Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes.

Sumario:

 

TÍTULO PRELIMINAR.
DE LA ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO

Artículo 1.

Artículo 2.

Artículo 3.

 

LIBRO I.
DE LA PROPIEDAD FORESTAL

TÍTULO I.
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS MONTES

CAPÍTULO I.
CONCEPTO LEGAL DE LOS MONTES

Artículo 4.

Artículo 5.

Artículo 6.

Artículo 7.

CAPÍTULO II.
CLASIFICACIÓN DE LOS MONTES POR RAZON DE SU PERTENENCIA

Artículo 8.

SECCIÓN 1. MONTES PÚBLICOS

Artículo 9.

Artículo 10.

Artículo 11.

Artículo 12.

Artículo 13.

En los casos de condominio en montes catalogados, cuando el suelo fuere de un particular o de Entidad pública y el vuelo perteneciere a una de éstas o al Estado, podrán refundirse ambos dominios a favor del dueño del vuelo, indemnizando previamente al del suelo por el procedimiento y reglas que, para la fijación del justo precio, se contienen en la Ley de Expropiación Forzosa. Se exceptúan de este precepto los convenios y consorcios con el Patrimonio Forestal del Estado.

Artículo 14.

1. Cuando se considere conveniente realizar la refundición de dominios, siendo el vuelo del Estado, se incoará el oportuno expediente en el Servicio Regional o Provincial que corresponda, dando vista del mismo al interesado para que en el plazo de treinta días pueda examinarlo y alegar lo que estime pertinente.

2. La Jefatura remitirá el resultado de lo actuado, con razonado informe y propuesta, a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, que, después de oír a la Asesoría Jurídica y al Consejo Superior de Montes, someterá el caso a resolución del Ministerio de Agricultura.

Artículo 15.

Si el dueño del suelo pretendiera también tener derecho al vuelo, presentará en el Servicio Forestal, dentro del plazo de treinta días, establecido en el artículo anterior, títulos fehacientes probatorios de su derecho. Si el Ministerio, oída la Asesoría Jurídica, desestimase su alegación, podrá obtener la suspensión del expediente de refundición si, dentro del término de un mes, contado a partir de la notificación, acredita haber iniciado la reclamación judicial de su pretendido derecho por el procedimiento establecido en los artículos 55 y siguientes de este Reglamento.

Artículo 16.

Acordada por el Ministerio de Agricultura la adquisición del suelo y resueltas, en su caso, las cuestiones judiciales que se hubieren planteado, se procederá a la tasación, de acuerdo con las normas de la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 17.

Cuando el dueño del vuelo fuera una Entidad Local o Corporación de Derecho público se instruirá por la misma, con análogos trámites, el expediente oportuno, cuya resolución corresponderá a la Entidad o Corporación, o al Ministerio de quien dependa, siendo preceptivo, en todo caso, el informe del Departamento de Agricultura.

Artículo 18.

Si el dominio útil de un monte corresponde al Estado o a Entidad pública, podrá su dueño ofrecer al de dominio directo el rescate del canon, haciéndose la redención bien por el precio convenido o mediante equitativo aprecio del valor, capitalizando su importe al 4 por 100.

Epígrafe B. Régimen fiscal de los montes públicos

Artículo 19.

1. Los bienes del Patrimonio Forestal del Estado y los que el Instituto Nacional de Previsión posea como Entidad colaboradora a la obra del Patrimonio Forestal, estarán exentos de contribuciones e impuestos del Estado y de las Entidades Locales. Asimismo quedarán exentos de todo gravamen los terrenos que se dediquen a Coto Escolar de Previsión de carácter predominantemente forestal.

2. Respecto al régimen fiscal de los montes pertenecientes a Entidades Locales se estará a lo dispuesto en la vigente Ley de Régimen Local.

Artículo 20.

Artículo 21.

Los terrenos rústicos de índole forestal, que de hecho vengan aprovechándose consuetudinariamente por los vecinos de una localidad, se incluirán en el Catálogo de Montes, a favor de la Entidad Local, cuyo núcleo de población venga realizando los aprovechamientos, respetándose éstos a favor de los vecinos. Se exceptúan de esta inclusión en el Catálogo los terrenos que en el Registro de la Propiedad aparezcan inscritos como de propiedad particular.

Los que se afectaren al Patrimonio Forestal del Estado, en virtud de la Ley de 18 de octubre de 1941, sobre repoblación forestal de riberas de ríos y arroyos, se inscribirán a nombre del Estado de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Ley.

Artículo 22.

Artículo 23.

Derogado.

Epígrafe E. Montes de utilidad pública

Artículo 24.

Artículo 25.

Artículo 26.

El procedimiento para la declaración de utilidad pública se iniciará por el Servicio Forestal correspondiente, que, actuando de oficio o a instancia de parte, redactará una Memoria expresiva de las circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, justifiquen aquella declaración.

Artículo 27.

Previa audiencia de la Entidad poseedora del monte, el Servicio Forestal remitirá el expediente a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, que formulará la propuesta de resolución que estime procedente.

Artículo 28.

La declaración de utilidad pública se hará, en todo caso, por Orden del Ministerio de Agricultura, que podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa por la Entidad propietaria del monte.

Artículo 29.

Firme la orden de declaración de utilidad pública, los montes o terrenos forestales que hubieren sido objeto de ella serán incorporados al Catálogo de Montes, comunicándose el acuerdo a la Entidad a quien haya de asignarse su pertenencia.

Artículo 30.

Cuando la aprobación de un plan derivado de la aplicación de la Ley del Suelo, de 12 de mayo de 1956, afectare a un monte de utilidad pública será necesario el previo informe del Ministerio de Agricultura.

SECCIÓN 2. MONTES PROTECTORES

Artículo 31.

Artículo 32.

Artículo 33.

Artículo 34.

SECCIÓN 3. MONTES DE PARTICULARES

Artículo 35.

Artículo 36.

Artículo 37.

 

TÍTULO II.
CATALOGO DE MONTES

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 38.

1. El Catálogo de Montes es un registro público de carácter administrativo en el que se incluirán todos los montes que hubieran sido declarados de utilidad pública, pertenecientes tanto al Estado, como a las Entidades Locales y demás Corporaciones o Entidades de derecho público.

2. El Catálogo deberá ser aprobado por Decreto y sus modificaciones parciales sucesivas mediante Orden Ministerial.

Artículo 39.

1. En el Catálogo se reseñarán los montes por provincias, y dentro de cada una de éstas se numerarán correlativamente con mención del partido judicial, término municipal, nombre y pertenencia.

2. También se expresarán en el Catálogo: los límites del monte con la precisión posible; sus cabidas total y de utilidad pública; la especie o especies principales que lo pueblen, y su clasificación como bienes de propios o comunales.

3. Se consignarán, además, las cargas de todas clases que pesen sobre los predios catalogados (condominios, enclavados, servidumbres, ocupaciones, consorcios y demás derechos). Para cada una de ellas se detallarán la fecha de su legitimación o concesión, si fuera conocida, y la naturaleza jurídica, características, alcance y duración de las mismas.

4. Si el monte estuviere inscrito en el Registro de la Propiedad se harán constar los datos registrales y, en forma abreviada, la circunstancia de haber sido destinado, amojonado, ordenado, etc.

5. En el Catálogo deberá reservarse espacio suficiente para que en él se pueda ir anotando el historial o vicisitudes por que atraviese cada predio desde su inclusión.

6. Si, por excepción, un monte declarado de utilidad pública se hallase situado en dos o más términos municipales o provincias, se considerará, en general, a efectos de su designación en el Catálogo, como otros tantos predios distintos, inscribiéndose cada uno de éstos en su correspondiente provincia y término municipal con los límites propios, las cabidas que se deduzcan de sus líneas perimetrales y números que les correspondan, pero manteniendo para todos ellos la misma denominación e idéntica pertenencia.

7. Toda inscripción en el Catálogo deberá perfeccionarse a medida que sea posible con la adición de un plano de cada monte en escala y con los requisitos técnicos que señale la Dirección General del Ramo.

CAPÍTULO II.
INCLUSIONES

Artículo 40.

En el Catálogo deben ser incluidos:

  1. Todos los montes que figuren en el actual Catálogo.

  2. Los que no estando incluidos en dicho Catálogo hayan sido declarados de utilidad pública con anterioridad a la publicación de este Reglamento.

  3. Los que en lo sucesivo sean declarados de utilidad pública en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 y los 26 a 29 del mismo.

Artículo 41.

Todo monte incluido en el Catálogo a que se refiere el artículo 38 se considerará como de utilidad pública en tanto no se acuerde legalmente su exclusión.

Artículo 42.

1. Las reclamaciones sobre inclusión de montes en el Catálogo, que entablen las Entidades afectadas y no se refieran a cuestiones de propiedad, posesión o cualesquiera otras de índole civil, tendrán carácter administrativo y se ventilarán ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

2. Si la reclamación versare sobre la pertenencia asignada al monte en el Catálogo, o sobre cualquier otra cuestión de carácter civil, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 43 y 55 al 60 de esta disposición.

CAPÍTULO III.
EXCLUSIONES

SECCIÓN 1. PÉRDIDA DE LA UTILIDAD PÚBLICA

Artículo 43.

1. Para excluir un monte del Catálogo será precisa Orden del Ministerio de Agricultura previo expediente instruido por el Distrito Forestal correspondiente con audiencia o a instancia de la Entidad propietaria, en el que se acredite que el monte no reúne ya las condiciones que fueron determinantes de su inclusión y dictaminen del Consejo Superior de Montes.

2. Para las reclamaciones sobre exclusión de un monte del Catálogo, se estará a lo dispuesto en el artículo 42 para las inclusiones.

SECCIÓN 2. ENAJENACIONES Y EXPROPIACIONES

Artículo 44.

1. Los montes del Catálogo sólo podrán ser enajenados mediante Ley o en los casos previstos en los artículos 183 y siguientes de este Reglamento o en Leyes especiales.

2. La propiedad forestal catalogada es inembargable.

3. Excepcionalmente, servirán de garantía hipotecaria los aprovechamientos de los montes catalogados, en forma que se cita en el artículo 151 de este Reglamento.

Artículo 45.

Los montes del Catálogo sólo podrán ser expropiados para obras y trabajos cuyo interés general prevalezca sobre la utilidad pública del monte afectado.

Artículo 46.

Salvo conformidad expresa del Ministerio de Agricultura, la utilidad pública o el interés social del fin a que haya de afectarse el monte expropiado habrá de ser declarada en cada caso por Ley votada en Cortes, o reconocida por acuerdo del Consejo de Ministros, previo expediente en el que, con audiencia del Ministerio de Agricultura, se sustancie separadamente la existencia del interés preferente a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 47.

Dicho expediente se iniciará mediante la remisión, por el beneficiario de la expropiación al Servicio Forestal correspondiente, de una descripción suficiente del monte catalogado o parte de él cuya expropiación considere necesaria y de una Memoria en la que, haciéndose referencia circunstancial a los títulos que justifican el derecho a expropiar, se razone la existencia de un interés general que deba prevalecer sobre la utilidad pública del monte cuya expropiación se proyecta.

Artículo 48.

El Servicio Forestal, dentro de los diez días siguientes a la presentación del expediente, dará vista del mismo, por término de quince, a la Entidad propietaria del monte, y elevará lo actuado con su informe, que emitirá en el término de un mes una vez cumplida la audiencia anterior a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, que, oído el Consejo Superior de Montes, propondrá al Ministerio lo que proceda.

Artículo 49.

1. Si el criterio del Ministerio de Agricultura fuera favorable a la expropiación, se comunicará así al expropiante para que pueda seguir su curso el expediente por los trámites establecidos en la legislación sobre Expropiación Forzosa. En otro caso, se dará cuenta al Ministerio del que dependa el beneficiario de la expropiación, o los trabajos correspondientes, resolviéndose por el Consejo de Ministros la eventual discrepancia entre ambos Ministerios.

2. En los expedientes que promuevan los Ministerios del Ejército, Marina y Aire para la declaración de utilidad pública, en expropiaciones que afecten a montes catalogados, se dará audiencia al de Agricultura y se resolverá por el Consejo de Ministros, al mismo tiempo, acerca de la utilidad pública necesaria para la expropiación y de la preferencia de esta utilidad sobre la atribuida al monte por su inclusión en el Catálogo.

SECCIÓN 3. PLEITOS SOBRE PROPIEDAD. RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA JUDICIAL CIVIL

Artículo 50.

Artículo 51.

Artículo 52.

Artículo 53.

Artículo 54.

Artículo 55.

Artículo 56.

Artículo 57.

Artículo 58.

Artículo 59.

Artículo 60.

Artículo 61.

Artículo 62.

Artículo 63.

SECCIÓN 4. PRESCRIPCIÓN

Artículo 64.

CAPÍTULO IV.
PRESUNCIONES POSESORIAS

Artículo 65.

Artículo 66.

Artículo 67.

Artículo 68.

CAPÍTULO V.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Artículo 69.

1. Todos los montes catalogados se inscribirán obligatoriamente en el Registro de la Propiedad, en favor de la entidad a la que corresponda su dominio, según el Catálogo. De igual modo serán inscritos todos los actos o contratos inscribibles que tengan por objeto un monte catalogado, incluido el deslinde del mismo.

2. Los registradores que tuvieran conocimiento de no estar inscrito un monte catalogado en la circunscripción de su Registro o un acto, o contrato inscribible, relativo al mismo reclamarán de la Jefatura del Distrito Forestal la presentación de los documentos precisos para practicar las inscripciones omitidas. Si en el plazo de dos meses no se presentaren en el Registro tales documentos su titular lo pondrá en conocimiento de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial para que subsane la falta y proceda a exigir las responsabilidades consiguientes al funcionario negligente.

Artículo 70.

1. Si el monte estuviere inmatriculado a favor de persona distinta de la entidad pública a la que el Catálogo asigne la pertenencia, la inscripción a favor de ésta se practicará mediante cualquiera de los medios de rectificación del Registro establecido en el artículo 140 a) de la Ley Hipotecaria.

2. Si no lo estuviere la inmatriculación tendrá lugar por cualquiera de los modos que admite la legislación hipotecaria y, en su caso, mediante la certificación administrativa de dominio a que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 71.

1. Las certificaciones administrativas de dominio para inmatricular los montes catalogados se expedirán por los Ingenieros Jefes de los Servicios regionales o provinciales a cuyo cargo se hallen los montes, conforme el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento. Tales certificaciones se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 303 del Reglamento Hipotecario, haciéndose constar, además, las circunstancias siguientes:

2. Las certificaciones se expedirán por triplicado y siempre que ello sea posible se acompañará a las mismas un plano topográfico del monte, debidamente autorizado, para que quede archivado en el Registro.

Artículo 72.

1. En las certificaciones a que se refieren los artículos anteriores se consignarán las descripciones que resulten de los deslindes, inventarios, catálogos y demás documentos que obren en poder de la Administración Forestal o Entidades propietarias.

2. Cuando se trate de montes no deslindados y las descripciones que se posean del Catálogo y sus antecedentes, o de cualquiera otros datos, ofrezca manifiesta discrepancia con la realidad, se dispondrá y efectuará un reconocimiento previo del terreno para determinar provisionalmente, y sin perjuicio de las rectificaciones a que dé lugar un posterior deslinde, sus actuales linderos y extensión superficial, expresándose en tal caso en las certificaciones que se expidan para la inscripción los límites antiguos y los nuevos resultantes del reconocimiento, con indicación de la fecha en que éste fue practicado por la Administración Forestal.

Artículo 73.

Las certificaciones de dominio, una vez puesta en ellas la nota que proceda por la Oficina liquidadora del impuesto de derechos reales competente, se presentarán en el Registro de la Propiedad por un empleado o subalterno dependiente del Servicio Forestal o, en su defecto, se remitirán por su Jefatura al representante del Ministerio fiscal o a la Alcaldía para que lleven a cabo dicha presentación.

Artículo 74.

Una vez verificada la inscripción y puesta la nota correspondiente al pie de las certificaciones el Registrador archivará uno de los ejemplares con el plano topográfico del monte, si lo hubiere, y devolverá los otros dos al presentante. La Jefatura del Servicio Forestal conservará uno de ellos y remitirá el restante a la Entidad propietaria del monte.

Artículo 75.

1. Practicada la inscripción en virtud de certificado de dominio, se notificará a todos los que pudieran estar interesados en ella, por medio de edicto autorizado por el Registrador que comprenderá: las circunstancias esenciales de descripción de la finca, título de adquisición, persona de quien se adquirió y entidad a la que pertenece. El edicto se entregará al presentante a fin de que sea fijado por espacio de un mes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde radica la finca, acreditándose este hecho por certificación o diligencia suscrita por el Secretario del mismo a continuación del edicto. Este se archivará en el Registro después de extendida nota al margen de la inscripción expresiva del cumplimiento de la anterior formalidad.

2. De no presentarse el edicto en el Registro dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la inscripción, ésta será cancelada de oficio y por nota marginal. En caso de impugnación de la inscripción publicada se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 298 del Reglamento Hipotecario.

Artículo 76.

Si la certificación para inmatricular el monte estuviere en contradicción con algún asiento no cancelado o cuya descripción coincida en algunos detalles con la de fincas o derechos ya inscritos, se procederá en la forma que determine el artículo 306 del Reglamento Hipotecario. Si el Ingeniero Jefe del Servicio Forestal decidiera acudir al Juez de Primera Instancia, requerirá el previo informe del Abogado del Estado, al que deberá comunicar, si fuere favorable, la resolución que recaiga, remitiendo los antecedentes oportunos por si hubiera lugar a iniciar las acciones pertinentes.

CAPÍTULO VI.
INMATRICULACIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE FINCAS COLINDANTES O PROXIMAS A MONTES CATALOGADOS

Artículo 77.

1. Cuando se trate de inmatricular en el Registro de la Propiedad, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley Hipotecaria, fincas colindantes con montes públicos, deberá expresarse detalladamente esta circunstancia en la descripción de las mismas, y si el Registrador apreciase, por examen de los títulos presentados, o del Registro, que el monte con el que linda la finca está catalogado como de utilidad pública, no podrá practicarse la inscripción solicitada de no acompañar a la documentación aportada u obtenerse por el Registrador, certificación de la Jefatura del Servicio Forestal acreditativa de que la finca no está incluida en el monte del Catálogo relacionado con la pretendida inmatriculación.

2. Estas certificaciones se expedirán gratuitamente y dentro del plazo de treinta días, a contar de la fecha en que se soliciten. Si los interesados no presentan la expresada certificación la pedirá de oficio el Registrador, describiendo la finca de que se trate en la comunicación que al efecto dirija la Jefatura, tal y como aparezca en los títulos presentados, haciendo constar por diligencia en la copia de dicha comunicación, que ha de quedar archivada en la oficina, la fecha de su remisión por correo certificado a la Jefatura del Servicio.

Pasados treinta días sin que se reciba la certificación solicitada podrá llevarse a cabo la inmatriculación, haciéndose constar tal circunstancia en el asiento que se practique.

3. Cuando la inmatriculación se refiera a fincas radicantes en términos municipales y pagos donde existan montes propiedad del Estado, el Registrador, en todo caso y mediante oficio, pondrá en conocimiento de la Jefatura del Distrito Forestal correspondiente la inmatriculación practicada, expresando la descripción de la finca al efecto de que la Administración pueda ejercitar los derechos que pudieran corresponderle.

 

TÍTULO III.
DESLINDE DE MONTES CATALOGADOS

Artículo 78.

Los derechos de los Registradores que se devenguen por las inscripciones realizadas en aplicación de lo dispuesto en esta Ley se regularán según un arancel especial que será propuesto al Consejo de Ministros por el de Justicia, previo informe del de Agricultura.

Artículo 79.

1. Es de la competencia de la Administración Forestal el deslinde en todos los montes públicos catalogados y la resolución, en vía administrativa, de las cuestiones que con él se relacionen.

2. A petición de las Entidades públicas y a sus expensas, la Administración Forestal podrá hacer el deslinde de los montes no catalogados pertenecientes a ellas, con arreglo a los mismos requisitos y formalidades vigentes para los de utilidad pública.

Artículo 80.

1. El deslinde de los montes catalogados podrá acordarse, de oficio, por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial o a instancia de las Entidades dueñas de los mismos o de los propietarios de fincas colindantes con ellos. En los dos últimos casos la ejecución del deslinde se solicitará del Servicio Forestal.

2. Acordado el deslinde, se comunicará al Registro de la Propiedad correspondiente, si el monte estuviere inscrito para la que se extienda nota del acuerdo al margen de la inscripción de dominio.

3. Pagará los gastos que ocasione el deslinde y amojonamiento de los montes catalogados, en la parte que directamente les afecte, el que hubiere tenido la iniciativa de su realización sin perjuicio de que la Administración Forestal, en casos especiales en que así convenga, pueda satisfacerlo con cargo a los Presupuestos generales del Estado.

Artículo 81.

En la práctica de los deslindes se otorgará la preferencia:

  1. A los montes en que existan parcelas sobre cuya propiedad penda sentencia judicial, debiendo practicarse el deslinde, limitado a la parte del monte en litigio, tan pronto recaiga la resolución que ultime la vía administrativa.

  2. A los montes en que por sentencia firme se hubiere dispuesto la modificación de un deslinde.

  3. A los montes en que existan parcelas enclavadas o colinden con otros de propiedad particular y, especialmente, cuando los linderos figuren en el Catálogo de forma confusa o equívoca.

CAPÍTULO I.
EXPEDIENTES ORDINARIOS DE DESLINDE

SECCIÓN 1. TRÁMITES ANTERIORES AL APEO

Artículo 82.

A todo deslinde precederá una Memoria, autorizada por el Ingeniero Jefe del Servicio Forestal, en la que habrá de hacerse referencia a los siguientes extremos:

  1. Justificación del deslinde que se propone y, en su caso, preferencia que le afectare conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

  2. Descripción del monte con expresión de sus linderos generales, de sus enclavados, colindancia y extensión perimetral y superficial y vías pecuarias, si existiesen.

  3. Antecedentes del monte, título de propiedad e informaciones, reconocimientos o actuaciones que acrediten la posesión no disputada en que se hallen el Estado o la Entidad titular según el Catálogo, extractando cuidadosamente los documentos del archivo y los historiales de los aprovechamientos y de las denuncias, con especial mención de todos los incidentes habidos en punto a propiedad, posesión y disfrute.

Artículo 83.

Basado en la Memoria, el Ingeniero Jefe del Servicio Forestal formulará un presupuesto de gastos del deslinde que deberá llevar la conformidad, en su caso, del que haya de sufragarlos, elevando dicho presupuesto, juntamente con la Memoria, a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial vial.

Artículo 84.

Podrán los Ingenieros Jefes de los Servicios Forestales, por su propia iniciativa o a instancia de la Entidad propietaria, declarar un monte en Estado de deslinde cuando aprecien peligro de intrusiones. Esta declaración se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente, procediéndose a continuación y sin demora a incoar el expediente de deslinde mediante la redacción de la Memoria y presupuesto a que se refieren los artículos 82 y 83. La declaración caducará, de no terminarse el deslinde, en el plazo de dos años.

Artículo 85.

La declaración de un monte en Estado de deslinde faculta a los Servicios Forestales para señalar, de oficio o a instancia de parte interesada, las zonas colindantes, cuyos aprovechamientos forestales deban sujetarse a las prescripciones que se establecen a continuación, con reserva de los derechos que puedan resultar una vez que se resuelva el deslinde.

Artículo 86.

1. En las zonas de defensa, señaladas a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán realizarse aprovechamientos de cortas, salvo que el Servicio Forestal las considere inaplazables, hasta que se apruebe y se afirme el deslinde que se practique.

2. El importe de estos disfrutes y de los autorizados en el artículo siguiente se ingresará en la Caja de Depósitos de la provincia, a disposición del que resultare ser dueño de la zona señalada.

3. Los demás aprovechamientos podrán tener lugar conforme se expone en el artículo siguiente.

Artículo 87.

El Ingeniero o Perito de Montes del Servicio, oyendo al interesado o su representante, fijará la especia y cantidad de productos que, no siendo corta de árboles, puedan realizarse sin daño del monte, levantando acta.

Artículo 88.

Terminado el aprovechamiento se reconocerá la superficie donde se haya realizado, levantándose acta con las mismas formalidades que en la prevista en el artículo último, y se harán constar en ella, de haberse producido, las extralimitaciones observadas con la tasación del daño causado, cuyo importe ingresará también en la mencionada Caja de Depósitos para su entrega al que resultare legítimo acreedor.

Epígrafe A. Amojonamiento provisional de líneas conocidas

Artículo 89.

1. El deslinde administrativo de los montes catalogados podrá desarrollarse en las dos fases o tiempos a que se refieren los artículos siguientes.

2. Serán notificados, personalmente, los dueños de las fincas colindantes y también, en su caso, los usufructuarios o titulares de hipotecas u otros derechos reales sobre las mismas cuando sean conocidos sus domicilios. En su defecto podrá extenderse la notificación a los apoderados, administradores, colonos o encargados.

3. La operación de deslinde se fraccionará o no en las dos fases citadas, según la libre apreciación del Ingeniero Jefe del Servicio Forestal, que podrá también acordar, aun después de iniciada la primera, desistir de ella y continuar el procedimiento por trámites de la segunda, dando cuenta en ambos casos a la Dirección General de Montes Caza y Pesca Fluvial de las causas que motiven su decisión.

Artículo 90.

1. Acordada la realización del deslinde de un monte, la Jefatura del Servicio Forestal correspondiente anunciará en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con quince días al menos de antelación, la fecha en que el Ingeniero por ella designado procederá a colocar hitos o mojones provisionales en aquellas partes de los linderos exteriores e interiores sobre las que, atendiendo al actual Estado posesorio, se tengan elementos de juicio que permitan su fijación.

2. En todo caso se recorrerán las líneas de separación con otros montes ya deslindados y de no estar amojonados se colocarán hitos sobre ellas.

Artículo 91.

Quedarán pendientes y abiertas, en este primer trazado y puesta de mojones, aquellas porciones de líneas perimetrales acerca de cuya correcta situación se ofrecieren dudas fundadas.

Artículo 92.

1. El Ingeniero encargado de marcar y amojonar provisionalmente los aludidos perímetros lo hará acompañado de una Comisión del Ayuntamiento o Junta Rectora de la Entidad dueña del monte, cuya ausencia no invalidará la eficacia del acto, y de los prácticos que le sean precisos. De tratarse de monte perteneciente al Estado, bastará con que asistan únicamente los prácticos necesarios.

2. Podrán asistir a la operación cuantos se crean interesados, y de ella se levantará acta diaria que será firmada por el Ingeniero, los representantes de la entidad titular del monte, si éste no fuera del Estado, los prácticos y los asistentes que formularen alguna protesta que, al ser consignada en aquél documento, producirá la entrada en la segunda fase de la parte de la línea protestada. El acta será, asimismo, firmada por los interesados asistentes a la operación que prestaren su aquiescencia al amojonamiento provisional realizado.

Epígrafe B. Protestas

Artículo 93.

1. Efectuado el recorrido perimetral, colocados los mojones provisionales y levantado el plano de las líneas amojonadas, se anunciará el término de la operación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, advirtiendo que en las oficinas del Servicio Forestal y en las de la Corporación se hallan a disposición de los interesados el plano a que acaba de aludirse y las actas a que se refiere el artículo último, y que los que no estuvieren conformes con la línea perimetral determinada por los hitos colocados en el terreno y reflejada en el correspondiente plano, podrán presentar en las oficinas del Servicio Forestal, dentro del plazo de un mes desde la publicación del aviso, la reclamación que convenga a su derecho.

2. Los interesados o sus representantes cuyo domicilio fuere conocido serán notificados personalmente.

Artículo 94.

Transcurrido el mencionado plazo, las líneas provisionales de colindancia, sobre las que no se hubiere formulado ninguna reclamación, adquirirán carácter definitivo a efectos de declaración del Estado posesorio y se entrará en la fase siguiente, si hubiere lugar a ello.

Artículo 95.

1. Afectará esta segunda fase a las partes del perímetro, marcadas en la primera, sobre las que se hubieren producido reparos o protestas en tiempo hábil, y a aquellas otras que quedaron pendientes de trazado, todas las cuales serán objeto de la operación de deslinde, que se realizará con los requisitos y formalidades que se consignan en los artículos siguientes.

2. Por el mismo procedimiento se deslindará la totalidad del monte cuando a juicio del Ingeniero Jefe del Servicio Forestal no resulte conveniente fraccionar la operación en dos fases o cuando, iniciada la primera, acordare aquél desistir de ella.

Epígrafe C. Anuncios, notificaciones y apoderamientos

Artículo 96.

Tan pronto como termine la primera fase o se decidiere desistir de ella, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 89, se procederá a anunciar mediante edictos, que se insertarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos en cuyos términos radique el monte, las operaciones de deslinde de la totalidad del mismo o solamente de las líneas que hubieren quedado abiertas y de aquellas en que se produjeron protestas o reclamaciones, anuncios que se publicarán con tres meses de antelación, por lo menos, al día en que haya de comenzar el apeo, entendiéndose que la publicación de los edictos en la forma expresada surtirá los mismos efectos que una notificación personal, sin perjuicio de realizar ésta cuando sea posible, conforme se determina en el artículo 98.

Artículo 97.

En los edictos habrá de expresarse:

  1. El día y hora en que tendrá lugar el apeo, así como el punto por donde dará principio, emplazándose a los colindantes y a las personas que acrediten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto.

  2. Que los que no asistan personalmente o por medio de representante legal o voluntario a la práctica del apeo no podrán después formular reclamaciones contra el mismo.

  3. Que durante el plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la publicación del anuncio los que se conceptúen con derecho a la propiedad del monte o de parte del mismo, y los colindantes que deseen acreditar el que pueda corresponderles, deberán presentar los documentos pertinentes en las oficinas del Servicio Forestal, apercibiéndoles de que transcurrido dicho plazo no se admitirá ningún otro, y a quienes no los hubieran presentado, que no podrán formular reclamación sobre propiedad en el expediente de deslinde.

Artículo 98.

1. Las operaciones de deslinde serán notificadas a la Entidad propietaria del monte y a los dueños de los de utilidad pública que confinen con el que va a ser deslindado, debiendo ser incluidas en la notificación las prevenciones que enumera el artículo anterior.

2. Serán también citados personalmente los demás colindantes y dueños de enclavados o, en su defecto, los administradores, colonos o encargados cuyos domicilios conociera la Administración Forestal.

Artículo 99.

Las Entidades Locales deberán ser citadas en las personas de sus Presidentes o Alcaldes, y las demás Corporaciones o Establecimientos Públicos, en la de sus Administradores o Encargados. El Estado se entenderá siempre representado en los deslindes por el Ingeniero Jefe del Servicio correspondiente del Patrimonio Forestal del Estado; las Entidades municipales, por el Alcalde o su Delegado, y los particulares, de no asistir personalmente, deberán autorizar debidamente a sus representantes.

Epígrafe D. Estudio de documentos por el Abogado del Estado

Artículo 100.

Los documentos administrativos y títulos de carácter civil presentados por los interesados o en poder de la Administración serán remitidos una vez transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días establecido para su presentación, al examen, calificación e informe del Abogado del Estado de la provincia, que dentro de los veinte días siguientes calificará la eficacia jurídica de los títulos presentados, al efecto de acreditar el dominio o la posesión de las fincas a que se refiera, y además establecerá una clasificación de los documentos aportados en dos grupos:

  1. Aquellos de los que resulte que sus titulares están comprendidos en la protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, si bien absteniéndose de opinar sobre la concurrencia del requisito de la buena fe, cuya apreciación, al solo efecto de establecer la clasificación de fincas a que se refiere el artículo 102, corresponderá al Ingeniero operador.

  2. Aquellos otros titulares que no estén amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Epígrafe E. Reconocimiento y clasificación de fincas o derechos

Artículo 101.

Dentro de los veinticinco días siguientes a la terminación del plazo establecido en el artículo anterior, el Ingeniero operador estudiará sobre el terreno la documentación presentada, con el fin de determinar, al pormenor, los linderos generales con que el monte está inscrito en el Catálogo, y de realizar la clasificación de fincas o derechos establecida en el artículo siguiente.

Artículo 102.

El Ingeniero operador, visto el informe del Abogado del Estado, procederá a clasificar las fincas o derechos relacionados con el monte en los cuatro grupos siguientes, consignando en cada caso los datos registrales, si constaren:

  1. Fincas o derechos amparados en títulos presentados y cuyos titulares realizaron su adquisición con todos los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

  2. Fincas o derechos cuyos títulos fueren presentados y que aunque la adquisición no se realizara con los requisitos previstos en el citado artículo 34, no obstante, el Ingeniero operador estima en principio que no pertenecen al monte.

  3. Fincas o derechos cuyos títulos han sido presentados y respecto de los que existan indicios suficientes de que pudieran pertenecer total o parcialmente al monte, siempre que si los títulos hubieren sido incluidos en el grupo a) del artículo 100, estime el Ingeniero que pudiera impugnarse judicialmente el requisito de la buena fe.

  4. Fincas o derechos cuyos títulos no han sido presentados en el plazo legal y sobre los que se ofrecen los indicios a que se refiere el apartado c) precedente.

Epígrafe F. Anotaciones preventivas de deslinde

Artículo 103.

1. Aprobada por el Ingeniero Jefe del Servicio Forestal la clasificación a que se refiere el artículo anterior, acordará que sobre cada una de las fincas o derechos comprendidos en los grupos c) y d) se practique una anotación preventiva en cuya virtud se haga constar en el Registro de la Propiedad la existencia del deslinde y que aquéllas pueden resultar afectadas total o parcialmente por la resolución final del expediente.

2. Se tomará un acuerdo por cada finca o derecho que haya de ser anotado, y se expedirá por duplicado y presentará en el Registro mandamiento disponiendo la práctica de dicha anotación en el que se expresarán las siguientes circunstancias:

  1. Fecha de la resolución que dispuso la ejecución del deslinde del monte de que se trate y autoridad que la dictó.

  2. Descripción de la finca o derecho que ha de ser anotado datos registrales, si constaren, y nombre, apellidos y demás circunstancias de su titular según los documentos presentados o las averiguaciones hechas por el Ingeniero operador.

  3. Texto literal del acuerdo disponiendo la práctica de la anotación.

Artículo 104.

El Servicio Forestal, antes de la apertura del período de vista establecido en el artículo 120, podrá, previo informe del Abogado del Estado rectificar la clasificación a que se refiere el artículo 102 y, en su consecuencia, ordenar nuevas anotaciones preventivas o la cancelación de las ya practicadas.

Artículo 105.

Los interesados podrán impugnar en cualquier momento, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y siguientes de este Reglamento, el acuerdo de anotación preventiva, que será, no obstante, inmediatamente ejecutivo.

Artículo 106.

1. Los Registradores de la Propiedad están sujetos en la calificación de estos mandamientos a las mismas limitaciones establecidas respecto de los documentos expedidos por la Autoridad Judicial.

2. Si la finca afectada por la anotación no estuviere inscrita los Registradores, sin necesidad de petición expresa, tomarán anotación de suspensión por el plazo que se establece en el artículo siguiente.

Artículo 107.

1. Las anotaciones preventivas tomadas conforme a los artículos anteriores y que, según resulta de lo dispuesto en el número cuatro del artículo 127, deban quedar subsistentes después del deslinde, caducarán a los cuatro años de la fecha en que quede firme la resolución definitiva de aquél.

2. Una vez firme el deslinde o transcurrido el plazo de un año establecido en el artículo 131, los perjudicados por las anotaciones preventivas que queden subsistentes podrán reclamar, por conducto del Servicio Forestal, y el Ministerio de Agricultura acordar que se cancelen previo informe de la Asesoría Jurídica. Si la Administración en el plazo de un año no hubiese estimado la reclamación ni obtenido la correspondiente anotación preventiva de demanda, el interesado podrá solicitar del Registrador la cancelación de la anotación de deslinde acompañando el recibo de presentación de la reclamación, en el que deberá, a tal efecto, hacerse constar con el detalle suficiente el objeto del ésta.

SECCIÓN 2. APEO

Epígrafe A. Forma de realizarlo

Artículo 108.

El apeo comenzará por el punto de la línea perimetral, claramente señalado en el anuncio, siguiéndose después de manera que el monte quede a la derecha del que recorra sus linderos, y lo mismo se hará al deslindar los terrenos enclavados.

Artículo 109.

Al mismo tiempo que se realiza el apeo, y siguiendo su trazado, se colocarán en cada punto de intersección de líneas que formen ángulos entrantes y salientes piquetes protegidos con grandes montones de piedra en seco o tierra.

Epígrafe B. Resolución de cuestiones sobre el terreno

Artículo 110.

1. El Ingeniero encargado del deslinde procurará solventar por avenencia y conciliación de las partes interesadas las diferencias que puedan ser motivo de reclamación posterior, siempre que: se mejoren los límites del monte, sean con ventaja para éste y no se introduzcan modificaciones en la titulación de las fincas afectadas, si bien puede reservarse la aprobación de la conciliación cuando el asunto revista especial importancia a las autoridades encargadas de resolver el deslinde. Si el Ingeniero no consiguiese la avenencia, admitirá las protestas que se hagan, expresando en todo caso su propio criterio sobre el asunto y la opinión de la Entidad titular del monte.

2. Con estas mismas condiciones podrán concentrarse en una o varias parcelas diversos enclavados en un monte.

Epígrafe C. Valor y eficacia de los documentos presentados

Artículo 111.

1. A salvo de los derechos de propiedad y posesión que pudieran corresponder a los respectivos interesados, solamente tendrán valor y eficacia, en el acto del apeo, aquellas pruebas que de modo indudable acrediten la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida a título de dueño, durante más de treinta años de los terrenos pretendidos y los títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad relativos a fincas o derechos amparados según los datos registrales, por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. En cualquier otro caso se atribuirá la posesión en las operaciones de deslinde a favor de la Entidad a quien el Catálogo asigne la pertenencia.

2. Lo establecido en el párrafo anterior respecto de las fincas o derechos amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria se entiende sin perjuicio de la facultad de la Administración Forestal para ejercitar las acciones judiciales pertinentes. En este supuesto si se hubiere tomado anotación preventiva y la Administración, durante el plazo de su vigencia, obtuviere la de la demanda, ésta surtirá efecto respecto de tercero desde la fecha de la anotación del deslinde. Si no se obtuviere la anotación de la demanda, el Juez ordenará cancelar la de deslinde.

Artículo 112.

En los casos en que los títulos presentados no dieren a conocer claramente la línea límite de la finca, los Ingenieros se atendrán a lo que resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes.

Artículo 113.

La Administración Forestal reivindicará en el acto del apeo la posesión de todos los terrenos cuya usurpación resulte plenamente comprobada pudiendo recabar, si fuere preciso, el auxilio de la Autoridad Gubernativa, que le será prestado conforme a lo dispuesto en el artículo 66.

Artículo 114.

1. Si durante la práctica del apeo se presentaran cuestiones de importancia cuya resolución ofreciese duda respecto de alcance e interpretación que deba darse a los títulos y documentos aportados en relación con la representación material sobre el terreno de la finca a que aquéllos se contraigan, el Ingeniero podrá dejar en suspenso el deslinde, en la parte que afecte a tales cuestiones poniéndolo en conocimiento del Ingeniero Jefe del Servicio Forestal, que por conducto del Gobernador civil de la provincia, solicitará, y éste podrá acordar, que se persone el Abogado del Estado en el acto del apeo para que se emita su dictamen acerca de la cuestión surgida.

2. El Abogado del Estado por el desempeño de este servicio especial disfrutará de los emolumentos extraordinarios a que tenga derecho el personal facultativo de Montes, de su categoría, en idénticas circunstancias y cuantía.

Epígrafe D. Acta del apeo

Artículo 115.

1. De la operación de apeo se extenderá acta diaria en la que se hará mención detallada de cuanto se hubiera ejecutado, consignándose las protestas en los términos prevenidos por el artículo 110 y expresándose los nombres de los colindantes, si fueren conocidos por los presentes al deslinde, clase de cultivos de sus fincas, así como los límites del monte con cuanto detalle sea necesario para que los linderos queden definidos con la máxima precisión y exactitud y puedan en cualquier momento ser reconocidos con la mera lectura del acta de apeo.

2. Las líneas que separan el monte de otros ya deslindados se describirán someramente si no lo estuvieren ya en la primera fase, sin admitir discusión alguna sobre ellas, y se unirá al acta copia autorizada del deslinde ya aprobado.

Artículo 116.

En las actas de apeo se hará relación de los asistentes al mismo con carácter oficial, o interesados, y serán firmadas diariamente por todos ellos, siendo válido el documento aunque algunos no quieran o no puedan firmar, con tal de que se haga constar la circunstancia por medio de diligencia. El acta se extenderá en papel timbrado expresándose al final de la diligencia de cada día los números de los pliegos en que se extienda.

Epígrafe E. Suspensión del apeo

Artículo 117.

1. Si por cualquier causa justificada hubiera que suspender un deslinde, se hará constar en el acta, por medio de diligencia, el día en que se suspenda, expresándose aquél en que haya de reanudarse la operación si puede prefijarse. En caso contrario, y si la suspensión hubiere de durar más de un mes, se anunciará su continuación en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con un mes de anticipación, notificándose, además, personalmente a los interesados o sus representantes de domicilio conocido.

2. De igual modo se anunciará la suspensión si no pudiere dar comienzo el apeo en el día señalado o dentro de los ocho días siguientes.

Epígrafe F. Plano del monte deslindado

Artículo 118.

1. Al acta de apeo se unirá un plano del monte deslindado suscrito por el Ingeniero y a escala adecuada para que la hoja sea cómodamente manejable, sin perjuicio de representar independientemente y en todo caso las partes o parcelas sobre las que hubiere habido reclamación o protesta y los detalles que por la escala adoptada no se vean con claridad. En este plano figurarán los puntos donde se colocaron los mojones el número de orden de cada uno de ellos, los accidentes topográficos, como arroyos, caminos, etc., si es posible, los nombres de los propietarios de las fincas colindantes y la clase de cultivo de éstas, las dos líneas de orientación geográfica y magnética, la cabida del monte cuando el deslinde sea total, la de cada uno de los enclavados, la escala del plano y el cuadro de signos convencionales, acompañará al plano el registro topográfico lo más completo posible.

2. Cuando exista primera fase, el plano confeccionado en ella de las líneas que adquirieron carácter definitivo se completará con el que se levante en la segunda fase de las que en la anterior quedaron abiertas y de aquéllas en que se hubieren producido reclamaciones.

SECCIÓN 3. TRÁMITES POSTERIORES AL APEO

Epígrafe A. Informe del Ingeniero operador

Artículo 119.

El Ingeniero encargado del deslinde entregará el expediente, con todos los datos dentro del plazo de cuatro meses desde la terminación del apeo, al Ingeniero Jefe del Servicio Forestal correspondiente, acompañando un informe en el que se reseñarán los documentos presentados, se expresarán las razones que haya tenido para admitir o negar las pretensiones de los interesados y todo lo conducente para formar un juicio exacto de cuanto se hubiese practicado.

Epígrafe B. Vista del expediente

Artículo 120.

1. Tan pronto como los Ingenieros Jefes reciban el expediente de deslinde anunciarán en el Boletín Oficial de la provincia que se abre vista de él por quince días hábiles, admitiéndose durante otros quince días las reclamaciones que se presenten sobre la práctica del apeo o sobre la propiedad de parcelas que hubieren sido atribuidas al monte al realizar aquella operación.

2. Los dueños o sus representantes cuyo domicilio fuese conocido serán notificados, además, personalmente.

Artículo 121.

En los anuncios se advertirá que sólo podrán reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido personalmente o por medio de representantes a dicho acto. También se advertirá que las reclamaciones sobre propiedad sólo serán admisibles de haberse presentado los documentos correspondientes en el plazo señalado en el artículo 97 y si se expresa el propósito de apurar mediante ellas la vida administrativa como trámite previo a la judicial civil; si así no se expresare, cabrá subsanar la omisión o requerimiento del servicio forestal.

Epígrafe C. Reclamaciones

Artículo 122.

Todas las reclamaciones o protestas basadas en títulos o documentos de carácter civil o administrativo que se formulen por los interesados como consecuencia del período de vista serán preceptivamente informadas por el Abogado del Estado de la provincia dentro del plazo de quince días, a cuyo efecto se le remitirán dichas reclamaciones tan pronto como hayan sido presentadas.

Artículo 123.

Los que no hubieren presentado los documentos justificantes de su derecho dentro del plazo de los cuarenta y cinco días siguientes a las publicaciones a que se refiere el artículo 97 no podrán presentarlos en el expediente de deslinde ni formular, por tanto, dentro del mismo reclamación sobre propiedad, sin perjuicio de su derecho a seguir el procedimiento establecido en los artículos 128 y 129 de este Reglamento una vez que sea firme la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde.

Artículo 124.

Las reclamaciones sobre propiedad con los documentos correspondientes a sus copias cotejadas y el dictamen del Abogado del Estado serán remitidas por término de quince días a la Entidad titular del monte, si éste no fuera del Estado, a fin de que dentro de dicho plazo emita su informe manifestando concretamente si accede o no a las pretensiones deducidas que en este último caso, o si el informe no se emitiere dentro del plazo, se entenderán denegadas en vía administrativa, quedando expedita la judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de este Reglamento.

SECCIÓN 4. RESOLUCIONES DEL EXPEDIENTE

Epígrafe A. Informes y propuestas

Artículo 125.

El Ingeniero Jefe del Servicio Forestal, en el término de los treinta días siguientes a la terminación del plazo establecido en el artículo 124, elevará el expediente acompañado de su informe sobre el deslinde y las reclamaciones no desestimadas, con propuesta de resolución a la Dirección General de Montes Caza y Pesca Fluvial que, si se hubieran formulado reclamaciones sobre cuestiones de propiedad que no deban entenderse desechadas conforme a lo dispuesto en el artículo 124, remitirá el citado expediente, antes del quinto día de haberlo recibido, a la Dirección General de lo Contencioso del Estado, que informará en el plazo de un mes.

Epígrafe B. Orden Ministerial resolutoria del deslinde

Artículo 126.

Dentro del plazo de un mes, desde que el expediente hubiera sido devuelto por la Dirección General de lo Contencioso, o desde que se hubiera recibido en la de Montes, Caza y Pesca Fluvial, de no haber sido preciso enviarlo al citado Centro Consultivo, el Ministerio de Agricultura resolverá el expediente de deslinde y las reclamaciones presentadas por la Orden Ministerial motivada, que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia.

Artículo 127.

La Orden Ministerial resolutoria del deslinde, contendrá necesariamente los siguientes extremos:

  1. Descripción del monte con expresión de la Entidad titular, del número que le asigne el Catálogo, de los lindes interiores y exteriores establecidos en el expediente y de su situación, cabida, denominación y demás circunstancias que se consideren de interés.

  2. Relación descriptiva, con expresión de sus datos registrales si constaren, de las fincas o parcelas que han quedado atribuidas al monte como consecuencia del deslinde, y acuerdo de gestionar la cancelación total o parcial de las inscripciones registrales de dichas fincas o parcelas y de cualesquiera otros en cuanto resultaren contradictorias con la descripción del monte.

  3. Relación de enclavados, reconocidos como pertenecientes a particulares.

  4. Acuerdo de cancelación de todas las anotaciones preventivas de deslinde, salvo las relativas a fincas o derechos amparados, según los datos del Registro, por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

  5. Resolución de reclamaciones sobre propiedad con la declaración expresa de que queda agotada la vía administrativa y expedita la judicial civil.

Artículo 128.

La Orden Ministerial resolutoria del deslinde pone término a la vía administrativa.

Las personas que hubieren intervenido como partes en el expediente del mismo, y resultaren afectadas por la disposición que le resuelva, podrán impugnar ésta ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa si platearan cuestiones de tramitación o de carácter administrativo pero no podrá suscitarse en dicha Jurisdicción ninguna relativa al dominio o a la posesión del monte o cualquiera otra de naturaleza civil.

Artículo 129.

Con la publicación de la Orden Ministerial resolutoria del deslinde quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, sin que sea preciso apurar previamente la vía administrativa, a las Entidades públicas y los particulares que hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Artículo 130.

Los que no hubieran presentado la demanda dentro de los dos meses desde la publicación de la Orden resolutoria del deslinde, o de cuatro desde la terminación del plazo de un año, establecida en el artículo siguiente, si insisten en sus pretensiones, habrán de entablar nueva reclamación en vía administrativa, como trámite previo a la judicial, por el procedimiento establecido en los artículos 50 y siguientes.

Artículo 131.

Transcurrido el plazo de un año desde la apertura del período de vista, sin que hubiere recaído resolución en el expediente de deslinde, quedará expedita la vía judicial para los que hubieren entablado en forma, dentro del dicho expediente, reclamación sobre propiedad o cuestiones de carácter civil que hayan de ventilarse ante los Tribunales de la Jurisdicción ordinaria.

Artículo 132.

El deslinde aprobado y firme declara, con carácter definitivo, el Estado posesorio, a reserva de lo que resulte del juicio ordinario declarativo de propiedad.

Artículo 133.

Una vez que sea firme la Orden Ministerial resolutoria del deslinde, el Jefe del Servicio Forestal, haciendo constar la fecha en que adquirió tal carácter, expedirá por duplicado certificación literal de los extremos 1, 2 y 4 consignados en el artículo 127, y la remitirá, juntamente, con una copia autorizada del plano topográfico, al Registrador de la Propiedad, que extenderá los siguientes asientos:

  1. Inmatriculación del monte o inscripción del deslinde.

  2. Las cancelaciones totales o parciales que se deriven de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 127.

    En ambos casos quedarán a salvo los asientos relativos a derechos adquiridos por terceros que, según los datos registrales están protegidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

  3. Cancelación de todas las anotaciones a que se refiere el número cuarto del artículo 127, sin perjuicio de que pueda hacerlo de oficio con las que hubieran debido ser incluidas en la Orden Ministerial resolutoria del deslinde conforme a dicho precepto.

Artículo 134.

La Orden Ministerial resolutoria del deslinde podrá ser declarada por el propio Ministerio, de oficio o a instancia de parte, en los términos necesarios para su mejor ejecución y siempre que se trate de rectificar errores u omisiones materiales o de hecho, sin alterar ni modificar derechos de terceros.

CAPÍTULO II.
CASOS ESPECIALES DE DESLINDES

SECCIÓN 1. DESLINDES PARCIALES

Artículo 135.

Sólo podrán efectuarse deslindes parciales de los montes catalogados en virtud de sentencia judicial, o cuando las circunstancias lo aconsejen, previa autorización de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, que se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes.

SECCIÓN 2. CONCENTRACIÓN PARCELARIA

Artículo 136.

Cuando se acuerde legalmente la concentración parcelaria de una zona donde existan montes públicos catalogados la Administración Forestal, tan pronto como sea notificada del acuerdo, delimitará con urgencia la superficie que pudiera pertenecer a los mismos, sin que esta delimitación prejuzgue los derechos que resulten del deslinde definitivo, ni produzca otro efecto, respecto a la extensión demarcada, que el de excluirla de la mencionada concentración.

Artículo 137.

1. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior, y realizadas ya las publicaciones que la Ley de Concentración Parcelaria establece, un Ingeniero de este Servicio y otro del Distrito Forestal procederán a determinar sobre el terreno la superficie que pudiera pertenecer al monte, valiéndose de los datos existentes en el aludido Distrito. De la operación se levantará acta, por duplicado, en la que se describirá brevemente la línea perimetral adoptada, que se referirá a un plano, en el que quedará trazada, de los utilizados por el citado Organismo de agrupación parcelaria.

2. Tanto las actas como los planos irán autorizados con las firmas de los dos Ingenieros que intervinieren en la delimitación.

 

TÍTULO IV.
AMOJONAMIENTO

Artículo 138.

Dictada la Orden aprobatoria del deslinde de un monte público, el mismo Ingeniero que lo realizó, a ser posible, formulará inmediatamente el proyecto correspondiente de amojonamiento definitivo.

Artículo 139.

Se compondrá éste de Memoria-presupuesto, plano y pliegos de condiciones y en él se fijará el plazo máximo para su total ejecución, de acuerdo con la conservación de las señales provisionales colocadas en el deslinde.

Artículo 140.

1. En el plano se representará la situación, clase y numeración correlativa de los hitos, que serán de primero y segundo orden, y cuyas características se fijarán por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial.

2. La numeración de los hitos empezará y continuará como en el deslinde.

Artículo 141.

Los mojones de primer orden se reservarán para los puntos extremos de toda parte de la línea perimetral que separe términos jurisdiccionales entre sí, o bien monte público de otro que no lo sea, y para cualquier vértice cuya excepcional importancia lo haga conveniente a juicio del Ingeniero.

Artículo 142.

No se prescindirá de hitos de segundo orden en los casos en que haya cambio sensible de dirección en cada punto de comienzo y fin de colindancia, en los exigidos por la visualidad de un vértice cualquiera desde el anterior y siguiente, y en el inicio y término de líneas naturales límites del monte.

Artículo 143.

1. Sin perjuicio de poner señales podrá omitirse la colocación de mojones en aquellos vértices en que se colocaron piquetes durante el deslinde, siempre que estén situados sobre lindes naturales, como ríos, arroyos, acantilados, costas, etc., indudable y permanentemente definibles como límites del monte con sólo su descripción en las actas de apeo y, posteriormente, en las de amojonamiento.

2. También se podrá omitir la colocación de hitos en aquellos vértices entre los que medie corta distancia y hubieren sido necesarios en el deslinde por razones de visibilidad, escaso alcance de visuales por causa de pendiente, o por representar con mayor precisión ligeras inflexiones de los perímetros y más bien exigidos por las operaciones topográficas que por necesidades del apeo.

Artículo 144.

En todos los casos en que la naturaleza del terreno haga imposible la colocación de hitos, se sustituirán por las señales posibles, bien marcando el vértice sobre roca viva o por cualquier arbitrio apropiado, cuidando siempre de que aquél pueda descubrirse fácilmente, en todo tiempo, por medio de otros de referencia o de señales permanentes dispuestas al efecto.

Artículo 145.

La operación definitiva de amojonamiento se anunciará, por el Ingeniero Jefe, en el Boletín Oficial de la provincia, con un mes de antelación, con expresión del Ingeniero que ha de dirigirla, que será el mismo que realizó el deslinde si ello fuera posible. En el anuncio se hará constar que las reclamaciones sólo podrán versar sobre la práctica del amojonamiento, sin que en modo alguno puedan referirse al deslinde.

Artículo 146.

Del amojonamiento se levantará acta en papel timbrado correspondiente, suscrita por el Ingeniero, interesados y personal con representación oficial, asistentes al mismo.

Artículo 147.

Terminada la operación de amojonamiento, el Ingeniero Jefe anunciará en el Boletín Oficial de la provincia, el trámite de puesta de manifiesto del expediente a los interesados, dando un plazo de diez a treinta días para que puedan presentar, ante la Jefatura del Servicio Forestal, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Artículo 148.

1. El Ingeniero Jefe remitirá el expediente, incluyendo las reclamaciones presentadas, con su informe y propuesta a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, quien lo someterá a la Resolución del Ministerio.

2. De la Resolución ministerial aprobatoria del amojonamiento se enviará certificación por duplicado al Registro de la Propiedad, para hacerla constar por nota al margen de la inscripción o anotación correspondiente.

 

TÍTULO V.
GRAVÁMENES Y OCUPACIONES DE MONTES CATALOGADOS

CAPÍTULO I.
GRAVÁMENES

SECCIÓN 1. SERVIDUMBRE, HIPOTECAS Y OTROS DERECHOS REALES

Artículo 149.

En el Catálogo de Montes de Utilidad Pública se reflejarán las servidumbres y demás derechos reales que graven los inscritos y registrados en el mismo, con determinación de su contenido, extensión y beneficiarios, origen y título en virtud del cual fueron establecidos.

Artículo 150.

Las Jefaturas de los Servicios Forestales determinarán, a efectos de lo dispuesto en el artículo anterior y previo informe de la Abogacía del Estado de la provincia, la condición jurídica de las servidumbres y demás derechos reales actualmente existentes, procediendo a incoar el expediente para su inscripción en el Catálogo, de oficio o a instancia de parte, previa la conformidad de la Entidad titular del monte.

Artículo 151.

Por excepción podrá constituirse garantía hipotecaria sobre los aprovechamientos de los montes catalogados y la ejecución sólo podrá dirigirse contra la renta o aprovechamiento del monte gravado.

Artículo 152.

Artículo 153.

Artículo 154.

SECCIÓN 2. EXPEDIENTES SOBRE LEGITIMACIÓN DE GRAVÁMENES

Artículo 155.

1. Si de los antecedentes de que disponga la Administración no resultara debidamente justificada la existencia o legitimidad de alguna servidumbre o derecho real, el Servicio Forestal dispondrá la inserción de un aviso en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente, advirtiendo la apertura de expediente sobre la existencia o legitimidad de la servidumbre o derecho real de que se trate, y haciendo saber a cuantos tengan interés en el asunto que, durante los treinta días siguientes a la publicación del aviso en el citado Boletín podrán formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes para la defensa de su derecho. Igualmente se procederá a requerimiento justificado de la Entidad propietaria del monte.

2. Los interesados o sus representantes, cuyo domicilio fuese conocido, serán notificados, además, personalmente.

Artículo 156.

La Jefatura del Servicio Forestal, previo informe de la Abogacía del Estado de la provincia y con audiencia de la Entidad propietaria del monte, elevará propuesta al Ministerio de Agricultura por conducto de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, sobre la existencia o legitimidad de la servidumbre o derecho real. La Resolución que recaiga se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y se notificará a los interesados que hubieran comparecido legalmente en el expediente y expresado un domicilio para recibir notificaciones.

Artículo 157.

Las Entidades o particulares que se consideren lesionados en sus derechos, podrán impugnar la Resolución adoptada ante los Tribunales ordinarios en el juicio declarativo que corresponda, agotando la vía administrativa, como trámite previo a la judicial, por el procedimiento establecido en los artículos 50 y siguientes.

Artículo 158.

Si la servidumbre o derechos reales estuvieren inscritos en el Registro de la Propiedad, los asientos correspondientes sólo podrán cancelarse si mediare el consentimiento de los titulares de tales derechos o hubiere recaído Resolución judicial firme.

SECCIÓN 3. EXTINCIÓN DE SERVIDUMBRES POR INCOMPATIBILIDAD

Artículo 159.

Con respecto a los montes públicos catalogados, el Ministro de Agricultura podrá declarar la extinción o la suspensión temporal de cualquier servidumbre establecida sobre ellos, aunque estén debidamente legalizadas e inscritas, cuando se estime que, aun reguladas de modo o forma distinta, son incompatibles con las condiciones esenciales del monte gravado o con el fin de utilidad pública a que se estuviere afecto.

Artículo 160.

Los Ingenieros Jefes de los Servicios Forestales, por su propia iniciativa, o a instancia de la Entidad titular del monte, ordenarán, cuando concurran las circunstancias expresadas en el artículo anterior, la instrucción de expediente, en el que se redactará una Memoria descriptiva de la servidumbre, de cuya extinción o suspensión se trata, con mención del nombre y circunstancias del titular de la misma y de los datos, si fueran conocidos, relativos a la inclusión de ésta en el Catálogo, así como del título de Constitución, reseñándose detenidamente las causas que demuestren la incompatibilidad, objeto del expediente.

Artículo 161.

La persona que aparezca como titular de la servidumbre en el Registro de la Propiedad o en el Catálogo de Montes y, en su defecto, la que lo fuere notoriamente, será notificada de la existencia del expediente e instruida de su derecho de alegar y probar cuanto le convenga, dentro de los treinta días siguientes a la notificación, debiendo unirse al expediente, el informe facultativo del Perito que podrá nombrar el interesado.

Artículo 162.

Ultimado el expediente, el Ingeniero Jefe del Servicio Forestal lo elevará, con su informe, a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, que formulará la oportuna propuesta de Resolución, y lo pasará sucesivamente a dictamen de la Asesoría Jurídica del Ministerio y del Consejo Superior de Montes.

Artículo 163.

El Ministerio de Agricultura dictará la Resolución que proceda en orden a la incompatibilidad y consiguiente extinción o suspensión de la servidumbre, objeto del expediente, así como sobre el derecho a indemnización de la persona perjudicada por la extensión o suspensión. Si el titular de la servidumbre fuera una comunidad vecinal, el acuerdo habrá de adoptarse por el Consejo de Ministros.

Artículo 164.

Para que haya lugar a la indemnización es necesario que la servidumbre extinguida, o en suspenso, se funde en algún título legítimo. En los demás casos, sólo teniendo presente circunstancias de equidad libremente apreciadas por el Gobierno, podrá concederse la indemnización.

Artículo 165.

Firme la declaración de incompatibilidad se considerará extinguida o en suspenso la servidumbre que hubiera sido objeto de aquélla, y se iniciarán, si hubiere lugar, las actuaciones para indemnizar, por cuenta del dueño del monte, al titular de la servidumbre extinguida o en suspenso.

Artículo 166.

La Jefatura del Servicio Forestal realizará un estudio razonado sobre el valor de la servidumbre extinguida o en suspenso, y determinará la cuantía de la indemnización que a su juicio procede abonar en cada caso, dando vista de lo actuado a los interesados, por el plazo de treinta días, para que presenten por escrito su propia valoración o acepten la Jefatura del Servicio Forestal.

Artículo 167.

Si no hubiera conformidad entre las partes interesadas, se seguirá el procedimiento y las reglas que para la fijación del justo precio se contienen en la Ley de Expropiación Forzosa.

CAPÍTULO II.
OCUPACIONES

SECCIÓN 1. OCUPACIONES EN INTERÉS PARTICULAR

Artículo 168.

Con carácter excepcional, el Ministerio de Agricultura podrá autorizar ocupaciones temporales en los montes públicos catalogados o el establecimiento en ellos de servidumbres de cualquier clase o naturaleza.

Artículo 169.

1. Las autorizaciones se concederán previo expediente en el que se acredite la compatibilidad de la ocupación o servidumbre con el fin y la utilidad pública que califica al monte, a cuyo efecto se redactará la oportuna Memoria por el Ingeniero Jefe del Servicio Forestal correspondiente.

2. En esta Memoria se determinará la extensión puramente indispensable a que se ha de contraer la ocupación o servidumbre, sin sustitución conveniente fuera del monte; se especificarán los conceptos de daños y perjuicios que han de producirse y que valorados justificarán el precio de la ocupación o servidumbre y se propondrán las condiciones en que han de otorgarse, acompañando plano debidamente autorizado de la parte del monte afectada. En ningún caso será suficiente la conformidad del dueño del predio para tener por acreditada la compatibilidad.

Artículo 170.

El Servicio Forestal dará, sucesivamente, audiencia en el expediente, por término de quince días, a los eventuales beneficiarios de la ocupación o servidumbre y a la entidad titular del monte, de no pertenecer éste al Estado, elevando seguidamente las actuaciones con su informe a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial.

Artículo 171.

Cuando se trate de montes del Estado las autorizaciones a que se refiere el artículo 169 se concederán o denegarán discrecionalmente, expresando la duración de la ocupación o servidumbre por orden del Ministerio de Agricultura, a cuyo efecto la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, una vez que formule la correspondiente propuesta de Resolución Ministerial, remitirá, sucesivamente, el expediente a informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio y del Consejo Superior de Montes.

Artículo 172.

Las autorizaciones que afectan a montes pertenecientes a Entidades Locales y Establecimientos públicos se concederán o denegarán, previos los informes que estime convenientes, por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, haciendo constar el tiempo que haya de durar la ocupación o servidumbre.

Artículo 173.

El consentimiento de la Entidad titular es necesario para autorizar ocupaciones o servidumbres en los montes.

Cuando el dueño se opusiere, el Servicio Forestal correspondiente, sin más trámites, dará por concluso el expediente, comunicando a los interesados no haber lugar a lo solicitado.

Artículo 174.

1. En la Orden Ministerial o en la Resolución de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial en su caso, que autorice una ocupación o servidumbre que no exceda de treinta años, se fijará la cuantía del canon anual que habrá de pagar el beneficiario al dueño del monte.

2. Dicho canon será revisable cada cinco años por Orden del Ministerio de Agricultura o Resolución de la citada Dirección General, respectivamente a instancia de cualquiera de las partes interesadas, oyendo a todas ellas y previo informe del Servicio Forestal.

Artículo 175.

Si la ocupación o servidumbre hubiera de durar más de treinta años o por tiempo indefinido, será preciso abonar en concepto de indemnización, por una sola vez la que correspondiere como justo precio en el supuesto de expropiación, sin que el titular del monte quede obligado a la devolución de cantidad alguna en caso de extinguirse la ocupación por voluntad del ocupante, rescisión por incumplimiento de las condiciones de la concesión o transcurso del plazo por el que fue concedida.

Artículo 176.

En defecto de acuerdo entre las partes sobre la cuantía de la indemnización, ésta se fijará por el procedimiento y las reglas que para la fijación del justo precio establece la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 177.

1. Cuando concurran circunstancias excepcionales de urgencia, que deberán precisarse y justificarse en la petición, los Ingenieros Jefes de los Servicios Forestales, fijando a título provisorio la indemnización o canon que ha de abonarse previamente, podrán autorizar de modo provisional y con el consentimiento de la Entidad titular del monte la ocupación de terrenos o el establecimiento de servidumbre en los montes catalogados, sin que pueda realizarse corta de arbolado, salvo casos excepcionales en que la necesidad de su inmediata ejecución se demuestre claramente y aceptación previa por el solicitante de las condiciones técnicas y económicas que se fijen cuando se acuerde, definitivamente, la ocupación.

2. Estas autorizaciones provisionales quedarán automáticamente rescindidas sin derecho alguno por parte del beneficiario, si en el plazo de un año el Ministerio de Agricultura no hubiere concedido la autorización definitiva, previa la tramitación establecida en los artículos 169 a 176.

SECCIÓN 2. OCUPACIONES POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO

Artículo 178.

Los expedientes de ocupación o servidumbre pueden instruirse también por razón de obras o servicios públicos y como consecuencia de concesiones administrativas de aguas, minas o de cualquier otra clase.

Artículo 179.

1. Siempre que del proyecto de una obra o servicio del Estado, provincia o municipio, o como consecuencia de la solicitud de una concesión administrativa de aguas, minas o de cualquier otra clase, resulte la necesidad de ocupar temporalmente terreno de un monte catalogado, o de imponerle una servidumbre aunque sea legal, se dará comunicación con informe, por el Organismo que incoe el expediente, de la correspondiente parte del proyecto al Ingeniero Jefe del Servicio Forestal, el cual elevará el asunto con su informe, dentro del plazo de un mes, a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial.

2. Cuando por tratarse de montes comprendidos en el artículo 172 correspondiere la resolución a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial y se produjese disconformidad con el Departamento de que dependa la obra o servicio, pasará el expediente a conocimiento del Ministerio de Agricultura y de mantenerse la disconformidad entre los Ministerios, así como también cuando la Entidad dueña del monte se opusiere a la ocupación o servidumbre pretendida, resolverá el Consejo de Ministros.

3. Igualmente corresponderá la resolución al Consejo de Ministros cuando en los montes del Estado surgiere discrepancia entre el Ministerio interesado y el de Agricultura.

4. La autorización sólo tendrá vigencia mientras se cumpla la finalidad de la obra, servicio o concesión a cuyo favor se hubiese otorgado.

Artículo 180.

Cuando se trate de establecer servidumbres o autorizar ocupaciones en montes catalogados, motivadas por finalidades relacionadas con la defensa nacional, la tramitación de los expedientes será la siguiente:

Artículo 181.

Toda autorización para ocupar terrenos o establecer servidumbre, derivada de concesión administrativa, se entenderá siempre condicionada al otorgamiento de ésta, sin que hasta ese momento se pueda usar de la autorización concedida.

 

TÍTULO VI.
ADQUISICIONES Y PERMUTAS

Artículo 182.

El Estado podrá adquirir, mediante compraventa, permuta o expropiación, aquellos montes de propiedad particular, o derechos sobre los mismos, que mejor puedan contribuir al cumplimiento de los fines propios del Patrimonio Forestal del Estado.

Artículo 183.

El Patrimonio Forestal del Estado podrá adquirir o permutar para sus fines, de acuerdo con su legislación especial y la del Régimen local, los montes que aparezcan en el catálogo de Entidades Locales, y éstas, con el mismo objeto, mediante permuta, los del Estado.

Artículo 184.

El régimen de permutas de montes del Estado incluidos en el Catálogo con otros de particulares se regulará por las normas de la Ley y Reglamento del Patrimonio Forestal del Estado.

Artículo 185.

1. Los montes incluidos en el Catálogo, afectos a las Entidades Locales y Establecimientos públicos, podrán ser objeto de permuta total o parcial con otros catalogados o no, cualquiera que fuese su dueño.

2. Cuando la permuta afecte exclusivamente a montes catalogados se formalizarán previa observancia de los preceptos de las legislaciones aplicables, mediante acuerdo entre las Entidades propietarias, que deberán dar cuenta al Servicio Forestal.

3. Cuando la permuta afecte a montes no catalogados sólo podrá realizarse cuando el acuerdo se adopte conforme a la legislación peculiar de las Entidades permutantes y además se obtenga la conformidad del Ministerio de Agricultura previa instrucción del correspondiente expediente por la Jefatura del Servicio Forestal.

Artículo 186.

Las tasaciones que fueren necesarias para la formalización de las permutas, a que se refieren los artículos anteriores, se practicarán por Ingenieros de Montes de los Servicios Forestales correspondientes o libremente designados por las Entidades interesadas.

Artículo 187.

Las permutas deberán ser elevadas a escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad, de la que se entregará copia autorizada al Servicio Forestal a los efectos de la inclusión en el Catálogo.

Artículo 188.

1. Los montes catalogados que pertenezcan en comunidad a varios dueños no podrán dividirse si la parte que a cada condueño correspondiera fuese inferior a la extensión de la unidad mínima de monte señalada, para la zona respectiva, por Decreto aprobado en Consejo de Ministros.

2. Los expedientes de autorización se tramitarán en las Jefaturas de los Servicios Forestales y serán resueltos por el Ministerio de Agricultura a propuesta de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial. Concedida la autorización, el Servicio Forestal, a requerimiento de los partícipes, realizará las operaciones de división material, formando partes proporcionadas al derecho de cada uno.

 

LIBRO II.
DE LOS APROVECHAMIENTOS E INDUSTRIAS FORESTALES

TÍTULO I.
APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Artículo 202.

Artículo 203.

CAPÍTULO I.
PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y PLANES TÉCNICOS

Artículo 204.

Artículo 205.

1. Los proyectos de ordenación, que se redactarán con estricta sujeción a lo establecido en las instrucciones que estuviesen vigentes, podrán ser de acción dasocrática integral o limitada, según lo aconsejen en cada caso los factores y circunstancias de carácter legal, natural, forestal, económico-social y administrativo.

2. Los proyectos de ordenación integral comprenderán los predios forestales cuyos productos deban abastecer un mismo mercado, de modo que sea posible resolver en conjunto la saca de sus productos mediante una misma red de caminos, enlazada con aquél por una vía principal permanente.

3. Los proyectos de ordenación limitada se referirán a un monte o grupo de montes cuyo aislamiento, restringida importancia y Estado silvícola no den base suficiente a una ordenación integral, pero ofrezcan masas apropiadas para el desarrollo de un plan científico de aprovechamiento y restauración.

Artículo 206.

1. Los planes técnicos, según el objeto perseguido, se dividen en:

  1. Para montes productores.

  2. Para montes protectores.

2. Los planes en el grupo a) se limitarán a la determinación de existencias realizables y su distribución superficial, como base para un sistema de aprovechamiento, conservación y mejora del monte. Se atenderá también a su restauración, tanto por métodos naturales como artificiales. La restauración, en el primer supuesto, deberá alcanzarse mediante la localización e intensidad adecuada de las cortas, y en el segundo, el ritmo de la repoblación se atemperará a los medios económicos disponibles en cada caso.

3. Los planes técnicos para el grupo b) serán obligatorios y tendrán por finalidad esencial la persistencia del monte y su normal restauración en el menor tiempo posible. Por consiguiente, en estos predios el aspecto económico de los aprovechamientos quedará subordinado al tratamiento silvícola que, en cada caso, sea más adecuado para la finalidad protectora perseguida.

4. Los Servicios provinciales de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial confeccionarán los planes técnicos para los montes protectores, que una vez terminados se pondrán de manifiesto a los dueños en las oficinas correspondientes durante el plazo de quince días, a fin de que en los quince siguientes puedan presentar en la Jefatura las alegaciones que juzguen pertinentes.

5. Transcurrido este último plazo, los Ingenieros Jefes remitirán los planes, acompañados de los alegatos formulados y de sus informes, a la mencionada Dirección, que propondrá al Ministro de Agricultura la resolución procedente.

6. Los planes técnicos para los dos grupos indicados alcanzarán la duración de diez años salvo circunstancias excepcionales en contrario, y se revisarán al finalizar cada decenio.

Artículo 207.

Artículo 208.

Los montes catalogados, mientras no tengan proyecto de ordenación o plan técnico, se regirán por sencillos planes facultativos de aprovechamientos y mejoras anuales o periódicas, cuya duración no excederá, en principio, de cinco años.

Artículo 209.

1. Cuando un monte no catalogado y que no sea protector, cualquiera que sea su pertenencia, revista importancia forestal, económica o social, la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, previo informe de la Jefatura del Servicio Forestal correspondiente, y sin perjuicio de los recursos establecidos en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, podrá exigir al propietario la presentación de un proyecto de ordenación o de un plan técnico, según proceda, autorizados por un Ingeniero de Montes concediéndose al efecto un plazo proporcionado a la importancia del estudio y condiciones del monte objeto del mismo.

2. Si el propietario no atendiere al requerimiento de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, procederá ésta a la redacción del proyecto o el plan técnico por cuenta del dueño del predio y con la garantía de los aprovechamientos del mismo monte hasta un máximo del 10 por 100 del importe bruto de cada uno de ellos, hasta el total resarcimiento, observándose en su tramitación las mismas reglas previstas en el artículo 206 para planes de montes protectores.

3. La Administración Forestal, en la aplicación de estos planes técnicos, una vez aprobados, se limitará a la inspección y vigilancia anual, a fin de comprobar la fiel ejecución de lo establecido en los mismos.

Artículo 210.

Artículo 211.

CAPÍTULO II.
APROVECHAMIENTO EN MONTES CATALOGADOS

SECCIÓN 1. APROVECHAMIENTOS ORDINARIOS

Epígrafe A. Planes y pliegos de condiciones

Artículo 212.

Artículo 213.

Artículo 214.

Artículo 215.

Artículo 216.

SECCIÓN 2. APROVECHAMIENTOS EXTRAORDINARIOS

Artículo 217.

Artículo 218.

Artículo 219.

Artículo 220.

Artículo 221.

Artículo 222.

Artículo 223.

Artículo 224.

CAPÍTULO III.
APROVECHAMIENTOS EN MONTES NO CATALOGADOS

Artículo 225.

Artículo 226.

Artículo 227.

SECCIÓN 1. DECLARACIONES JURADAS

Artículo 228.

1. Los particulares dueños de fincas pobladas total o parcialmente de abedules, abetos, acacias, álamos, alerces, alisos, alcornoques, almeces, arces, castaños, cedros, cipreses, chopos, encinas, enebros, eucaliptos, fresnos, haya, laureles, melojos, nogales, olmos, pinabetes, pinos, pinsapos, plátanos, quejigos, rebollos, robles, sabinas, sauces, tejos y tilos u otras especies forestales que en lo sucesivo determine el Ministerio de Agricultura están obligados a presentar declaración jurada, por duplicado y en modelo oficial, de dichas fincas en los Ayuntamientos correspondientes para que éstos envíen, en el plazo máximo de diez días, un ejemplar a los Distritos Forestales, con diligencia de la Alcaldía, acreditativa de que la finca radica o no en el término municipal correspondiente.

2. El plazo en el que habrán de presentarse, para los dueños que no lo hubieran ya realizado, las aludidas declaraciones será de sesenta días, a contar desde la promulgación de este Reglamento.

3. La misma obligación corresponde a los propietarios de las provincias Canarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife que posean fincas, no sólo pobladas de pinos y sabinas, sino también de las especies conocidas con los nombres vulgares de acebiños, adernos, almácigos, barbusanos, brezos, cedros, dragos, escobones, fayas, follados, hijas, madroñeros, mamolanes, mocanes, naranjeros salvajes, palo blanco, peralillo, retama blanca, sanguinos, tarajales, tagasastes, tejos, tilos y viñátigos, y las que en lo sucesivo acuerde el Ministerio de Agricultura.

4. Los dueños deberán comunicar a los Ayuntamientos y a las Jefaturas de los Distritos, los cambios de dominio que en tales fincas se operen.

5. Ningún aprovechamiento forestal podrá ser autorizado en las fincas de propiedad particular cuyos dueños no hayan cumplido el requisito de la declaración jurada previsto en este artículo.

SECCIÓN 2. LICENCIAS DE CORTA

Artículo 229.

Artículo 230.

Artículo 231.

Artículo 232.

Artículo 233.

Artículo 234.

Artículo 235.

Artículo 236.

SECCIÓN 3. APROVECHAMIENTOS EN MONTES ALCORNOCALES, EN RESINACIÓN Y ESPARTIZALES

Artículo 237.

Artículo 238.

Artículo 239.

Artículo 240.

Artículo 241.

CAPÍTULO IV.
DEL PASTOREO

Artículo 242.

El pastoreo en los montes se realizará de forma que sea compatible con la conservación y mejora de los mismos, procurando la ordenación y perfeccionamiento de los aprovechamientos ganaderos ya existentes y la ampliación de los mismos que, sin menoscabo de las masas forestales, permitan el mantenimiento del mayor número posible de cabezas de ganado o el máximo peso vivo. En el caso de montes cubiertos de arbolado se dará una preferencia absoluta a las exigencias silvícolas, pudiéndose limitar e incluso prohibir el pastoreo del monte si resultare incompatible con su conservación. De igual modo se procederá en el caso de terrenos erosionables si el propietario no efectuase las obras y trabajos de conservación de suelos que le impusiera la Administración.

Artículo 243.

1. En los montes catalogados se atenderá preferentemente al sostenimiento del ganado de uso propio de los vecinos de los pueblos a que aquéllos pertenezcan, y se procederá a la enajenación de los pastos sobrantes, si los hubiere, a menos que el Estado forestal del monte aconseje la exclusión del ganado de granjería.

2. Se entenderá por ganado de uso propio de cada vecino el mular, caballar, boyal y asnal destinado a los trabajos agrícolas e industriales, así como el lanar y de cerda, que cada uno dedique al consumo propio de su casa, siempre que no exceda de cuatro cabezas de ganado mayor destinado a trabajos agrícolas e industriales, dos porcinas y tres de lanar, para familias constituidas con un número de hijos que no pase de tres, aumentándose una cabeza lanar por cada hijo que exceda de tal cifra.

Artículo 244.

1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, los Ingenieros Jefes de los Servicios Forestales, antes de redactar los planes anuales de aprovechamientos, recabarán de las respectivas Entidades Locales el censo de ganado de uso propio de los vecinos.

2. El aprovechamiento vecinal de pastos tendrá que sujetarse a cuantas prevenciones técnicas se establezcan en los planes de disfrutes que formulen los Distritos Forestales.

Artículo 245.

1. En la confección de los proyectos de ordenación y planes técnicos para montes catalogados se destinará al pastoreo, siempre que sea posible, un cuartel o porción independiente del cultivo silvícola.

2. Para dicho cuartel o porción independiente, así como para los montes herbáceos y herbáceo-leñosos, el aprovechamiento de pastos será objeto de un estudio técnico de acuerdo con las instrucciones vigentes.

Artículo 246.

En los proyectos de Ordenación y Planes técnicos para montes públicos no catalogados y de particulares deberá tratarse de la regulación del pastoreo y la creación de pastizales, así como de la conservación y mejora de los ya existentes.

CAPÍTULO V.
AGRUPACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE FINCAS FORESTALES

SECCIÓN 1. AGRUPACIONES

Artículo 247.

Las agrupaciones de montes tienen por objeto constituir, con cualquiera de las finalidades referidas en el artículo siguiente, comarcas o unidades forestales susceptibles de ordenación o repoblación integral, formadas por montes públicos o de particulares pertenecientes a distintos propietarios.

Artículo 248.

1. Las agrupaciones de fincas forestales, a los efectos antes señalados, pueden ser voluntarias u obligatorias.

2. Serán voluntarias cuando resulten convenientes para la ordenación económica integral de la agrupación para coordinar los intereses silvícolas o pastorales de los asociados, o por causa de repoblación forestal, y cuando además presten su conformidad los propietarios de fincas forestales que, por lo menos, representen el 60 por 100 de la superficie global de cada agrupación.

3. Serán obligatorias cuando los montes en ellas incluidos se hallen situados en zona de protección o fuera necesario someterlos a planes dasocráticos de aprovechamientos y mejoras por otras razones de interés económico-social.

Epígrafe A. Voluntarias

Artículo 249.

1. Cuando uno o varios propietarios de montes estimen de interés la Constitución de una agrupación forestal voluntaria lo expondrán así, por escrito, al Jefe del Distrito Forestal, precisando las fincas que deban constituir la zona de agrupación, el perímetro y cabida aproximada de la misma y las finalidades perseguidas.

2. Si las fincas pertenecieran a varias provincias la exposición deberá dirigirse al Jefe del Distrito Forestal de la provincia a que pertenezca la mayor superficie.

Artículo 250.

1. La Jefatura del Distrito Forestal, a la vista de dicho escrito, acordará sobre la procedencia de iniciar el expediente de agrupación y si a su juicio se cumple alguna de las finalidades determinadas en el artículo 248, párrafo segundo, se publicará en el Boletín Oficial de la provincia o provincias en que radiquen las fincas de que se trate y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes la relación de propietarios que deban constituir la agrupación, especificando los fines perseguidos por ésta y las fincas afectadas.

2. Los propietarios o, en su defecto, los encargados administradores o colonos cuyos domicilios fueran conocidos serán notificados personalmente.

3. Los propietarios de predios incluidos en las relaciones publicadas deberán expresar por escrito ante la Jefatura del Distrito Forestal, en el término de dos meses, su conformidad o disconformidad con la agrupación proyectada, exponiendo en el último caso las razones en que funden su oposición, reputándose conforme con la agrupación aquellos interesados que, habiendo sido notificados personalmente o por medio de sus encargados, administradores o colonos, no manifiesten en dicho tiempo su expresa disconformidad.

4. Transcurrido dicho plazo, el Ingeniero Jefe remitirá el expediente con su informe y las alegaciones presentadas a la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, que elevará al Ministro de Agricultura la propuesta correspondiente, para su curso, si procediere, al Consejo de Ministros a los efectos indicados en el artículo 257.

Artículo 251.

1. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación del Decreto autorizando la Constitución de una agrupación voluntaria, los interesados deberán presentar en el Distrito Forestal unos Estatutos de la Asociación y un Plan de ordenamiento redactado por un Ingeniero de Montes. Ambos documentos deberán ser autorizados con la firma de asociados que representen la mayor parte de la superficie global de la agrupación.

2. El Distrito Forestal, sin perjuicio de los recursos establecidos, aprobará los Estatutos y el Plan de ordenamiento o formulará los reparos que estime oportunos, que deberán ser subsanados dentro del plazo que al efecto se señale.

3. El acuerdo del Distrito Forestal se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de las notificaciones personales a los interesados cuyo domicilio fuere conocido.

Artículo 252.

La Asociación se regirá por las normas contenidas en los Estatutos, debiendo tener los asociados derechos y obligaciones proporcionales a la importancia forestal de las fincas que posean dentro de la agrupación con arreglo al valor fiscal de las mismas, sin perjuicio de otra posible estimación que la Asociación acuerde. Formará parte de la Asociación necesariamente un Ingeniero del Distrito Forestal con facultad de suspender los acuerdos que se adopten hasta que decida sobre ello la Jefatura.

Epígrafe B. Obligatorias

Artículo 253.

Artículo 254.

Artículo 255.

Artículo 256.

Epígrafe C. Normas comunes

Artículo 257.

1. La Constitución o autorización, según los casos, de las agrupaciones forestales requerirá Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del de Agricultura.

2. Cuando la agrupación afectare a alguna Entidad Local, el Decreto será propuesto conjuntamente por los Ministros de Agricultura y Gobernación.

Artículo 258.

1. Toda agrupación forestal, una vez constituida legalmente y aprobados sus Estatutos, Planes, Reglamento u Ordenanzas será inscrita en un libro-registro de agrupaciones que al efecto deberá llevarse en la Jefatura del Distrito Forestal a cuya jurisdicción corresponde la mayor superficie de la zona agrupada.

2. Las Asociaciones constituidas por los propietarios al amparo de lo dispuesto en los artículos 251 y 256 para regir las agrupaciones voluntarias u obligatorias tendrán personalidad jurídica una vez inscritas en el libro-registro de agrupaciones.

3. Las Asociaciones de Propietarios podrán revestir cualquiera de las formas sociales reconocidas por el Derecho civil y mercantil o por la legislación de Cooperativas, previo el cumplimiento de los requisitos en cada caso exigidos.

Artículo 259.

Las agrupaciones forestales podrán disfrutar de los auxilios y beneficios que para la realización de las mejoras de sus montes se les otorguen, así como de los anticipos económicos que en cada caso se estimen procedentes.

Artículo 260.

La vigilancia técnica del plan de ordenamiento aprobado para cada agrupación, corresponde a la Administración Forestal, pudiendo los propietarios interesados entablar recursos ante el Distrito Forestal correspondiente contra los acuerdos de los Organismos de las Asociaciones respectivas.

Artículo 261.

Los montes públicos o de particulares que estuvieran sujetos a proyectos de ordenación o planes técnicos debidamente autorizados, continuarán sometidos a ellos en tanto no deban ser modificados por exigirlo así los planes aprobados para la agrupación.

Artículo 262.

Los planes de ordenamiento son de observancia obligatoria para todos los propietarios, cultivadores y titulares de otros derechos afectados por la agrupación.

SECCIÓN 2. CONCENTRACIÓN DE FINCAS FORESTALES

Artículo 263.

Cuando el mejor aprovechamiento de los montes situados en una misma zona o comarca requiera alteraciones en el régimen de su propiedad la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, oído el Ayuntamiento correspondiente, podrá solicitar la concentración parcelaria de oficio, que, en su caso, se llevará a cabo por el procedimiento establecido en la Ley de 10 de agosto de 1955.

CAPÍTULO VI.
REGIMEN JURÍDICO DE LOS APROVECHAMIENTOS

SECCIÓN 1. NORMAS GENERALES

Artículo 264.

Artículo 265.

Artículo 266.

Los aprovechamientos de montes catalogados no comunales que se vengan realizando en régimen especial, de acuerdo con normas consuetudinarias o reglamentarias de tipo legal, debidamente aprobadas, continuarán ajustándose a las mismas en cuanto no se opongan a las disposiciones de la legislación forestal en atención a su conservación y fomento, debiéndose dictar o revisar las Ordenanzas correspondientes, adaptándolas a lo que establecen los preceptos del presente título.

SECCIÓN 2. SUBASTAS

Artículo 267.

1. Las subastas de aprovechamiento forestales se harán, como regla general, sobre productos en pie o en el árbol, si bien en casos especiales, al objeto de obtener mejoras silvícolas o económicas y previo acuerdo de las Entidades propietarias de montes catalogados, podrán subastarse productos preparados, clasificados y apilados en cargadero.

2. Las operaciones necesarias para colocar los productos en cargadero podrán realizarse por la Administración Forestal, previo acuerdo con las Entidades propietarias, o por éstas, sometidas a la inspección de los Servicios Forestales correspondientes.

Artículo 268.

Derogado.

Artículo 269.

A toda subasta de aprovechamientos forestales tendrá derecho a asistir un funcionario de Montes, que podrá hacer las observaciones que estime oportunas, con constancia en el acta correspondiente.

Artículo 270.

1. Declarada desierta una subasta, corresponde a la Corporación Local, si no hiciere uso del derecho de tanteo, anunciarla nuevamente, y si estimase que deben modificarse las condiciones técnico-facultativas, lo comunicará al Jefe del Servicio Forestal, quien determinará lo que estime conveniente, procurando armonizar los intereses económicos de las Entidades propietarias con la buena conservación de los montes.

2. Podrán, asimismo, las Entidades Locales modificar las condiciones económicas que estimen conveniente.

Artículo 271.

1. Las Entidades públicas propietarias de montes catalogados podrán adjudicarse, ejerciendo el derecho de tanteo, los aprovechamientos de sus predios cuando éstos no estuviesen consorciados por el Estado y siempre que los licitadores, en las subastas, no ofrezcan el precio índice señalado al efecto del ejercicio de este derecho. La adjudicación se hará por un precio igual al de la mejor oferta presentada.

2. De igual forma podrán adjudicarse los referidos aprovechamientos cuando la subasta quede desierta, y en este caso por el tipo de tasación.

3. No podrá hacerse uso del citado derecho cuando se obtenga en la subasta precio superior al señalado como índice.

SECCIÓN 3. ADJUDICACIONES DIRECTAS

Artículo 272.

Artículo 273.

Artículo 274.

SECCIÓN 4. EMPRESAS MIXTAS

Artículo 275.

 

TÍTULO II.
INDUSTRIAS FORESTALES

Artículo 276.

Artículo 277.

Artículo 278.

Artículo 279.

Artículo 280.

Artículo 281.

Artículo 282.

Artículo 283.

 

LIBRO III.
DE LA REPOBLACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS MONTES

TÍTULO I.
REPOBLACIÓN FORESTAL

Artículo 284.

Artículo 285.

Artículo 286.

CAPÍTULO I.
CONSORCIOS VOLUNTARIOS Y OTROS CONVENIOS

SECCIÓN 1. CON INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Artículo 287.

Artículo 288.

Artículo 289.

Artículo 290.

Artículo 291.

Artículo 292.

Artículo 293.

Artículo 294.

Artículo 295.

SECCIÓN 2. SIN INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO

Artículo 296.

Artículo 297.

Artículo 298.

Artículo 299.

Artículo 300.

Artículo 301.

CAPÍTULO II.
REPOBLACIONES CON AUXILIO DEL ESTADO

SECCIÓN 1. AYUDA TÉCNICA, SUBVENCIONES Y ANTICIPOS

Artículo 302.

Artículo 303.

Artículo 304.

Artículo 305.

Artículo 306.

Artículo 307.

SECCIÓN 2. REINTEGRO Y GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS

Artículo 308.

Artículo 309.

Artículo 310.

Artículo 311.

Artículo 312.

Artículo 313.

Artículo 314.

Artículo 315.

CAPÍTULO III.
REPOBLACIONES OBLIGATORIAS

Artículo 316.

Artículo 317.

Artículo 318.

Artículo 319.

Artículo 320.

Artículo 321.

Artículo 322.

Artículo 323.

Artículo 324.

Artículo 325.

Artículo 326.

CAPÍTULO IV.
REPOBLACIONES EN BENEFICIO DE COTOS ESCOLARES, FRENTE DE JUVENTUDES Y HERMANDADES

Artículo 327.

Artículo 328.

Artículo 329.

Artículo 330.

Artículo 331.

 

TÍTULO II.
DE LAS MEJORAS

CAPÍTULO I.
MEJORAS EN MONTES CATALOGADOS

Artículo 332.

Artículo 333.

Artículo 334.

Artículo 335.

Artículo 336.

CAPÍTULO II.
MEJORAS EN MONTES NO CATALOGADOS

Artículo 337.

Artículo 338.

Artículo 339.

Artículo 340.

 

TÍTULO III.
DEL SERVICIO HIDROLÓGICO FORESTAL

Artículo 341.

Artículo 342.

Artículo 343.

Artículo 344.

Artículo 345.

Artículo 346.

Artículo 347.

Artículo 348.

Artículo 349.

Artículo 350.

Artículo 351.

Artículo 352.

Artículo 353.

Artículo 354.

Artículo 355.

Artículo 356.

 

TÍTULO IV.
DE LA DEFENSA DE LOS MONTES CONTRA LAS PLAGAS FORESTALES

CAPÍTULO I.
SERVICIO ESPECIAL DE PLAGAS FORESTALES

Artículo 357.

Artículo 358.

Artículo 359.

Artículo 360.

Artículo 361.

Artículo 362.

Artículo 363.

Artículo 364.

Artículo 365.

Artículo 366.

Artículo 367.

Artículo 368.

Artículo 369.

Artículo 370.

Artículo 371.

Artículo 372.

Artículo 373.

CAPÍTULO II.
DECLARACIÓN OFICIAL DE LA EXISTENCIA DE PLAGAS

Artículo 374.

Artículo 375.

Artículo 376.

Artículo 377.

Artículo 378.

Artículo 379.

Artículo 380.

Artículo 381.

Artículo 382.

Artículo 383.

Artículo 384.

Artículo 385.

Artículo 386.

Artículo 387.

 

TÍTULO VI.
DEL CRÉDITO FORESTAL

Artículo 404.

Artículo 405.

Artículo 406.

 

LIBRO IV.
DE LAS INFRACCIONES Y SU SANCIÓN

TÍTULO I.
DE LA COMPETENCIA

Artículo 407.

Artículo 408.

Artículo 409.

 

TÍTULO II.
DE LAS SANCIONES APLICABLES A LAS DISTINTAS INFRACCIONES

CAPÍTULO I.
INFRACCIONES EN MONTES CATALOGADOS

Artículo 410.

Artículo 411.

Artículo 412.

Artículo 413.

Artículo 414.

Artículo 415.

Artículo 416.

Artículo 417.

Artículo 418.

Artículo 419.

Artículo 420.

Artículo 421.

Artículo 422.

Artículo 423.

Artículo 424.

Artículo 425.

Artículo 426.

Artículo 427.

Artículo 428.

Artículo 429.

Artículo 430.

Artículo 431.

CAPÍTULO II.
INFRACCIONES EN MONTES NO CATALOGADOS

Artículo 432.

Artículo 433.

Artículo 434.

Artículo 435.

Artículo 436.

Artículo 437.

Artículo 438.

Artículo 439.

Artículo 440.

Artículo 441.

Artículo 442.

Artículo 443.

Artículo 444.

Artículo 445.

Artículo 446.

Artículo 447.

Artículo 448.

Artículo 449.

Artículo 450.

Artículo 451.

 

TÍTULO III.
DE LA IMPOSICIÓN Y PAGO DE LAS SANCIONES

Artículo 452.

Artículo 453.

Artículo 454.

Artículo 455.

Artículo 456.

Artículo 457.

Artículo 458.

 

TÍTULO IV.
DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Artículo 459.

Artículo 460.

Artículo 461.

Artículo 462.

Artículo 463.

 

TÍTULO V.
DEL DECOMISO Y DEL EMBARGO

Artículo 464.

Artículo 465.

Artículo 466.

Artículo 467.

Artículo 468.

 

TÍTULO VI.
DE LA EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Artículo 469.

Artículo 470.

Artículo 471.

Artículo 472.

Artículo 473.

Artículo 474.

Artículo 475.

 

TÍTULO VII.
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 476.

Artículo 477.

Artículo 478.

Artículo 479.

Artículo 480.

Artículo 481.

Artículo 482.

Artículo 483.

Artículo 484.

Artículo 485.

Artículo 486.

Artículo 487.

Artículo 488.

Artículo 489.

Artículo 490.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.

Quedan también derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango al de la presente que se opusieren a lo que en este Reglamento se contiene.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.

Notas:
Artículos 418 y 474:
Véase la actual Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Artículos 275 y 462:
Véase la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 216:
Véase el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Artículo 387:
Véase la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos.
Artículo 352:
Véase la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 30;
Véase el actual Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Artículos 11, 19, 55, 212, 216, y 490;
Véase la actual Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Título preliminar (artículos 1 a 3); el capítulo I del título I del libro I (artículos 4 a 7); los artículos 8 a 12; los artículos 20 a 22, y 24 y 25; los artículos 31 a 36; las secciones III y IV del capítulo III y el capítulo IV del título II del libro I (artículos 50 a 68); los artículos 152 a 154; los artículos 202 a 204; el artículo 207; los artículos 210 y 211; las secciones I y II del capítulo II, del título I del libro II (artículos 212 a 224); el capítulo III del título I del libro II (artículos 225 a 227); las secciones II y III, del capítulo III, del título I, del libro II (artículos 229 a 241); los artículos 253 a 256; los artículos 264 y 265; las secciones III y IV del capítulo IV, del título I del libro II (artículos 272 a 275); el título II del libro II (artículos 276 a 283); el libro III (artículos 284 a 387 y 404 a 406); el libro IV (artículos 407 a 490) y las disposiciones finales 1 y 4:
Derogado por Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. No obstante, los citados artículos mantendrán su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
Artículos del 388 al 403:
Derogados por Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales según se indica en la disposición final cuarta del Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.
Artículo 456:
Derogado por la Constitución.
Artículo 37;
Derogado por Decreto 1678/1972, de 15 de junio.
Ficha:
Núm. BOE61
Fecha de publicación12 de marzo de 1962
ÓrganoMinisterio de Agricultura
Núm. disposición485
Fecha de aprobación22 de febrero de 1962
RangoDecreto
MateriaDerecho Administrativo (Normas Vigentes)
Fecha de entrada en vigor1 de abril de 1962
Otras Disposiciones a las que hace referencia esta Norma:
La Constitución Española de 1978
Publicación en el BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Publicación en el BOE núm. 281, de 24 de noviembre de 1995
Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. (Redacción vigente hasta el 22 de junio de 2000)
Publicación en el BOE núm. 119, de 19 de mayo de 1995
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Publicación en el BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Publicación en el BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985
Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos. (Redacción vigente hasta el 27 de mayo de 2004)
Publicación en el BOE núm. 26, de 30 de enero de 1981
Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales. (Redacción vigente hasta el 22 de febrero de 2004)
Publicación en el BOE núm. 294, de 7 de diciembre de 1968
Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Publicación en el BOE núm. 351, de 17 de diciembre de 1954
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (Redacción vigente hasta el 27 de junio de 2008)
Publicación en el BOE núm. 156, de 30 de junio de 1992
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.
Publicación en el BOE núm. 75, de 27 de marzo de 2010
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Publicación en el BOE núm. 161, de 7 de julio de 1986
Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.
Publicación en el BOE núm. 38, de 13 de febrero de 1973
Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario.
Publicación en el BOE núm. 106, de 16 de abril de 1947
Ley Hipotecaria, Texto Refundido según Decreto de 8 de febrero de 1946.
Publicación en el BOE núm. 58, de 27 de febrero de 1946