la Sección de Adopciones Internacionales se inscribirá a aquéllas personas declaradas idóneas para adoptar y que hubieran presentado la solicitud de adopción internacional.

2. La finalidad de esta Sección es el control de expedientes de solicitantes de adopción internacional.

3. Datos de carácter personal incluidos en el fichero:

Artículo 78. Sección de Menores en Acogimiento Residencial.

1. En la Sección de Menores en Acogimiento Residencial se inscribirá a aquéllos internados en centros propios y colaboradores del Gobierno de Cantabria.

2. La finalidad de esta Sección es contar con un sistema de manejo de los datos de los menores que, estando en cualquier situación de desprotección, se encuentren ingresados en cualquier centro propio o colaborador del Gobierno de Cantabria.

3. Datos de carácter personal incluidos en el fichero:

CAPÍTULO II.
DISPOSICIONES COMUNES.

Artículo 79. Funcionamiento.

1. Las inscripciones y modificaciones se practicarán de oficio. Se podrá expedir certificado de los datos inscritos, con las limitaciones establecidas en el primer párrafo del apartado 7 y en el apartado 8 del artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los particulares tendrán los derechos reconocidos por la legislación de protección de datos de carácter personal.

2. Los datos contenidos en el Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia no podrán ser objeto de cesión, salvo que de acuerdo con el principio de colaboración institucional sean solicitados por personas u organismos competentes en materia de protección de menores.

3. La recogida de datos se realizará mediante la documentación aportada por los interesados y los informes técnicos que se incorporen al expediente.

Artículo 80. Unidad responsable.

La unidad responsable del Registro y ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación y cancelación es el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia.

 

TÍTULO IV.
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS.

Artículo 81. Titularidad de la competencia.

1. La competencia en materia de protección y tutela de menores corresponde a la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Acción Social.

2. En materia de adopción internacional, la Dirección General de Acción Social, adscrita a la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, tiene la consideración de autoridad central a los efectos del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, ratificado por España por instrumento de 30 de junio de 1995.

Artículo 82. Órganos colegiados.

1. Los órganos colegiados de protección de Menores, dependientes de la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Acción Social, son el Comité de Tutela y la Comisión de Adopciones.

2. En el ejercicio de sus funciones, los órganos colegiados podrán recabar cuanta información estimen necesaria.

3. Mediante Orden se regulará la composición y atribuciones de estos órganos colegiados.

Artículo 83. Competencias municipales.

Los servicios sociales municipales podrán proponer la incoación de los procedimientos de protección de menores a que se refiere este Decreto. Si el órgano competente estima que no procede adoptar la medida de protección propuesta, se decretará el archivo del expediente.

Artículo 84. Competencias del director general de Acción Social.

Corresponde al director general de Acción Social dictar las resoluciones administrativas relativas a:

  1. La declaración de riesgo.

  2. La declaración de desamparo y la asunción automática de la tutela.

  3. La asunción de la guarda.

  4. La renovación de la declaración de idoneidad.

  5. La resolución del procedimiento de adopción internacional.

  6. La denegación de la solicitud de inscripción en la Sección de Acogimientos del Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia.

  7. Los acogimientos en el caso de que sean de competencia de la Administración.

  8. La suspensión de los efectos de la declaración de idoneidad y la suspensión del procedimiento de solicitud de adopción internacional.

Artículo 85. Competencias del consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales.

Corresponde al consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales:

  1. La declaración de idoneidad y su revocación.

  2. La propuesta de adopción nacional.

  3. Decretar la prohibición de adopción con determinados países.

Artículo 86. Encomienda de gestión.

1. La Administración podrá encomendar la tramitación de los informes técnicos necesarios para la obtención de la declaración de idoneidad a los Colegios Profesionales correspondientes.

2. La encomienda de gestión se formalizará mediante la firma del correspondiente convenio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Competencias sancionadoras en materia de protección de Menores.

1. El director general de Acción Social dictará la providencia de iniciación de los procedimientos para la imposición de las sanciones previstas en la Ley de Cantabria 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia.

2. Los órganos con competencia para imponer estas sanciones son:

  1. El director general de Acción Social, para las que se deriven de infracciones leves y graves.

  2. El consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, para las que correspondan a infracciones muy graves.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Delegación.

De acuerdo con el artículo 47.3 de la Ley de Cantabria 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de Cantabria, se delega en el director general de Acción Social el ejercicio de las funciones que, en materia de gasto, corresponden al consejero, respecto a las competencias que le atribuye este Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

Se tramitarán con arreglo al presente Decreto, los procedimientos que deban instruirse para la resolución de aquellas solicitudes presentadas con anterioridad a su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, el órgano encargado del Registro trasladará las inscripciones al Registro de Protección de la Infancia y Adolescencia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.

En tanto en cuanto no se establezca una tasa para abonar los gastos que se deriven de la emisión de los informes psicológicos y sociales que puedan evacuarse en los procedimientos para la declaración de idoneidad y la adopción, el Gobierno de Cantabria no podrá repercutir los gastos que se ocasionen como consecuencia de la emisión de los referidos informes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

Queda derogado el Decreto 66/1992, de 7 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Expedientes Administrativos de Adopción, Tutela, Guarda y Acogimiento de Menores a realizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

Se faculta al consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales para regular por Orden el régimen de los órganos colegiados a que se refiere este Decreto y para crear cualquier otro que resulte necesario para el pleno ejercicio de las competencias en materia de protección de la infancia y adolescencia.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Se faculta al consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales para desarrollar mediante Orden las disposiciones del presente Decreto que se consideren necesarias.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

El presente Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el BOC.

Santander, 30 de mayo de 2002.

 

El Presidente del Consejo de Gobierno,
José Joaquín Martínez Sieso
El Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales,
Jaime del Barrio Seoane

Notas:
Incluida correción de errores publica en BOC. núm. 162, de 23 de agosto de 2002.
Ficha:
Núm. BOENo disponible
Fecha de publicaciónNo disponible
ÓrganoComunidad Autónoma de Cantabria
Núm. disposición58
Fecha de aprobación30 de mayo de 2002
RangoDecreto (Autonómico)
MateriaDerechos Territoriales (Normas Vigentes)
Fecha de entrada en vigor5 de agosto de 2002
Otras Disposiciones a las que hace referencia esta Norma:
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Publicación en el BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Publicación en el BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996
Ley Orgánica 8/1981, Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Publicación en el BOE núm. 9, de 11 de enero de 1982
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Publicación en el BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. Ley 7/1999, de 28 de abril, de Protección de la Infancia y Adolescencia.
Publicación en el BOE núm. 127, de 28 de mayo de 1999
Código Civil
Publicación en el BOE núm. 206, de 25 de julio de 1889